Fernando Piña Castillo
Expediente 1682/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1682/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fernando Piña Castillo
- Maria Teresa Yolanda Cordero Romero
- Maria del Rocio Bravo Cordova (Atraves del Albacea Provisional)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE junio DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de mayo al siete de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que comparezca a este juzgado federal a fin de que se le realice la devolución de los billetes de depósito N788490 y N788491 expedidos por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y $8,000.00 (OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que en caso de no hacerlo prescribiran a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, quien deberá presentarse personalmente con identificación oficial y vigente, previa razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a trece horas, debiendo acompañar copia de identificación oficial y vigente para los efectos legales correspondientes..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de mayo al siete de junio de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que comparezca a este juzgado federal a fin de que se le realice la devolución de los billetes de depósito N788490 y N788491 expedidos por el BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y $8,000.00 (OCHO MIL PESOS CERO CENTAVOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia que en caso de no hacerlo prescribiran a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, quien deberá presentarse personalmente con identificación oficial y vigente, previa razón de recibo que otorgue en autos, en el entendido de que la devolución por estrictas razones de seguridad y control sólo se hará los días miércoles de cada semana, de diez a trece horas, debiendo acompañar copia de identificación oficial y vigente para los efectos legales correspondientes.
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(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE 03 DE MAYO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 43 a 61), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la causa penal 400/2015 y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En cuanto a la materialidad de los delitos de homicidio a título de culpa y daño en propiedad ajena a título de culpa, deberá indicar de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de cada uno, para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos de los delitos en mención; y en lo atinente al delito de homicidio a título de culpa, deberá asentar cómo es que se acredita el elemento consistente en la calidad específica del sujeto activo: que realice un servicio público; b) Deberá establecer cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión de los delitos imputados (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), y ubicarlo en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y, c) Deberá sustentar porqué fundó la penalidad del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa en el artículo 83 y no en el diverso 414 mencionado en su fracción IV, además, deberá tomar en consideración que la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero otorgó el perdón al inculpado, por lo que deberá motivar, de acuerdo a los preceptos legales referidos, si procede o no y el porqué de su decisión. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, en su caso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que el dos de marzo de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 85 a 87). Ahora bien, mediante oficio 1845 de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 158 a 188), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 400/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de ocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 160). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el quejoso Fernando Piña Castillo, por el delito de homicidio a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 86 y 87, párrafo último, en relación con los diversos 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien vida respondiera al nombre de María del Rocío Bravo Córdoba; así como por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 414, primer párrafo, 83 y 87, último párrafo, en relación con los diversos 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Yolanda Cordero Romero. Resolución en la cual, en cuanto a la materialidad de los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos a título de culpa, indicó de manera pormenorizada los elementos que integran el cuerpo de dichos ilícitos, al referir lo siguiente: "De las transcripciones que anteceden, se visualizan los elementos constitutivos que demuestran el delito de HOMICIDIO CULPOSO, que son: a) La existencia previa de una vida humana. b) Un resultado material: la muerte de un ser humano. c) Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo. d) Que el activo conduzca un vehículo de motor del servicio