Fernando Nicolas Bautista Lopez

Expediente 1723/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1723/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Fernando Nicolas Bautista Lopez
  • Jorge Omar Gutierrez Cortes

Actuaciones

  1. Principal

    Autoridad en cita informa que mediante proveído de veintiocho de diciembre del año pasado, se avocó al conocimiento del asunto y el nueve de enero de dos mil diecinueve, admitió a trámite la demanda de amparo... archívese este asunto como total y definitivamente concluido... se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción en el termino señalado... T

  2. Principal

    ... solicítese de la manera más al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que confirme la recepción o informe el estado procesal que guarda el amparo 1678/2018, lo anterior para estar en aptitud de proveer lo referente al archivo definitivo en el presente juicio... T 1 of

  3. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por Fernando Nicolás Bautista López, Roberto Jaime Rangel Oregón, Jorge Omar Gutiérrez Cortés, Araceli Palacios Duque, Yesenia Díaz Delgado, Juan Guadalupe Aguilar Gil, Gerardo Correa de la O, Faviola Ramírez Franco, Erika Viridiana Cajero Ruíz, por propio derecho, mediante el cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 1723/2018-IV, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. De conformidad con los artículos 15 y 16 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo o rúbrica de los artículos 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Publicado en el Diario de la Federación el 5 de noviembre de 2018. La discusión, aprobación, expedición promulgación, publicación y refrendo o rúbrica del decreto por el que se adicionó al Título Décimo el Capítulo V Bis, y los artículos 217 Bis y 217 Ter., del Código Penal Federal, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de dos mil dieciocho. Se estima que este juzgado de distrito no es competente para conocer respecto a los actos reclamados. Ello, porque el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En las dos primeras reglas mencionadas, la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material se surte a favor de determinado juez de distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, ya que si el acto trata de ejecutarse, se ejecuta o ya se ejecutó, en un determinado distrito cobra aplicación la primera hipótesis; por otra parte, si ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, se actualiza la segunda de las indicadas, y por último, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; emergiendo así la tercera hipótesis mencionada en el artículo antes transcrito. En el caso, se advierte que los actos reclamados se ejecutarán en la Ciudad de México, toda vez que los quejosos laboran en el Juzgado Octavo de Distrito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por lo que, se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece la competencia del juez de distrito, con jurisdicción en el lugar donde se haya ejecutado o se trate de ejecutar el acto reclamado. Con base en ello, corresponde conocer de la presente demanda a un JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, por ser el que tiene competencia territorial, en el lugar donde labora la parte quejosa, que es donde tendrán ejecución los actos combatidos. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia número 91, visible en la página 142, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1985, Parte VIII, Segunda Sala, que es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Por tanto, se declina la competencia para conocer de la demanda al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, para ello, remítasele la demanda de mérito y las copias de traslado, formándose el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicítese, atentamente, al similar a quien le sea turnado el escrito, se sirva acusar de recibido e informar si acepta o no la competencia planteada. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de la Materia, se tiene como representante común de los quejosos a Fernando Nicolás Bautista López. Respecto a la solicitud para consultar el presente juicio de amparo en el Sistema Electrónico y realizar todo tipo de notificaciones por ese mismo medio, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se le acuerda favorablemente la autorización solicitada, en la inteligencia de que el acceso respectivo, estará condicionado a que la firma en relación con la cual, se otorgue la autorización se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trate. En consecuencia, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice las gestiones necesarias a efecto de que el usuario RobertoRangel85, pueda consultar el presente juicio de amparo vía electrónica. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.

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