Fernando Peon Ayuso
Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Peon Ayuso
- Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de las diversas constancias del juicio laboral ******************** que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitió en atención al requerimiento de quince de junio de dos mil veintitrés, devuélvanse esos instrumentos mediante un oficio que se elabore con motivo de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 501/2023 promovido por ********************en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si el acto impugnado vulnera en perjuicio del inconforme el derecho fundamental de petición reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES De los hechos y las abstenciones que el justiciable manifestó bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes del acto reclamado se advierte que expuso que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, no ha dictado los acuerdos que correspondan respecto de los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio. El inconforme estima que el acto del ente responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. El justiciable señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a quien reclamó la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 501/2023. En la resolución de esa data, este Juzgado Federal declaró que carecía de competencia, por razón de turno, para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada ********************, dado que consideró que en la especie se actualizaba el supuesto de relación por conocimiento previo establecido por el ordinal 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a favor del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. En el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se tuvo al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, informando que no aceptaba la competencia que le fue declinada, por razón de turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, porque consideró que no se actualiza el supuesto de relación por conocimiento previo establecido por el artículo 45, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por las razones que estableció; en tal sentido, este órgano jurisdiccional realizó una consulta de turno a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que resolviera a qué órgano de control constitucional correspondía conocer de ese escrito inicial; no obstante lo anterior, en el acuerdo de esa data, se continuó con el trámite de este asunto para no suspender el procedimiento relativo de conformidad con lo que establece el ordinal 46 Quater, fracción IV, de ese acuerdo general de observancia general, por lo que se previno a la quejosa para que aclarara su escrito inicial. A través del ocurso presentado el veintiséis de mayo del año en curso, la quejosa atendió la prevención formulada. En razón de lo anterior, este Juzgado Federal en el proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por acuerdo de siete de junio del año en curso, se tuvo al Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal encargado de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo informado que corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca continuar con el conocimiento del presente juicio de amparo indirecto 501/2023, por las razones que expuso; en tal sentido, en términos de lo establecido por el ordinal 46 Quater, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en atención a lo decidido en la consulta formulada se ordenó la continuación con el conocimiento del presente medio extraordinario de defensa originado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama un acto que se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama el acto siguiente: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, combate: La omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio. V. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO Es cierto el acto reprochado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio, aun cuando en su informe justificado negó parcialmente la existencia de esa actuación; empero, esa negativa se desvirtúa con las manifestaciones que con posterioridad realizó, porque expresamente reconoció que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había dado respuesta a las solicitudes que el disidente formuló; de ahí que se tenga por demostrada la certeza del acto combatido. Además, esa certeza se patentiza con los escritos que el justiciable presentó ante la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio, los cuales acompañó a la demanda de amparo, así como con las copias certificadas de las actuaciones de ese asunto que la responsable exhibió en apoyo de su informe justificado y en atención al requerimiento de quince de junio del año en curso, a los que se otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto por los normativos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas actuaciones se desprende que a la fecha en la que se promovió este asunto existía la omisión impugnada, porque ese ente no había dado respuesta a las solicitudes que el disidente formuló a través de los ocursos señalados. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto impugnado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa omisión, porque el uno de junio de dos mil veintitrés, ese ente público dio respuesta a las peticiones formuladas por la parte quejosa y esa contestación se notificó personalmente al disidente el dieciséis de junio posterior, a través de su apoderada legal. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el quejoso reclama de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a ese ente público a dictar la respuesta que corresponda a las peticiones que formuló y que notifique esa contestación. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las documentales que la responsable aportó se advierte que exhibió el acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ********************, mediante el cual dio contestación a las solicitudes del justiciable. Esa documental se exhibió en apoyo de su informe justificado y en atención al requerimiento de quince de junio del año en curso, la cual se recibió en el acuerdo de tres de los corrientes dictado en este asunto y del cual se dio vista al disidente, el cuatro posterior, lo cual evidencia que el agraviado tuvo conocimiento de la respuesta dada por el ente responsable. Lo anterior evidencia que la autoridad responsable ya dictó la respuesta que correspondía a las peticiones formuladas por el disidente y que se notificó personalmente a éste esa contestación el dieciséis de junio del año en curso, a través de su apoderada legal, por lo que tiene conocimiento de la respuesta que recayó a sus peticiones, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la actuación que la responsable realizó y con la notificación personal que llevó a cabo ese ente público se demuestra que los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar los acuerdos que correspondan a los escritos que presentó el nueve de noviembre y el quince de diciembre, ambas fechas de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************, en los que solicita la ejecución del laudo dictado en ese contradictorio. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en el apartado VI de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que transcurre el plazo de ocho días previsto por el arábigo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo para que el justiciable se imponga del contenido de las constancias del juicio laboral J.32/255/2012 que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, remitió en atención al requerimiento de quince de junio del año en curso, para respaldar su informe justificado, por lo que dicha circunstancia impide la celebración de la audiencia constitucional. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración a las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al cuaderno en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en atención al requerimiento de quince de junio del año en curso, señala que remite copias certificadas de las constancias del juicio laboral ********************. Al respecto, se tiene a la citada autoridad por atendida la prevención indicada, se recibe la documentación que aporta y se deja insubsistente el apercibimiento formulado en la resolución judicial señalada. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo téngase al Tribunal del trabajo responsable por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento En otro punto, para un mejor manejo de los documentos que el órgano de administración de justicia responsable aportó fórmese por separado el tomo I de pruebas con las copias certificadas de las diversas constancias del juicio laboral ********************, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido que conforma el expediente relativo a este asunto. Notifíquese.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Fernando Obregón Vargas1830/2016
- Fernando Obregón Vargas1845/2016
- Fernando Ortiz Palacios228/2022
- Fernando Padilla Gómez1421/2021
- Fernando Paniagua Luis132/2021
- Fernando Paniagua Luis408/2015
- Fernando PèRez Ramos314/2021
- Fernando Pérez Vázquez1209/2023
- Fernando Ponce de León Rodríguez244/2018
- Fernando Primo Martínez390/2019
- Fernando Reyes Castillo257/2020
- Fernando Robledo Chila1147/2015