Fernando Salgado Hernández
Expediente 302/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fernando Salgado Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se sobreseyó y negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20 fracción II, inciso a) del Acuerdo General multicitado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se negó y concedió la suspensión definitiva Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso, hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de este. De los anexos En mérito de lo ordenado en este auto, devuélvase al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Morelos, que actualmente conozca de la carpeta técnica ******************** los anexos que remitió como complemento de su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de febrero de dos mil veintitrés Visto el estado de autos se advierte que no se encuentra notificado el Agente del Ministerio Público que interviene dentro de la causa penal JC/173/2021, en su carácter de tercero interesado, en el presente juicio de amparo, ni el acuse de recibo del oficio 30965/2021 por el que se ordenó notificarle la sentencia de ocho de octubre del dos mi veintiuno, dictada por este juzgado federal, en consecuencia, se comisiona al actuario que por turno le corresponda, a efector de notificar la aludida resolución a dicha parte procesal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós Visto el estado de los autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa .de la resolución de ocho de octubre de dos mil veintiuno; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte de referencia el citado auto. Notifíquese... ----------- AHORA BIEN Y EN ATENCIÓN AL CONTENIDO DEL ACUERDO QUE ANTECEDE, CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ES DE LA LITERALIDAD SIGUIENTE: "R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Fernando Salgado Hernández solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, -Lic. Ramón Villanueva Uribe- con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos. Acto reclamado: ".La ilegal resolución de fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno, en la cual se emitió en contra del suscrito auto de vinculación a proceso, por el hecho de Abuso Sexual, en la carpeta de investigación judicial . La ilegal imposición de la medida cautelar, de arraigo domiciliario en el ubicado en.; prevista en la fracción VII del artículo 176 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad en la apoca que ocurrió el supuesto hecho delictivo". SEGUNDO. El seis de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 302/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazo al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. . En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclaman de la autoridad responsable: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal CJ/173/2021. La medida cautelar emitida el tres de marzo de dos mil veintiuno, consistente en arraigo domiciliario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, con residencia Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias relativas a la causa penal ..., que acompañó y disco versátil DVD; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. . Certeza que se corrobora con la audiencia correspondiente a su emisión, contenida en el disco versátil digital (DVD), que dicha autoridad judicial remitió en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Respecto del acto consistente en la resolución dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el proceso penal ..., por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la que fija como medida cautelar, arraigo domiciliario, con vigilancia policiaca, este juzgador advierte que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, es decir, fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que se traduce en la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque para examinar dicha causal de improcedencia, debe determinarse la fecha en que surte sus efectos la notificación del auto reclamado, para tal efecto es necesario transcribir el numeral 52, 176, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, que prevé: Artículo 52. Regla General. Las resoluciones pronunciadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes en el procedimiento que hubieren asistido o debido asistir a las mismas. Los interesados podrán pedir copias de los registros en que consten estas resoluciones, las que se expedirán en plazo de dos horas y sin costo alguno. Las resoluciones que sean dictadas fuera de audiencia deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su dictado, salvo que la autoridad judicial disponga un plazo menor. Solo obligarán a las personas debidamente notificadas." "Artículo 176. Medidas. A solicitud del Ministerio Público, una vez que el imputado ha rendido su declaración preparatoria o ha manifestado su deseo de no declarar, bajo las condiciones y en la forma que fija éste Código, el juez o el tribunal pueden imponer al imputado, después de escuchar sus razones, las siguientes medidas cautelares: VII. El arraigo, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el juez disponga;" De lo anterior, se aprecia que el acto reclamado