Fernando Prieto Fuentes
Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 366/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Prieto Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 366/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 28-30), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 28-30), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud de que, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 28-30), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA... Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 366/2023 promovido por ******************** RESULTANDO SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 366/2023 promovido por ******************** RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el veintiocho de abril de dos mil veintitrés y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-16). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dos de mayo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; requerir a la autoridad responsable su informe justificado y, emplazar al presente juicio a los terceros interesados (fojas 18-22). Se emplazó personalmente a la tercera interesada ******************** (foja 29) y, mediante escrito presentado el ocho de mayo siguiente, comparecieron al presente asunto la nombrada tercera interesada y el diverso tercero interesado ********************, quienes no alegaron la improcedencia del juicio, sino sólo formularon alegatos (fojas 31-34). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 39) e integrado que estuvo el expediente, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 87-88) la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 97-98). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, pues se reclama el auto de vinculación emitido en un proceso penal, susceptible de afectar el derecho fundamental de libertad personal del quejoso, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: El auto de vinculación a proceso de once de abril de dos mil veintitrés, dictado contra el quejoso en el proceso penal******************** por el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del ******************** Distrito Judicial, en ********************, por su participación probable en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, en agravio del patrimonio de ******************** y ******************** (Determinación que fue notificada personalmente al quejoso el mismo día de su emisión, según se observa del registro audiovisual respectivo -foja 40-). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del ******************** Distrito Judicial, en ********************, en razón que al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la resolución reclamada (foja 39). Lo que se corrobora, en razón que dicha autoridad remitió el registro audiovisual compulsado en un disco DVD que contiene la aludida determinación (foja 40) medio de prueba que en términos de los artículos 129, 188, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, cuenta con pleno valor probatorio, por tratarse de un audiovisual en formato DVD, considerado descubrimiento de la ciencia. Lo anterior acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente y, con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, no se advierte motivo de improcedencia del juicio ni las partes señalan que se actualice alguno; por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Regularidad constitucional del acto reclamado. En la especie, se califican de infundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. Lo que impone negar la protección constitucional solicitada, por las razones que a continuación se darán. PREMISAS NORMATIVAS A título de premisas que servirán para dar solución al problema jurídico planteado, se esboza lo siguiente. En primer lugar, debe decirse que el auto de vinculación a proceso se encuentra regulado en el artículo 19 de la Constitución Federal, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho. Dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades." De la lectura del aludido dispositivo se revela que la reforma constitucional da cuenta de la desaparición del auto de formal prisión, para dar paso al citado auto de vinculación a proceso, el cual implica un cambio estructural en el estándar probatorio para su dictado. De la interpretación del primer párrafo del artículo 19, en relación con los diversos 16, tercer párrafo y 20, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Luego, sobre las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de garantía a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación -artículo 20 Constitucional-). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a la fracción III del inciso A del artículo 20 constitucional (reformado) para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Circunstancia diversa a la que acontece en el sistema mixto-tradicional o predominantemente inquisitorio, puesto que en la investigación realizada por el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, se exigen elementos de convicción que sean suficientes para que, desde esa etapa procesal se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, razón por la cual tales medios de prueba, de reunir todos los requisitos legales, desde ese momento tendrán valor demostrativo de los hechos que se pretenden acreditar; esto es, en este sistema se actualiza el principio de permanencia de la prueba, pues el valor probatorio que se adquiere en esta etapa, perdura por todo el proceso. Sobre ese nuevo marco constitucional, se puede concluir que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el Juez de Control únicamente debe analizar y resolver con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso haga referencia el Ministerio Público, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Además, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." (El subrayado se realiza en esta sentencia) Asimismo, a efecto de identificar los requisitos que se deben verificar en el dictado del auto de vinculación a proceso, resulta pertinente transcribir el contenido del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Aunado a lo anterior, debe agregarse que, como todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso además de ajustarse a las premisas legales anteriores, también debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De tales preceptos se desprende que para el dictado de un auto de esa naturaleza deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo y, que se enumeran así: a). Requisitos de forma: 1. Emitido por escrito y por autoridad judicial competente. 2. Dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial (plazo que se puede duplicar a petición de éste o su defensor). 3. Se haya formulado imputación. 4. El imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. 5. Únicamente debe dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. 6. Expresar el hecho delictuoso que se imputa; las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. b). Requisitos de fondo: 1. En los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos razonables que establezcan la comisión de un hecho que la ley señale como delito. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Las anteriores consideraciones encuentran respaldo, por identidad jurídica sustancial, en la jurisprudencia ********************.1o.P.A. J/26 que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Es así que se llega a la conclusión que para dictar un auto de vinculación a proceso, como ya se dijo, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, pues lo relevante para su dictado, es la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación, puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. De ahí que el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad) sino que se debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para apreciar con claridad la resolución reclamada, se relatan los siguientes antecedentes de la misma, obtenidos de las documentales y del registro audiovisual en formato DVD enviados por la autoridad responsable, a saber: 1). A las 12:35:30 del once de abril de dos mil veintitrés, el juez de control declaró el comienzo de la audiencia inicial y solicitó a los partes su individualización, quienes intervinieron en el siguiente orden: los fiscales del Ministerio Público ********************e (inaudible) ********************; la víctima ********************; el asesor jurídico de la víctima ********************; el investigado ********************; sus defensores particulares ********************y ********************; asimismo, el juez de control verificó que tanto la víctima como el investigado conocieran sus derechos constitucionales; los defensores particulares que el investigado nombró, luego de su designación, aceptaron y protestaron el cargo conferido, previamente de haber exhibido sus cédulas profesionales con folios ********************y ********************, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, que los acredita como licenciados en derecho, de las cual se registró su imagen; individualización y designaciones que concluyó a las 12:49:05. 2). A las 12:49:20, previa concesión del uso de la voz, la fiscalía formuló imputación contra el investigado, donde citó los hechos con los cuales, a su criterio, se respalda la misma y respecto del hecho que la ley señala como el delito de ********************, concluyendo su exposición a las 12:58:35. 3). A las 12:58:40 el juez preguntó al imputado si le habían quedado claros los hechos atribuidos a su persona o si necesitaba alguna aclaración o precisión, pudiendo consultar ello con su abogado; a lo que a las 12:59:59 aquél refirió que le habían quedado claros los hechos atribuidos y que no deseaba hacer manifestación alguna. 4). Así, a las 13:00:48 previo uso de la voz que le concedió el juez de control, la fiscalía inició la solicitud formal de vinculación a proceso del imputado respecto del delito de ********************, para lo cual citó los hechos y datos de prueba con los cuales, a su criterio, se respalda ésta; concluyendo su exposición a las 13:36:15. 5). Luego, a las 13:38:32 el juez preguntó al imputado en qué término deseaba se resolviera su situación jurídica; quien, luego de consultarlo con sus abogado, eligió que ésta se resolviera en ese momento. 6). Posteriormente, previo uso de la voz que les concedió el juez de control, entre las 13:39:05 y las 14:26:35 y, en ejercicio del derecho contradicción, se llevó a cabo el debate de las partes sobre la solicitud de vinculación a proceso. 7). Cerrado el debate, luego de un receso decretado, a partir de las 18:41, el juez de control resolvió la situación jurídica del imputad, decretando al final de su exposición AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en su contra, clasificando jurídicamente los hechos atribuidos en el delito de ******************** -Esta determinación constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. SUBSUNCIÓN En la especie, se acreditan a cabalidad los requisitos de forma y fondo que se exigen para el dictado del auto de vinculación a proceso que se reclama, como a continuación se verá. a) FORMA 1) Que se emita por escrito y por autoridad judicial competente. Dentro de las constancias que obran en el expediente, se advierte la copia auténtica de la resolución de once de abril de dos mil veintitrés, en la que el Juez de Control responsable dictó el referido auto de vinculación a proceso (fojas 76-81). Lo que además se constata con la reproducción del disco de la videograbación