Fernando Romero Marín
Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Romero Marín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y se negó la definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada, por la que se sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 714/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. María Alejandra Benites Laureano, en su carácter de defensora particular del quejoso Fernando Romero Marín, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de junio del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que más adelante se precisará. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de junio del año en curso, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado es el siguiente: El desacato del Director del Centro Federal de Readaptación Social número trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la orden dada por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla, encargado de la causa penal 521/2020/PUEBLA, quien ordenó poner en inmediata libertad al quejoso Fernando Romero Marín, en virtud de haber sido modificada en audiencia pública la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por la medida de presentación periódica ante el Juez de Control. TERCERO. La autoridad responsable Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye, agregando que si bien el impetrante obtuvo la libertad por lo que hace a la causa penal 521/2020/PUEBLA, lo cierto es que seguirá recluido, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado el quince de marzo del año en curso, en la diversa causa penal 751/2022/PUEBLA, del índice del Juzgado de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla, por el delito de homicidio calificado, en agravio de quien en vida respondió al nombre de José Guillermo Rodolfo Rojas Hernández. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no existir el desacato de la autoridad responsable de poner en libertad al impetrante del amparo, atento a la diversa causa penal que se le instruye, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 714/2022 promovido por el quejoso Fernando Romero Marín. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en auto de doce de julio de este año, mediante el cual se da vista con el informe justificado rendido por el Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO. Por otra parte, agréguense los oficios signados por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Estado de Puebla; en atención a sus contenidos, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de diecisiete de junio del año en curso y anexando diversas documentales; lo anterior, para los efectos legales consiguiente. En otro aspecto, glósese el escrito signado por María Alejandra Benites Laureano, en su carácter de defensora particular del quejoso Fernando Romero Marín; visto su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los que en caso de proceder, serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. De igual forma, de conformidad con el artículo 119 de la citada ley, ténganse como pruebas documentales las que anexa, a las que, de ser el caso, se dará en valor probatorio que corresponda en su oportunidad procesal. NOTIFÍQUESE.
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