se emitió en audiencia del tres de marzo de dos mil veintiuno, en la que estuvo presente el quejoso, por tanto, surtió efectos y empezó a correr el plazo a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Luego, el plazo para promover el juicio de amparo inició el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, (que es el día siguiente al en que surtió efectos la notificación), conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo, y concluyó el veinticinco de marzo siguiente, por lo que a la fecha en que promovió la demanda de amparo (treinta de marzo siguiente) ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, ya había transcurrido en exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. En virtud de que entre el cuatro de marzo (que es el día siguiente hábil al en que surtió efectos el acto reclamado) al treinta de marzo (fecha en que presentó la demanda, mediaron los días seis, siete, trece, catorce, quince -inhábil en conmemoración al natalicio de Benito Juárez- veinte y veintiuno de marzo, porque fueron sábados, domingos y día festivo, y, por tanto, inhábiles de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que es claro que no se hizo con la oportunidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ya habían transcurrido quince días hábiles, motivo por el cual no se surte la causal de improcedencia contemplada en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se ejemplifica con el calendario de mes de marzo de dos mil veintiuno. DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 1 2 3 acto reclamado 4 corre termino 1 5 Día hábil 2 6 inhábil 7 inhábil 8 Día hábil 3 9 Día hábil 4 10 Día hábil 5 11 Día hábil 6 12 Día hábil 7 13 inhábil 14 inhábil 15 inhábil 16 día Hábil 8 17 día Hábil 9 18 día Hábil 10 19 día Hábil 11 20 inhábil 21 inhábil 22 día Hábil 12 23 día Hábil 13 24 día Hábil 14 25 día Hábil 15 vence término 26 hábil 27 inhábil 28 inhábil 29 hábil 30 presentación de la demanda 31 hábil En estas condiciones, es claro que la demanda de amparo, fue presentada de manera extemporánea, motivo por el cual, válidamente puede concluirse que debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, debe sobreseerse en el juicio, respecto de la resolución dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno, en el proceso penal ., por el Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, en la que fija como medida cautelar, arraigo domiciliario. Al no existir otra causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del diverso acto reclamado. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de imputado en el procedimiento penal de origen. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan del informe justificado del juez de control principalmente del disco DVD. - El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, a petición del agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación JT/01/830/20210, ahora causa penal CJ/173/2021, libró orden de aprehensión contra Fernando Salgado Hernández. - El dos de marzo de dos mil veintiuno, elementos de la Policía de Investigación Criminal pusieron a disposición del juez de control al ahora quejoso, y a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial fijó las trece horas del día tres de marzo de dos mil veintiuno, donde la representación social formuló imputación a Fernando Salgado Hernández, por su probable participación en la comisión de la conducta delictiva denominada abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el artículo 162 del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en detrimento de la víctima de iniciales F. I. B. M. - En uso de la voz el citado imputado reservó su derecho a declarar en relación con los hechos que se le atribuyen. - El fiscal solicitó la vinculación a proceso, para tal fin, expuso el cuadro fáctico en el cual enmarcaba la conducta reprochada en el delito en cuestión y expuso sus datos de prueba. - Se hicieron saber al imputado los términos constitucionales para que se resolviera su situación jurídica, solicitando que el término ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica. - Previo debate, el juez dictó en contra del imputado auto de vinculación a proceso, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del citado delito, en los términos expuestos en la formulación de la imputación, abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el artículo 162, en relación con los diversos 14, 15, 16 y 18 fracción I, del Código Penal del Estado de Morelos. - Previa solicitud por parte del fiscal, el juez de control impuso al imputado como medida cautelar la de arraigo domiciliario. - Finalmente, autorizó el plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria. El quejoso Fernando Salgado Hernández, en su concepto de violación alega en la resolución reclamada la falta de existencia de datos de prueba suficientes para acreditar de forma indiciaria la probabilidad de que se haya cometido el delito, así adolece de fundamentación y motivación, argumentando que el acto reclamado de los requisitos que prevé el numeral 19 Constitucional. En otro motivo de disenso se duele que el delito que se le imputa ha prescrito, pues el mismo ocurrió en el año dos mil diez, por ello, dice, dejo de observar los artículos 97, 99 y 100 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, este juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del quejoso, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. La determinación de vinculación a proceso, constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Ahora bien, la base normativa de todo auto de vinculación a proceso (como el que ahora se reclama) se contempla en el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". Asimismo, debe señalarse que la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 278, 279 y 292 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; preceptos legales que disponen: "Artículo 278. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El juez, a petición del Ministerio Público decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado ha tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de guardar silencio. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, obren datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión. IV. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Se entenderá que se ha dictado auto de formal prisión o sujeción a proceso para los efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se resuelva la vinculación del imputado a proceso. Artículo 279. No vinculación a proceso del imputado. En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, el juez negará la vinculación del imputado a proceso y en su caso, revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado. El auto de no vinculación del imputado a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule de nueva cuenta la imputación, salvo que la no vinculación de proceso haya causado ejecutoria y se fundamente en la fracción V del artículo anterior. De actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 287 de este Código, se decretará el sobreseimiento. Artículo 292. Contenido de la acusación. La acusación deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del imputado y de su defensor; II. La individualización de la víctima u ofendido, salvo que esto sea imposible; III. El relato circunstanciado de los hechos atribuidos y de sus modalidades, así como su calificación jurídica; IV. La mención de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurrieren, aun subsidiariamente de la petición principal; V. La autoría o participación que se atribuye al imputado; VI. La expresión de los demás preceptos legales aplicables; VII. Los medios de prueba que el Ministerio Público se propone producir en el juicio oral; VIII. La pena que el Ministerio Público solicite y los medios de prueba relativos a la individualización de la pena y los relacionados con la improcedencia, en su caso, de sustitutivos de la pena de prisión o la suspensión de la misma; IX. El daño que en su caso se considere se haya causado a la víctima u ofendido y los medios de prueba que ofrezca para acreditar ese daño y su monto; X. En su caso, la solicitud de que se aplique el procedimiento abreviado, y XI. En su caso, la acción contra la persona colectiva en los términos del artículo 155 Bis de este Código." Del análisis conjunto de las disposiciones legales transcritas, se desprende que los requisitos que se deben reunir para el dictado de un auto de vinculación a proceso son los siguientes: a) Que se haya formulado imputación. b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, el cual podrá clasificarse de forma distinta a la asignada por el Ministerio Público, en cuyo caso deberá hacérsele saber al imputado para los efectos de su defensa. d) Que con base en dichos antecedentes de la investigación, se desprenda la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye. e) Que se señalen el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho atribuido al imputado. f) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. g) Que se expresen los fundamentos y motivos por los cuales se estimaron satisfechos requisitos anteriores. h) Que se expresen los datos personales del imputado. Ahora bien, el requisito identificado con el inciso a) y b), se cumple en el caso, ya que en la audiencia de tres de marzo de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló la imputación, ya que expresó al impetrante de amparo cuáles eran los hechos que motivaban la investigación que se desarrollaba en su contra, constitutivos del delito de abuso sexual agravado, haciendo del conocimiento del quejoso la fecha, lugar y modo de la comisión del delito imputado; además, en la misma diligencia, se informó que el grado de intervención que se les atribuyó fue como autor material y que la denuncia fue formulada por la víctima de iniciales F. I. B. M., (tercero interesado), así también el aquí quejoso reservó su derecho a declarar. Respecto al requisito marcado con el inciso c), consistente en que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se adviertan datos (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En este punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, sostuvo que para el dictado de un auto de vinculación, no es necesario que se efectúe un ejercicio de tipicidad en el que se desglosen los elementos del cuerpo del delito y se determine cuáles