Fernando Osuna Rodríguez

Expediente 501/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
501/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
06/06/2016

Partes del expediente

  • Fernando Osuna Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que la parte quejosa, no hizo manifestación alguna respecto a la vista que se le dio en proveído de veintinueve de abril del año en curso, con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables. Por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y el auto que la declaró cumplida. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Relación del estado procesal de autos y efectivo apercibimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejoso en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (foja 259), para que desahogaran la vista sobre el cumplimiento que afirmó dar la autoridad responsable. En consecuencia, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en las documentales existentes en el presente sumario y las manifestaciones respectivas. Efectos del fallo protector. En sentencia de treinta de noviembre de dos mil quince (fojas 58 a la 95), este Juzgado de Distrito concedió la protección constitucional al quejoso, la cual causó ejecutoria el once de febrero del año en curso (fojas 100 a 101), para los siguientes efectos: a) Deje insubsistente el acto reclamado, únicamente respecto del aquí quejoso Fernando Osuna Rodríguez; y, b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita otro fundado y motivado donde, atendiendo lo expuesto en esta resolución, precise las pruebas con las cuales se acreditan los elementos del cuerpo del delito de secuestro con el propósito de obtener un rescate, agravado por llevarlo a cabo obrando en grupo de dos o más personas, atribuido al aquí quejoso. c) Asimismo, deberá analizar cada uno los agravios expuestos por el quejoso. Actos realizados por las autoridades responsables tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2º, se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: En resolución de dieciséis de febrero del presente año, el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la diversa de veintitrés de junio de dos mil quince, únicamente respecto del quejoso Fernando Osuna Rodríguez; asimismo, se ocupó de analizar los agravios expuestos por el peticionario de amparo, ya que al respecto refirió que eran infundados en virtud que del material probatorio que consta en la indagatoria resultaba suficiente para tener por acreditada la participación de FERNANDO OSUNA RODRÍGUEZ, en la comisión del delito de secuestro agravado, ya que existen imputaciones que lo señalan como uno de los integrantes que privó de la libertad, al ofendido Israel Tostado Noriega, con el único propósito de obtener un rescate a cambio de su liberación, al haber confesado los ejecutores de dicha conducta, es decir, Mario Alberto Rodríguez Osuna, Kisack Felipe Barraza Monroy y Carlos Armando García González, así como de los testimonios expuestos por Israel Tostado Noriega y Dulce Lizette Tostado Noriega, y demás que enfilan declarando en la indagatoria, aunado a lo arrojado por las diligencias de inspección y dictamen en averiguación previa a través de las cuales advirtió los medios y circunstancias empleados en la ejecución del ilícito que se le atribuye al quejoso. Expuso que contrario a lo alegado por el quejoso otorgó validez optima al testimonio de Mario Alberto Rodríguez Osuna, primo del peticionario de amparo; ya que de la exposición vertida en la averiguación previa, se desprende que resulta aplicable al caso lo dispuesto en el numeral 275 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, por eludir dicho quejoso que el agente del Ministerio Público debió haber informado al acusado confeso Mario Alberto Rodríguez Osuna, su derecho de guardar silencio sobre la participación de Fernando Osuna Rodríguez, al encontrarse unidos por relación de parentesco, pues se estaba frente a un argumento confeso expuesto de manera voluntaria donde Mario Alberto Rodríguez Osuna, aceptó su propia participación y atribuye los hechos ilícitos desplegados por sus coacusados, ya que, éste no fue obligado a declarar sino que vertió testimonio de manera voluntaria y espontánea, por esa razón y en términos de lo establecido en los artículos 312 y 325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, no se trata de un testigo común que acude a declarar ante un órgano de acusación, sino de que se ubica como partícipe de un delito, dado que declaró las circunstancias que acontecieron en la ejecución del ilícito de que se trata. De igual manera, refirió que era inatendible lo alegado por el peticionario de amparo, en lo tocante a que no debe tomarse en cuenta para demostrar la probable responsabilidad del indiciado ahora quejoso, las diligencias de inspección y dictámenes, al respecto adujo que por sí solas no eran suficientes, sin embargo, concatenadas con los testimonios de quienes declararon en su contra era suficiente para demostrar la probable responsabilidad. De igual modo, manifestó que resultaba inatendible lo expuesto en agravios en cuanto a que no debió otorgar valor a los testimonios de Kisack Becerra Monrroy, Mario Alberto Rodríguez Osuna y Carlos