de la audiencia respectiva ante la mencionada autoridad (foja 40) con lo que también se cumple lo previsto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que si bien se prevé que los autos y las sentencias del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente, no menos cierto es que también dispone que deberán constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras determinaciones, la de vinculación a proceso. En relación con la competencia de la autoridad judicial responsable, se destaca que dicha responsable es competente para conocer y resolver sobre el hecho puesto de su conocimiento por parte de la representación social, conforme lo dispuesto por los artículos 116 de la Constitución Federal, 55, 56, de la constitución veracruzana, 133, fracción I, 134, 315, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 47, fracción I, 48, fracción I, 50, 161, 186 y 187, fracción ********************, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz; tomando en consideración que citó que los hechos motivo de esa causa, sucedieron en la ciudad de ********************, donde aquélla ejerce su jurisdicción. Con lo que se satisface dicho requisito. 2. Se dicte dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado sea puesto a disposición de la autoridad judicial, plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. Tal requisito se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, salvo que el imputado solicite que el plazo se prorrogue, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. En el caso, se tiene que el once de abril de dos mil veintitrés (a partir de las 12:35 horas) se desahogó una audiencia donde el imputado eligió que su situación jurídica se resolviera ese mismo día, esto es, dentro de las setenta y dos horas. Luego, en la misma audiencia inicial, el propio once de abril del citado año (a partir de las 18:41 horas) el juez responsable determinó vincular a proceso al imputado respecto del hecho que la ley señala como el delito de ********************. Con lo anterior se aprecia que sí se cumplió con el plazo constitucional dentro del cual se dictó el auto de vinculación a proceso, puesto que luego de que el imputado se presentó en libertad ante la autoridad judicial el once de abril de dos mil veintitrés, al haber sido citado, su situación jurídica se resolvió el mismo día, es decir, sin exceder el plazo de setenta y dos horas elegido por aquél para hacerlo. 3. Se haya formulado imputación. Conforme al artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la formulación de la imputación se traduce en la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de Control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En la reproducción del registro audiovisual (entre las 12:49:20 y 12:58:35 del once de abril de dos mil veintitrés) se desprende que en la audiencia inicial el Ministerio Público formuló imputación contra el hoy quejoso por su intervención probable en los hechos determinados por la ley como el delito de ********************. 4. Que el imputado haya rendido su declaración o haya manifestado su deseo de no declarar. En la reproducción del registro audiovisual se desprende que en la audiencia inicial de once de abril del año en curso, el imputado decidió guardar silencio en ese acto. 5. Se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, con la posibilidad de que el juez les otorgue una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Este requisito se encuentra satisfecho por virtud de que el Juez responsable, al dictar contra el ahora quejoso el auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de ********************, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, en agravio de ******************** y ********************, lo realizó considerando únicamente los hechos expuestos por la fiscalía al momento de solicitar la vinculación a proceso. 6. Se expresen tanto el hecho delictuoso que se imputa, como las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución del mismo. En el caso concreto, se advierte que el juez responsable, al momento de emitir el auto de vinculación a proceso, luego de que el Ministerio Público formuló imputación y solicitó vinculación a proceso contra el aquí quejoso, clasificó jurídicamente los hechos en el delito de ********************, donde además expuso con claridad las circunstancias tiempo, lugar y modo de su comisión, como se aprecia tanto de la videograbación, como de su transcripción por escrito. Por todo lo anterior, se considera que se cumplieron a cabalidad con todos y cada uno de los requisitos de forma exigidos para el dictado del auto de vinculación a proceso reclamado. b) FONDO 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. En el caso, se aprecia que el juez de control acertadamente consideró los antecedentes de la investigación que le expuso el Ministerio Público y, con los mismos consideró que se advertían datos que establecían que se cometió el hecho que la ley señala como el delito de ********************, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, el cual establece: "Artículo 213. A quien, con ánimo de dominio, lucro o uso, en perjuicio de tercero, disponga para sí o para otro de un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos o de cualquiera otra cosa mueble, total o parcialmente ajena, de la cual se le haya transferido la posesión derivada, se le impondrán: (.) IV. Prisión de cinco a doce años y multa hasta de setecientos días de salario, si el valor de lo dispuesto excede de setecientos cincuenta días de salario." Lo que realizó considerando los siguientes datos de prueba reseñados por la fiscalía: 1). Denuncia de la víctima ********************, quien en esencia narró que en el mes de septiembre de dos mil diecinueve, ella y su esposo se presentaron en la negociación "********************" ubicada en la calle Tuero Molina, entre calles 2 de Abril y 20 de Noviembre, colonia Zaragoza, en ********************, donde contrataron a ********************, como ******************** de dicha negociación, para que les cotizara y realizara un evento social de tipo boda, evento que les fue cotizado por un total de ******************** pesos. Exponen la denunciante que ella y su esposo realizaron diversas transferencias bancarias, hasta llegar a la cantidad de ******************** pesos. 