Fernando Mata Bustos
Expediente 866/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 866/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fernando Mata Bustos
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual envía copia debidamente certificada del testimonio pronunciado en el recurso de queja laboral 173/2016; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por FERNANDO MATA BUSTOS, por conducto de su autorizado, en contra del auto de veinticinco de julio de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de amparo indirecto 866/2016". En consecuencia, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Visto el escrito presentado por......, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinticinco de julio del año en curso, dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo. Una vez que se haya notificado a la parte recurrente, remítase el original de dicho escrito y el informe respectivo en relación a la materia de la queja, al que deberá adjuntarse copia certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de garantías para la substanciación de dicho recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por .....en su carácter de apoderado legal del quejoso Fernando Mata Bustos; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad responsable. Regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 866/2016-V, y fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de garantías, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie, a juicio de la suscrita se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, en el caso, los actos reclamados por el peticionario de garantías, consisten en: "Acuerdo de fecha 3 de junio del año 2016, por el cual de manera indebida la autoridad responsable se niega a percibir al ayuntamiento demandado, en caso de no dar cumplimiento al requerimiento que le formulo en dicho auto, con la multa de 200 a 500 días de salario mínimo, de conformidad como lo establece el numeral 95 del Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Desconcentrados del Estado de Guerrero, reformado el día 25 de agosto de 2015 y que establece dichas multas por no cumplir con las determinaciones del Tribunal, aduciendo retroactividad en perjuicio del Ayuntamiento demandado de conformidad con el artículo 14 constitucional" Por tanto, es evidente que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que el peticionario de garantías, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el tres de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dictó un acuerdo en el expediente laboral 292/2006 (acto reclamado), de su índice, en donde la responsable se negó a apercibir al Ayuntamiento demandado, en caso de no dar cumplimiento con una multa que estuviera dentro del parámetro de los 200 a los 500 días de salario; que establece el artículo 95 del Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Desconcentrados del Estado de Guerrero, reformado el día 25 de agosto de 2015. Por lo que, el acto que aquí pretende reclamar no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo pronunciado dentro del expediente natural, ni mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para ejecutar el mismo; a lo que es aunado que en el caso no se advierte que se vulnera en la emisión del acto combatido derechos sustantivos que hiciera procedente por esa circunstancia, el juicio de amparo indirecto; de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. Sin que pueda tener trascendencia alguna la valoración de "irreparable" del acto que se reclama, toda vez que tal aspecto no puede incidir en el análisis de los actos actualizados en la fase de ejecución de una sentencia o laudo de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que a continuación se cita. Es aplicable al caso particular la Tesis 1a./J. 29/2003, visible en la página 11, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, primera Sala, Novena Época, Tomo XVII, Junio de 2003, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". De igual forma, tiene aplicación a contrario sensu la Tesis Aislada Tesis: I.3o.C.51 K (10a.), visible en la página 1588, Décima Época, Registro: 2007139, Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada. Pues bien, en atención a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción VI, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a ********************, por no reunir el anterior requisito.
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