Armando García González, por considerar que no eran claros y precisos, en relación a ese aspecto, expuso que de las declaraciones de los precitados procesados considerados confesos y aunado con el resto de las probanzas, advirtió las circunstancias de que al ofendido se le causó una daño físico y psíquico, así como patrimonial a su familia, que lo declarado por los procesados permitió ubicar cada uno de los actos que ejecutaron para privar de la libertad al ofendido Israel Tostado Noriega, con el propósito de exigir un rescate a cambio de su liberación. Asimismo, precisó que era inatendible lo expuesto por Carlos Armando García González, en contra del indiciado ahora quejoso, tocante al hecho de que quien lo contactó fue Miguel Ángel Ibarra Larios, y expuso que fue Fernando y José quienes le solicitaron contactara a una persona que estuviera libre para la ejecución de la conducta antisocial, ya que de la diversidad de datos de pruebas de cargo que constan en la indagatoria revelan claramente la participación del quejoso en los hechos, sin que existiera confusión alguna por la razón de que sólo lo ubican con el nombre de Fernando que está interno en el penal, ya que además se le relaciona como primo de Mario Alberto, quien se encuentra interno por diverso delito, ya que Kisack y Mario Alberto confesaron de que proporcionó los medios para llevar a cabo el secuestro del ofendido. También refirió al analizar los agravios, que en relación a las declaraciones de Israel Tostado Noriega y Dulce Lizette Tostado Noriega, eran inatendibles toda vez que les otorgó valor probatorio de testimonios como presuncionales de cargo, en contra del peticionario de amparo, ya que de sus atestes se advirtió que exaltan la efectiva privación de la libertad del mencionado Israel Tostado Noriega, con el único propósito de obtener un beneficio económico por sus captores, que finalmente lo distribuyeron a la mayoría del grupo operador, lo que coincide con lo que reconocieron los coacusados confesos entre ellos el indiciado aquí quejoso Fernando Osuna Rodríguez. En relación al agravio hecho valer por el quejoso en el sentido de que su participación se ubica en lo dispuesto por el artículo 18, fracción III del Código Penal para el Estado de Sinaloa, ya que de manera clara y efectiva se advirtió que participó en coordinación con diversas personas en la preparación y ejecución de la conducta antisocial que se le atribuye, es decir en la planeación de privar de la libertad al ofendido, ya que cuando estaba en libertad el mencionado indiciado, se reunió con sus coacusados Mario Alberto Rodríguez Osuna y José Arias Zatarain, decidiendo ejecutar el secuestro, dado que se habló de la necesidad de una casa para desarrollarlo, por ende, Mario ofreció la que custodiaba que era propiedad de su tío, que de los diversos datos de prueba arrojan que Fernando Osuna Rodríguez, dentro del penal local tuvo condominio funcional del hecho, al participar activamente otorgando al grupo operador la información que conocía respecto de la víctima, así como los bienes materiales y humanos para la realización de dicha conducta, contactando personas para la participación activa del ilícito que se le atribuye, ya que los acusados confesos tenían llamadas enlazadas y fue merecedor de una cantidad efectiva, obtenida como rescate del ofendido desconociéndose el monto exacto que recibió; sin embargo, quedó diliducidado que se destinaron aproximadamente sesenta mil pesos, para que se le entregara a Fernando Osuna Rodríguez y a José Arias Zatarain, quienes están internos en el penal local y el conducto fue Julio César Félix Valenzuela. Por otra parte, en la aludida resolución analizó cada uno de los elementos objetivos o externos del cuerpo del delito de secuestro agravado llevado a cabo en grupo de dos o más personas, es decir, la acción de privar de la libertad a una persona; que dicha acción se realice con el propósito de obtener un rescate para sí; y que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, ya que, señaló con qué pruebas se acreditan dichos elementos. De igual modo, en cuanto a la probable responsabilidad del indiciado aquí quejoso en la comisión del delito de que se trata en forma fundada y motivada refirió las pruebas con las que la tuvo por acreditada. También, les otorgó a cada una de ellas, valor probatorio de presuncionales y pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 325, 320, 321, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, asimismo, concluyó que al haberse acreditado el cuerpo del delito de secuestro agravado, con la circunstancia que quienes los lleven a cabo obren en grupos de dos o más personas previsto y sancionado por los artículos 9 fracción I inciso a), 10, fracción I; inciso b) de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, así como la probable responsabilidad en la comisión del ilícito en mención, ya que sostuvo que Fernando Osuna Rodríguez, aproximadamente a las veintidós horas del veintitrés de agosto de dos mil catorce, sobre la avenida Genaro Estrada, adelante del Instituto Canizalez rumbo a Las Higueras de El Conchi de esta ciudad, fue interceptado el ofendido Israel Tostado Noriega, y privado de su libertad, para conducirlo al domicilio