Fernando Ramos Martínez

Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Fernando Ramos Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes de este juicio recurrieran la sentencia dictada el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la agente del Ministerio Público Federal, fueron notificados el diecinueve siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintiuno de octubre al ocho de noviembre del año que transcurre. Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No es óbice a lo anterior que no obra en autos la constancia de notificación del fallo en comento de la autoridad responsable, sin embargo, al haberse sobreseído el juicio de amparo, lo resuelto no le causó una afectación; lo anterior con fundamento en el artículo 87 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es destruible, en un lapso de tres años, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. En Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de doce de septiembre de la propia anualidad para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 657/2022. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la licenciada Denis Lizet García Villafranco, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Fernando Ramos Martínez, por propio derecho, auto admisorio de nueve de agosto de dos mil veintidós e informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario en representación de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de ese tribunal. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe de referencia. Abierto el periodo de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por el quejoso en su escrito inicial de demanda y por la responsable en su informe justificado. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en razón de su propia naturaleza los referidos medios de convicción, los cuales serán tomados en consideración en su oportunidad, con lo que se cierra el periodo probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que únicamente el quejoso formuló alegatos. A lo anterior, el Juez acuerda: se tienen hechas las manifestaciones vertidas por la referida parte procesal, mismas que serán tomadas en consideración en su oportunidad, por lo que concluye el período de referencia. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 657/2022, promovido por Fernando Ramos Martínez, por propio derecho, en contra del acto de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Fernando Ramos Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, de quien reclamó la omisión de presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad competente, dentro del término que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO. Admisión. El nueve de agosto de dos mil veintidós se ordenó su registro con el expediente 657/2022 y se admitió a trámite la demanda de amparo; en consecuencia, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente en que se actúa, se celebró la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes, al tenor del acta correspondiente; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, debido a que el acto reclamado puede tener ejecución dentro de la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, respectivamente, es "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", por técnica jurídica se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo: De la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México: La omisión de presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la Autoridad Substanciadora del propio Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, dentro del término que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de dar inicio al procedimiento de presunta responsabilidad administrativa, en relación con el escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, recibido en su oficialía de partes con folio 006600. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia a efecto de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, la constitucionalidad de este. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, pues así lo sostuvo al rendir su informe justificado, sin que la quejosa exhibiera medio de prueba alguno tendente a desvirtuar dicha negativa. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia 310 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." También resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Lo que se corroboró con las constancias certificadas que anexó a su informe justificado la responsable, documentales públicas que revisten valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XX. 303 K, de rubro "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que procede el sobreseimiento cuando (i) de las constancias de autos aparezca plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, o (ii) cuando no se pruebe su existencia. El sobreseimiento establecido en dicho artículo prevé dos situaciones: la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). La "inexistencia", propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado, además el acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." En la especie, la materia de reclamo la constituye la omisión atribuida a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, de presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tuvo conocimiento de la conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, toda vez que no inició el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa dentro del término previsto en los artículos 64, fracción II, y 100, segundo párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior con motivo de la denuncia en contra de la servidora pública Blanca Isabel Díaz Sevilla por una conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, presentada por el quejoso a través del escrito de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, y registrado en la oficialía de partes de dicha autoridad con el folio 006600. Al respecto, el quejoso en el punto cuatro de su demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 4. Bajo protesta de decir verdad, a la fecha de presentación de esta demanda de amparo, en mi calidad de parte denunciante, no se me ha realizado notificación alguna y por lo tanto desconozco si la autoridad investigadora presentó el informe de presunta responsabilidad administrativa, ante la substanciadora del órgano interno de control del tribunal superior agrario, a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, tal como se fundamenta en el segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (.) En ese contexto, de las constancias que allegó la autoridad responsable, valoradas en los párrafos precedentes, se advierte que efectivamente a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no existía la omisión reclamada. Ello es así, toda vez que respecto a la omisión reclamada por el quejoso con motivo de la denuncia presentada el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable, mediante acuerdo dictado por el Subdirector de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario de veintisiete de mayo de la propia anualidad, registró el asunto bajo el número de denuncia D-060/2022 y ordenó la realización de las diligencias correspondientes a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos, y en su oportunidad, dictar la determinación que conforme a derecho corresponda. Dicho acuerdo fue notificado al quejoso mediante oficio TSA/OIC-AD/1007/2022 de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, enviado vía mensajería acelerada estafeta. En consecuencia, si la autoridad responsable, mediante acuerdo dictado por el Subdirector de Quejas y Denuncias del Órgano Interno de Control del Tribunal Superior Agrario de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, radicó la denuncia de responsabilidad administrativa presentada por el quejoso en contra la servidora pública Blanca Isabel Díaz Sevilla, es decir, previo a la presentación de la demanda de amparo (ocho de agosto de dos mil veintidós), es inconcuso que no existe la omisión reclamada. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO." Por otra parte, no pasa inadvertido que el quejoso formuló alegatos con el fin de desvirtuar las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, no obstante, como se apuntó, el acto que aquí se reclama es inexistente, por lo que devienen inatendibles. Por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se R E S U E L V E:ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Fernando Ramos Martínez, a que este expediente se refiere.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual formula manifestaciones a título de alegatos en torno a la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, en términos de lo previsto por el numeral 124 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que a la fecha no median ocho días en relación a la notificación del proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se recibió el informe justificado rendido por la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México; en consecuencia, para dar margen a que la parte quejosa se imponga de su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las NUEVE HORAS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2000, resuelta en contradicción de tesis 29/98-PL, 15 de febrero de 2000, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.

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