Fernando Sánchez Méndez

Expediente 853/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
853/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Fernando Sánchez Méndez
  • Juez Noveno Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, se advierte que las partes no impugnaron la sentencia emitida en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a ****, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- En términos del último considerando de esta sentencia, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

  3. Principal

    Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO.- La justicia de la unión no ampara ni protege a ****, en términos del considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO.- En términos del último considerando de esta sentencia, se ordena su publicación con supresión de datos personales.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, este Juzgado de Distrito procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo... Por sentencia de trece de octubre de dos mil dieciséis (folios 190 a 206), este órgano jurisdiccional sobreseyó el presente juicio de amparo. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa interpuso en su contra recurso de revisión el cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con el número de amparo en revisión ***/2017 (folio 218). En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante la cual revocó la sentencia recurrida, sobreseyó y amparó a la parte quejosa, en ese mismo auto se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria dicha determinación (folio 333). En el entendido que, el amparo se concedió en contra de los actos reclamados al Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consistentes en los oficios ***/2860 de veintidós de julio de dos mil dieciséis; ***-2157 de dos de septiembre de dos mil catorce; ***-2456 de diecinueve de noviembre de dos mil catorce; y, ***-3339 de once de junio de dos mil quince. Cabe mencionar que en la parte considerativa de la citada ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa baso su determinación en lo siguiente: "De los preceptos legales y convenio citado se desprenden atribuciones en favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia -inter alia- para recuperar, en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. Empero, no se advierte que esas atribuciones se hayan establecido en favor del Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para emitir los actos reclamados, en los cuales se solicita a la quejosa la entrega de diversas áreas del inmueble en el que ejerce su actividad comercial, así como para realizar modificaciones al mismo consistentes en el retiro de un muro falso, tarja, tinaco y tuberías. Tampoco se colige de los actos reclamados que ahí se expusieran las circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas -motivación legal por las cuales se emitieran los actos reclamados, que coincidieran con las hipótesis jurídicas invocadas. Por lo tanto, Ios actos reclamados son violatorios del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, e cuanto a la premisa de "mandamiento escrito autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento", lo que impone conceder eI amparo y protección de la justicia federal que se solicita a fin de que la responsable los deje sin efecto legal alguno. En diversa parte del mismo concepto de violación primero, la quejosa hace valer la violación al derecho de previa audiencia. Los artículos 14 constitucional y 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, que contempla la garantía de audiencia respectivamente, establecen: "Articulo 14.- A ningún ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, penal alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, ya falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. "Artículo 8. - Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. De los preceptos constitucionales y convencionales transcritos, se desprende que el derecho de audiencia debe atenderse en dos aspectos. El primero que comprende los juicios y procedimientos seguidos forma de juicio que se resolverán ante tribunales previamente establecidos en los que se cumplirán Ias formalidades esenciales del procedimiento; y el mundo, que constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afecta o con un acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. En el presente caso, nos encontramos en el segundo supuesto, púes los actos reclamados derivan de autoridad administrativa y no de un procedimiento seguido en forma de juicio ante tribunales establecidos. Por lo cual, el derecho de audiencia se satisface con la posibilidad de brindarte a la persona la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga por un plazo razonable, afín de no quedar en estado de indefensión. En esa línea, se considera que el procedimiento génesis de este asunto, es de naturaleza administrativa pues fue instado de oficio por el Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se considera que mediante los actos reclamados se pretende privar a la quejosa de la posesión del inmueble en el cual desarrolla sus actividades, pues se le pide la entrega de espacios físicos y la modificación del mismo. Pues bien, asiste razón a la quejosa porque de las constancias que integran el cuaderno principal del juicio de amparo, sobre todo de los anexos al informe justificado del Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no se aprecia que antes de la emisión de los actos reclamados, se haya otorgado derecho de audiencia a la quejosa. Esto es, no existen constancias de que se haya otorgado a la demandante en sede administrativa un plazo razonable, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. Lo anterior, se traduce en violación al derecho de previa audiencia y amerita la concesión del amparo y protección de la justicia federal que se solicita" De la parte considerativa de la ejecutoria de amparo, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, concedió el amparo a la parte quejosa, bajo el argumento que los oficios ***/2860 de veintidós de julio de dos mil dieciséis; ***-2157 de dos de septiembre de dos mil catorce; ***-2456 de diecinueve de noviembre de dos mil catorce; y, ***-3339 de once de junio de dos mil quince, fueron emitidos por autoridad que no tenía competencia para hacer los requerimientos ahí establecidos, de ahí que el único efecto de la concesión de amparo es para que el Delegado en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dejara insubsistentes los oficios de referencia. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado de Distrito el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Puebla, remitió copia certificada del oficio ***/2176 de veintidós de septiembre de dos mil veinte, del que se advierte dejó insubsistentes los oficios de que se trata. Con las constancias exhibidas por las autoridades responsables en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte se le dio vista a la parte quejosa. En tales condiciones, este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; dado que como se adelantó la concesión de amparo fue para el efecto de la responsable dejara insubsistente los oficios señalados en líneas precedentes, lo cual ya aconteció, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsables haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en que se notificó el oficio ***/2176, a la parte quejosa; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el veinticinco siguiente; fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, se precisa que el presente acuerdo se emite hasta esta fecha, toda vez que como se advierte de la cuenta de la secretarial y es un hecho notorio para todos, que hubo suspensión continua de funciones jurisdiccionales, siendo que actualmente ya se han reactivado en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, así como levantado la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno.

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