ubicado en calle San Simón número 4601, del Fraccionamiento San Fernando de esta ciudad, donde permaneció en cautiverio hasta el veintiséis del mencionado mes y año, previo pago en efectivo de la cantidad de quinientos seis mil pesos; cubiertos por la familia de la víctima, por concepto de rescate en un punto localizable sobre la Carretera que conduce de la Sindicatura de Villa Unión, al poblado del Walamo, ambos del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Por otro lado, el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, refirió que corresponde al Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. De la anterior relación, se aprecia que las autoridades responsables, atendieron a los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido el referido fallo protector al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo solicitado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, debiendo conservarse la demanda de amparo, auto admisorio, sentencia, ejecutoria y el auto que la declaró cumplida. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Vista a las partes. Dese vista a las partes por el término de quince días, para los efectos que establece el artículo 201, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; en el entendido que una vez que transcurra el mismo, sin manifestación alguna, ésta determinación se tendrá por consentida y con base en el dispositivo 214 de la ley de la materia, se remitirá materialmente este juicio al archivo definitivo como asunto concluido. Por otra parte, vistos los autos, en virtud que mediante oficio SEADS/692/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de seis del presente mes y año, determinó la primera adscripción del licenciado José Israel Hernández Tirado, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan realizar las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; vista que se ordena notificar por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que el quejoso Fernando Osuna Rodríguez, en el escrito que obra agregado a fojas 253 a 257, manifestó que no está de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el Magistrado responsable no dio debida y total contestación a los agravios expresados, ya que insiste que su probable participación fue otorgando información en relación a la víctima, pero omitió señalar a quién le proporcionó tal información, así como en qué lugar, fecha y en concreto en que consistió; también, omitió señalar cuáles son los bienes materiales y humanos que proporcionó y la persona a la que se la dio, ni tampoco refirió la fecha y lugar en que según contacto a personas, máxime que estaba privado de la libertad; además omitió señalar con qué medios de pruebas obtuvo dichas aseveraciones, pues sólo lo hizo en forma general, afirmando que el peticionario de amparo y sus coacusados tenían llamadas entrelazadas, no refirió los números telefónicos, las fechas y lugares, donde se realizaron las mismas, lo cual lo deja en estado de indefensión. En ese sentido, hágase saber al quejoso que tales manifestaciones son materia de otro juicio de amparo, dado que como quedó precisado, se considera que la sentencia ejecutoria está cumplida. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 768/2016, firmado por el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en esta ciudad, mediante el cual manifiesta la forma en que procedió a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual anexa copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia. En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia del oficio de cuenta, sin que sea necesario expedir copia certificada de la resolución dictada por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, toda vez que ya se le obsequió la misma a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en términos de la tesis VI.1°.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832, Tomo VX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de febrero de 2002, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo" NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Se tienen por recibidos los oficios S-SC-123/16 y 741/2015, firmados por el Magistrado de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado y Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales manifiestan la forma en que procedieron a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual la autoridad mencionada en primer término anexa copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia. En consecuencia, córrase traslado a la parte quejosa con copia de los oficios de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Órgano Jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base a los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en términos de la tesis VI.1°.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832, Tomo VX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del mes de febrero de 2002, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo" NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma, Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Sonia Jumilla Zamudio, secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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