2). Cotización y contrato sobre los servicios aludidos firmado por ******************** y ********************, en el que se detallan los pormenores y servicios requeridos. 3). Entrevista de la víctima ********************, en la que denuncia a ******************** y corrobora los hechos denunciados por su esposa ********************, relacionados con su contratación para la realización de su boda. 4). Ampliación de entrevista de la víctima ********************, en la que refiere que las transferencias bancarias las realizó estando en la ********************. 5). Estados de las cuenta bancarias de ******************** y ********************, de donde se advierten veinte transferencias realizadas a ******************** como beneficiario, por concepto de salón, banquete, grupo, boda civil, decoración, pirotecnia, confeti, iglesia, mitad, alcohol, espadas, boda civil e iglesia, liquidación banquete, pastel de bodas, boca Sandra, apartado del jardín, piso y ramo piso, así como ramo liquidación de boda. 6). Entrevista del investigado ******************** quien en repuesta a los hechos atribuidos por ********************, narró que efectivamente dicha persona lo contrato para que realizara el evento de su boda, para lo cual suscribieron un contrato por la cantidad de ******************** pesos, evento que estaba programado inicialmente para el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno. Explica que los contratantes le realizaron diversas transferencias bancarias de dinero, quienes además posteriormente le solicitaron se agregaran diversos servicios adicionales Expone que debido a la pandemia el salón que inicialmente tenía contratado denominado "********************" no dio servicio, por lo que se vio obligado a buscar otra opción, encontrando un salón diverso denominado "********************", no obstante por inclemencias del tiempo se tuvo que cambiar ese sede y se contrató un salón distinto con nombre "********************" en Boca del Río. Agrega que dicho evento nuevamente se vio nuevamente suspendido debido a la pandemia, además que los proveedores de varios servicios contratados y pagados inicialmente incrementaron sus precios, expresándole la denunciante que ella ya no pagaría más. Finalmente, precisa que el salón social "********************" cobró la cantidad total de ******************** pesos, exhibiendo la factura con folio ******************** de tres de marzo de dos mil veintiuno. 7). Entrevista de ********************, quien en su calidad de gerente salón social "********************" narró que no conoce al denunciado ******************** y que desconoce los servicios que éste contrato a nombre de ese salón de eventos, así como las transferencias bancarias que dicha persona manifiesta haberles realizado por concepto del evento contratado por la denunciante, ni tampoco la factura ********************; para lo cual exhibe tres facturas en copia y los estados de cuenta bancarios de esa empresa, en los que se advierte que no existe algún dato en ellos que los relacione con el aludido evento. 8). Inspección técnica realizada por la perito oficial en informática sobre los datos obtenidos de la factura con folio ******************** de tres de marzo de dos mil veintiuno, exhibida por el denunciado por la cantidad de ******************** pesos, concluyendo que de su inspección se constató que existe una variación en dicha factura, ya que al escanear el código QR que contiene, éste arroja una cantidad diversa de ******************** y tiene una fecha de expedición "********************". 9). Entrevistas rendidas por ********************y ********************, quienes manifestaron ser los ********************del salón de eventos "********************", que se menciona en los hechos denunciados. Exponen que ******************** se hizo pasar como planeador de bodas y vendió las instalaciones de ese centro social aparentando ser dueño del lugar, no obstante los únicos ********************s son ellos y que dichas personas nunca han tenido relación o trato directo con ellos. Desconocen las transferencias que ******************** dijo haberles realizado por concepto de evento alguno, para lo cual exhibieron los estados de cuenta de esa empresa respecto de las fechas mencionadas en los hechos, de las que se obtiene que no existe ninguna de las transferencias que menciona el denunciado. 10). Entrevista de ********************, quien dijo ser gerente de ventas de la persona moral con nombre comercial "********************", reconoce que ******************** contrato con ese hotel un evento de tipo boda con un costo total de ******************** pesos, con servicios de cena buffet para cien personas, exhibiendo las facturas que al efecto se emitieron por esa empresa. Tales datos de prueba, como lo dijo el juez responsable y, con lo que se comulga, permiten establecer que: en el mes de septiembre de dos mil diecinueve (circunstancia de tiempo) ******************** y ******************** se presentaron en la negociación "********************" ubicada en calle Tuero Molina, entre calles 2 de Abril y 20 de Noviembre, colonia Zaragoza, en ******************** (circunstancia de lugar) donde contrataron a ********************, como ******************** de dicha negociación, para