Fernando Rodolfo Gómez Cuevas

Expediente 978/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
978/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Fernando Rodolfo Gómez Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase al Secretario haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, se ordena la devolución del cuaderno de pruebas, remitido por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 978/2021; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. FERNANDO RODOLFO GÓMEZ CUEVAS, por propio derecho, y en su carácter de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno le correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Secretario General de Gobierno, Jefe de la Unidad de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso, que más adelante se precisaran, y que estimó violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 5, 6 fracción VIII, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 17 segundo párrafo, 41, 116 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, previo requerimiento, este juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo por cuanto hace al quejoso en su carácter de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como por cuanto hace al acto reclamado consistente en la revocación de dicho nombramiento; admitiéndose la misma únicamente por propio derecho, por lo que solicitó informe justificado a las responsables, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita. TERCERO. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito Judicial, dentro del toca 384/2021, declarando infundado el mismo. Después de diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo conforme el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Así, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado: la discusión, aprobación y expedición del Decreto número 2582, mediante el cual se expide la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico, sus artículos Cuarto y Sexto Transitorios, así como su aplicación, efectos y consecuencias jurídicas, fácticas presentes y futuras; la revocación de su nombramiento como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; la omisión de no sujetar la creación del órgano garante local a los lineamientos de los artículos 6 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal. Del Gobernador Constitucional del Estado: la promulgación del referido Decreto 2582. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca: el refrendo del Decreto 2582. Del Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado: la publicación del aludido Decreto 2582. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado (en nombre del Gobernador del Estado de Oaxaca y del Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Estado), al rendir sus respectivos informes justificados, convinieron en la existencia de los actos reclamados en sus respectivos ámbitos de competencia, lo que se corrobora con las constancias remitidas por el referido Presidente, a las que se les concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de esa Ley. La afirmación que antecede se sostiene, considerando que la existencia de actos como los que nos ocupan (contra leyes), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, de esta ley. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la revocación del nombramiento del quejoso como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó su existencia; sin embargo dicha negativa se desvirtúa conforme a lo siguiente: El quejoso ajuntó a su demanda de amparo, copia certificada de su nombramiento como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección para el Estado de Oaxaca, expedido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, el veintidós de enero de dos mil veinte, por el periodo de cinco años a partir de dicha fecha, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Ahora, el cuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se emitió la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, que abrogó la diversa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, creando a su vez, el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, mismo que se conformara, entre otros, por cinco Comisionados y Comisionadas, extinguiendo así, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección para el Estado de Oaxaca. Ahora, el artículo Cuarto Transitorio de la nueva ley de transparencia, es del siguiente tenor: CUARTO. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designará a las y los Comisionados integrantes del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, al o la titular de la Contraloría General e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano, por el voto de las dos terceras partes de las Diputadas y Diputados presentes, dentro del plazo de treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. Por única ocasión las y los Comisionados del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, serán elegidos en los términos siguientes: a. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo tres años. b. Una Comisionada y un Comisionado que durará en su encargo cuatro años. c. Una Comisionada o Comisionado que durará en su encargo cinco años. Por única ocasión los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, serán elegidos en los términos siguientes: a. Un o una integrante que durará en su encargo un año. b. Un o una integrante que durará en su encargo dos años. c. Un o una integrante que durará en su encargo tres años. d. Un o una integrante que durará en su encargo cuatro años. e. Un o una integrante que durará en su encargo cinco años. El transcrito artículo no prevé que los Comisionados del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como el quejoso, puedan continuar en el cargo para el cual fueron designados hasta el vencimiento de su nombramiento. Lo anterior significa que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, decretó la conclusión anticipada del cargo del hoy quejoso, como Comisionada de dicho Instituto. De ahí que se tenga por cierto la revocación de su nombramiento, y por ende, existente dicho acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la revocación del nombramiento del quejoso como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; (.)" Tal precepto establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclamen resoluciones de las legislaturas, federal o estatales, actuando en pleno, comisiones o diputaciones permanentes, relativas a la elección, suspensión o remoción de funcionarios, cuando las constituciones respectivas les confieran la facultad de resolver sobre el tema, soberana o discrecionalmente. Lo anterior atiende al principio de división de poderes, pues, precisamente su finalidad es evitar que otro poder, en este caso el judicial, en virtud de un procedimiento de amparo, intervenga sobre decisiones que atañen a su potestad soberana, en el caso concreto sobre la designación o remoción (temporal o definitiva) de un funcionario. Así, la causal de improcedencia que se examina, se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. A efecto de demostrar la actualización de la improcedencia invocada, es pertinente transcribir lo que disponen los artículos 59, fracción LXX, y 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y que dicen: ARTICULO 59. Son facultades del Congreso del Estado: (.) LXX. Elegir al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Oaxaca, conforme al artículo 21 Bis de esta Constitución, así como a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, conforme al artículo 114 apartado C, de esta Constitución y a su Contralor. (.) ARTICULO 114. Conforme a esta Constitución y sus leyes respectivas, los órganos