Fernando Ramos Martínez

Expediente 127/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
127/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2021

Partes del expediente

  • Fernando Ramos Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de abril de dos mil veintiuno. Quejoso solicita devolución de documento. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Fernando Ramos Martínez, mediante el cual solicita devolución del documento que anexó a su escrito de demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se ordena la devolución del documento que hace mención, autorizando para recibirlo a Lourdes Arely Ramos Rincón, previa certificación que, por su desglose de autos, se levante para ese efecto. En el intelecto que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí indicados. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, en su artículo 19, se hace notar que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con el artículo 20 del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. VI. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a tres de marzo de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para conocimiento de la parte quejosa Fernando Ramos Martínez; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda presentada por Fernando Ramos Martínez. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 127/2021 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (Correspondiente Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605). Del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad responsable de iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad substanciadora del órgano interno de control del Tribunal Superior Agrario dentro del plazo de treinta días naturales a partir de que tuvo conocimiento de la conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, conforme al artículo 64, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual aconteció el veinte de enero de dos mil veintiuno. En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción II, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: . b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De los preceptos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo indirecto procede contra omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ?como ocurre en la especie?, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Lo anterior, debido a que la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, salvo que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. De dicha resolución derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." (Correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, página 1086, registro digital 2011580). Asimismo, la propia Segunda Sala, al resolver la diversa contradicción de tesis 294/2018, determinó que, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. De dicha resolución derivó la diversa jurisprudencia 2a./J. 33/2019, que dice: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro digital 2019400). En la especie tenemos que el quejoso presentó denuncia el veinte de enero de dos mil veintiuno, ante la autoridad investigadora del órgano interno de control del Tribunal Superior Agrario, en contra de la servidora pública María del Mar Salafraca Pérez, por su conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave. Sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de febrero de dos mil veintiuno), la responsable había sido omisa en realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo ante la autoridad competente, es decir, ante la autoridad substanciadora para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, en términos del artículo 64 fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; dicha omisión constituye el acto reclamado. Ahora bien, la fracción II del referido precepto de la citada ley1 establece que los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando no inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción. Así las cosas, el aludido plazo de treinta días naturales con que contaba la responsable para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa ante la autoridad competente, contado a partir de la fecha de presentación de la denuncia del quejoso, transcurrió del veintiuno de enero al diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En esa tesitura, lo improcedente del juicio de amparo en que se actúa deriva de que la omisión reclamada no constituye una abierta dilación o la paralización total del procedimiento de responsabilidad administrativa de origen, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de febrero de dos mil veintiuno), únicamente habían transcurrido cuatro días naturales a partir de que concluyó el plazo de treinta días con que contaba la responsable para iniciar el procedimiento correspondiente, en términos del numeral 64, fracción II, de la multicitada ley general; de ahí que constituye una violación intraprocesal que no afecta materialmente derechos sustantivos del quejoso y, por ende, deviene improcedente el juicio de amparo en que se actúa, pues dicho lapso resulta mucho menor al de cuarenta y cinco días naturales que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desechamiento En estas condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción II, inciso b), interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Fernando Ramos Martínez. III. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lourdes Arely Ramos Rincón, toda vez que, de la certificación de cuenta, se advierte que su cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Medios de comunicación no procesales. Además de lo anterior, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene al quejoso señalando como tal el siguiente correo electrónico: ferramos_tua@hotmail.com. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Medida de mitigación de riesgos. En el entendido de que subsisten las medidas de mitigación del riesgo para el personal de este órgano jurisdiccional y de las partes, que en su caso, se hayan adoptado durante la contingencia, así como las medidas especiales de operatividad relativas a la habilitación actuarial de notificaciones por correo electrónico a las autoridades responsables y comunicación telefónica, siempre y cuando no depare perjuicios procesales. VII. Se exhorta a las partes a hacer uso del juicio en línea. Con Fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que hagan uso del juicio en línea, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) , para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. Asimismo, se conmina a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones. VIII. Habilitación de comunicación telefónica a la actuaría. Además, en el caso de que se ordene una notificación personal, se autoriza a la actuaria que corresponda, para entablar comunicación a través de los medios de comunicación que tenga a su alcance [correo electrónico o vía telefónica], con el fin de coordinar la diligencia de notificación personal en un día y hora específico. Diligencia que se atenderá con las medidas sanitarias que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia originada por el virus causante del COVID19. Lo anterior a fin de mitigar el riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de las partes y únicamente por el periodo que dure la citada contingencia. IX. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, el uso de los medios electrónicos para obtener copia de las constancias que integran el presente, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. En el intelecto que su acceso al órgano jurisdiccional dependerá de que realice las gestiones indicadas en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos y temporalidad ahí indicados. X. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la presente determinación se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

  4. Principal

    Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.

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