Fernando Váldez Zepeda
Expediente 2172/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/01/2023
Partes del expediente
- Fernando Váldez Zepeda
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha en que se actúa feneció el plazo de cinco días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de que desechó la demanda origen de este juicio. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d) de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo, de los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remiten copia certificada del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil veintidós, en que tuvo a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento realizado en el procedimiento laboral de origen; dése a conocer su llegada partes para los fines legales procedentes. En tales condiciones, en seguimiento con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la resolución en el expediente laboral ********************y acumulados, puesto que la parte actora ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en dicho procedimiento. En el entendido que de omitir hacerlo en el plazo señalado, se impondrá a cada uno de los integrantes del Tribunal de Arbitraje responsable, la multa con la que se les previno en proveído de dieciséis de mayo del año en curso y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que corresponda.
- Principal
Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la demanda, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 136, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, así como el diverso 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, interpretado de manera conjunta, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1269/2022-IV, que promueve * por propio derecho, contra actos atribuidos al Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y otras autoridades. Lo anterior, en el entendido que de momento únicamente se tramitará el original del incidente de suspensión, en atención a la utilización preferente de los medios tecnológicos como eje rector de las actividades del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, la integración y consulta del expediente electrónico. Además de que el expediente electrónico sustituye al expediente físico y en caso de ser necesario, de éste se expedirán las copias para la integración de los recursos presentados así como la expedición de copias. De conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir en un tanto en virtud de las consideraciones antes señaladas y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia fotostática de la demanda y escrito aclaratorio. En términos del artículo 138, fracción II, de la ley en mención, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. . . . procede negar la suspensión provisional a * en relación con el "DICTAMEN POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO 10 "TRÁNSITO MUNICIPAL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL" Y DEL CAPÍTULO 24 "DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTOS" DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA", en específicamente la aplicación de los artículos 254 fracción XXIV Bis, 323 Bis, 323 Ter, 354, 331 Bis, y 254 fracción XXXIX Bis. En virtud de que el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Reglamento que se reclama, será materia de fondo del asunto y no de este incidente de suspensión, ya que la suspensión de los actos reclamados tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; además con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, el suscrito se estaría sustituyendo en facultades propias de las autoridades responsables. Asimismo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la aplicación del "DICTAMEN POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CAPÍTULO 10 "TRÁNSITO MUNICIPAL, MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL" Y DEL CAPÍTULO 24 "DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTACIONAMIENTOS" DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA", en específicamente la aplicación de los artículos 254 fracción XXIV Bis, 323 Bis, 323 Ter, 354, 331 Bis, y 254 fracción XXXIX Bis, que se traduce en el posible cobro de una cuota a través de un dispositivo electrónico denominado parquímetro en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, Puebla, donde dicho aparato se encuentre y, la quejosa estacione su vehículo con placas de circulación ********************, la suspensión provisional se torna improcedente, toda vez que constituyen actos futuros e inciertos, a los que no puede tenerse la certeza de su realización, pues podrían no tener verificativo, y contra los cuales es improcedente la suspensión de los actos reclamados. De esta forma, no es dable conceder la suspensión provisional para que cesen actos que no se han producido. . . . respecto a las consecuencias jurídicas que genera el acto reclamado consistente en impedir los efectos y consecuencias de las normas generales en la esfera jurídica de las propiedades del particular, se niega la suspensión provisional solicitada, atendiendo a que de concederse dicha medida se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. Lo anterior pues, de concederse, ello implicaría un quebranto en el cumplimiento en el Reglamento reclamado, lo que indefectiblemente afectaría el interés social, tomando en consideración que la colectividad tiene interés en tal aspecto, por estar estrechamente vinculado, en su caso, con el buen funcionamiento económico del municipio. En efecto, de considerar procedente la medida en los términos solicitados, se contravendría lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se estaría perjudicando al Estado Mexicano, quien sufriría daños irreparables ya que el pago de impuestos de los cuales la parte quejosa pretende quedar exenta, impactan directamente en la capacidad recaudatoria del erario, afectación que se ocasionaría si se le permitiera a la impetrante incumplir con lo previsto en el Reglamento reclamado. En esa tesitura, debe dejarse establecido que la recaudación de ingresos en el Estado son para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, por lo que la obligación de contribuir elevada a rango constitucional tiene una trascendencia mayúscula, pues no se trata de una simple imposición soberana derivada de la potestad del Estado, sino que posee una vinculación social relacionada con los fines perseguidos por la propia Constitución, consistentes en la promoción del desarrollo social y en la consecución de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera más justa, para lo cual participarán con responsabilidad social los sectores público, social y privado. En este contexto, debe destacarse que se conlleva un deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, por lo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos. En relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 146 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Finalmente, expídase a la parte quejosa, en caso que así lo requiera, copia certificada de este acuerdo, previa razón que obre en autos para constancia.
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