Fernando Martínez Vázquez
Expediente 454/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Martínez Vázquez
- Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós (foja 307), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho.En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez (fojas 55-79).Inconforme con la citada resolución, Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y Fernando Martínez Vázquez, en sus ambos caracteres de quejosos y tercero interesados interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, modificó, la sentencia recurrida, en la que, por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez y, en su lugar determino, que la justicia de la Unión ampara y protege Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, así como, Fernando Martínez Vázquez, en sus respectivos caracteres de parte quejosa y tercero interesado en los autos del juicio de amparo 454/2021 y su acumulado 455/2021 ambos de este índice, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz (fojas 243-277). En esas condiciones, mediante acuerdos de quince de junio del año en curso (foja 287), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido de circunscribiese a lo siguiente:"(144) 1. Deje insubsistente el acto reclamado; (145) 2. En sustitución, dicte una nueva resolución, donde resuelva el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo:(146) 2.1. Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; (147) 2.2. La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; y, (148) 2.3. Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras."Así, en auto de veintiuno de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosas y terceros interesadas, en su doble carácter, con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos.Lo anterior es así, pues mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Martínez Vázquez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice.Posteriormente, mediante oficio 5182/2022 se recibió en este órgano jurisdiccional la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que la autoridad responsable desarrollo cada uno de los puntos que le fueron requeridos en la ejecutoria de amparo, como previamente se señaló dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y en sustitución, dictó una nueva resolución, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: a). Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario;b). La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad;c). Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras.Ahora por lo que hace al rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario, en primer lugar, el juez responsable determinó que la constancia a nombre de la menor de edad de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M de fecha cuatro de marzo del año en curso, expedida por el doctor Romualdo Hernández Yáñez, pediatra neonatologo, mismas que valoró en término de los artículos 327 y 329 del Código Adjetivo Civil del Estado, es insuficiente para justificar una deducción a la pensión alimenticia, pues únicamente acredita que su hija cuenta con la vacunas de acuerdo a la cartilla nacional de vacunación mexicana; sin embargo, en atención al hecho de que cuando una persona obtiene ingresos de sus servicios en un trabajo subordinado, se genera la presunción legal relacionada con el goce de sus derechos de seguridad social, esto es, la existencia de una norma imperativa que establece derechos sustantivos, lo que hace presumir su debido cumplimiento, por lo que se afirma la presunción legal de que goza eficazmente su derecho a la seguridad social por lo que se acreditó que tiene cubierto el rubro de asistencia médica, por lo que resulta adecuado replantear el monto fijado de forma original, sin que ello quiera decir que Fernando Martínez Vázquez cumpla con todos los rubro que contempla el concepto de alimentos. En segundo lugar, la responsable analizó que de autos no conste que se acredite la inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad, motivo por lo cual considero que el agravio hecho valer por Fernando Martínez Vázquez es parcialmente procedente, en atención a que a pesar de la corta edad de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M, a la edad de tres años, ya estará en edad escolar o bien que en un futuro no muy lejano acuda a una institución educativa, por ser este un derecho que todo menor tiene, el cual no puede estar a expensas de que por su corta edad no tenga ese derecho, mismo que está regulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, sin embargo, considero dicho rubro al ser un derecho tutelado por nuestra carta magna y la responsable se encuentra obligada a velar que la menor involucrada a que tenga acceso a una educación, éste será motivo de análisis para el dictado de sentencia.Respecto al inciso c) el juez responsable del análisis de los hechos de la demanda determinó que el rubro de habitación estaba parcialmente cubierto, asimismo, considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras.Dado que la actora parcialmente en el hecho uno de su escrito de demanda, quien dijo: estableciendo nuestro domicilio conyugal en la calle Carolino Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; asimismo, en el hecho cuatro de su escrito de demanda refirió: la suscrita quien mantengo la guarda y custodia de hecho de mi pequeña esto desde su nacimiento, con quien actualmente resido en el domicilio ubicado en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; atestes que valoró conforme a lo dispuesto en los artículos 316 y 320 del código Procesal Civil del Estado, para tenerse por acreditado que la actora tiene cubierto de manera