son los elementos o datos de prueba que justifican cada uno de esos elementos, sino que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevaron a determinar cuál es el tipo penal aplicable. ... Con base en lo antes expuesto, se considera legal que el juez de los autos sostuviera que de los antecedentes de la investigación expuestos por la representación social, se lograba establecer que se había cometido el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual, con base en los datos de prueba narrados en audiencia de formulación de imputación de tres de marzo de dos mil veintiuno, entre los que destacan, por su importancia, los siguientes: La denuncia que presentó Flor Elia Medrano Ambris, madre de la víctima de iniciales F. I. B. M., de veintinueve de abril de dos mil diez. Declaración de la menor ahora mayor de edad, de iniciales F. I. B. M., de veintiocho de abril de dos mil diez. Informe de policía de investigación criminal de catorce de mayo de dos mil diez, Mario Alejandro Muñoz Villarce, entrevista a la menor y madre donde narran los hechos en idéntica forma que en sus declaraciones. Dictamen en Psicología forense por la perito Yumaira Reyes Guerrero, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, donde entrevista a la víctima ahora de veintitrés años, donde concluye que la víctima presenta daño psicológico y moral en razón a que el hecho vivenciado lo tiene presente, con ansiedad de ser tomada en cuenta, refleja un trauma vivenciado del pasado. En efecto, atendiendo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, contrario a lo argumentado por el quejoso, se advierte que con los datos de prueba reseñados, valorados al tenor de las máximas de la lógica y la experiencia la sana crítica y los conocimientos científicos, así como al tenor de los artículos 332 a 335 del Código de Procedimientos Penales, como así lo refiere el juez de control, se justifica el encuadramiento de la conducta desplegada por él a la norma penal por la que se le dictó el auto de vinculación reclamado, esto es, los artículos 162, relacionado con los diversos 14, 15, 16 y 18 fracción I del Código penal del Estado de Morelos, pues tales datos de prueba apuntan en señalar que la víctima de iniciales F. I. B. M., fue abusada sexualmente, el veintisiete de abril de dos mil diez, con tocamientos lesivos. Por cuanto hace al requisito identificado con el inciso d), referente a que con base en dichos antecedentes de la investigación, se desprenda la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión del delito que se le atribuye, dicho requisito también se acredita con los datos de prueba antes señalados, entre los que destacan la declaración de la víctima de iniciales F. I. B. M., donde señala que el veintisiete de abril de dos mil diez, aproximadamente a las dieciocho horas, fue llamada por su profesor de Tae Kwon Do, donde está un escritorio, que le dijo que le iba a tronar la espalda, por lo que cruzo los brazos y la tomo por la espalda la cargo y bajo, posteriormente la tomo de la cintura y la inclino hacia adelante y sintió como le acerco su miembro viril a sus glúteos por lo que se zafó, y le dijo que era un ejercicio, posteriormente la llama a un cuarto donde esta una cama de madera, donde la vuelve a inclinar hacia delante, volviendo a acercar su miembro viril a sus glúteos, y vuelve a zafarse y corre a donde estaba su amiga Nancy, posteriormente el imputado la llama a una esquina del lugar donde le explica que era un ejercicio para corregir la espalda, pero que no lo dijera a su mamá que sería una sorpresa. Igualmente, se acredita el requisito marcado con el inciso e), puesto que de las manifestaciones vertida en la audiencia de imputación, se logra obtener con claridad que los hechos que se atribuyen al imputado son que la víctima de iniciales F. I. B. M., tomaba clases los días martes y jueves, en el domicilio ubicado en Pinos uno esquina con Insurgentes colonia Moctezuma de Jiutepec, Morelos, aproximadamente a las dieciocho horas fue llamada por su instructor ahora imputado a donde se encontraba un escritorio una vez ahí le dijo que le tronaría la espalda, la toma por la espalda y la levanta y la baja, después la toma de la cintura y la inclina hacia adelante momento en que le acerca su miembro viril a sus glúteos, por lo que se zafa y se retira, posteriormente la llama a un cuarto donde hay una cama de madera que usa para los entrenamientos del otro grupo, y vuelve a inclinarla donde repite la acción diciendo que era un ejercicio, para corregir la espalda, por lo que se suelta y regresa con su amiga Nancy. Con el informe pericial de la perito en psicología Yumaira Reyes Guerrero, de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, quien entrevista a la víctima ahora de veintitrés años de edad, a quien le realiza varios test como de Mac Hubert, de la persona bajo la lluvia, de frases incompletas de Zach para adultos, de L. Vender, y concluye que la víctima presenta daño psicológico y moral por el hecho evidenciado que lo tiene presente, ansiedad de ser tomada en cuenta, y trauma vivenciado del pasado. Asimismo, se advierte acreditado el contenido del inciso f), puesto hasta el momento procesal analizado en el acto reclamado, no se advierte la actualización de alguna una causa de extinción de la acción penal, ni alguna excluyente de delito establecidas en el artículo 23 del Código Penal para el Estado de Morelos. Lo anterior es así, pues, si bien la defensa en su concepto de violación refiere que la acción penal ha prescrito, conforme a lo dispuesto por los numerales 97, 99 y 100, del Código Penal del Estado de Morelos, vigente en la época de los hechos, como lo señala el juez de control responsable, el imputado dejo de observar lo dispuesto por el diverso artículo 100 bis Idem, que señala: "ARTÍCULO 100 Bis.