Fernando Palomino Hernández

Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
673/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Fernando Palomino Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Orden de archivo. Archívese el expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Orden de depuración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR LISTA DE ESTRADOS Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo dar a la ejecutoria de amparo. Determinación judicial de cumplimiento de ejecutoria. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Antecedentes. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Fernando Palomino Hernández, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: -Se tuvo como acto reclamado: La omisión de tramitar, acordar, resolver, emitir dictamen de pensión y dar contestación al escrito de petición de veinticuatro de enero de dos mil veinte, presentada ante la Unidad de Atención al Derechohabiente de Ecatepec, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), así como al oficio número 006, recibido el trece de julio de dos mil veinte. Sentencia de amparo. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia definitiva por esta autoridad, la cual causó ejecutoria el catorce de junio del mismo año, en la que se determinó conceder el amparo al impetrante, para los siguientes efectos: Que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia, en el término de tres días, de contestación por escrito a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte, y lo notifique personalmente al peticionario, de conformidad con la legislación aplicable. Sin que lo anterior implique de facto que las referidas solicitudes sean respondidas favorablemente a los intereses del quejoso, pues en su caso, ello deberá ser motivo del análisis y dictaminación correspondiente de las autoridades responsables de acuerdo a sus atribuciones y facultades. Debiendo además de ordenar la notificación personal del quejoso, dejar el escrito de respuesta a su disposición en la unidad administrativa donde se inició el trámite respectivo Solicitud de cumplimiento. En proveído de catorce de junio de este año, la sentencia protectora causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento a las responsables, para que acataran los lineamientos del fallo protector. Efectos del fallo protector. En la sentencia de amparo, se requirió a la autoridad responsable, para que: En el ámbito de su competencia, en el término de tres días, diera contestación por escrito a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte, y lo notifique personalmente al peticionario, de conformidad con la legislación aplicable. Información de cumplimiento. En proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y anexos por los que las autoridades responsables comunicaron la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que este juzgado de distrito concedió la protección constitucional, fueron los siguientes: El artículo 8º constitucional tutela el derecho de petición, consistente en que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero, en materia política, sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República; así como que a toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual, tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En el caso, el quejoso adjuntó los documentos de los cuales, se advirtieron las peticiones que efectuó de manera pacífica y respetuosa la parte quejosa a las autoridades responsables, cuya omisión de respuesta reclama. Ahora, pese haber sido recibidos los escritos en comento por las autoridades responsables, éstas fueron omisas en dar contestación a los escritos referidos, lo cual, resultó violatorio de lo dispuesto en el artículo 8º constitucional, siendo que toda autoridad, está obligada a dar respuesta, por escrito y en breve término, a las solicitudes que de manera pacífica presenten los particulares, así como a notificar su determinación al interesado. Asimismo, del análisis armónico de los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), en relación con el diverso numeral 75 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); se advirtió que las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto, deberán ser respondidas en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente; asimismo que, cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud y, que una vez ingresada la solicitud, el referido instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles, debiendo dejar el escrito de respuesta a disposición del promovente en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución. Lo que permitió concluir, que las solicitudes que señala el quejoso, fueron presentados el veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte y, a la fecha en que se emitió la sentencia protectora, no se había emitido respuesta a las solicitudes referidas, y por ende, éstas no han sido notificadas personalmente al ahora quejoso. En efecto, se advirtió que la autoridad responsable contaba con treinta días para dar contestación a las peticiones que les fueron formuladas; sin embargo, dicho término ha transcurrido con exceso, sin que se contara con las respuestas y notificación de las mismas al peticionario del amparo, por ende, su actuar resulta violatorio. Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 77 de la Ley de Amparo estable: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: --- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y --- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. --- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. --- (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) --- En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. --- En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. --- En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos constitucionales violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado es de carácter omisivo al tratarse de la falta de contestación y notificación a las peticiones formuladas por el amparista; por lo que el objeto de la concesión fue para que la autoridad diera respuesta a las peticiones del impetrante y ordenara su notificación. