Fernando Peñaloza Quiterio

Expediente 179/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
179/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Fernando Peñaloza Quiterio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada en el presente asunto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En consecuencia, gírese copia autorizada de la resolución de mérito, a la autoridad responsable. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamente en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el informe justificado; con su contenido y constancias que acompaña, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la se advierte que el día de hoy se encuentra programada la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, por lo expresado en el primer párrafo y para dar margen que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido informe justificado; con su contenido y constancia que acompaña en apoyo al mismo, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, de la constancia que anexó a su informe justificado la autoridad responsable citada en líneas precedentes, se advierte que resulta necesario el acuerdo de siete de marzo del año en curso, emitido en el expediente laboral 1327/2009 de su índice y la notificación correspondiente a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero; por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación remita copia certificada de las constancias antes señaladas. Lo anterior, a fin de que este órgano constitucional esté en aptitud de resolver el presente asunto; apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 260, fracción IV; de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

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