- Cuando se trate de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual contenidos en el Título Séptimo de este Código, cometidos en contra de menores de edad, el término de la prescripción de la pretensión punitiva empezará a correr a partir del día en que la víctima alcance su mayoría de edad. Así, señala el juez responsable el delito de abuso sexual agravado que se reprocha al imputado aquí quejoso, tiene una penalidad de ocho a doce años de prisión, -artículo 162 del Código Penal del Estado de Morelos-, por su parte el precepto legal 99, refiere que la prescripción sólo operará cuando transcurran las tres cuartas partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente al delito respectivo, en el caso de delito grave, y las dos terceras partes, cuando se trate de otra categoría de delitos, por lo que las tres cuartas partes del máximo que prevé dicho numeral -doce años- son nueve años, quiere decir, que a partir del día siguiente al que la menor víctima ahora mayor de edad, cumplió dieciocho años, -en dos mil dieciséis- al día en que se cumplimenta la orden de aprehensión librada contra el imputado -dos de marzo de dos mil veintiuno- no han transcurridos los nueve años que como mínimo establece la ley para que opere la figura jurídica de la prescripción, de ahí que el concepto de violación en ese sentido resulta infundado. De igual forma se considera justificado el requisito marcado con el inciso g), puesto que de lo antes expuesto se aprecia que el juez del conocimiento, aunque de forma sucinta, sí expresó los fundamentos (artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 162, en relación con los diversos 14, 15, 16 y 18 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Morelos y los motivos por los cuales consideró satisfechas todas las exigencias anteriores. Finalmente, se acredita también el último requisito marcado con el inciso h), debido a que durante las diligencias de las que emanó el acto reclamado, se hizo constar el nombre completo del imputado, el cual se considera el único dato indispensable para identificar al impetrante. Expuesto lo anterior, se estima necesario destacar que de la interpretación armónica de lo establecido en los numerales 332 a 335 del Código de Procedimientos Penales, que faculta al juzgador a valorar de mera libre y lógica los datos de prueba aportados por la partes, aunado al bajo estándar probatorio exigido en el artículo 316, fracción III, del código citado, se llega a la conclusión de que para el dictado de un auto de vinculación, no es necesario que la autoridad jurisdiccional haga una valoración minuciosa y específica de cada uno de los datos de prueba aportados, debido a que en esa etapa procesal no se exige la comprobación plena de cada uno de los elementos que integran la conducta ilícita, ni de la responsabilidad del imputado en su comisión, sino basta que efectúe un ejercicio de razonabilidad o credibilidad entre la hipótesis sostenida por el Ministerio Público, víctima u ofendido del delito, en contraste con la versión o, en su caso, contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor; esto en virtud de que el objetivo que se persigue con dicha resolución es básicamente determinar la necesidad de continuar con una investigación penal y la materia de la misma, a efecto de llegar a un eventual juicio. . El Código de Procedimientos Penales, establece que se entenderá que obran datos de prueba cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada en líneas que anteceden, señaló que dentro del paradigma que representó el cambio del sistema administración de justicia en materia penal, al pasar de uno mixto tradicional al de corte acusatorio adversarial y oral, implicó la sustitución de conceptos como "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito". En ese sentido, refirió la citada sala constitucional que el nuevo sistema de administración de justicia en materia penal ya no exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, por tanto, no se requieren pruebas para el dictado de la resolución de vinculación a proceso, como así lo exigía el sistema penal tradicional al dictar el auto de término constitucional; pues en el sistema acusatorio sólo se requieren datos de prueba -indicios razonables- que permitan establecer que se cometió un hecho señalado en la ley como delito y que exista la probabilidad que el imputado haya participado en su comisión o lo haya cometido. La razón fundamental radica en que de acuerdo con el nuevo sistema de administración de justicia en materia penal se pretende evitar que, en la resolución de vinculación a proceso, se realicen juicios anticipados