que les cotizara y realizara un evento social de tipo boda, con un costo total de ******************** pesos, realizando los contratantes un total de veinte transferencias bancarias, hasta llegar a la cantidad de ******************** pesos; no obstante, dicho evento les fue realizado por el contratista en condiciones distintas y de menor calidad a las que inicialmente pactaron, a saber, el salón, grupo musical, bebidas, número de personas, banquete y demás condiciones acordadas, ya que la misma sólo tuvo un costo de ******************** pesos (circunstancias de modo). También se advierte que, acertadamente, el juez de control responsable explicó que esos hechos tenían la apariencia del delito de ********************, previsto y sancionado por el artículo 213, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, pues de los datos de prueba se desprende que el imputado engañó a los sujetos pasivos al cobrarles el servicio de organización de una boda de mayor calidad, cuando en realidad les prestó un servicio en condiciones inferiores y a un precio mucho más bajo; engaño que sobrevino después de que los denunciantes entregaran al sujeto activo el numerario por la cantidad de ******************** pesos, a través de las veinte transferencias bancarias, esto es, después de que aquél ya contaba con el dinero que le había sido transferido y podía disponer del mismo. Expuso que con dicha conducta, el sujeto activo, con ánimo de dominio y en perjuicio del patrimonio de los denunciantes, dispuso para sí de cierta cantidad de dinero que le era totalmente ajeno, el cual le había sido transferida su posesión derivada. 2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. De la misma forma, el juez de control estableció que los mismos datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, hacen patente la posibilidad o probabilidad de que el imputado, por sí mismo, cometió los hechos que se consideran delictuosos. Conclusión a la que llegó, luego de tomar en consideración el señalamiento directo realizado en su contra por los denunciantes ******************** y ********************, concatenado con la propia declaración del imputado, quien reconoció haber suscrito con aquéllos un contrato sobre la organización de su boda, el cual les prestó en condiciones distintas a las acordadas. Además, fue acertado que la autoridad responsable descartara la parte de la declaración del imputado en que trató de justificar su actuar, sobre el argumento que debido a la pandemia los proveedores de diversos servicios incrementaron sus costos, por lo que tuvo que contratar un diverso salón al inicialmente pactado, para la realización del evento aludido. Lo anterior porque, como correctamente estableció el juzgador, dicha versión exculpatoria hasta ese momento procesal no encontraba respaldo jurídico con algún dato de prueba que la corroborara, pues al respecto ni el imputado ni su defensa ofrecieron alguno en ese sentido. Luego, el material de convicción aludida se considera apto e idóneo para demostrar que, como acertadamente lo consideró la autoridad responsable, existe la probabilidad que el imputado cometió por sí mismo los hechos que la ley considera como el delito de ********************. También fue acertado que la autoridad responsable ubicara la participación del imputado en la hipótesis que señala el numeral 37, del Código Penal de la entidad, es decir, como autora material y a título de dolo, así como que no se advertía alguna causa de justificación de su conducta o excluyente de delito. Respuesta a los conceptos de violación. En su primer motivo de disenso, el quejoso expone que el juez de control dejó de observar el principio de exacta aplicación de la ley, contenido en el artículo 14 constitucional, contraviniendo además sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica. Explica que al momento de dictarse auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de ********************, el juzgador dejó de observar que el artículo 213 del Código Penal de Veracruz, se refiere a la disposición de un documento que importe obligación, liberación o transmisión de derechos o de una cosa mueble, en el entendido que la posesión de tales cosas se le haya transferido al activo de forma derivada. Por ello, expone que la posesión derivada que debe observarse en el delito de ******************** es la contenida en el numeral 827 del Código Civil Veracruzano, que la define como el derecho de retener temporalmente una cosa, que su ******************** le da a otro; no obstante, alega que la fiscalía no expuso que se haya celebrado un acto jurídico entre las víctimas y el imputado, en que se haya otorgado la posesión derivada de un documento o bien mueble, pues lo único que se acreditó es que se suscribió entre aquéllos un contrato de naturaleza civil, donde las partes otorgaron su consentimiento para celebrarlo y pactaron los derechos y obligaciones para cada uno. Concluye que al haber sido perfecto dicho contrato de prestación de servicios y su convenio modificatorio, era libre de gozar y disponer de la prestación que entró a su patrimonio y, por tanto, dicho asunto debe seguirse únicamente en la materia de obligaciones civiles en la vía procesal civil y no en la materia penal como se hizo. Es infundado dicho motivo de disenso. Lo que se considera de esa manera, dado a juicio del suscrito juzgador, conforme a la hipótesis típica que se contempla en el artículo 213, fracción IV, del Código Penal vigente en el Estado de Veracruz, el presupuesto fáctico del delito de ********************, relativo a la transmisión de la tenencia de la cosa mueble, se configura cuando el sujeto activo recibe la posesión derivada de ésta, sin importar cuál fue el acto jurídico que tenga por objeto directo e inmediato la cosa misma. Luego, si