público." (fojas 173 y 173 vuelta). "De las transcripciones que anteceden, se desprenden los elementos constitutivos que configuran el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, son: a) Un resultado material: daño, destrucción o deterioro de un bien ajeno o propio en perjuicio de otro. b) Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo. c) Que el activo conduzca un vehículo del servicio público." (foja 179). Asimismo, el juez de la causa justipreció el caudal probatorio, el que valoró en términos de la legislación procesal penal, así como estableció con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos de los delitos en mención; esto al valorar los medios de convicción en términos de los artículos 51, 56 bis, 58, 60, 65, 66, 73, 85, 88, 90, 178, 196, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Asimismo, al establecer, respecto del delito de homicidio a título de culpa que el elemento "La preexistencia de una vida humana", se acredita con las declaraciones de los testigos Ana Lilia Bravo Córdova y Evaristo Simitrio Morgado Hernández; el elemento "la muerte de un ser humano", con la diligencia de levantamiento de cadáver; la diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia legal; y, dictamen médico legal y forense; respecto del elemento "Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo", con la declaración y parte informativo número 081/201 y dictamen en vialidad terrestre; y, el elemento "Que el activo conduzca un vehículo de motor del servicio público", con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038 de chofer del Servicio Público y Mercantil y, con las declaraciones de los testigos María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera (fojas 173 a 176). Y, por cuanto hace al delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, estableció que el elemento "daño, destrucción o deterioro de un bien ajeno o propio en perjuicio de otro", se acredita con la inspección de daños de vehículos; dictamen en avalúo número 1001Bis/2015; declaraciones de María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera; con la fe de documentos realizada a la factura, tarjeta de circulación, tarjetón de circulación y título de concesión del vehículo afecto y que están a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero; el elemento "Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo", con dictamen en vialidad terrestre, parte informativo número 018/2015/S-5; y, el elemento consistente en "Que el activo conduzca un vehículo del servicio público", con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038 de chofer del Servicio Público y Mercantil y con las declaraciones de los testigos María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera (fojas 179 a 182). Por otro lado, por cuanto hace al delito de homicidio a título de culpa, el juez del proceso estableció cómo es que se acredita el elemento consistente en la calidad específica del sujeto activo, "que realice un servicio público", al referir: "C. De la agravante de tipo básico, referente a que el activo conduzca vehículo de motor del servicio público. Ahora bien, se presenta una circunstancia que incrementa los límites de penalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 del Código Penal del Estado, consistente en que el sujeto activo conducía un vehículo automotor del servicio público, lo que se demuestra en primer lugar, con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038, de chofer de servicio público y mercantil, expedida por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, con vigencia el tres de abril de 2014 a 2017, lo que se corrobora con el oficio DFJ/02/15/913/2015 de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el que adjunta fotocopia certificada del formato de registro de datos generales del último trámite del sujeto activo de su licencia de conducir del Servicio Público de Transporte y Mercantil, con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 196 Código Adjetivo Penal, por lo que goza de validez convictiva plena, en la cual el Ministerio Público asentó tener a la vista copia simple de una licencia a nombre del sujeto activo Fernando Piña Castillo, lo que se corroboró con el oficio de la directora general jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla, de donde se desprende el último trámite de licencia de conducir, con lo que se demuestra que el sujeto activo conducía un vehículo del servicio público. Asimismo, para acreditar que el vehículo que conducía el activo, estaba destinado al servicio público de pasajeros, la comparecencia de la C. MARÍA TERESA YOLANDA CORDERO ROMERO y RAFAEL ERNESTO GARCÍA RIVERA, quienes manifestaron, por lo que hace a la primera: ´Acredita la propiedad del vehículo, marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del servicio público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, con número de serie 3GBKC34G94M106026, número de motor hecho en México, tal y como lo justificó con la factura número A01004 de fecha 31 treinta y uno de mayo del 2004 dos mil