Fidel Jaime Ruiz Caballero

Expediente 480/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
480/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Fidel Jaime Ruiz Caballero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que Omar Gerardo Lávida Díaz, en su carácter de defensor particular del inconforme Fidel Jaime Ruiz Caballero señala nuevo domicilio procesal y revoca el designado anteriormente. En atención a lo anterior, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que el promovente indica en su ocurso y por revocado el domicilio procesal reconocido anteriormente. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó este juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, no obstante a lo anterior que en el presente juicio de amparo no obra el acuse correspondiente del oficio a través del cual se remitió la sentencia dictada en este juicio de amparo, el cual fue dirigido a la autoridad responsable, dado el sentido del fallo, éste solo pudiera afectarle a la parte quejosa, razón por la cual se emite este acuerdo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte, **, con la secretaria de acuerdos, ***, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. La secretaria de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 480/2020, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo y la ampliación de demanda; (ii) acuerdos de veintisiete de agosto y tres de septiembre de dos mil veinte, donde se admitió a trámite la demanda de amparo y su ampliación, respectivamente; y, (iii) informe justificado rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede y ordena pasar a la siguiente etapa. Periodo probatorio: La secretaria hace constar que la autoridad responsable ofertó como prueba la consulta de la página oficial web https://transparencia.tribunaloaxaca.gob.mx/Listas/Listas?¡dContenido=2&idContenido=11&fraccionld=56, que contiene los Acuerdos Generales 17/2020, 23/2020, 28/2020 y 31/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El Juez acuerda: con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba antes enunciada. Etapa de alegatos. En esta etapa de la audiencia se hace constar que el representante social los formuló mediante escrito registrado con folio 6923. El Juez acuerda: se tiene por formulados los alegatos del citado representante social adscrito a este juzgado federal, los que en el supuesto de ser procedentes, serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Acto seguido, se da por concluida la presente audiencia y después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, se emite la siguiente sentencia. V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 480/2020, promovido por ***, por conducto de ***, en su carácter de defensor particular, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido vía electrónica el veintiséis de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, ***, por conducto de **, en su carácter de defensor, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. IV.- ACTOS RECLAMADOS. "Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, reclamo el Acuerdo General 17/2020 emitido por dicho órgano colegiado, relativos al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19". Asimismo, también del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, reclamo la omisión de tomar todas las medidas necesarias para reactivar la actividad jurisdiccional en los expedientes 42/2013 y 43/2013, del sumario del Juzgado Primero de lo Penal de la Villa de Etla, Oaxaca, pues con motivo de la suspensión de actividades derivada del Acuerdo General 17/2020 emitido por dicho órgano colegiado, mi defendido no puede seguir los trámites necesarios para obtener una sentencia, en la que se puede determinar la culpabilidad o no del delito por el cual actualmente se encuentra siendo procesado en los expedientes penales antes precisados." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 1, 17 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número 480/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Previamente a ello, en diverso líbelo presentado vía electrónica el dos de septiembre del año en curso, el quejoso amplio su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, reclamo el Acuerdo General 23/2020 emitido por dicho órgano colegiado, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19". Ordenándose por auto de tres de septiembre siguiente, su admisión, se solicitó nuevo informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención legal que corresponde al Fiscal Federal adscrito; asimismo, previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, con base en lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y de su ampliación se advierten que substancialmente reclama como actos en esencia: La omisión de tomar las medidas necesarias para reactivar las actividades jurisdiccionales, que fueron suspendidas con motivo de la emisión de los Acuerdos Generales 17/2020 y 23/2020, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en los que se establecen el retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19", y que le causa perjuicio para la continuación del procedimiento de las causas penales 42/2013 y 43/2013, para ser juzgado. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le reclaman, y manifestó que con fecha catorce de agosto de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura que representa, emitió el Acuerdo General 17/2020, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19", del que se prorrogó hasta el treinta y uno de agosto del año en curso. Asimismo, que en relación al acto reclamado contenido en la ampliación de demanda, el trece de agosto de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura, emitió el Acuerdo General 23/2020, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19", para continuar con el retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en una mayor escala, en los procedimientos que se siguen en los juzgados del sistema penal acusatorio, juzgados civiles, familiares, de competencia mixta y en juzgados oral mercantil; prorrogándose hasta el diecisiete de septiembre de dos mil veinte la suspensión parcial de las actividades jurisdiccionales que no se encontraran previstas en ese acuerdo y en los anteriormente emitidos por el Consejo o de manera conjunta con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lo anterior no obstante de indicar que con posterior al Acuerdo General 23/2020, se emitió el diverso 28/2020, de diecisiete de septiembre del año en curso, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19", y para continuar con el retorno gradual, seguro y ordenado de actividades jurisdiccionales y administrativos de los órganos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en los que se reanudaron las siguientes actuaciones: En el sistema acusatorio adversarial: En las causas donde las imputadas o los imputados se encuentren en prisión preventiva, se reanudaran todos los actos procesales previos a la etapa intermedia que a la fecha se encuentren suspendidos. En aquellas causas en que se dicte auto de vinculación a proceso y se imponga prisión preventiva, no se suspenderán los subsiguientes actos procesales sino hasta el dictado del auto de apertura a juicio. El Juez de Control dictará el acuerdo de reanudación de los actos y plazos suspendidos, el cual notificará a las partes haciendo uso de los medios electrónicos que el Código Nacional de Procedimientos Penales autoriza. El Juez de Control procederá a la regularización del procedimiento en las incidencias que se originen, conforme a lo previsto en el artículo 107, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el sistema tradicional en los asuntos del orden penal: Deberá recibirse las consignaciones de averiguaciones previas con y sin detenido, continuándose con el trámite correspondiente. Asimismo, que el treinta de septiembre de dos mil veinte, el Pleno, emitió el diverso Acuerdo General 31/2020, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus, "(SAR-COV-2)", en el cual se continua con el retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en mayor escala, en los términos y condiciones, de entre otros, el siguiente: En el sistema penal tradicional. Se reanuda la totalidad de actuaciones, los plazos y términos para la prosecución y decisión de aquellos asuntos en los que el procesado se encuentra sujeto a prisión preventiva. Lo que se corroboró de la página web https://transparencia.tribunaloaxaca.gob.mx/Listas/Listas?