en el caso, se observa que los contratantes y el prestador de servicios acordaron que se depositaría en la cuenta bancaria de éste último ciertas cantidades de dinero, para que a su vez dicho prestador de servicios pudiera alcanzar la finalidad específica previamente convenida, es decir, la organización y realización del evento en las condiciones pactadas, distinta a una transmisión de dominio, debe entenderse que con la captación de esos recursos en dicha cuenta se transmitió su tenencia, por lo que si el imputado dispuso para sí, parcial o totalmente, del dinero depositado, es claro que se configuró el hecho con la apariencia del delito de ******************** indilgado. Esto porque dicha conducta se traduce en la disposición de cosa ajena en perjuicio del interés patrimonial de los sujetos pasivos, sin que el depositario pueda alegar que la transmisión fue en propiedad, pues en la referida hipótesis la cuenta bancaria constituyó sólo un medio o instrumento que sirvió para captar el dinero, bajo las condiciones previamente pactadas, por la confianza que los pasivos depositaron en aquél. Por identidad de razones, sirve de respaldo a la anterior conclusión la jurisprudencia 1a./J. 170/2007 que se lee: "ABUSO DE CONFIANZA. SE CONFIGURA ESE DELITO CUANDO DOS SUJETOS ACUERDAN EL DEPÓSITO DE CIERTA CANTIDAD DE DINERO EN LA CUENTA BANCARIA DE UNO DE ELLOS PARA DESTINARLA A UNA FINALIDAD CONVENIDA Y ÉSTE DISPONE DE LOS RECURSOS EN PERJUICIO DEL OTRO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Conforme al artículo 169 del Código Penal del Estado de Guerrero, el presupuesto fáctico del delito de ********************, relativo a la transmisión de la tenencia de la cosa mueble, se configura cuando el sujeto activo recibe la posesión derivada de ésta, cualquiera que fuere el acto jurídico que tenga por objeto directo e inmediato la cosa misma. Así, cuando en razón de la confianza que se tienen, dos personas acuerdan que una depositará en la cuenta bancaria de la otra cierta cantidad de dinero, para que ésta pueda alcanzar una finalidad específica y previamente convenida, distinta a una transmisión de dominio, debe entenderse que con la captación de los recursos en dicha cuenta sólo se transmite su tenencia, por lo que si el cuentahabiente dispone para sí o para otro, parcial o totalmente, del dinero depositado, se configura el delito de ******************** previsto en el mencionado artículo 169. Ello es así, pues tal conducta se traduce en la disposición de cosa ajena en perjuicio del interés patrimonial del sujeto pasivo, sin que el depositario pueda alegar que la transmisión fue en propiedad, pues en la referida hipótesis la cuenta bancaria constituyó simplemente un medio o instrumento que sirvió para captar el dinero, bajo las condiciones previamente concertadas, por la confianza que el pasivo depositó en el activo y que, en última instancia, determinaron la finalidad de la entrega del numerario." Adicionalmente, contrario a lo señalado por el quejoso en su demanda de amparo, el hecho de que el delito derive de un asunto civil-mercantil, ello no trae como consecuencia que solamente por esa vía se pueda resolver un conflicto, pues no debe olvidarse que la materia penal es independiente de otras materias y, si bien es verdad, que algunas consideraciones que se ventilen en el proceso civil-mercantil sean tomadas en consideración en la vía penal, ello no excluye que se acredite la comisión de un delito penal, pues pensar lo contrario, nos llevaría al extremo de considerar que basta que un delito emana de otra materia (civil, administrativo, laboral, mercantil) para descartar en automático que no se dé la actualización de un delito penal. Pues no debe olvidarse que en el delito de ********************, el autor tiene un poder de hecho legítimamente adquirido sobre la cosa (contrato de prestación de servicios); esto es, no tiene la cosa en contra de la voluntad de sus titulares sino en virtud de un acto jurídico consensuado con éstos o quienes tienen el poder jurídico de hacerlo en su nombre. Por ello, el ******************** ha entregado la simple tenencia de la cosa libre y voluntariamente, es decir: sin vicios de error, dolo o violencia, confiando no tanto en el autor cuanto en el negocio jurídico que formalizó con éste; pero el tenedor indebidamente dispone para sí de la cosa. En el caso concreto, el imputado dispuso del total de las veinte transferencias bancarias que le realizaron los denunciantes por la cantidad de ******************** pesos, prestándoles un servicio que únicamente tuvo un costo de ******************** pesos, esto es, en condiciones distintas y de menor calidad a las que inicialmente pactaron. Por otra parte, en su segundo concepto de violación, el quejoso alega que al momento en que el juez de control responsable decidió clasificar los hechos que la fiscalía ubicó en el delito de ******************** especificó, para posicionarlos en el diverso de ********************, incumplió con su obligación de informarle previamente respecto de dicha reclasificación, a fin de que tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa ante esa nueva situación jurídica de los hechos y, si ello no sucedió así, es claro que no se le permitió defenderse contra el nuevo delito. Se estima infundada esa razón de disenso. Al respecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 190/2019, el veintinueve de enero de dos mil, consideró que es constitucionalmente factible modificar la clasificación jurídica del hecho delictivo materia del debate, sin embargo, existe la limitante de no variar los hechos -entendidos como elementos fácticos- planteados por el Ministerio Público al formular imputación. Estableció que otro elemento que cobra capital importancia para llevar a cabo la modificación de