Fernando Olvera Miranda
Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Fernando Olvera Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término concedido al quejoso Fernando Olvera Miranda en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable realice lo siguiente: ". En las relatadas consideraciones, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 3 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la protección constitucional solicitada por la impetrante, para el efecto de que las autoridades universitarias responsables, en el ámbito de su competencia, culminen el registro del título expedido a favor del quejoso, ante Dirección General de Profesiones, y su homóloga estatal...". Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento al fallo protector. Derivado de lo anterior, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a las autoridades responsables Rector y Secretaria General de la Universidad de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada jurídica, informando las gestiones realizadas en las que dio total cumplimiento a la sentencia dictada en autos, remitiendo diversas constancias en copia certificada para acreditar tal circunstancia, de cuyo contenido se desprende que concluyó con el registro de su título electrónico de licenciado en derecho de la parte quejosa, por lo que le remitió un correo electrónico con las instrucciones precisas a efecto de que el quejoso pueda descargar el citado documento. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mediante proveído de esa misma data, se dio vista al quejoso Fernando Olvera Miranda con el contenido del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hasta la presente fecha haya realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada en autos, toda vez que el catorce de junio de la presente anualidad, notificó mediante correo electrónico al impetrante de amparo la conclusión del registro de su título electrónico y que el proceso de registro ya había sido aprobado por parte de la Dirección General de Profesiones, haciendo de su conocimiento las instrucciones precisas a efecto de que pudiera descargar el mismo, así como su cédula profesional, del cual el hoy quejoso acusó recibo y confirmó haber descargado su cédula profesional el veintitrés de septiembre de la presente anualidad. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el veintitrés de septiembre de la presente anualidad.
- Principal
I. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es el siguiente: ". En las relatadas consideraciones, al resultar el acto reclamado violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 3 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la protección constitucional solicitada por la impetrante, para el efecto de que las autoridades universitarias responsables, en el ámbito de su competencia, culminen el registro del título expedido a favor del quejoso, ante Dirección General de Profesiones, y su homóloga estatal...". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que estén realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
I.- Notificación electrónica.
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