Fernando Rubio Fonseca

Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
615/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/10/2019

Partes del expediente

  • Fernando Rubio Fonseca

Actuaciones

  1. Principal

    V. Agréguense a los autos del expedientillo provisional, para que obre como legalmente proceda, el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, del que se advierte que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 615/2019-V-B, y que por auto de quince de julio del año en curso, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Fernando Rubio Fonseca; remítase el presente cuaderno de antecedentes, al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.

  2. Principal

    V. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Cancún, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, informa que la incompetencia plantada dentro de los autos del juicio de amparo 615/2019-V-B del índice de este juzgado, fue recibido en dicha unidad administrativa el doce de julio de dos mil diecinueve, y turnado de forma aleatoria por el sistema SISE-OCC al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Solicítese de la manera más atenta al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, que de no tener inconveniente legal alguno, acuse recibo e informe a este órgano jurisdiccional si aceptó la competencia planteada.

  3. Principal

    V. Toda vez que se advierte que por auto de tres de julio del año en curso, este juzgado determinó que carecía de competencia legal para conocer la demanda de amparo promovida por Fernando Rubio Fonseca, contra actos que atribuyó a la Perito deslindador Roxana Meléndez Gudiño adscrita a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Quintana Roo en razón de territorio, y que dicha competencia se surtía a favor del Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, en turno, mediante oficio de esa propia fecha, se remitió a dicho órgano jurisdiccional, el expediente original del juicio de amparo 615/2019-V-B, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; siendo que en el presente caso, hasta el momento no obra constancia que acredite que se haya acusado recibo por parte del juzgado federal que resultó conocer del mismo. A efecto de estar en posibilidad de acordar lo legalmente conducente en el presente asunto, requiérase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, para que en el término de tres días hábiles, informe a este órgano jurisdiccional, a qué juzgado le turnó el juicio de amparo original.

  4. Principal

    V. Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de tres de julio del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a la Perito deslindador Roxana Meléndez Gudiño adscrita a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en Quintana Roo; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Debe decirse que del análisis de la demanda se advierte que la promovente del juicio señala como actos reclamados: - Los trabajos de investigación, medición y deslinde que pretende llevar a cabo la responsable el día 5 de julio de 2019 a las 10:00 horas en un predio supuesta propiedad nacional llamado la medusa, puesto que los mismos se realizaran en un predio llamado SAN FERNANDO, ubicado en el municipio de Solidaridad de esta Entidad Federativa, el cual es propiedad del suscrito en copropiedad con terceras personas. La indebida notificación de los trabajos de investigación, medición y deslinde que pretende la responsable llevar a cabo el 5 de julio de 2019 a las 10:00 horas en un predio de supuesta propiedad nacional llamado LA MEDUSA ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, ya que dicha responsable notifica según ella al ciudadano FERNANDO RUBIO VALENZUELA en un domicilio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, cuando en realidad el domicilio debe ser en Calle Ignacio Zaragoza 315 en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, ya proporcionado desde tiempo atrás a la misma responsable, como propietario de un predio llamado SAN FERNANDO para que asista a los citados trabajos de campo sin señalar cuál es el objeto por el cual debe estar presente éste, cuando éste último ya ha fallecido pero la responsable no se cerciora de tal situación al momento de realizar su notificación porque fue a notificar a un domicilio incorrecto, aunado a que el predio SAN FERNANDO ya es propiedad actual del suscrito y diversas personas en copropiedad y es a quienes la responsable debe citar para no violentar sus derechos." Para ello, el promovente, bajo formal protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes, manifestó que: La autoridad responsable pretende realizar los trabajos de investigación, medición y deslinde el día cinco de julio del año en curso, en una supuesta propiedad nacional llamado la medusa, cuando en realidad se realizarán en el predio llamado SAN FERNANDO, ambos ubicados en el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, del cual, del último predio citado, el promovente es copropietario. La notificación de los trabajos de investigación, medición y deslinde que pretende la responsable llevar a cabo en un predio de supuesta propiedad nacional llamado LA MEDUSA ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se realizó en un domicilio en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y para acreditar su dicho, remitió la cédula de notificación por instructivo de veintiséis de junio del año en curso. Resulta pertinente destacar que este juzgado federal advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de amparo más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro. Esto, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Tal intención queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En el caso, el promovente reclama los trabajos de investigación, medición y deslinde que pretende llevar a cabo la autoridad responsable el cinco de julio del año en curso, en una supuesta propiedad nacional llamado LA MEDUSA, cuando en realidad se realizarán en el predio llamado SAN FERNANDO, ambos ubicados en el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, del cual, del último predio citado, el promovente es copropietario, y la indebida notificación de dichos trabajos, por tanto, es evidente que se tratan de actos que conllevan ejecución material. Por lo que, por el primer acto reclamado se advierte que su ejecución tendrá en el Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, como se desprende de sus manifestaciones que bajo formal protesta de decir verdad, realizó en su escrito de demanda, así como con las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, de la que se advierte que los inmuebles de mérito se ubican en dicha localidad. Respecto del segundo acto reclamado consistente en la notificación de dichos trabajos que pretende llevar a cabo la responsable, se realizó en un domicilio ubicado en Cancún, Quintana Roo. Se obtiene que para fijar la competencia del juicio de amparo intentado por la persona moral quejosa, debe atenderse a la regla referida en el numeral 1 del presente auto, es decir, que deberá conocer de éste el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde se ejecuten, se estén ejecutando, se hayan ejecutado o deba ejecutarse el acto reclamado. Cabe concluir que, en el caso concreto, para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los citados actos reclamados, debe atenderse al lugar donde ésta deberá acatarse, lo que en la especie ocurriría en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo.

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