autónomos del Estado son entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozan de autonomía técnica, para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. Tienen el derecho a iniciar leyes en las materias de su competencia, presentar el proyecto de presupuesto que requieran para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, así como promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su competencia local. Están facultados para imponer las sanciones administrativas que la Ley establezca y, en su caso, ordenar procedimientos ante la autoridad competente. Cada órgano rendirá a través de sus titulares un informe anual de labores ante el pleno del Congreso del Estado, el cual será publicitado por los medios electrónicos disponibles en formatos abiertos, accesibles y reutilizables. . C. EL ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. (.) Su pleno estará integrado por un Comisionado Presidente y cuatro Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como, a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación; durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine (sic) las leyes en la materia. La Presidencia del Consejo General será rotativa cada 2 años. El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado, la persona nombrada por el Congreso del Estado. (.) Como se advierte, tales preceptos de la Constitución local, confieren al Congreso del Estado de Oaxaca, la facultad para elegir a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el artículo 114, apartado C, establezca diversos requisitos que debe cumplir la legislatura para la elección, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno. En ese sentido, la conclusión anticipada de la designación del quejoso como Comisionado del extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que se traduce en la revocación de su nombramiento como tal, pues el artículo Cuarto Transitorio, de la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, no prevé su continuidad en el nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, constituye una facultad soberana del Congreso Estatal, y por ende, actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, lo cual conlleva a sobreseer en el presente asunto. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 833, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LOS ACTOS SOBERANOS EMITIDOS POR EL CONGRESO LOCAL EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE DE AQUEL ORGANISMO. La referida causal de improcedencia se actualiza cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la de alguna entidad federativa, confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, los artículos 35, fracción XXXIII, de la Constitución y 43, fracciones I a VII, de la Ley de Transparencia e Información Pública, ambas del Estado de Jalisco, confieren al Congreso Local la facultad para elegir o ratificar al Presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de la entidad, la cual reviste características que permiten clasificarla como soberana, aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo, en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; sin que sea óbice a lo anterior que el mencionado artículo 43, fracciones I a VII, establezca diversos requisitos que debe cumplir la Legislatura para la elección o ratificación correspondientes, como son que se alcance una votación de las dos terceras partes de los diputados presentes y la consulta ciudadana, pues ello no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, al no condicionar su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, ya que no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados. En ese sentido, tales actos encuadran en el supuesto del artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo y, por ende, si se señalan como reclamados en el juicio de amparo, éste será improcedente al actualizarse esa causa, extendiéndose a cualquier otro acto emitido por el propio Congreso, dentro del procedimiento instaurado para la designación o ratificación mencionados, pues si la acción constitucional no procede contra el último acto pronunciado en el procedimiento de designación o ratificación, que son los únicos que en todo caso podrían irrogar perjuicio a determinada persona, menos procederá la acción de amparo contra cualquier otro acto intermedio." Sobreseimiento que se hace extensivo a la norma impugnada, Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en su artículo Cuarto Transitorio, y a la omisión de no sujetar la creación del órgano garante local a los lineamientos de los artículos 6 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal. Ello es así, pues tales disposiciones se encuentran íntimamente vinculadas con la revocación del nombramiento del quejoso como Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Oaxaca; así como a la potestad soberana del Congreso del Estado, para la integración del órgano garante previsto en la Ley impugnada; por tanto, la improcedencia del juicio de amparo comprende a dichos actos, pues su análisis no podría hacerse en forma independiente o autónoma, sino de una manera integral con el antes analizado. Como sustento de lo anterior, se cita la Jurisprudencia publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la página 235 del Tomo XII, agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Mismas razones se actualizan respecto del artículo Sexto Transitorio, de la Ley impugnada, que es del siguiente tenor: "SEXTO. Se dejan a salvo los derechos adquiridos de las y los trabajadores del Instituto se Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca basándose en su modalidad de contratación." En efecto, pues dicho transitorio se refiere al personal contratado por el extinto Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, no así, respecto de los Comisionados que integrarán el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, y que como se precisó en párrafos precedentes, constituye una facultad soberana por mandato de la Constitución local, elegir a dichos Comisionados. En las relatadas consideraciones, y al configurarse la invocada causa de improcedencia, conlleva a sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 978/2021, promovido por FERNANDO RODOLFO GÓMEZ CUEVAS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio de cuenta y testimonio anexo de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 384/2021, que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, advirtiéndose que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, en su carácter de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, a través de su autorizado legal en términos amplios Gerardo Francisco López García, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente asunto. En consecuencia, y toda vez que mediante proveídos de veintiuno de septiembre, once y quince de octubre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto de los informes justificados rendidos por la Directora Jurídica de la Subsecretaria Jurídica y Asuntos Religiosos en representación de la Secretaría de Gobierno, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, y el Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional, y superior jerárquico del Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en virtud de la suspensión decretada en este asunto, por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con dichos informes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que acompañó a su informe justificado el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Para dar margen a lo anterior, se señalan las OCHO HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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