cuatro, expedida por camiones García Pineda S.A. de C.V., a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, al reverso con diversas cesiones de derechos en donde aparece el nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, la tarjeta de circulación con número de folio 750016414, expedida por la Secretaría de Transportes a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, el tarjetón de concesión con número de folio 700003828 a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero expedida por la Secretaría de Transportes, el título de concesión con número 700003471 a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, expedida por la Secretaría de Transportes, el comprobante domiciliario recibido de Teléfonos de México S.A B de C.V. (sic) a nombre de Torres Nolasco José Abraham, y que el conductor del vehículo de su propiedad es señor Fernando Piña Castillo con domicilio en calle Mina, número 4 cuatro en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas exhibiendo una copia simple de su licencia de conducir identificada con el número 01C453038 de chofer de servicio público y mercantil expedida por la Secretaría de Transporte de Gobierno del Estado de Puebla, con una vigencia del 3 tres de abril del 2004 dos mil cuatro al tres de abril del 2017 dos mil diecisiete´. En tanto RAFAEL ERNESTO GARCÍA RIVERA, manifestó trabajar de checador intermedio en la colonia Santa Bárbara de la rute 3 tres Zaraoza-Libertad, el día 9 nueve de marzo del año en curso (2015), paso a checar tres veces el sujeto activo a las 16:00 dieciséis horas, la segunda a las 06:30 seis treinta y la última a las 21:00 veintiún horas que pasó a checar el señor Fernando Piña Castrillo y era el conductor del vehículo marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del servicio público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, el cual fue la última vez que le chequé su papeleta y la tarjeta y de ahí no lo volví a ver." (fojas 175 vuelta a 176 vuelta). Por otro lado, el juez de la causa estableció el grado de participación del ahora quejoso en la comisión de los delitos imputados, en términos del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, referir lo siguiente. "La forma de intervención del activo en la ejecución del delito fue de manera directa, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado." (foja 137). Por otra parte, el juez de la causa estableció el sustentó del porqué fundó la penalidad del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa en el artículo 83 y no en el diverso 414 mencionado en su fracción IV, al referir: "Si bien es cierto que el valor del daño causado al vehículo del servicio encuadra en la fracción II del artículo 414 del Código Punitivo de la materia, sin embargo dicha sanción no se puede aplicar, debemos tomar en consideración el primer párrafo que es el que establece la descripción de la figura delictiva del delito de daño en propiedad ajena, más no para la oficiosidad que establece el artículo 87 en su penúltimo párrafo que a su vez nos remite al artículo 83 del Código Penal para el Estado que es el que sanciona los delitos culposos; al conducir el quejoso un vehículo del servicio público se persigue de manera oficiosa, ya que como se desprende de autos el vehículo con el cual llevó a cabo la conducta ilícita el sujeto activo es del servicio de transporte público actualizándose la hipótesis prevista por el último párrafo del artículo 87 conducta que sanciona con el artículo 83 del Código Penal para el Estado." (foja 179 vuelta). De igual forma, el juez de la causa estableció el por qué a pesar de que la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero otorgó el perdón al inculpado, respecto del delito de daño en propiedad ajena, dicho ilícito sigue vigente al referir: "Si bien es cierto como se advierte de autos la comparecencia de la agraviada C. MARÍA TERESA YOLANDA CORDERO ROMERO manifestó y acreditó ser la propietaria del vehículo marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del Servicio Público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, con número de serie 3GBKC34G94M106026, número de motor hecho en México, tal y como lo justificó con la factura número A01004 de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2004 dos mil cuatro, expedida por camiones García Pineda S.A. de C.V., y además otorgó su más amplio y cumplido perdón en favor del sujeto activo, sin embargo, dicho perdón surte efectos respecto al pago de la reparación del daño causado a la agraviada, más no extingue la acción penal, pues se reitera al conducir el sujeto activo FERNANDO PIÑA CASTILLO, un vehículo del servicio público lo que se demuestra en primer lugar, con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038, de chofer del Servicio Público y Mercantil, a nombre de Fernando Piña Castillo, expedida por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, con vigencia el tres de abril de 2014 al 2017, lo que se corrobora con el oficio DFJ/02/15/913/2015 de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el que adjunta fotocopia certificada del formato de registro de datos generales del último trámite del sujeto activo de su licencia de conducir del servicio público de transporte y mercantil y la declaración de la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 87 del Código Penal en cita el ilícito en estudio se persigue de manera oficiosa, de ahí que no le beneficia el perdón otorgado por la pasivo del delito más que por cuanto hace a la reparación del daño, más no para extinguir la acción penal del delito en estudio." (foja 182). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
(CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE 03 DE MAYO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 43 a 61), se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de noviembre de dos mil quince, en la causa penal 400/2015 y, con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) En cuanto a la materialidad de los delitos de homicidio a título de culpa y daño en propiedad ajena a título de culpa, deberá indicar de manera pormenorizada cuáles son los elementos que integran el cuerpo del delito de cada uno, para luego justipreciar el caudal probatorio y precisar qué valor le merecen en lo particular en términos de la legislación procesal penal, y con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos de los delitos en mención; y en lo atinente al delito de homicidio a título de culpa, deberá asentar cómo es que se acredita el elemento consistente en la calidad específica del sujeto activo: que realice un servicio público; b) Deberá establecer cuál es el grado de participación del ahora quejoso en la comisión de los delitos imputados (como podría ser autor material, copartícipe, auxiliador, entre otros supuestos), y ubicarlo en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla; y, c) Deberá sustentar porqué fundó la penalidad del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa en el artículo 83 y no en el diverso 414 mencionado en su fracción IV, además, deberá tomar en consideración que la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero otorgó el perdón al inculpado, por lo que deberá motivar, de acuerdo a los preceptos legales referidos, si procede o no y el porqué de su decisión. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso, en su caso, sino únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Resolución que el dos de marzo de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 85 a 87). Ahora bien, mediante oficio 1845 de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 158 a 188), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 400/2015 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la orden de aprehensión reclamada de veintisiete de noviembre de dos mil quince, así como la diversa de ocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 160). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el quejoso Fernando Piña Castillo, por el delito de homicidio a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, inciso a), 86 y 87, párrafo último, en relación con los diversos 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien vida respondiera al nombre de María del Rocío Bravo Córdoba; así como por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, previsto y sancionado por los artículos 414, primer párrafo, 83 y 87, último párrafo, en relación con los diversos 14 y 21, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de María Teresa Yolanda Cordero Romero. Resolución en la cual, en cuanto a la materialidad de los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos a título de culpa, indicó de manera pormenorizada los elementos que integran el cuerpo de dichos ilícitos, al referir lo siguiente: "De las transcripciones que anteceden, se visualizan los elementos constitutivos que demuestran el delito de HOMICIDIO CULPOSO, que son: a) La existencia previa de una vida humana. b) Un resultado material: la muerte de un ser humano. c) Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo. d) Que el activo conduzca un vehículo de motor del servicio público." (fojas 173 y 173 vuelta). "De las transcripciones que anteceden, se desprenden los elementos constitutivos que configuran el delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, son: a) Un resultado material: daño, destrucción o deterioro de un bien ajeno o propio en perjuicio de otro. b) Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo. c) Que el activo conduzca un vehículo del servicio público." (foja 179). Asimismo, el juez de la causa justipreció el caudal probatorio, el que valoró en términos de la legislación procesal penal, así como estableció con qué pruebas se acredita cada uno de los citados elementos de los delitos en mención; esto al valorar los medios de convicción en términos de los artículos 51, 56 bis, 58, 60, 65, 66, 73, 85, 88, 90, 178, 196, 200, 201 y 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Asimismo, al establecer, respecto del delito de homicidio a título de culpa que el elemento "La preexistencia de una vida