que corresponden a la sentencia que resuelva el fondo del asunto, la cual es propia de la etapa de juicio oral. Además, el auto de vinculación a proceso dentro del sistema penal acusatorio implica la continuidad del proceso de investigación, pero en el caso, se trata de una investigación judicializada por virtud del cual el juez de control verifica que los actos de investigación se efectúen dentro del marco que la propia ley establece y en estricto respeto a los derechos fundamentales de las partes. Por otra parte, la sala constitucional adujo que era innecesario la acreditación del cuerpo del delito en la vinculación a proceso, esto es, que no es la etapa procesal oportuna para demostrar los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, pues estimó que ese ejercicio es propio del análisis de tipicidad, el cual sólo es exigible en la sentencia definitiva. Consecuentemente, concluyó que, para la vinculación a proceso, en relación con establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, sólo basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar el tipo penal aplicable, con independencia de la metodología que se adopte. En consonancia con lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la tesis citada en líneas precedentes, refirió que el estándar probatorio para la vinculación a proceso era mínimo, ya que para dicho acto procesal no se requería la constatación a plenitud del fenómeno delictivo, sino -la constatación- de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal. Ahora, para efectos del estudio se precisa que el estándar probatorio para el dictado del auto de vinculación, es mínimo, pues sólo requiere de indicios razonables que permitan establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. De igual forma, la vinculación a proceso no es el acto procesal por virtud del cual, el órgano jurisdiccional que conoce del mismo, pueda hacer juicios de tipicidad, ya que tal aspecto está reservado para la sentencia definitiva. En la parte sustantiva, los párrafos primero y segundo del artículo 162 del Código Penal para el Estado de Morelos, disponen que comete el delito de abuso sexual agravado, al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto erótico sexual en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos. Y si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, se le impondrá una pena de ocho a doce años de prisión. "Artículo 162. Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad, o que no tenga capacidad de comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá una pena de ocho a diez años de prisión. Esta sanción se incrementará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia física. Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su familiaridad, de su actividad docente, como autoridad o empleado administrativo en algún centro educativo o de asistencia social, se le impondrá una pena de ocho a doce años de prisión y además, en el caso de prestar sus servicios en alguna institución pública, se le destituirá e inhabilitará en el cargo por un término igual a la prisión impuesta; en caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva" En otro aspecto, se establece el marco normativo correspondiente al caso toda vez que en el mismo está involucrado un menor de edad, que consiste en el décimo párrafo, del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 2, segundo párrafo; 83, de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen que, en todas las decisiones y actuaciones, que los puedan afectar debe de protegerse el interés superior de la niñez. Por lo tanto, en el caso, toda vez que la resolución que constituye el acto reclamado, tiene relación con una determinación que afecta a un menor de edad en la época de los hechos, se debe tomar en cuenta el principio imperativo de interés superior de la niñez, que conforme con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido definido en los siguientes términos: "implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." . Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al citado principio ha señalado lo siguiente: "Cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograr dicha protección, rige el principio del interés superior del niño, que se funda 'en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en las necesidades de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades". Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003". Asimismo, la citada Corte Interamericana, ha sostenido que la expresión 'interés superior del niño', consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. En el mismo sentido, conviene observar que, para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que éste requiere 'cuidados especiales', y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir 'medidas especiales de protección'. En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia. En conclusión, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño". Lo anterior, lo sostuvo, en la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. De ahí que los actos que se emitan respecto de los menores deben privilegiarse el interés superior del menor. En otro aspecto, el contexto de