Fernando Nochebuena Juarez

Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
931/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Nochebuena Juarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó, no es de relevancia documental, y es destruible y susceptible de ser destruido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción II, del acuerdo general señalado. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues ya que pone fin al juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  2. Principal

    treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIACONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, en apoyo a su informe de ley, esta autoridad Federal advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de sobreseimiento, respecto del acto reclamado, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. ANTECEDENTES DEL JUICIO. En principio, es necesario precisar que por escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, contra el acto del 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, y otra autoridad, que precisó, previo desahogo de prevención. Por auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; I) Previo desahogo de prevención y ratificación de firma, por una parte, se desechó parcialmente el escrito de demanda respecto del acto consistente en la falta de judicialización de la carpeta de investigación y, por otra, se admitió la demanda sin incidente de suspensión respecto al acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la omisión de dar contestación y seguimiento a la petición de diecinueve de abril de dos mil veintitrés por parte de la autoridad responsable; II) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, III) se le dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. FIJACIÓN DE LA LITIS. Dicho lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el quejoso respecto del cual versa la litis en este controvertido constitucional, es: a) La omisión de dar contestación y seguimiento a la petición de diecinueve de abril de dos mil veintitrés por parte de la autoridad responsable. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Inexistencia de los actos reclamados. En primer término, es oportuno destacar que, como ya fue precisado, el acto reclamado en esta instancia constitucional es de naturaleza omisiva; por tanto, para determinar su existencia o inexistencia, no basta con la rendición del informe de la autoridad responsable en determinado sentido ni con la manifestación que al respecto realiza la parte quejosa en su demanda, ya que para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente una obligación correlativa para actuar en el sentido que pretende el gobernado, conforme lo dispongan las normas legales aplicables. Por ende, una omisión relacionada con la actividad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, independientemente de las afirmaciones de la parte quejosa y de las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. Es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa pretende, porque de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Resulta orientadora la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos" Sentado lo anterior, se advierte que las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, y 2. Fiscal General del Estado de Puebla, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye. En ese sentido, resulta evidente la inexistencia del acto que se analiza, tomando en cuenta que, para que se actualice la figura de omisión a que alude el quejoso, era necesario que la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, no hubiese dado contestación al escrito presentado por la víctima dentro de los autos de la carpeta de investigación de su índice, esto es, que la autoridad a la que se le atribuyó el acto reclamado, hubiera dejado de actuar conforme a lo establecido en la ley. Aunado a que tal contestación como se advierte del informe justificado y las constancias remitidas por la responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, aparece que se llevó a cabo con antelación a la fecha en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo. En efecto, la autoridad responsable, en el auto de veinticuatro de abril del presente año, acordó lo siguiente: ".Visto el contenido que del mismo escrito se desprende, mediante el cual el C. en su calidad de víctima, solicita que esta representación social se sirva pedir al Juez de Control en turno, cita de comparecencia en contra del imputado debiendo precisar de acuerdo a la clasificación de delitos, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta que se atribuye; por lo anterior, dígasele al ocursante no ha lugar acordar por el momento favorable su petición, ello ya que visto el estado que guardan los datos de prueba que integran la presente indagatoria y a efecto de no violentar los derechos fundamentales del presunto imputado, es importante mandar a citar a comparecer al hoy imputado a efecto de que declare en relación a los hechos que se investigan, y ya una vez que se le haya mandado a citar al mismo, comparezca o no dicho imputado esta representación social procederá a ejercitar acción penal en contra del imputado ante el Juez de Control correspondiente." Por lo que al haberse acordado antes de la presentación de la demanda (siete de septiembre pasado), la omisión reclamada es inexistente. Apoya lo anterior, a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En consecuencia, ante la inexistencia de la omisión reclamada, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional. Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto reclamado ha quedado acreditada fehacientemente con lo manifestado por las autoridades responsables en su respectivo informe justificado. Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, dada su relevancia, al tratarse de la determinación que pone fin a la litis constitucional. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por Así haberlo solicitado; y, por oficio a las autoridades responsables, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

  3. Principal

    treinta de octubre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable siguiente: 1 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Tlatlauquitepec, Puebla, Paulo César Díaz Alvear.Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBAS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la citada autoridad responsable, la documental que anexa, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y dos minutos del veinticinco de octubre del año en curso, SE DIFIERE; y, en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, por impulsar el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable siguiente: Fiscal General del Estado de Puebla. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe, y dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. MEDIOS DE CONTACTO. Ténganse el correo electrónico y número telefónico que señala la citada autoridad responsable, como medios de comunicación no procesal, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue(ron) presentada físicamente recibido (s) vía correo institucional debe constar por escrito ya que impulsa el procedimiento y genera una notificación u oficio. Notifíquese por lista a las partes.

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