Fernando Romero Pérez
Expediente 533/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fernando Romero Pérez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de Méx seis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como al haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
"...Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 247/2022, origen 247/2022, en el que se solicitó notificar al quejoso...el proveído de trece de mayo de dos mil veintidós. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo, aunado a que expresamente, adujo no solicitarlo. Háganse las anotaciones en el libro de comunicaciones oficiales respectivo. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintidós. ANOTACIONES Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Romero Pérez, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 533/2022-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador federal debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Ahora, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consistente en: "La omisión de dictar sentencia dentro de los autos del juicio de administrativo 661/2021 (UNE 2021-8780), promovido por el suscrito en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México." Al respecto, quien resuelve considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6°, párrafo primero y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Del artículo 107, fracción V, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, conforme a la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto únicamente se surte respecto de violaciones a derechos sustantivos, y no por violaciones intraprocesales, como sería la de no proseguir en tiempo el procedimiento, incluso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, como la violación a los términos procesales, aun cuando alegue transgresiones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo -respecto de las cuales, el juicio constitucional es notoriamente improcedente-, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente, es decir, se actualiza la causa de excepción a la regla. Así, por lo general el amparo indirecto es improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional o materialmente jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el procedimiento, al tratarse de una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, actos dentro de los cuales se encuentra la omisión de dictar la sentencia en el juicio administrativo de origen, pues conforme a ese criterio dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte. Los razonamientos anteriores se contienen en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente se duele de que la autoridad responsable ha sido omisa en dictar sentencia dentro del juicio administrativo 661/2021, pues considera que ha excedido el término legal previsto por la ley para dicho efecto; sin embargo, conforme al criterio transcrito, debe atenderse a si existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, que pueda generar la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese contexto, el suscrito no advierte una abierta dilación en agravio de la parte impetrante, ni mucho menos la paralización total del procedimiento, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, así como de las documentales adjuntas a su demanda, se desprende que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de ley relativa al juicio administrativo 661/2021, asimismo, que una vez desahogada en sus etapas, se reservó el derecho de la emisión de la sentencia y ordenó turnar los autos de dicho juicio para tal efecto. Ahora, el numeral 272 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece que una vez oídos los alegatos de las partes, la autoridad responsable resolverá en la misma audiencia, o bien, dentro de los cinco días siguientes, por lo que la responsable contaba con el plazo comprendido del veintitrés al veintinueve de marzo del año en curso, para emitir la resolución correspondiente. En esa virtud, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (nueve de mayo de dos mil veintidós), habían transcurrido veinticuatro días hábiles -posteriores al vencimiento del citado plazo- para el dictado de la sentencia (descontando del once al quince de abril de dos mil veintidós, por ser inhábiles para la autoridad responsable), lo que en criterio del suscrito, no constituye una dilación abierta que traiga consigo la actualización de la causa de excepción para la procedencia de la vía constitucional. Ahora, si bien resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, lo cierto es que jurisprudencialmente se ha construido una noción de lo que debe entenderse por dicho concepto, así como de los parámetros objetivos que pueden ser tomados en consideración por el juzgador para tener por actualizada dicha hipótesis. En dicho aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, en la que dispone: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." De igual forma, existe el criterio III.3o.T. J/3(10a), sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de mayo de 2016 a las 10:06 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, Tomo II, mayo de 2016, página 1086, con el título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.", estableció que tratándose del reclamo de dilaciones procesales dentro del juicio, por regla general, el juicio de amparo es improcedente por no ser actos de "imposible reparación", entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; sin embargo, precisó una excepción a dicha regla, que se actualiza cuando el Juez de amparo advierte del contenido de la demanda que existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", pues en ese caso el amparo será procedente. Ahora bien, esos conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; c) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. De ahí, que para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17 de la Carta Magna. Así, a partir de la ponderación de esos elementos debe analizarse si en cada caso existe o no el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia en cita, pues sólo por excepción procede desechar una demanda de amparo, de suerte que si de su análisis permite considerar que existe una dilación procesal importante o inactividad procesal, aquélla debe admitirse." Del citado pronunciamiento se obtiene que el concepto de "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", debe analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otras cosas, la complejidad del asunto, técnica jurídica o material, la conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo. En ese orden de ideas, ponderando dichas circunstancias a la luz de las manifestaciones del quejoso, así como de las constancias que allegó, quien resuelve considera que en el caso concreto, no se actualiza una abierta dilación en perjuicio del amparista, pues como se señaló, han transcurrido veinticuatro días hábiles contados a partir de que legalmente debió pronunciarse, lo que a criterio del suscrito constituye un parámetro razonable para la emisión de una sentencia definitiva, en contraposición a una abierta dilación o paralización total, como presupuestos para la procedencia del juicio de amparo. Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 6°, párrafo primero y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en el precepto 113 de la legislación de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Ténganse como autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. No obstante, dada la naturaleza de la presente determinación, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Avenida José Loreto Fabela, número 116, local B Colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Segunda Sección Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II de la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique personalmente a la parte quejosa Fernando Romero Pérez en el domicilio indicado, y le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, enviada vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la devolución de las constancias respectivas, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente por exhorto a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Fernando Paramo Licea938/2019
- Fernando Pineda Castañeda450/2017
- Fernando Quintana Manuel y Otros.1413/2017
- Fernando Reyes Morales73/2023
- Fernando Ríos González848/2022
- Fernando Rojas Cortes793/2017
- Fernando Rubio Morales413/2021
- Fernando Ruiz Herrera741/2023
- Fernando Sánchez Hernández681/2019
- Fernando Sandoval Mendez582/2023
- Fernando Santillán Salinas1339/2023
- Fernando Silva Sánchez635/2018