los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de abuso sexual, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos de abuso sexual, por lo que dicho dato de prueba, entrelazado con otros, tiene valor probatorio preponderante para la acreditación de la comisión de dicho delito. Así y tratándose de un auto de vinculación a proceso en el caso del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado sólo se requieren datos de pruebas que a nivel de indicio permitan establecer que se pudiera estar ejecutando contra la víctima algún acto erótico sexual además de que el sujeto activo convive con ésta debido a ser su instructor de Tae Kwon Do, sin que se requiera prueba, ya que ésta solo se producirá en la audiencia de juicio. Ahora, resulta pertinente revisar la actuación del Juez de control responsable, en la causa penal ., al dictar la resolución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la cual emitió auto de vinculación a proceso por el delito de abuso sexual agravado, en perjuicio de la menor en la época de los hechos de iniciales F. I. B. M. Del contraste que se realiza entre lo resuelto por la responsable y las premisas sentadas con antelación se advierte que el acto reclamado no vulnera derecho fundamental alguno de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, porque contrario a lo expuesto por la parte promovente y como se indicó previamente, el estándar probatorio para la vinculación a proceso es mínimo, en la medida que la ley sólo exige que haya datos de prueba que permiten advertir la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probable participación de la persona imputada. En el caso, la autoridad responsable conforme a los artículos 332 a 335 del Código de Procedimientos Penales otorgó valor probatorio preponderante a la declaración de la víctima y al informe de la experta oficial ya que atendió a las reglas de la lógica y a las máximas de la experiencia, que indican que en la mayoría de los casos relacionados con abuso sexual ocurre sin la presencia de testigos y al margen de factores externos que pudieran dar cuenta de los mismos, de modo que, en caso de no dar valor probatorio al dicho de la víctima, tales conductas quedarían impunes. Por otro lado, la prueba pericial en psicología resulta idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de la persona víctima del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos de abuso sexual, por lo que dicha prueba, entrelazadas con la declaración de la víctima, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de tal hecho que la ley señala como delito, que si bien señala que dicho dictamen fue realizado aproximadamente diez años después de ocurridos los hechos, por el momento decide otorgar valor probatorio ya que contiene los mínimos para determinar que la víctima cuenta con vivencia recurrente del pasado, daño moral y psicológico, que si bien el dictamen psicológico de la defensa fue amplio en su estudio que hizo respecto al dictamen de la psicóloga oficial, al no haberse practicado directamente a la víctima, por el momento, decide otorgar mayor valor al dictamen oficial, y credibilidad a la declaración de la víctima. Así conviene puntualizar que tales datos de prueba son suficientes en esa etapa procesal para sostener que se actualizó un hecho que la ley señala como delito y que la persona imputada, ahora parte quejosa, participó en su comisión, y por el lazo afectivo -profesor de Tae Kwon Do- existente entre la víctima y el sujeto activo, le realizó actos eróticos sexuales, sin el propósito de llegar a la cópula y la víctima identificó de manera clara y precisa a su agresor, que es la parte ahora quejosa. Por lo que, con los datos de prueba citados con antelación es suficientes para sostener la vinculación a proceso, pues, con ellos se advierten indiciariamente la existencia de actos eróticos sexuales, que el sujeto activo le impuso a la víctima, que como ya se mencionó se verificó con el informe pericial que presentó la experta oficial, que hasta esta etapa procesal el juez de control responsable, consideró con valor suficiente para determinar el daño moral y psicológico sufrido por la víctima, situación que se corroboró con la declaración de la madre de veintinueve de abril de dos mil diez, quien denuncia los hechos sufridos por su hija, quien declara que el día veintisiete de abril de dos mil diez su hija sufrió tocamiento por parte del instructor de Tae Kwon Do, al frotarle su miembro viril en los glúteos de la víctima y con la declaración de la víctima, quien declaró que el día veintisiete de abril de dos mil diez, aproximadamente a las dieciocho horas, en el lugar donde recibe clases de Tae Kwon Do, por parte del imputado, en calle Pinos uno esquina Insurgentes, de la colonia Moctezuma de Jiutepec, Morelos, fue llamada por su instructor a donde está un escritorio para tronarle la espalda que cruzó los brazos sujetándola por la espalda de los brazos la subió y bajo, posteriormente la toma de la cintura y la inclina hacia delante y le acerca a su glúteos su miembro viril, que la sentir eso, se zafa y retira, posteriormente la vuelve a llamar a un cuarto que está cerca del baño donde le muestra una cama de madera que sirve a los alumnos de la