Fernando Rafael Aguilar Corona
Expediente 45/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Rafael Aguilar Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que no se considera de relevancia histórica. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), de dicho ordenamiento, pues por una parte se negó y por la otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En el presente asunto, de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: La retención parcial o descuento realizado a la pensión por cesantía y vejez que le fue otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los créditos contraídos con diversas entidades financieras. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Así, de conformidad con el artículo 5, fracción II, párrafo primero, de la ley de la materia, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia (...) En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, como se precisó, el acto reclamado consiste en la retención parcial o descuento realizado a la pensión por cesantía y vejez que le fue otorgada al quejoso, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de los créditos contraídos con diversas entidades financieras. Por tanto, se considera que la retención o descuento que se combate no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por las razones siguientes: Tratándose de prestaciones de seguridad social otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se satisface la nota distintiva precisada en el inciso a), porque si bien dicho instituto está facultado para determinar respecto del otorgamiento, modificación, retención o cancelación de ese tipo de prestaciones, no está investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación entre el ente asegurador y sus asegurados o beneficiarios es de coordinación y no de supra a subordinación. Lo que se corrobora con el contenido del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, que establece que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios deben resolverse por los Tribunales Federales en materia laboral; juicio en el que el citado instituto no acude como autoridad, sino en un plano de igualdad. Derivado de ello se tiene que la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de retener o descontar a la pensión que percibe el asegurado algún numerario, con motivo de algún crédito contraído con instituciones financieras, no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento contenido, la jurisprudencia (...) Asimismo, por la afirmación que se subraya, sirve de apoyo la jurisprudencia(...) También resulta aplicable, por su sentido, la jurisprudencia (...) Al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Ante ello, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, (...) Por tanto, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Por último, no pasa inadvertido que en el presente controvertido no se ha ordenado el emplazamiento de la persona jurídica a la que se le reconoció el carácter de tercero interesado; sin embargo, el sentido de esta resolución no le causa perjuicio alguno, por el contrario, le beneficia, pues el sobreseimiento implica la subsistencia del acto reclamado, que es el principal interés de aquél. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (...) Notifíquese, por lista a la parte quejosa.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Titular de la Coordinación Laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del 2. Titular de la División de Previsión y Control de Gasto de dicha institución, con sede en la Ciudad de México, y anexos de cuenta; por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su informe, y de conformidad con el numeral 9 del citado ordenamiento legal como delegados a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la citada autoridad responsable, las copias certificadas que anexa consistente en a) Dos cartas de instrucción de la Sociedad Financiera Maestra, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no regulada (SOFOM E.N.R.); b) Una carta de instrucción de la Sociedad Directodo México, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financieras de Objeto Múltiple, Entidad no regulada (SOFOM E.N.R.); y c) Una carta de instrucción de la Sociedad Prestaciones Finmart, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, Sociedad Financieras de Objeto Múltiple, Entidad no regulada (SOFOM E.N.R.); así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las cuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del mismo ordenamiento legal, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. Respecto a su solicitud relativo al uso de cámaras fotográficas, grabadoras y lectores públicos, deberá estar a la determinación de nueve de febrero de este año, en el que se proveyó lo conducente respecto del empleo de medios electrónicos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; para su celebración. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con el citado numeral 257, fracción II, del Acuerdo General; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia. Con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", publicada con registro 2002576, no se enviarán a las autoridades comunicaciones respecto de los proveídos de mero trámite o en relación con los diferimientos de audiencia, los cuales pueden consultar en la lista de acuerdos que se publica en la página electrónica oficial https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTram ites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Por otro lado, con fundamento en los artículos 251, incisos a) y f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los acuses de recibo que envíen las partes, respecto de los oficios que a manera de notificación se les remitan, así como aquellas promociones que hayan sido recibidas y atendidas con anterioridad, serán agregados al expediente y vinculados electrónicamente con la determinación judicial con la que se relacionen, sin necesidad de proveído. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Fernando José Oropesa Romero144/2022
- Fernando Martínez Martínez572/2023
- Fernando Molina Lagunes199/2021
- Fernando Morales Flores250/2023
- Fernando Olazo Amador296/2020
- Fernando Peña Méndez567/2019
- Fernando Rafael Aguilar Corona77/2023
- Fernando Rafael Aguilar Corona242/2023
- Fernando Rebolledo López686/2023
- Fernando Rodríguez Canovas479/2019
- Fernando Rodríguez Flores748/2022
- Fernando Solano Alarcon28/2020