Fernando Solano Alarcon

Expediente 28/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
28/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • Fernando Solano Alarcon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, once de enero de dos mil veintiuno. Glósese a los presentes autos el telegrama de cuenta remitido por el Director del Centro de Reinserción Social, con sede en Ozuluama, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 27263/2020 por el cual se le notificó la resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Cúmplase.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquél consiste en: - La orden de traslado. - La resolución administrativa de trece de enero del año en curso, en la que se ordenó el traslado del aquí quejoso ************ del Centro de Reinserción Social Zona Uno "Xalapa", con sede en Congregación de Pacho Viejo, Veracruz al Centro de Reinserción Social localizado en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado por lo que respecta a las autoridades responsables 2. y 22. Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, 6. Director del Centro de Reinserción Social Duport Ostion, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, 7. Director del Centro de Reinserción Social de Tuxpan, Veracruz, 8. Director del Centro Penitenciario de Cosamaloapan, Veracruz, 9. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en Poza Rica, Veracruz, 10. Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 11. Director del Centro de Reinserción Social de Acayucan, Veracruz, 12. Director del Centro de Reinserción Social de Misantla, Veracruz, 13. Encargado del Centro de Reinserción Social de Papantla, Veracruz, 15. Encargado del Centro Reinserción Social de Jalacingo, Veracruz, 16. Encargado del Centro de Reinserción Social de Panuco, Veracruz, 17. Director del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz, 18. Encargada del Centro de Reinserción Social de Zongolica, Veracruz, 19. Encargado del Centro de Reinserción Social de Chicontepec, Veracruz, 20. Encargado del Centro Penitenciario de Ozuluama, Veracruz, 21. Encargado del Centro de Reinserción Social de Huayacocotla, Veracruz, 23. Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Reinserción Social Número Cinco "ORIENTE", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, 24. Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, 25. Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número Tres "Noreste", con residencia en Matamoros, Tamaulipas, 26. Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit, 27. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, 28. Director Jurídico del Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", con sede en Huimanguillo, Tabasco, 29. Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Reinserción Social Número Siete "Nor-Noroeste", con sede en Guadalupe Victoria, Durango, 30. Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número Ocho "NorPoniente", con residencia en ciudad Guasave, Sinaloa, 31. Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", ciudad Juárez, Chihuahua, 32. Director General Prevención y Readaptación Social Coordinación General de Centros Federales Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS SONORA", Dirección General, con residencia en Hermosillo, Sonora, 33. Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS", con sede en Guanajuato, Ocampo, 34. Encargado del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatitlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, 35. Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS-Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango, 36. Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Tapachula, Chiapas, 37. Director General del Centro Federal de Reinserción Social Número Diecisiete "CPS MICHOACÁN", con residencia en Buena Vista Tomatlan, Michoacán, 38. Director General del Centro Penitenciario Federal Número Dieciocho "CPS-Coahuila", con residencia en Ramos Arizpe, Coahuila, y el 41. a 50. Director de Área de la Policía Federal, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior, ya que al rendir su informe con justificación negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno que desvirtúe su negativa. De ahí que el acto que se atribuye a las autoridades responsables a las que se contrae este considerando resulte inexistente y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables 1. Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Xalapa, Veracruz, y 3. Directora de Reinserción Social "AMATLAN", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, del contenido del informe rendido por la segunda se advierte que mediante oficio 81/2020 el Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y comisionado al Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, informó que dentro de los autos del cuadernillo de solicitud de traslado CST/E-01/2020, de su índice, mediante resolución de quince de enero del año en curso, calificó de legal el traslado del aquí quejoso ***********, ordenado mediante resolución administrativa de trece de enero anterior, emitida por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en Xalapa, de ahí que se establezca la certeza de los actos que se les reclaman. Lo que se corrobora con la copia certificada de la resolución de quince de enero del año en curso, emitida dentro de los autos del cuadernillo de solicitud de traslado CST/E-01/2020, que remitió el licenciado Esteban Vicente Morales Guzmán, Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito advierte -de oficio- que en relación con el acto reclamado consistente en la resolución administrativa de trece de enero del año en curso, en la que se ordenó el traslado del aquí quejoso Fernando Solano Alarcón, del Centro de Reinserción Social Zona Uno "Xalapa", con sede en Congregación de Pacho Viejo, Veracruz al Centro de Reinserción Social localizado en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y en relación con ello es pertinente precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto, es ilustrativa la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y uno, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, toda vez que de la lectura de la demanda y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclama la resolución administrativa de trece de enero del año en curso, en la que se ordenó el traslado del aquí quejoso ************, del Centro de Reinserción Social Zona Uno "Xalapa", con sede en Congregación de Pacho Viejo, Veracruz al Centro de Reinserción Social localizado en congregación "La Toma", del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Sin embargo, de las copias certificadas remitidas por el licenciado Esteban Vicente Morales Guzmán, Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, se advierte que mediante resolución de resolución de quince de enero del año en curso, emitida dentro de los autos del cuadernillo de solicitud de traslado CST/E-01/2020, de su índice, se calificó como legal dicho traslado. Lo expuesto permite establecer que la orden de traslado mediante reclamada, fue sustituida procesalmente por la diversa resolución de quince de enero del año en curso, emitida dentro de los autos del cuadernillo de solicitud de traslado CST/E-01/2020, que calificó de legal el traslado administrativo. En consecuencia, esta nueva resolución impide analizar la legalidad de la resolución administrativa que ordenó el traslado del quejoso, porque es esta última determinación la que, en todo caso, puede ser motivo de análisis en el juicio de amparo, ya que los fundamentos y consideraciones de la determinación primigenia, fueron objeto de estudio por un diverso órgano de revisión. Apoya lo expuesto la tesis I.9o.P.167 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página dos mil quinientos siete, Libro 47, octubre de dos mil diecisiete, Tomo IV, que expone: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia". Además, por auto de diez de febrero de dos mil veinte, se requirió al quejoso para que dentro del término de quince días hábiles, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace al licenciado Esteban Vicente Morales Guzmán, Juez Ejecutor de Sentencias Penales Interino del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, y a la resolución de quince de enero del año en curso, emitida dentro de los autos del cuadernillo de solicitud de traslado CST/E-01/2020, de su índice, con la que calificó de legal la orden de traslado emitida en su contra, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se continuaría el trámite de la presente vía constitucional, únicamente respecto de las autoridades responsables y acto reclamado señalados en el auto admisorio. Sin embargo, toda vez que el peticionario de amparo no desahogó el requerimiento formulado, por auto de once de marzo de dos mil veinte, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se ordenó continuar el trámite del presente expediente únicamente respecto de las autoridades responsable y acto reclamado señalados en el auto admisorio. En consecuencia, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, formulados en cuanto al fondo de la cuestión debatida, pues de hacerlo, tal proceder sería incongruente en virtud de que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 244, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente.... Sobreseimiento que se hace extensivo a la ejecución de la orden de traslado reclamada, toda vez que aquélla no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la atribuida a la resolución administrativa que lo ordenó. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra el acto reclamado de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veinte. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio y anexo remitido por el Jefe de Administración Postal, con sede en esta ciudad, toda vez que en auto de seis de los actuales se tuvo por rendido el informe justificado del 8. Director del Centro Penitenciario de Cosamaloapan, Veracruz, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el diverso proveído de dieciséis de octubre del presente año. Cúmplase.

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