parcial el rubro de habitación al encontrarse viviendo en el domicilio conyugal; y por cuanto hace a que el reclamante directamente paga las amortizaciones correspondientes al crédito hipotecario, mediante descuento a su nómina catorcenal, fue argumento que no ha quedado probado hasta esta etapa procesal, de conformidad con el artículo 228 del código adjetivo civil, al no exhibir documento alguno que acredite se encuentre estar pagada la casa habitación donde vive la actora, además con la copia simple del recibo de pago de su nómina, localizado en autos a fojas setenta y ocho, no se aprecia que se le encuentre descontando de su salario dicho concepto, ya que al exhibir en copia simple fotostática simple, carece de valor probatorio, además de que no es corroborado con ningún otro medio de prueba, sin embargo, al advertirse que la actora refirió que se ha dedicado a las labores del hogar, se desprende que no percibe ingresos para obtener un bien que le pueda servir como habitación, pero tampoco justificó en el sumario con documental idónea, que se encuentre erogando gastos por concepto de habitación, esto es, mediante un contrato de arrendamiento; por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de arrendamiento: por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de habitación para la actora y para la menor de edad aquí involucrada. De igual manera, si bien es cierto el demandado no acreditó con documental objetiva que por el hecho de ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad, recibe el beneficio del servicio de luz en el lugar que registró como su hogar, que es en la que vive la actora y su menor hija, ubicada en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, no menos es cierto que es un hecho notorio, que atento al artículo 67 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, donde estipula: ".la CFE suministrara gratuitamente a sus trabajadores de base, energía eléctrica en los términos señalados en el Convenio CFE-SUTERM N, 02/2014 y en su anexo único, en los lugares donde existen red de distribución de la misma, y con sujeción de las siguientes normas."; lo anterior resulta un hecho notorio, primero, la prestación de servicio de suministro de energía eléctrica al aquí demandado, y segundo, como quedó acreditado, que las aquí deudoras alimentarias se encuentra habitando el domicilio que fungía como domicilio conyugal, sin que el demandado habite dicho domicilio, en virtud de que por cuestiones laborales se encuentra radicando en otra ciudad; por tanto, al ser un hecho notorio conforme lo contempla el artículo 232 del código procesal civil del Estado, y que no necesita ser probado, se tiene que el demandado cumple parcialmente con el rubro de habitación y el servicio de energía eléctrica, elemento suficiente para poder regraduar la pensión alimenticia provisional. De lo analizado anteriormente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz resolvió declarar parcialmente procedente la reclamación planteada por Fernando Martínez Vázquez, en su escrito de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en contra de la medida provisional de alimentos fijada por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que graduó el monto de pensión alimenticia fijada en auto de radicación de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, del cincuenta y cinco por ciento a un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, distribuido de la siguiente forma: veinte por ciento para la menor y el otro veinte para Misty Janet García Moyano Salas.De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 455/2021, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 32 a 35), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años .Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós (foja 307), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho.En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez (fojas 55-79).Inconforme con la citada resolución, Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y Fernando Martínez Vázquez, en sus ambos caracteres de quejosos y tercero interesados interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, modificó, la sentencia recurrida, en la que, por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez y, en su lugar determino, que la justicia de la Unión ampara y protege Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, así como, Fernando Martínez Vázquez, en sus respectivos caracteres de parte quejosa y tercero interesado en los autos del juicio de amparo 454/2021 y su acumulado 455/2021 ambos de este índice, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz (fojas 243-277). En esas condiciones, mediante acuerdos de quince de junio del año en curso (foja 287), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido de circunscribiese a lo siguiente:"(144) 1. Deje insubsistente el acto reclamado; (145) 2. En sustitución, dicte una nueva resolución, donde resuelva el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo:(146) 2.1. Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; (147) 2.2. La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; y, (148) 2.3. Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras."Así, en auto de veintiuno de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosas y terceros interesadas, en su doble carácter, con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos.Lo anterior es así, pues mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Martínez Vázquez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice.Posteriormente, mediante oficio 5182/2022 se recibió en este órgano jurisdiccional la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que la autoridad responsable desarrollo cada uno de los puntos que le fueron requeridos en la ejecutoria de amparo, como previamente se señaló dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y en sustitución, dictó una nueva resolución, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: a). Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario;b). La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad;c). Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras.Ahora por lo que hace al rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario, en primer lugar, el juez responsable determinó que la constancia a nombre de la menor de edad de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M de fecha cuatro de marzo del año en curso, expedida por el doctor Romualdo Hernández Yáñez, pediatra neonatologo, mismas que valoró en término de los artículos 327 y 329 del Código Adjetivo Civil del Estado, es insuficiente para justificar una deducción a la pensión alimenticia, pues únicamente acredita que su hija cuenta con la vacunas de acuerdo a la cartilla nacional de vacunación mexicana; sin embargo, en atención al hecho de que cuando una persona obtiene ingresos de sus servicios en un trabajo subordinado, se genera la presunción legal relacionada con el goce de sus derechos de seguridad social, esto es, la existencia de una norma imperativa que establece derechos sustantivos, lo que hace presumir su debido cumplimiento, por lo que se afirma la presunción legal de que goza eficazmente su derecho a la seguridad social por lo que se acreditó que tiene cubierto el rubro de asistencia médica, por lo que resulta adecuado replantear el monto fijado de forma original, sin que ello quiera decir que Fernando Martínez Vázquez cumpla con todos los rubro que contempla el concepto de alimentos. En segundo lugar, la responsable analizó que de autos no conste que se acredite la inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad, motivo por lo cual considero que el agravio hecho valer por Fernando Martínez Vázquez es parcialmente procedente, en atención a que a pesar de la corta edad de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M, a la edad de tres años, ya estará en edad escolar o bien que en un futuro no muy lejano acuda a una institución educativa, por ser este un derecho que todo menor tiene, el cual no puede estar a expensas de que por su corta edad no tenga ese derecho, mismo que está regulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, sin embargo, considero dicho rubro al ser un derecho tutelado por nuestra carta magna y la responsable se encuentra obligada a velar que la menor involucrada a que tenga acceso a una educación, éste será motivo de análisis para el dictado de sentencia.Respecto al inciso c) el juez responsable del análisis de los hechos de la demanda determinó que el rubro de habitación estaba parcialmente cubierto, asimismo, considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras.Dado que la actora parcialmente en el hecho uno de su escrito de demanda, quien dijo: estableciendo nuestro domicilio conyugal en la calle Carolino Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; asimismo, en el hecho cuatro de su escrito de demanda refirió: la suscrita quien mantengo la guarda y custodia de hecho de mi pequeña esto desde su nacimiento, con quien actualmente resido en el domicilio ubicado en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; atestes que valoró conforme a lo dispuesto en los artículos 316 y 320 del código Procesal Civil del Estado, para tenerse por acreditado que la actora tiene cubierto de manera parcial el rubro de habitación al encontrarse viviendo en el domicilio conyugal; y por cuanto hace a que el reclamante directamente paga las amortizaciones correspondientes al crédito hipotecario, mediante descuento a su nómina catorcenal, fue argumento que no ha quedado probado hasta esta etapa procesal, de conformidad con el artículo 228 del código adjetivo civil, al no exhibir documento alguno que acredite se encuentre estar pagada la casa habitación donde vive la actora, además con la copia simple del recibo de pago de su nómina, localizado en autos a fojas setenta y ocho, no se aprecia que se le encuentre descontando de su salario dicho concepto, ya que al exhibir en copia simple fotostática simple, carece de valor probatorio, además de que no es corroborado con ningún otro medio de prueba, sin embargo, al advertirse que la actora refirió que se ha dedicado a las labores del hogar, se desprende que no percibe ingresos para obtener un bien que le pueda servir como habitación, pero tampoco justificó en el sumario con documental idónea, que se encuentre erogando gastos por concepto de habitación, esto es, mediante un contrato de arrendamiento; por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de arrendamiento: por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de habitación para la actora y para la menor de edad aquí involucrada. De igual manera, si bien es cierto el demandado no acreditó con documental objetiva que por el hecho de ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad, recibe el beneficio del servicio de luz en el lugar que registró como su hogar, que es en la que vive la actora y su menor hija, ubicada en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, no menos es cierto que es un hecho notorio, que atento al artículo 67 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, donde estipula: ".la CFE suministrara gratuitamente a sus trabajadores de base, energía eléctrica en los términos señalados en el Convenio CFE-SUTERM N, 02/2014 y en su anexo único, en los lugares donde existen red de distribución