Fernando Rodriguez Abrahajan

Expediente 1152/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1152/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Fernando Rodriguez Abrahajan

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo General de referencia, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, en estricto acatamiento al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al Titular, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el numeral antes invocado; en consecuencia se difiere la audiencia y señala en su lugar las diez horas con diecisiete minutos del treinta y uno de octubre dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, donde se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las diez horas con doce minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve.Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de trece de agosto de dos mil diecinueve (foja 583), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo; derecho que fue ejercido por la parte quejosa al momento de ser notificada de dicho proveído, manifestaciones que serán tomadas en consideración en líneas subsecuentes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó lo siguiente: ".En ese sentido, toda vez que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada, en perjuicio de la quejosa, con fundamento en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Rocío Solache Ramírez, contra el acto reclamado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, para el efecto de que deje insubsistente el contenido del oficio ******************** de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que autorizó la orden de traslado reclamada, y una vez hecho, emita una nueva determinación en la que considere lo expuesto en este fallo constitucional." Dicha sentencia constitucional fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 413/2018, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable mediante oficio número OADPRS/02C.10/1331/2019 (foja 385), ingresado en la oficialía de partes de este juzgado federal el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, exhibió copia certificada del diverso oficio OADPRS/01756/2019, por lo que hace a la autorización de egreso de la aquí quejosa, asimismo, a través del diverso con terminación 20163/2019 (foja 575), el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, remitió copia certificada del Acta de Egreso número 149/2019 de la que se advierte que la quejosa egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos" para ser ingresada al Centro de Reinserción Social "Atlacholoaya", en el Estado de Morelos; constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a la quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, con las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, pues acreditó haber dejado sin efectos el oficio reclamado, además de haber reingresado a la quejosa al centro de internamiento en el que se encontraba con anterioridad a que tuviera lugar el acto reclamado. Ahora bien, no pasan desapercibidas las manifestaciones que formuló la parte quejosa al momento de ser notificada del auto de trece de agosto pasado, en las que señaló estar de acuerdo con el cumplimiento dada a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos el fallo protector. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Conviene destacar que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que dejara sin efectos el oficio ******************** de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, en el que autorizó la orden de traslado reclamada, y una vez hecho, emita una nueva determinación en la que considere lo expuesto en este fallo constitucional. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que dejó sin efectos el oficio reclamado, además de haber reingresado a la quejosa al centro de internamiento en el que se encontraba con anterioridad a que tuviera lugar el acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, en original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que las suspensiones provisional y definitiva se negaron. En diverso aspecto, de autos se advierte que mediante proveídos de veintiséis de febrero y cuatro de julio, ambos de dos mil diecinueve, se hicieron efectivos los apercibimientos decretados contra la autoridad responsable Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, consistentes en multas de cien y doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, respectivamente. En ese sentido, en atención a que al día del presente acuerdo la ejecutoria de mérito ha sido cumplida, máxime que obran en autos las manifestaciones de la autoridad responsable, por las culés solicita la condonación de la multa, impuesta mediante autos de veintiséis de febrero y cuatro de julio, ambos de dos mil diecinueve, de la que derivaron los oficios 5818/2019 y 20945/2019, este Juzgador determina dejar sin efectos dichas medidas de apremio, sin que lo anterior implique de ninguna manera que este Juzgado revoca sus determinaciones. Finalmente, hágase de conocimiento tal determinación a la Administración Desconcentrada de Recaudación de la Ciudad de México "1", para que proceda a la cancelación de lasmultas a las que se han hecho mención. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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