Fernando Sandoval Mendez
Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fernando Sandoval Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del cual remite el juicio de amparo 685/2023, del índice de ese órgano jurisdiccional, formado con motivo del diverso 582/2023-II-B, de este Juzgado; asimismo, comunica que no se aceptó el conocimiento del asunto de que se trata y, por ende, se rechazó la competencia declinada por este recinto judicial, por los motivos que se exponen en la promoción de cuenta. Acúsese recibo. En este sentido, el suscrito no insiste en declinar competencia; por lo que, continúese con la tramitación del asunto. De igual modo, elabórese la carátula con los datos correspondientes y glósense al expediente que se recibe las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado por este Juzgado. Cabe precisar que en auto de dos de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional asumió que la demanda de amparo satisfacía los presupuestos contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, por ende, en ese acuerdo se tuvo por desahogado el auto preventivo, lo que origina como consecuencia, la admisión de la demanda formulada por el quejoso. En otro orden de ideas, visto el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se reservó proveer el escrito signado electrónicamente por el quejoso ********************, a través del cual desiste del juicio de amparo en que se actúa y proporciona usuario para oír y recibir notificaciones, así como consultar el expediente electrónico. En mérito de lo anterior, cabe precisar que según lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En esos términos, la manifestación del desistimiento es un elemento de convicción suficiente para concluir que es voluntad de la parte quejosa desistir del juicio de amparo. Así, en el caso, el ocurso que se provee cuenta con la firma electrónica del quejoso ********************; de ahí que dicha evidencia criptográfica, permite apreciar su intención de desistir del presente juicio, por lo que produce los mismos efectos que tendría el signado ante la autoridad judicial. Cabe precisar que el suscrito prescinde de ordenar la ratificación del escrito de cuenta, puesto que el Máximo Tribunal del país ha establecido que la firma electrónica con su respectiva evidencia criptográfica, permite advertir el nombre de su autor y su intención para realizar la actuación procesal de que se trate, con lo cual el órgano jurisdiccional se puede cerciorar que no se trata de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad, pues incluso un ocurso presentado electrónicamente, que tenga la firma y evidencia criptográfica respectiva, se equipara a uno signado ante autoridad judicial; de ahí que si el escrito que se provee produce los mismos efectos jurídicos que el signado ante presencia jurisdiccional, luego entonces, se estima innecesario su ratificación. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1533, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2023937, que señala: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, visible a página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo por desistimiento de la demanda intentada. En otro orden de ideas, ya que la parte quejosa no puede retractarse de su manifestación de voluntad de desistir en su perjuicio del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción III, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que este proveído ha causado estado. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 161/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 687, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado, archívese el expediente como concluido y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Asimismo, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es conservable en el plazo de tres años, ya que se concedió la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) de esa normatividad -aplicado por analogía-. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa en el escrito que se acuerda, en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la Ley de Amparo, con relación en el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del usuario "********************"; en la inteligencia que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III, del artículo 31, de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá hecha la notificación. En el entendido que la elección de esta modalidad electrónica, debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario; en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), registro 2026122, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, Undécima Época, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Finalmente, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio al usuario "********************"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente cuaderno de antecedentes, se advierte que en proveído de dos de junio del año en curso, este juzgado de Distrito declaró carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda promovida por Fernando Sandoval ..., ordenando remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl en turno; asimismo, se está a la espera de que el órgano jurisdiccional correspondiente comunique el acuerdo que haya recaído a la competencia declinada. En tales condiciones, se ordena agregar la promoción que suscribe el quejoso Fernando Sandoval..., la cual se reserva proveer sobre su contenido, hasta en tanto este órgano jurisdiccional tenga conocimiento del acuerdo recaído a la competencia declinada al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que en acuerdo de trece de mayo del año en curso, se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días legalmente computados, ampliara bajo protesta de decir verdad los antecedentes de su demanda, debiendo indicar la clínica del Instituto de Salud del Estado de México, que le atiende y le ha dado seguimiento a los tratamientos de los que se duele y, en su caso, su número de afiliación, a efecto de fijar la Litis de forma completa en el presente juicio de amparo; además, para que las autoridades responsables se encontraran en aptitud de rendir su informe justificado. Luego, el dieciocho de mayo del año en curso, la parte quejosa remitió un escrito en el que desahogaba la prevención formulada en autos; sin embargo, el diecinueve del mismo mes y año, este Juzgado le indicó que no se le tenía desahogando, en virtud de haber sido omiso en formular la "protesta de decir verdad", en la ampliación de antecedentes que narró, requiriéndosele nuevamente para que dentro del término restante atendiera lo solicitado. No abstente lo anterior, cabe mencionar que el artículo 109 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos que debe contener una demanda cuando se promueva en términos del artículo 15 de ese ordenamiento legal, siendo dichos requisitos: que se precise el acto reclamado, la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible, la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto; y en su caso, el lugar en que se encuentre el quejoso, Por lo que, tomando consideración que en el asunto en que se actúa se reclaman actos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que no debe imponerse a la parte quejosa una carga que la propia legislación no prevé para este tipo de asuntos; por tanto, se tiene desahogada la prevención formulada en autos. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito de desahogo se advierte que el promovente señala como acto reclamado: - ".no proporcionarme el medicamento solicitado o un medio posible tanto material como económico para conseguirlo." No obstante, del apartado "X", relativo a la suspensión del acto reclamado, se advierte que solicitó que se le proporcione atención médica urgente e inmediata para tratar su padecimiento, así como para que se le otorgue de forma inmediata el medicamento (OZEPIC 1.34 mg/ml Caja C/Pluma Precargada 3ml). INCOMPETENCIA Al respecto, debe decirse que conforme a lo dispuesto por el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se promoverá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; de lo que se deduce que el propósito del constituyente fue hacer del juicio de amparo un medio de defensa eficaz en la protección de derechos fundamentales, lo que se logra en cierta medida, mediante el control constitucional de los actos de autoridad susceptibles de ejecución material, por conducto del juez en cuya jurisdicción se materialice o sea susceptible de materializarse dicho acto. Efectivamente, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el cual deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues se estima que el juez que ejerce su función en tal lugar, cuenta con mayor facilidad para la integración del juicio, así como para agilizar el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza de los actos reclamados y establecido si implican o no un principio de ejecución material, se está en posibilidad de determinar la competencia del Juez de Distrito que debe conocer del asunto, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, el legislador contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del artículo 37 de la normatividad de la materia. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. La segunda regla indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención; esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. Y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Expuesto lo anterior, el suscrito estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda que se estudia, pues el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en la primera regla que prevé la Ley de Amparo para fijar la competencia, particularmente en lo relativo a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado o se esté ejecutando. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que el quejoso a través del escrito que remitió electrónicamente el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, el cual se encuentra registrado con folio interno 7309, precisó lo siguiente: ".A manera de ampliación de antecedentes manifiesto que no llevo un seguimiento en clínica del Institutito de Salud del Estado de México, si no que la llevo de manera privada con médicos particulares, más sin embargo el centro de salud que me corresponde por domicilio es en el CENTRO ESPECIALIZADO A LA SALUD "BICENTENARIO" TEMASCALAPA. Por lo que pedí al Gobierno del Estado de México se me proporcionara en dicho lugar el medicamento que les solicité (semaglutida) en la petición electrónica." Así, a pesar de que se reclama un acto negativo, del cual pudiera considerarse que carece de ejecución, lo cierto es que la sola naturaleza no es suficiente, sino que debe atenderse a las consecuencias que producen tales actos, lo que cobra especial relevancia en el presente caso, debido a que la negativa de proporcionar el medicamento solicitado por el quejoso, produce consecuencias de carácter positivo. En ese sentido, para determinar a quién compete conocer de la demanda de amparo, debe destacarse que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto controvertido, tratándose de la primera de las reglas competenciales señaladas líneas arriba, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad. Entonces, se considera que las consecuencias del acto combatido necesariamente tendrán su materialización en el Municipio de Temascalapa, que corresponde al lugar donde se localiza el Centro de Salud denominado CENTRO ESPECIALIZADO A LA SALUD "BICENTENARIO" TEMASCALAPA, al que debe acudir el quejoso en razón de su domicilio y, a través del cual, tendrá ejecución la negativa u omisión de proveer los medicamentos que requiere el agraviado y, en su caso, a la atención médica que llegara a necesitar derivada de su padecimiento médico. Se cita en apoyo a lo anterior, por las consideraciones que lo integran, el criterio jurisprudencial sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, de contenido siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Por tanto, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del presente asunto, a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, por ser quien ejerce jurisdicción en el municipio de Temascalapa, lugar donde se localiza el Centro de Salud denominado CENTRO ESPECIALIZADO A LA SALUD "BICENTENARIO" TEMASCALAPA, que corresponde al quejoso en razón de su domicilio y en donde tendrá ejecución la negativa u omisión de proveer los medicamentos que requiere; por lo que, se ordena remitir a dicho órgano jurisdiccional el juicio de amparo 582/2023-II-B, de este índice, a fin de que provea lo que corresponda, solicitándole que de no tener inconveniente, informe si acepta o no la competencia planteada. No se soslaya que en el expediente que se analiza no se haya admitido aún la demanda de amparo, pues ello no constituye un presupuesto necesario para declinar la competencia en razón de territorio, sobre todo, si se tiene presente que subsiste la suspensión de plano decretada en auto de trece de mayo de este año. Previo a ello, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Apoderada Legal del Director General del Instituto de Salud del Estado de México, por medio del cual en cumplimiento al auto de trece de mayo de dos mil veintitrés, rinde informe respecto de la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados a las personas que menciona. Asimismo, se autoriza al usuario "LicGioDeCa80" consultar el expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Notifíquese.
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