de la misma, y con sujeción de las siguientes normas."; lo anterior resulta un hecho notorio, primero, la prestación de servicio de suministro de energía eléctrica al aquí demandado, y segundo, como quedó acreditado, que las aquí deudoras alimentarias se encuentra habitando el domicilio que fungía como domicilio conyugal, sin que el demandado habite dicho domicilio, en virtud de que por cuestiones laborales se encuentra radicando en otra ciudad; por tanto, al ser un hecho notorio conforme lo contempla el artículo 232 del código procesal civil del Estado, y que no necesita ser probado, se tiene que el demandado cumple parcialmente con el rubro de habitación y el servicio de energía eléctrica, elemento suficiente para poder regraduar la pensión alimenticia provisional. De lo analizado anteriormente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz resolvió declarar parcialmente procedente la reclamación planteada por Fernando Martínez Vázquez, en su escrito de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en contra de la medida provisional de alimentos fijada por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que graduó el monto de pensión alimenticia fijada en auto de radicación de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, del cincuenta y cinco por ciento a un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, distribuido de la siguiente forma: veinte por ciento para la menor y el otro veinte para Misty Janet García Moyano Salas.De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 455/2021, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 32 a 35), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años .Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado em autos.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del 454/2021 y su acumulado 455/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, seis de julio de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós (foja 307), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez (fojas 55-79). Inconforme con la citada resolución, Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y Fernando Martínez Vázquez, en sus ambos caracteres de quejosos y tercero interesados interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, modificó, la sentencia recurrida, en la que, por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez y, en su lugar determino, que la justicia de la Unión ampara y protege Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, así como, Fernando Martínez Vázquez, en sus respectivos caracteres de parte quejosa y tercero interesado en los autos del juicio de amparo 454/2021 y su acumulado 455/2021 ambos de este índice, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz (fojas 243-277). En esas condiciones, mediante acuerdos de quince de junio del año en curso (foja 287), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido de circunscribiese a lo siguiente: "(144) 1. Deje insubsistente el acto reclamado; (145) 2. En sustitución, dicte una nueva resolución, donde resuelva el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: (146) 2.1. Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; (147) 2.2. La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; y, (148) 2.3. Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras." Así, en auto de veintiuno de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosas y terceros interesadas, en su doble carácter, con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Martínez Vázquez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice. Posteriormente, mediante oficio 5182/2022 se recibió en este órgano jurisdiccional la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que la autoridad responsable desarrollo cada uno de los puntos que le fueron requeridos en la ejecutoria de amparo, como previamente se señaló dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y en sustitución, dictó una nueva resolución, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: a). Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; b). La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; c). Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras. Ahora por lo que hace al rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario, en primer lugar, el juez responsable determinó que la constancia a nombre de la menor de edad de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M de fecha cuatro de marzo del año en curso, expedida por el doctor Romualdo Hernández Yáñez, pediatra neonatologo, mismas que valoró en término de los artículos 327 y 329 del Código Adjetivo Civil del Estado, es insuficiente para justificar una deducción a la pensión alimenticia, pues únicamente acredita que su hija cuenta con la vacunas de acuerdo a la cartilla nacional de vacunación mexicana; sin embargo, en atención al hecho de que cuando una persona obtiene ingresos de sus servicios en un trabajo subordinado, se genera la presunción legal relacionada con el goce de sus derechos de seguridad social, esto es, la existencia de una norma imperativa que establece derechos sustantivos, lo que hace presumir su debido cumplimiento, por lo que se afirma la presunción legal de que goza eficazmente su derecho a la seguridad social por lo que se acreditó que tiene cubierto el rubro de asistencia médica, por lo que resulta adecuado replantear el monto fijado de forma original, sin que ello quiera decir que Fernando Martínez Vázquez cumpla con todos los rubro que contempla el concepto de alimentos. En segundo lugar, la responsable analizó que de autos no conste que se acredite la inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad, motivo por lo cual considero