Fernando Ramos Martínez
Expediente 787/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 787/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Fernando Ramos Martínez
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el oficio 17079/2023 enviado vía juicio en línea y firmado electrónicamente por el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo de nuestro memorial 17557/2023, de dieciocho de septiembre del año en curso, e informa que asumió el conocimiento del juicio de amparo 787/2023 que le fue remitido por conocimiento previo, y le asignó el número 809/2023 de su índice administrativo; memorial que se ordena agregar en autos para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes como asunto definitivamente concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se procede a hacer la indicación en el sentido de que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción transcurridos seis meses.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Fernando Ramos Martínez, contra actos de la Autoridad Investigadora, del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 787/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de remitir el recurso de inconformidad presentado dentro el expediente administrativo D-108/2022 de su índice, ante la diversa autoridad competente esto es, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con asiento en la Ciudad de México. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. Del examen del escrito de demanda se considera que este asunto debe remitirse al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, por conocimiento previo, atendiendo a las razones siguientes. En efecto, de un análisis de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realiza el quejoso, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, tienen origen en el procedimiento administrativo D-108/2022, del índice de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México. Por otra parte, de las constancias que integran el Sistema Integral Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, conoció del juicio de amparo 102/2023, promovido por el aquí quejoso Fernando Ramos Martínez, en el que reclamó la omisión de concluir la investigación relativa a la denuncia que fue registrada con el número de expediente D-108/2022, presentada el tres de octubre de dos mil veintidós, en contra de la servidora pública Rosa Imelda Leyva Barraza, recibida con folio 013917 y emitir la resolución correspondiente para el inicio del procedimiento respectivo ante la autoridad Substanciadora del Órgano de Control Interno del Tribunal Superior Agrario. Bajo esas premisas, es importante acotar que el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, establece: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: II Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; (.)" El anterior precepto, prevé como criterio de relación, que cuando se promuevan demandas de amparo que se refieran contra actos provenientes de un expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, le corresponde conocer al órgano constitucional que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas. Por consiguiente, quien esto acuerda estima que quien debe conocer y resolver el juicio de amparo en que se actúa, es el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al surtirse en su favor la competencia administrativa prevista en el acuerdo general de mérito, al haber tenido conocimiento previo, ya que en términos de la fracción II, en tal juzgado se encuentra resuelto el juicio de amparo 102/2023, promovido por Fernando Ramos Martínez, en donde reclamó, esencialmente, la omisión de concluir la investigación relativa a la denuncia que fue registrada con el número de expediente D-108/2022, presentada el tres de octubre de dos mil veintidós, en contra de la servidora pública Rosa Imelda Leyva Barraza, recibida con folio 013917 y emitir la resolución correspondiente para el inicio del procedimiento respectivo ante la autoridad Substanciadora del Órgano de Control Interno del Tribunal Superior Agrario. Lo que hace evidente que el aludido juzgador federal conoció del juicio de amparo 102/2023, cuyos actos provienen de procedimiento administrativo D-108/2022, del índice de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, del cual también deriva el acto aquí reclamado; mientras que ahora se reclama la omisión de remitir el recurso de inconformidad presentado dentro el expediente administrativo D-108/2022 de su índice, ante la diversa autoridad competente esto es, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con asiento en la Ciudad de México. Aunado a que el artículo 46 del Acuerdo General en mención no exige el conocimiento del fondo del asunto para establecer su relación, sino que alude exclusivamente al turno administrativo del asunto, asimismo, aunque los promuevan diversas partes, pero provengan de un mismo procedimiento administrativo, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado. El precepto aludido resulta aplicable en atención a los sistemas de turno aleatorio y relacionado que se describen en el artículo 45, del citado acuerdo, pues la aplicación de este último tiene como fin, dirigir un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, a fin de utilizar sus consideraciones y aprovechar ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, y así evitar el dictado de resoluciones contradictorias. En esa tesitura y toda vez que fue a ese órgano federal al que correspondió el conocimiento, en primer término, del procedimiento en el que se emitieron los actos que aquí se reclaman, se surte entonces la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos, el cual, además, en su diverso 46 Quarter, en la parte que interesa dispone lo siguiente: "Artículo 46 Quater. El procedimiento que deben seguir los órganos jurisdiccionales para formular una consulta de turno es el siguiente: I. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo; II. Si el órgano requerido acepta el turno, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo; III. De no aceptar el turno, devolverá el asunto al órgano requirente, el que determinará si insiste en no conocer del asunto. En el supuesto de que no insista, se limitará a comunicar su resolución al órgano requerido; IV. Si el órgano requirente insiste en su postura, formulará consulta de turno sin suspender el trámite del asunto y remitirá vía electrónica las constancias que acrediten lo argumentado, así como la propuesta que se plantee; V. El planteamiento de una consulta de turno en ningún caso justifica la suspensión del procedimiento. En el caso de juicios de amparo indirecto, no debe reservarse la fijación de la fecha para la audiencia constitucional o diferirse la ya señalada (.)" En razón de lo anterior, este juzgador declina el conocimiento del sumario en que se actúa en favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, cuyo titular se estima es el competente, por cuestión administrativa, para conocer de la demanda de amparo que dio origen al sumario en que se actúa. Remítanse al órgano jurisdiccional precisado en el párrafo que precede, el expediente en que se actúa, hágase disponible para su vinculación electrónicamente, y solicítese a dicho juzgador, de no tener inconveniente, se sirva acusar recibo de las constancias enviadas e informe si acepta el conocimiento de dicho sumario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, código postal 82120, en esta ciudad, y como autorizada en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a la licenciada ********************, quien tiene su cedula profesional ******************** reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico ferramos_tua@hotmail.com para comunicaciones no procesales. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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