humana", se acredita con las declaraciones de los testigos Ana Lilia Bravo Córdova y Evaristo Simitrio Morgado Hernández; el elemento "la muerte de un ser humano", con la diligencia de levantamiento de cadáver; la diligencia de reconocimiento, descripción y autopsia legal; y, dictamen médico legal y forense; respecto del elemento "Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo", con la declaración y parte informativo número 081/201 y dictamen en vialidad terrestre; y, el elemento "Que el activo conduzca un vehículo de motor del servicio público", con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038 de chofer del Servicio Público y Mercantil y, con las declaraciones de los testigos María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera (fojas 173 a 176). Y, por cuanto hace al delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, estableció que el elemento "daño, destrucción o deterioro de un bien ajeno o propio en perjuicio de otro", se acredita con la inspección de daños de vehículos; dictamen en avalúo número 1001Bis/2015; declaraciones de María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera; con la fe de documentos realizada a la factura, tarjeta de circulación, tarjetón de circulación y título de concesión del vehículo afecto y que están a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero; el elemento "Que el activo ejecute una acción culposa que represente creación o incremento de riesgo", con dictamen en vialidad terrestre, parte informativo número 018/2015/S-5; y, el elemento consistente en "Que el activo conduzca un vehículo del servicio público", con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038 de chofer del Servicio Público y Mercantil y con las declaraciones de los testigos María Teresa Yolanda Cordero Romero y Rafael Ernesto García Rivera (fojas 179 a 182). Por otro lado, por cuanto hace al delito de homicidio a título de culpa, el juez del proceso estableció cómo es que se acredita el elemento consistente en la calidad específica del sujeto activo, "que realice un servicio público", al referir: "C. De la agravante de tipo básico, referente a que el activo conduzca vehículo de motor del servicio público. Ahora bien, se presenta una circunstancia que incrementa los límites de penalidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 86 del Código Penal del Estado, consistente en que el sujeto activo conducía un vehículo automotor del servicio público, lo que se demuestra en primer lugar, con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038, de chofer de servicio público y mercantil, expedida por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, con vigencia el tres de abril de 2014 a 2017, lo que se corrobora con el oficio DFJ/02/15/913/2015 de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el que adjunta fotocopia certificada del formato de registro de datos generales del último trámite del sujeto activo de su licencia de conducir del Servicio Público de Transporte y Mercantil, con valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 196 Código Adjetivo Penal, por lo que goza de validez convictiva plena, en la cual el Ministerio Público asentó tener a la vista copia simple de una licencia a nombre del sujeto activo Fernando Piña Castillo, lo que se corroboró con el oficio de la directora general jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado de Puebla, de donde se desprende el último trámite de licencia de conducir, con lo que se demuestra que el sujeto activo conducía un vehículo del servicio público. Asimismo, para acreditar que el vehículo que conducía el activo, estaba destinado al servicio público de pasajeros, la comparecencia de la C. MARÍA TERESA YOLANDA CORDERO ROMERO y RAFAEL ERNESTO GARCÍA RIVERA, quienes manifestaron, por lo que hace a la primera: ´Acredita la propiedad del vehículo, marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del servicio público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, con número de serie 3GBKC34G94M106026, número de motor hecho en México, tal y como lo justificó con la factura número A01004 de fecha 31 treinta y uno de mayo del 2004 dos mil cuatro, expedida por camiones García Pineda S.A. de C.V., a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, al reverso con diversas cesiones de derechos en donde aparece el nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, la tarjeta de circulación con número de folio 750016414, expedida por la Secretaría de Transportes a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, el tarjetón de concesión con número de folio 700003828 a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero expedida por la Secretaría de Transportes, el título de concesión con número 700003471 a nombre de María Teresa Yolanda Cordero Romero, expedida por la Secretaría de Transportes, el comprobante domiciliario recibido de Teléfonos de México S.A B de C.V. (sic) a nombre de Torres Nolasco José Abraham, y que el conductor del vehículo de su propiedad es señor Fernando Piña Castillo con domicilio en