que el agravio hecho valer por Fernando Martínez Vázquez es parcialmente procedente, en atención a que a pesar de la corta edad de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M, a la edad de tres años, ya estará en edad escolar o bien que en un futuro no muy lejano acuda a una institución educativa, por ser este un derecho que todo menor tiene, el cual no puede estar a expensas de que por su corta edad no tenga ese derecho, mismo que está regulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, sin embargo, considero dicho rubro al ser un derecho tutelado por nuestra carta magna y la responsable se encuentra obligada a velar que la menor involucrada a que tenga acceso a una educación, éste será motivo de análisis para el dictado de sentencia. Respecto al inciso c) el juez responsable del análisis de los hechos de la demanda determinó que el rubro de habitación estaba parcialmente cubierto, asimismo, considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras. Dado que la actora parcialmente en el hecho uno de su escrito de demanda, quien dijo: estableciendo nuestro domicilio conyugal en la calle Carolino Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; asimismo, en el hecho cuatro de su escrito de demanda refirió: la suscrita quien mantengo la guarda y custodia de hecho de mi pequeña esto desde su nacimiento, con quien actualmente resido en el domicilio ubicado en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; atestes que valoró conforme a lo dispuesto en los artículos 316 y 320 del código Procesal Civil del Estado, para tenerse por acreditado que la actora tiene cubierto de manera parcial el rubro de habitación al encontrarse viviendo en el domicilio conyugal; y por cuanto hace a que el reclamante directamente paga las amortizaciones correspondientes al crédito hipotecario, mediante descuento a su nómina catorcenal, fue argumento que no ha quedado probado hasta esta etapa procesal, de conformidad con el artículo 228 del código adjetivo civil, al no exhibir documento alguno que acredite se encuentre estar pagada la casa habitación donde vive la actora, además con la copia simple del recibo de pago de su nómina, localizado en autos a fojas setenta y ocho, no se aprecia que se le encuentre descontando de su salario dicho concepto, ya que al exhibir en copia simple fotostática simple, carece de valor probatorio, además de que no es corroborado con ningún otro medio de prueba, sin embargo, al advertirse que la actora refirió que se ha dedicado a las labores del hogar, se desprende que no percibe ingresos para obtener un bien que le pueda servir como habitación, pero tampoco justificó en el sumario con documental idónea, que se encuentre erogando gastos por concepto de habitación, esto es, mediante un contrato de arrendamiento; por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de arrendamiento: por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de habitación para la actora y para la menor de edad aquí involucrada. De igual manera, si bien es cierto el demandado no acreditó con documental objetiva que por el hecho de ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad, recibe el beneficio del servicio de luz en el lugar que registró como su hogar, que es en la que vive la actora y su menor hija, ubicada en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, no menos es cierto que es un hecho notorio, que atento al artículo 67 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, donde estipula: ".la CFE suministrara gratuitamente a sus trabajadores de base, energía eléctrica en los términos señalados en el Convenio CFE-SUTERM N, 02/2014 y en su anexo único, en los lugares donde existen red de distribución de la misma, y con sujeción de las siguientes normas."; lo anterior resulta un hecho notorio, primero, la prestación de servicio de suministro de energía eléctrica al aquí demandado, y segundo, como quedó acreditado, que las aquí deudoras alimentarias se encuentra habitando el domicilio que fungía como domicilio conyugal, sin que el demandado habite dicho domicilio, en virtud de que por cuestiones laborales se encuentra radicando en otra ciudad; por tanto, al ser un hecho notorio conforme lo contempla el artículo 232 del código procesal civil del Estado, y que no necesita ser probado, se tiene que el demandado cumple parcialmente con el rubro de habitación y el servicio de energía eléctrica, elemento suficiente para poder regraduar la pensión alimenticia provisional. De lo analizado anteriormente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz resolvió declarar parcialmente procedente la reclamación planteada por Fernando Martínez Vázquez, en su escrito de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en contra de la medida provisional de alimentos fijada por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que graduó el monto de pensión alimenticia fijada en auto de radicación de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, del cincuenta y cinco por ciento a un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, distribuido de la siguiente forma: veinte por ciento para la menor y el otro veinte para Misty Janet García Moyano Salas. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 455/2021, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 32 a 35), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes quejosa y tercero interesado mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós (foja 307), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez (fojas 55-79). Inconforme con la citada resolución, Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y Fernando Martínez Vázquez, en sus ambos caracteres de quejosos y tercero interesados interpusieron recurso de revisión en contra de la citada sentencia, el cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, modificó, la sentencia recurrida, en la que, por una parte, se negó el amparo a Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y, por otra parte, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Fernando Martínez Vázquez y, en su lugar determino, que la justicia de la Unión ampara y protege Misty Janet García Moyano Salas, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada, así como, Fernando Martínez Vázquez, en sus respectivos caracteres de parte quejosa y tercero interesado en los autos del juicio de amparo 454/2021 y su acumulado 455/2021 ambos de este índice, en contra del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz (fojas 243-277). En esas condiciones, mediante acuerdos de quince de junio del año en curso (foja 287), se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido de circunscribiese a lo siguiente: "(144) 1. Deje insubsistente el acto reclamado; (145) 2. En sustitución, dicte una nueva resolución, donde resuelva el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: (146) 2.1. Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; (147) 2.2. La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; y, (148) 2.3. Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras." Así, en auto de veintiuno de junio de la anualidad en curso, se acordó y ordenó dar vista a las partes quejosas y terceros interesadas, en su doble carácter, con las constancias relativas al cumplimiento dado por el juez responsable, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, pues mediante resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno (acto reclamado) que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por Fernando Martínez Vázquez, en contra de la pensión alimenticia provisional decretada en el juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice. Posteriormente, mediante oficio 5182/2022 se recibió en este órgano jurisdiccional la resolución de dieciséis de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que la autoridad responsable desarrollo cada uno de los puntos que le fueron requeridos en la ejecutoria de amparo, como previamente se señaló dejó insubsistente la diversa de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno y en sustitución, dictó una nueva resolución, donde resolvió el recurso de reclamación interpuesto, estableciendo: a). Encontrarse cubierto el rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario; b). La inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad; c). Estar cubierto parcialmente el rubro de habitación considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras. Ahora por lo que hace al rubro de asistencia en caso de enfermedad de las partes derivado de las prestaciones de seguridad social del empleo del deudor alimentario, en primer lugar, el juez responsable determinó que la constancia a nombre de la menor de edad de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M de fecha cuatro de marzo del año en curso, expedida por el doctor Romualdo Hernández Yáñez, pediatra neonatologo, mismas que valoró en término de los artículos 327 y 329 del Código Adjetivo Civil del Estado, es insuficiente para justificar una deducción a la pensión alimenticia, pues únicamente acredita que su hija cuenta con la vacunas de acuerdo a la cartilla nacional de vacunación mexicana; sin embargo, en atención al hecho de que cuando una persona obtiene ingresos de sus servicios en un trabajo subordinado, se genera la presunción legal relacionada con el goce de sus derechos de seguridad social, esto es, la existencia de una norma imperativa que establece derechos sustantivos, lo que hace presumir su debido cumplimiento, por lo que se afirma la presunción legal de que goza eficazmente su derecho a la seguridad social por lo que se acreditó que tiene cubierto el rubro de asistencia médica, por lo que resulta adecuado replantear el monto fijado de forma original, sin que ello quiera decir que Fernando Martínez Vázquez cumpla con todos los rubro que contempla el concepto de alimentos. En segundo lugar, la responsable analizó que de autos no conste que se acredite la inexistencia de gastos por concepto de educación de la actora menor de edad, motivo por lo cual considero que el agravio hecho valer por Fernando Martínez Vázquez es parcialmente procedente, en atención a que a pesar de la corta edad de la menor de identidad reservada de iniciales M.F.M.G.M, a la edad de tres años, ya estará en edad escolar o bien que en un futuro no muy lejano acuda a una institución educativa, por ser este un derecho que todo menor tiene, el cual no puede estar a expensas de que por su corta edad no tenga ese derecho, mismo que está regulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, sin embargo, considero dicho rubro al ser un derecho tutelado por nuestra carta magna y la responsable se encuentra obligada a velar que la menor involucrada a que tenga acceso a una educación, éste será motivo de análisis para el dictado de sentencia. Respecto al inciso c) el juez responsable del análisis de los hechos de la demanda determinó que el rubro de habitación estaba parcialmente cubierto, asimismo, considerando la inexistencia de gastos por consumo de energía eléctrica derivado de la prestación laboral del deudor alimentario y del crédito hipotecario respecto a la vivienda que paga el deudor alimentario; así como la imposibilidad de cubrir diversos gastos generados en ese rubro, por las acreedoras. Dado que la actora parcialmente en el hecho uno de su escrito de demanda, quien dijo: estableciendo nuestro