la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, es el relativo al derecho de defensa del imputado, aspecto sobre el cual no puede soslayarse que el legislador reiteró en todos los artículos que la regulan (a partir del inicio de la investigación complementaria) que si bien es cierto el Juez de Control puede otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo inicialmente propuesto por el Ministerio Público, también lo es que debe dar intervención al imputado para efectos de su defensa. Sobre ese punto, se dijo que la participación del imputado se encuentra contemplada para aquellos supuestos en los que ya existe una intervención activa de éste, pues a partir de la formulación de imputación, el acto primigenio a través del cual puede modificarse la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, es precisamente el auto de vinculación a proceso, actuación en la cual el imputado ya conoce de antemano los hechos -como elementos fácticos- planteados por el Ministerio Público. Se estableció que ello es concomitante con el principio de contradicción, el cual exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de modo que, si al dictarse auto de vinculación a proceso el imputado ya conoce los hechos y los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, ningún perjuicio le irroga que los acontecimientos fácticos se coloquen en un supuesto jurídico hipotético distinto, pues en ese momento ya cuenta con los elementos necesarios para hacer frente a la imputación que pesa en su contra. Se dijo que un componente adicional para sostener esa postura, es que si bien se podría variar la calificación de la conducta delictiva -únicamente desde el punto de vista normativo- en el auto de plazo constitucional, lo cierto es que resta transitar por el cierre de la investigación complementaria, la etapa intermedia y la de juicio. Por lo que es evidente que existe un gran trecho procesal para defenderse de la clasificación ajustada. Se consideró que el ejercicio de la potestad conferida al Juez de Control -al dictar auto de vinculación a proceso- para otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo materia de la imputación, no conlleva la realización de funciones de acusación, pues la vertiente que impone la distribución de funciones establece que la función de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público; la actividad de defensa atañe al imputado y su defensor; en tanto que la de juzgar le corresponde al Juez o tribunal de enjuiciamiento. En el marco del sistema penal acusatorio, la distribución de funciones no sólo lo caracteriza, sino que lo diferencia del inquisitivo, al ya no reunir o concentrar esas funciones en una sola persona. Las distintas funciones de investigación del delito, formulación de imputación y acusación, en oposición a la atribución de juzgar, se encuentran fuertemente diferenciadas en el actual sistema de justicia penal, encomendadas las dos primeras a un órgano independiente, cuya función es de naturaleza netamente administrativa y no jurisdiccional, en tanto que la facultad de juzgar se le asigna a la autoridad jurisdiccional. En su vertiente de coherencia entre la imputación y el auto de vinculación a proceso, exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal y la decisión a la que arriba el Juez al emitir su determinación, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al Juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Ministerio Público al formular la imputación. En ese sentido, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos para modificar la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. De ahí que la autoridad judicial debe concretarse a estudiar el asunto y determinar si, a partir de los hechos narrados por el Ministerio Público al formular la imputación y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, existe causa probable que justifique la continuación de la investigación en su segunda fase denominada investigación complementaria, esto es, si se cuenta con indicios razonables para suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pero sin invocar sucesos diferentes o modificando los invocados por el fiscal para dictar auto de vinculación a proceso por la calificación delictiva que estima como la correcta. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 30/2020 (10a.) que se lee: "MODIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL HECHO DELICTIVO MATERIA DE LA IMPUTACIÓN. LA FACULTAD DEL JUEZ DE CONTROL AL DICTAR AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, EN SU VERTIENTE DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES (INTERPRETACIÓN DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que conocieron de los amparos en revisión respectivos, sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si la modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación al dictar auto de vinculación a proceso -prevista en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Criterio jurídico: La modificación de la calificación del hecho delictivo materia de la imputación, realizada al dictar auto de vinculación a proceso, no vulnera el principio de imparcialidad en su vertiente de distribución de funciones. Justificación: El ejercicio de la potestad conferida al Juez de Control -al dictar auto de vinculación a proceso- para otorgar una clasificación jurídica distinta al hecho delictivo materia de la imputación, no conlleva la realización de funciones de acusación, pues la vertiente que impone la distribución de funciones establece que la función de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público; la actividad de defensa atañe al imputado y su defensor; en tanto que la de juzgar le corresponde al Juez o tribunal de enjuiciamiento. En su vertiente de coherencia entre