calle Mina, número 4 cuatro en la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas exhibiendo una copia simple de su licencia de conducir identificada con el número 01C453038 de chofer de servicio público y mercantil expedida por la Secretaría de Transporte de Gobierno del Estado de Puebla, con una vigencia del 3 tres de abril del 2004 dos mil cuatro al tres de abril del 2017 dos mil diecisiete´. En tanto RAFAEL ERNESTO GARCÍA RIVERA, manifestó trabajar de checador intermedio en la colonia Santa Bárbara de la rute 3 tres Zaraoza-Libertad, el día 9 nueve de marzo del año en curso (2015), paso a checar tres veces el sujeto activo a las 16:00 dieciséis horas, la segunda a las 06:30 seis treinta y la última a las 21:00 veintiún horas que pasó a checar el señor Fernando Piña Castrillo y era el conductor del vehículo marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del servicio público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, el cual fue la última vez que le chequé su papeleta y la tarjeta y de ahí no lo volví a ver." (fojas 175 vuelta a 176 vuelta). Por otro lado, el juez de la causa estableció el grado de participación del ahora quejoso en la comisión de los delitos imputados, en términos del artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla, referir lo siguiente. "La forma de intervención del activo en la ejecución del delito fue de manera directa, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción I del Código Penal para el Estado." (foja 137). Por otra parte, el juez de la causa estableció el sustentó del porqué fundó la penalidad del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa en el artículo 83 y no en el diverso 414 mencionado en su fracción IV, al referir: "Si bien es cierto que el valor del daño causado al vehículo del servicio encuadra en la fracción II del artículo 414 del Código Punitivo de la materia, sin embargo dicha sanción no se puede aplicar, debemos tomar en consideración el primer párrafo que es el que establece la descripción de la figura delictiva del delito de daño en propiedad ajena, más no para la oficiosidad que establece el artículo 87 en su penúltimo párrafo que a su vez nos remite al artículo 83 del Código Penal para el Estado que es el que sanciona los delitos culposos; al conducir el quejoso un vehículo del servicio público se persigue de manera oficiosa, ya que como se desprende de autos el vehículo con el cual llevó a cabo la conducta ilícita el sujeto activo es del servicio de transporte público actualizándose la hipótesis prevista por el último párrafo del artículo 87 conducta que sanciona con el artículo 83 del Código Penal para el Estado." (foja 179 vuelta). De igual forma, el juez de la causa estableció el por qué a pesar de que la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero otorgó el perdón al inculpado, respecto del delito de daño en propiedad ajena, dicho ilícito sigue vigente al referir: "Si bien es cierto como se advierte de autos la comparecencia de la agraviada C. MARÍA TERESA YOLANDA CORDERO ROMERO manifestó y acreditó ser la propietaria del vehículo marca Chevrolet, tipo microbús, color azul con franjas amarillas y rojas, modelo 2004 dos mil cuatro, con placas de circulación 652243-S del Servicio Público del Estado de Puebla, ruta 3 tres, unidad 15 quince, con número de concesión 128 ciento veintiocho, con número de serie 3GBKC34G94M106026, número de motor hecho en México, tal y como lo justificó con la factura número A01004 de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2004 dos mil cuatro, expedida por camiones García Pineda S.A. de C.V., y además otorgó su más amplio y cumplido perdón en favor del sujeto activo, sin embargo, dicho perdón surte efectos respecto al pago de la reparación del daño causado a la agraviada, más no extingue la acción penal, pues se reitera al conducir el sujeto activo FERNANDO PIÑA CASTILLO, un vehículo del servicio público lo que se demuestra en primer lugar, con la copia simple de la licencia de conducir identificada con el número 01C4 53038, de chofer del Servicio Público y Mercantil, a nombre de Fernando Piña Castillo, expedida por la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de Puebla, con vigencia el tres de abril de 2014 al 2017, lo que se corrobora con el oficio DFJ/02/15/913/2015 de la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el que adjunta fotocopia certificada del formato de registro de datos generales del último trámite del sujeto activo de su licencia de conducir del servicio público de transporte y mercantil y la declaración de la agraviada María Teresa Yolanda Cordero Romero, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 87 del Código Penal en cita el ilícito en estudio se persigue de manera oficiosa, de ahí que no le beneficia el perdón otorgado por la pasivo del delito más que por cuanto hace a la reparación del daño, más no para extinguir la acción penal del delito en estudio." (foja 182). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
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