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte en lo que interesa, lo siguiente: Mediante oficio de nueve de julio de dos mil veintiuno, el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informó el cumplimiento total que dieron las responsables adjuntando las constancias que lo así lo acreditaron, de las que se advierte: El dictamen de pensión emitido en favor de Fernando Palomino Hernández de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en cual se resolvió otorgar al quejoso una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, con el que se dio respuesta a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte. La notificación realizada al amparista el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, respecto al contenido de dicho dictamen, donde consta el nombre y firma de Fernando Palomino Hernández, con la leyenda "recibí dictamen pericial". Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. En términos del artículo 196, párrafo segundo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, en principio, se estima que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la suspensión que concedió la protección constitucional, en tanto que hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Luego, como se precisó en líneas precedentes, la concesión del amparo fue para que la autoridad, en el ámbito de su competencia, diera contestación por escrito a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte, y notificara personalmente al peticionario. Luego, las autoridades responsables remitieron el dictamen de pensión emitido en favor de Fernando Palomino Hernández de fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en cual se resolvió otorgar al quejoso una pensión de retiro por edad y tiempo de servicio, con el que se dio respuesta a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte; mismo que fue le fue notificado al quejoso el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, respecto al contenido de dicho dictamen, donde consta el nombre y firma de Fernando Palomino Hernández, con la leyenda "recibí dictamen pericial". Así, se aprecia que las autoridades responsables atendieron cabalmente a la ejecutoria de amparo. De ahí que la suscrita considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que las autoridades responsables dieron respuesta a las peticiones del amparista y le notificaron el sentido de la misma, con lo que se dio cumplimiento al fallo protector. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a las autoridades responsables, dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Del archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector emitido en el presente juicio, y al efecto remite las constancias respectivas para demostrarlo. En consecuencia con el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, apercibido que de no hacerlo, esta Juzgadora se pronunciará al respecto apoyándose de las constancias que obran en el presente asunto.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio suscrito por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, informa las gestiones que encuentran realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto y solicita le sea concedida una prórroga a efecto de que se encuentre en aptitud de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Determinación de prórroga de cumplimiento. Ahora bien, al respecto, conviene citar el proveído 193 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." El citado artículo, regula el procedimiento de ejecución de las sentencias concesorias de amparo, en que se otorga a la autoridad tres días para su cumplimiento, una vez que hubiere causado ejecutoria; a su vez, confiere una facultad discrecional a los órganos de control constitucional, para ampliar el plazo que tienen las autoridades responsables para dar cumplimiento a las ejecutorias donde se conceda la protección constitucional, para lo cual deben atender a la complejidad o dificultad del asunto, con la única restricción de que el plazo que fijen sea razonable y se determine estrictamente. En ese sentido, para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular; así, de la revisión de las constancias del presente asunto, se desprende que en la sentencia dictada en el presente asunto, se determinó conceder la protección constitucional a la parte quejosa, para los siguientes efectos: Que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia, en el término de tres días, de contestación por escrito a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte, y lo notifique personalmente al peticionario, de conformidad con la legislación aplicable. Lo anterior, sin que implique de facto que las referidas solicitudes sean respondidas favorablemente a los intereses del quejoso, pues en su caso, ello deberá ser motivo del análisis y dictaminación correspondiente de las autoridades responsables de acuerdo a sus atribuciones y facultades. Debiendo además de ordenar la notificación personal del quejoso, dejar el escrito de respuesta a su disposición en la unidad administrativa donde se inició el trámite respectivo. De los lineamientos transcritos, se desprende que la concesión imponen la obligación a las responsables en el ámbito de su competencia, en el término de tres días, den contestación por escrito a las peticiones formuladas por la parte quejosa los días veinticuatro de enero y trece de julio de dos mil veinte, y notifiquen personalmente al peticionario, de conformidad con la legislación aplicable; debiendo además de ordenar la notificación personal del quejoso, dejando el escrito de respuesta a su disposición en la unidad administrativa donde se inició el trámite respectivo. Luego, la autoridad responsable en esta fecha, presentó un oficio comunicando las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, manifestando las consideraciones pertinentes respecto a una solicitud de prórroga. Entonces, atendiendo a los lineamientos señalados; y a los actos que debe llevar a cabo las responsables para cumplir con la ejecutoria de amparo, así como a la naturaleza del procedimiento de origen, de una ponderación razonada de los aspectos que influyen para emitir la resolución correspondiente, se considera ajustado a derecho otorgar una prórroga por siete días hábiles, a efecto de que las responsables cumplan con los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2892, Libro 2, enero de 2014, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE". En el entendido de que las autoridades responsables deben demostrar haber utilizado todos los medios a su alcance para lograr emitir la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Apercibimiento. Se apercibe a las responsables que de no dar cumplimiento en el plazo otorgado, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo.

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