la imputación y el auto de vinculación a proceso, exige la necesaria correspondencia que debe concurrir entre la hipótesis fáctica que formula el actor penal y la decisión a la que arriba el Juez al emitir su determinación, lo cual se traduce en una exigencia dirigida al Juez que le prohíbe vincular a proceso por hechos distintos -circunstancias fácticas- a los que fueron señalados por el Ministerio Público al formular la imputación. En ese sentido, los hechos materia de la imputación que formula el Ministerio Público constituyen el límite de la actividad jurisdiccional del juzgador, de modo que la autoridad judicial por regla general, motu proprio, no puede variar los hechos para modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, pues al hacerlo ejercería funciones de órgano acusador, lo que implicaría reunir dos funciones antagónicas en una sola persona, en clara transgresión a la naturaleza del sistema. Por tanto, si se formula imputación por determinado hecho delictivo, cabe la posibilidad de que durante el proceso penal se le otorgue una clasificación jurídica distinta por el que técnicamente corresponda, siempre y cuando no se varíen los hechos y se garantice el derecho de defensa del imputado." En ese sentido, conforme a lo advertido en el acto reclamado, se estima que el juez responsable al modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación, no varió los hechos expresados por el Ministerio Público al formular imputación, pues se pronunció respecto de los hechos y los datos de prueba expuestos por dicha fiscalía, sin que se advierta que haya introducido diversos hechos o que los haya variado. También se estima que dicho juzgador garantizó el derecho de defensa del imputado, pues de la audiencia inicial respectiva se advierte que en todo momento le concedió tanto a éste como a sus defensores particulares, el uso de la voz, en principio, para contestar la imputación formulada y, posteriormente, para contestar la solicitud formal de la vinculación a proceso que realizó la fiscalía; tan es así que se observa que la defensa ejerció ese derecho al verter sus argumentos relativos a su teoría del caso, no obstante, como ya se vio, el juzgador los descartó. De allí, lo infundado en los motivos de disenso del quejoso. Finalmente, se estima que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, como quedó evidenciado en esta sentencia, la Fiscalía aportó una serie de datos de prueba que constituyen indicios razonables que apuntan a que el imputado, probablemente, cometió por sí mismo el ilícito atribuido, sin que resulte necesario que el Ministerio Público demuestre, en esta fase procesal, la plena certeza de que se ha cometido un delito y la plena responsabilidad de aquélla, dado que ese ejercicio sólo es exigible para el dictado de una sentencia. Así, en el presente caso, los datos de prueba que la Fiscalía integró a la carpeta de investigación, como bien lo afirmó el juez de control, se estiman suficientes y adecuados para poner en evidencia la probabilidad de que el imputado cometió el delito atribuido, a título de dolo, sin que pueda ser materia de análisis en el juicio de amparo cuestionar la validez. CONCLUSIÓN De todo lo cual es evidente que la resolución reclamada por la parte quejosa cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que en esta parte debe contener ese tipo de actos de autoridad (auto de vinculación a proceso). No está de más dejar en claro que para motivar el auto de vinculación a proceso reclamado, como bien lo sostuvo la autoridad responsable, sólo se requieren datos que acrediten la existencia de un hecho con apariencia de delito, sin que se exija para ese momento procesal, que se encuentren acreditados los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal, como ocurría en el sistema tradicional, además que en términos del artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el asunto se encuentra aún en la etapa de investigación, en donde en el estándar probatorio es flexible y no rígido. Lo que además encuentra respaldo en la tesis XV.3o.6 P (10a.) que se lee: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente." Además, se advierte que para resolver como lo hizo, la autoridad responsable, de forma correcta, atendió exclusivamente a los datos de investigación que le refirió el Ministerio Público en la audiencia inicial, de los que consideró que se establecía que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y existía la probabilidad de que el imputado lo cometió; aquí sirve de apoyo la jurisprudencia ********************.1o.P.A. J/10 (10a.) de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." De modo tal que, en las relatadas circunstancias, el auto de vinculación a proceso reclamado no transgrede los derechos fundamentales del quejoso contenido en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Federal que reconocen los principios de pro homine, de debido proceso y de presunción de inocencia. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20 de rubro: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE." Por tanto, al no advertirse algún vicio de inconstitucionalidad en el acto reclamado que deba declararse de oficio, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Auxiliar de Sala del juzgado de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de seis de junio del año actual, ya que remite el índice cronológico de la audiencia en la que se dictó el acto reclamado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la citada prueba documental sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, y con la misma dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, como lo ordena el citado numeral 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.
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