siguiente clase, donde vuelve a inclinarla hacia delante y acerca su miembro viril a sus glúteos, diciéndole que era un ejercicio para corregir la espalda, que vuelve a zafarse y se va con su amiga Nancy. Sin que tal aspecto, implique vulneración al principio de presunción de inocencia, ya que la persona imputada goza de tal prerrogativa durante el tiempo en que se gesta el proceso penal en su contra, y es dicho principio que debe ser destruido por la fiscalía para que en un futuro pudiera establecer algún tipo de condena en su contra. Además, para destruir el principio de presunción de inocencia se requiere prueba y en el sistema penal actual, la prueba sólo tiene lugar en etapa de juicio y no en etapas anteriores donde la ley sólo exige la existencia de datos, que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que la persona imputada haya participado en su comisión, por otra parte, no debe olvidarse que el estándar para el dato de prueba es mínimo en relación con la prueba misma. De igual manera, debe señalarse que de acuerdo con las reglas del actual sistema de justicia penal las partes, se encuentran en igualdad de condiciones pues son las encargadas de realizar el ejercicio de control horizontal respecto de la actuación del otro, de modo que, la defensa puede asumir una actitud activa dentro de dicho proceso, sin que de las documentales y DVD ofrecidas por el juez responsable se advierta que la defensa hubiere desvirtuado los datos de prueba que allegó la representación social. Asimismo, este juzgado no advierte dato de prueba alguno que permita sugerir alguna duda razonable sobre la participación de la parte quejosa en el hecho por el que se le vinculó a proceso, como ya se dijo, contrario a lo que señala, hasta esta etapa si existen datos de prueba suficientes para la emisión del auto de vinculación a proceso. ... Por otro lado, es infundado lo manifestado por el amparista de manera reiterada en el sentido de que la decisión tomada por el juez de control es ilegal por carecer de los requisitos indispensables previsto en el numeral 19 Constitucional 275 y 278 fracción IV y V del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, vigente en la época de los hechos, al no actualizarse sus hipótesis, cuestión que resulta infundada, pues como se ha plasmado en esta determinación, el imputado, ha tenido la posibilidad de ser escuchado, ofrecer datos de prueba, desvirtuar los de la contraria, conforme al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, se llevó a cabo la formulación de la imputación si se señalaron las circunstancias de tiempo y modo, en las que se realizaron los tocamientos erótico sexuales -el veintisiete de abril de dos mil diez aproximadamente a las dieciocho horas, el imputado le realizó tocamientos eróticos sexuales al colocar a la víctima inclinándola hacia delante y acercando su miembro viril a los glúteos donde está un escritorio y posteriormente en un cuarto que está a un lado del baño la llama donde la vuelve a tomar de la cintura la inclina hacia delante y le vuelve a acercar su miembro viril a los glúteos por lo que al sentir se zafa y retira del lugar para ir con su amiga Nancy-, por lo que, el hecho que se le atribuye si encuadra en el supuesto normativo que establece el artículo 162 del Código Penal para el Estado de Morelos, así como también estuvo en posibilidad de presentar su teoría del caso; además de que antes de la imposición de una sanción en su contra, se está llevando a cabo un juicio, en el que ha tenido la posibilidad de ser escuchado, ofrecer datos de prueba, y desvirtuar los de la contraria, conforme al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio. En ese contexto, del análisis realizado se evidencia que el auto de vinculación a proceso cumple con los requisitos constitucionales para su dictado. Así, en virtud de que resultaron infundados los conceptos de violación planteados y de que no advierte deficiencia alguna que deba suplirse en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por Fernando Salgado Hernández. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos del considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Fernando Salgado Hernández, contra la autoridad y por el acto precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy ocho de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe."
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Miguel Ángel Rasete Flores; al respecto, con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Amparo, expídasele las copias certificadas que pide, autorizando a la persona que menciona para los efectos que se precisan en el ocurso de cuenta, previa razón de recibo que quede en autos para constancia legal; lo anterior por la seguridad de la parte solicitante y la de este Tribunal. Asimismo, se hace saber que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Para lo anterior, se le hace del conocimiento que a partir del tres de agosto del dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un microsito en el que se encuentra el sistema "Agenda OJ", por medio del cual podrá generar la cita requerida; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe
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