Fernando PèRez Ramos
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando PèRez Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo y el auto donde se proveyó lo relativo a la suspensión provisional. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de abril del año en curso, por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En diverso aspecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda el sobre cerrado que devuelve la empresa de servicio de correspondencia acelerada "Estafeta" relativo al oficio 9127/2021 dirigido al Titular de la Agencia Trigésimo Sexta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con la leyenda DATOS INCORRECTOS, por el que se le comunicaba a esa entidad el auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno y suspéndase toda comunicación con esa entidad; ello considerando que a ningún fin práctico conduciría el reenvío de ese comunicado dada la decisión adoptada en el párrafo que antecede. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso firmado electrónicamente por Jorge Antonio de la Vega Nicasio, autorizado del quejoso Fernando Pérez Ramos, para que surta sus efectos legales correspondientes. Visto su contenido, se aprecia que el promovente solicita que se señale fecha y hora para que pueda acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a recoger el billete de depósito exhibido en este incidente de suspensión. Al respecto, a fin de llevar a cabo la diligencia de entrega de ese numerario se señalan las trece horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, relativo al trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo, se ordena generar la cita correspondiente a Jorge Antonio De La Vega Nicasio, a fin de que acuda al desahogo de la referida diligencia en el día y hora señalados con anterioridad; en la inteligencia que el endoso del billete de depósito se hará en favor del quejoso Fernando Pérez Ramos. Por tanto, genérese la cita respectivas desde la modalidad del programa "Agenda OJ"; en el entendido que el referido código QR se entregará personalmente a la parte quejosa. Así también, hágasele saber que deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional cuando menos con cinco minutos de anticipación a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia; asimismo, que deberán observar los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen en el edificio, entre ellas, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Finalmente, en virtud que la parte quejosa hasta el momento no ha señalado un domicilio físico para oír y recibir acuerdos y notificaciones, queda el referido QR de acceso a su disposición en la secretaría de acuerdos de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 314/2021 promovido por *** en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES En consideración del quejoso Fernando Pérez Ramos las autoridades señaladas como responsables pretenden privarlo de la libertad ambulatoria sin justificación alguna, porque aduce que no ha cometido algún delito. El disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito. El quejoso señalo como autoridades responsables: Juez Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Norte Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, Reclusorio Oriente Juez de Control adscrito al Centro Justicia Penal Federal en la ciudad de México, Reclusorio Sur Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca Comandante de la Guardia Nacional en el Estado De Oaxaca Titular de la Agencia Trigésimo Sexta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud De quienes reclama: La orden de aprehensión o comparecencia dictada en su contra, a las autoridades judiciales; y La ejecución de dicha orden, atribuida a las restantes. Por acuerdo de treinta de marzo actual, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 314/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que pretende ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: Del Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, Administradora del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte y Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, -en sus denominaciones correctas- combate: La orden de aprehensión o comparecencia dictada en su contra. Del Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca; del Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Oaxaca -en sus denominaciones correctas- y del Titular de la Agencia Trigésimo Sexta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, impugna: La ejecución de ese mandamiento de esos mandamientos de captura. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la orden de aprehensión decretada en contra del justiciable y su ejecución. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas responsables al rendir sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Informe justificado Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control La orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Administradora del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente La orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte La orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur La orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca. La ejecución de la orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional Oaxaca La ejecución de la orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable Negó el acto Titular de la Agencia Trigésimo Sexta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud La ejecución de la orden de aprehensión o comparecencia decretada en contra del justiciable No rindió su informe de ley En diverso aspecto el Titular de la Agencia Trigésimo Sexta Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, señalado como autoridad responsable ejecutora, no rindió su informe justificado. Sin embargo, dado que el justiciable lo señaló en su carácter de autoridad ejecutora y que la totalidad de las ordenadoras, negaron la certeza de los actos combatidos es inconcuso que el acto de ejecución atacado a ese ente es inexistente, porque no puede ejecutar un mandamiento que no se ha dictado. Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. Por cuanto hace a los alegatos formulados por la Fiscal Federal adscrita a este Juzgado de Distrito, resulta importante destacar, que este juzgador no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer en autos, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos, por lo que deberán estarse a lo resuelto en la presente sentencia. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia; al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
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