¡dContenido=2&idContenido=11&fraccionld=56, que proporciono la autoridad responsable, con eficacia jurídica probatoria al tenor de lo dispuesto por el artículo 210-A, Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y toda vez que se trata de una página oficial del Pleno de la Judicatura del Estado de Oaxaca, de carácter fiable, la cual puede ser accesible para su ulterior consulta. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que el suscrito las advierta de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Atento a lo establecido por la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, bajo el tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Agosto de 1994, Número 80, página 87). Precisado lo anterior, el suscrito de oficio advierte que el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del acto reclamado consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para reactivar las actividades jurisdiccionales, que fueron suspendidas con motivo de la emisión de los Acuerdos Generales 17/2020 y 23/2020, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en los que se establecen el retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19, y que causa perjuicio para la continuación del procedimiento de las causas penales 42/2013 y 43/2013; quien esto resuelve advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, el referido numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de justificar la improcedencia del asunto, como ya se precisó en la segunda consideración de esta resolución, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de tomar las medidas necesarias para reactivar las actividades jurisdiccionales, que fueron suspendidas con motivo de la emisión de los Acuerdos Generales 17/2020 y 23/2020, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en los que se establecen el retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales, ante la pandemia causada por el coronavirus "COVID-19", lo que causa perjuicio para la continuación del procedimiento de las causas penales 42/2013 y 43/2013, para ser juzgado el quejoso. De la consulta a la página web proporcionada por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, previamente valorada, se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, emitió el Acuerdo General 31/2020, relativo al retorno gradual para el desarrollo de actividades jurisdiccionales ante la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, en el cual se establece, que se continua con el retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en mayor escala, y en lo que aquí interesa, en el acuerdo primero, se determinó, lo siguiente: "ACUERDO GENERAL 31/2020 PRIMERO. Se continúa con el retorno gradual, seguro y ordenado de las actividades jurisdiccionales en mayo escala, en los términos y condiciones que a continuación se indican: En el Sistema penal tradicional. Se reanudara la totalidad de actuaciones, los plazos y términos para la prosecución y decisión de aquellos asuntos en los que el procesado se encuentra sujeto a prisión preventiva." Por esa razón, toda vez que la presentación de la demanda de amparo fue el veintiséis de agosto y su ampliación el dos de septiembre de dos mil veinte y al haberse emitido el treinta de septiembre siguiente, el Acuerdo General 31/2020, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, por el que se ordena la reactivación de las actividades laborales en el sistema penal tradicional, ordenando reanudar la totalidad de actuaciones, plazos y términos; es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados con la emisión del citado Acuerdo General (31/2020) y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dichos actos; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 177083 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Octubre de 2005 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.A.17 K Página: 2296 AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RELATIVO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES SUSTITUIDO POR OTRO DURANTE EL TRÁMITE DEL MISMO. Cuando en la demanda de garantías se precisa como acto reclamado la resolución dictada por la autoridad responsable en un procedimiento administrativo y durante el trámite del juicio de amparo tal resolución es sustituida por otra dictada en el mismo procedimiento, debe estimarse que el acto reclamado cesó en sus efectos y, que es esta nueva resolución la que podría causar perjuicio al quejoso; por lo que, por tal circunstancia sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías con fundamento en el artículo 74, fracción III del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, como ya se dijo no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que revisten los actos controvertidos de la autoridad responsable, pues ya no existiría derecho fundamental que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo SEXTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los preceptos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 107, fracción VI y 217, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : UNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fidel Jaime Ruiz Caballero, por conducto de su defensor particular Omar Gerardo Lávida Díaz, contra la autoridad, por los actos y motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Agréguense la promoción y los anexos señalados en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte el Juez Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en atención al requerimiento de ocho de septiembre pasado, remite copia certificada de los discernimientos de cargo y de la cédula profesional del defensor particular ******************** del justiciable, en los expedientes ******************** y ******************** del índice de ese órgano jurisdiccional, de donde derivan los actos reclamados; en consecuencia, se tiene a la oficiante por cumplido el requerimiento formulado, también se reciben las documentales descritas. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo téngase al quejoso por anunciados los instrumentos referidos, sin perjuicio de relacionarlos y desahogarlos en la audiencia constitucional conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que se ordena dar vista a las partes con su contenido. Notifíquese.

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