domicilio conyugal en la calle Carolino Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; asimismo, en el hecho cuatro de su escrito de demanda refirió: la suscrita quien mantengo la guarda y custodia de hecho de mi pequeña esto desde su nacimiento, con quien actualmente resido en el domicilio ubicado en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz; atestes que valoró conforme a lo dispuesto en los artículos 316 y 320 del código Procesal Civil del Estado, para tenerse por acreditado que la actora tiene cubierto de manera parcial el rubro de habitación al encontrarse viviendo en el domicilio conyugal; y por cuanto hace a que el reclamante directamente paga las amortizaciones correspondientes al crédito hipotecario, mediante descuento a su nómina catorcenal, fue argumento que no ha quedado probado hasta esta etapa procesal, de conformidad con el artículo 228 del código adjetivo civil, al no exhibir documento alguno que acredite se encuentre estar pagada la casa habitación donde vive la actora, además con la copia simple del recibo de pago de su nómina, localizado en autos a fojas setenta y ocho, no se aprecia que se le encuentre descontando de su salario dicho concepto, ya que al exhibir en copia simple fotostática simple, carece de valor probatorio, además de que no es corroborado con ningún otro medio de prueba, sin embargo, al advertirse que la actora refirió que se ha dedicado a las labores del hogar, se desprende que no percibe ingresos para obtener un bien que le pueda servir como habitación, pero tampoco justificó en el sumario con documental idónea, que se encuentre erogando gastos por concepto de habitación, esto es, mediante un contrato de arrendamiento; por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de arrendamiento: por tanto, se acredita que el reo es quien eroga los gastos de habitación para la actora y para la menor de edad aquí involucrada. De igual manera, si bien es cierto el demandado no acreditó con documental objetiva que por el hecho de ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad, recibe el beneficio del servicio de luz en el lugar que registró como su hogar, que es en la que vive la actora y su menor hija, ubicada en la calle Carolina Anaya número 70, colonia Lomas del Mar, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, no menos es cierto que es un hecho notorio, que atento al artículo 67 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, donde estipula: ".la CFE suministrara gratuitamente a sus trabajadores de base, energía eléctrica en los términos señalados en el Convenio CFE-SUTERM N, 02/2014 y en su anexo único, en los lugares donde existen red de distribución de la misma, y con sujeción de las siguientes normas."; lo anterior resulta un hecho notorio, primero, la prestación de servicio de suministro de energía eléctrica al aquí demandado, y segundo, como quedó acreditado, que las aquí deudoras alimentarias se encuentra habitando el domicilio que fungía como domicilio conyugal, sin que el demandado habite dicho domicilio, en virtud de que por cuestiones laborales se encuentra radicando en otra ciudad; por tanto, al ser un hecho notorio conforme lo contempla el artículo 232 del código procesal civil del Estado, y que no necesita ser probado, se tiene que el demandado cumple parcialmente con el rubro de habitación y el servicio de energía eléctrica, elemento suficiente para poder regraduar la pensión alimenticia provisional. De lo analizado anteriormente, el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz resolvió declarar parcialmente procedente la reclamación planteada por Fernando Martínez Vázquez, en su escrito de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en contra de la medida provisional de alimentos fijada por auto de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, por lo que graduó el monto de pensión alimenticia fijada en auto de radicación de fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, del cincuenta y cinco por ciento a un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente laboral, distribuido de la siguiente forma: veinte por ciento para la menor y el otro veinte para Misty Janet García Moyano Salas. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio ordinario civil 1181/2020-VIII de su índice y, en su lugar, dictó otra resolución con plenitud de jurisdicción, tomando como base las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, subsanando el vicio formal y demás consideraciones ahí destacadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 455/2021, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado mediante interlocutoria de veintiocho de junio de dos mil veintiuno (fojas 32 a 35), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene remitiendo las constancias con las que considera ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, en su doble carácter, con la promoción con la que se da cuenta y anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias.Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Lo que se notifica por este medio a la parte tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte tercero interesada, el auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, que dice: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene remitiendo las constancias con las que considera ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, en su doble carácter, con la promoción con la que se da cuenta y anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
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- Fernando Obregón Vargas425/2017
- Fernando Ortíz Ortíz498/2019
- Fernando Pérez Fernández530/2023
- Fernando Prieto Fuentes366/2023