Fernando Padilla Gómez
Expediente 1142/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Padilla Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Colegiado acepta recurso y acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede Oaxaca de Juárez, con el que informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ********************, por propio derecho y representación de su menor hija ********************., en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; el cual se radicó con el número ********************, de los cual se toma nota y se está a la espera de que la superioridad resuelva dicho recurso para acodar lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el tres de octubre de dos mil veintidós, recibido en esa data por la Oficina de Correspondencia Común que presta auxilio a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Fernando Padilla Gómez, promovió demanda de amparo contra actos del 1) Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; 2) Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca de Juárez; y 3) Director de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que en el considerando segundo de esta resolución se precisarán. Actos que estima transgreden los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La citada demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite con el número de expediente 1142/2022; en dicho proveído, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se otorgó a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, se tuvo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, como denominación correcta de la autoridad que el quejoso denominó "Director de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca". Posteriormente, en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a .... apersonándose al presente juicio, con el carácter de tercera interesada, por propio derecho y en representación de su menor hija M.F.P.G. , TERCERO. Audiencia Constitucional. Seguido el juicio en su trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el referido órgano de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; toda vez que se trata de un asunto en materia civil, emitido por una autoridad que reside en el territorio donde este juzgado tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de una lectura integral del escrito inicial de demanda, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consisten en: ? A la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: 1. El acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 302/2022, de su índice, en la parte relativa en la que emitió la medida de protección para que el quejoso ..., no se acercara al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro, que frecuente .... así como la prohibición de intimarlas o molestarlas en su entorno social. 2.- La orden de girar oficios al Comisionado de la Policía Estatal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, para que brinden protección en el domicilio de ... ? Al Comisionado de la Policía Estatal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez: 1.- La ejecución de la medida de protección reclamada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez (por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de esa Secretaría), y el Comisionado de la Policía Estatal (por conducto del director jurídico de esa dependencia), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les atribuye. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 368, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o inexistencia del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman a las citadas responsables. Máxime que de las copias certificadas del expediente familiar 302/2022 que remitió la jueza responsable como apoyo a su informe justificado, que obra en un tomo de pruebas por separado, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; se advierte que si bien en el acuerdo de quince de julio de dos mil veintidós, ordenó girar oficios a las autoridades policiales a efecto de que vigilaran que se llevara a cabo la medida de protección decretada contra el demandado, ahora quejoso; también cierto es que no obran en dicho sumario los oficios librados y menos aún que las autoridades policiales hayan quedado notificadas; lo que se corrobora con los informes justificados de dichas autoridades ejecutoras en las que expresaron que no recibieron ningún oficio o solicitud por parte de la jueza responsable en los que se le ordenara llevar a cabo o dar cumplimiento a alguna medida de restricción emitida en el expediente familiar en cita. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por la parte quejosa, ni demostrado -con evidencia alguna- en el expediente de amparo la existencia del acto de ejecución que se les atribuye, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, únicamente por cuanto hace a las citadas autoridades responsables. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pues así lo expresó en su informe justificado. Lo que además se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente familiar 302/2022, de su índice, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado (tomo de prueba por separado); documental a la que anteriormente se le ha otorgado valor probatorio. Tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para el análisis de los actos reclamados, se estima conveniente destacar los antecedentes que se desprenden de las pruebas documentales allegadas al asunto, de las que se advierte que: El quince de julio de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, radicó y admitió a trámite el expediente 302/2022, formado con motivo de la demanda presentada por ..., en la que demandó a ..., en la vía de controversias del orden familiar, la pensión alimenticia y guarda y custodia de la menor M.F.P.G.; ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, y entre otras determinaciones, decretó una medida de protección de emergencia solicitada por la ahí promovente. El auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 302/20202, en su parte conducente, es del siguiente tenor: "OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. [.] Como lo solicita la promovente y con la finalidad de resguardar la integridad física y psicoemocional de la adolescente, con fundamento en los artículos 13, 22, 43 y 46 de la ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como los artículos 27, 28, fracción II, 29 fracción IV de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se dicta a favor de la promovente...y de sus hijas con iniciales A.A.M.G. y M.F.P.G., como MEDIDA DE PROTECCIÓN la prohibición al ciudadano ... de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, el domicilio o cualquier otro lugar que frecuente la actora y sus hijas; la prohibición de intimar o molestar a la actora y a sus hijas en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; por lo que, se comisiona a la actuaria que al momento de notificar el presente auto al demandado ... le haga saber que esta Autoridad le prohíbe acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, el domicilio o cualquier otro lugar que frecuente la actora ... y de sus hijas con iniciales A.A.M.G. y M.F.P.G.; así también, le prohíbe intimar o molestar a la actora .... y de sus hijas con iniciales A.A.M.G. y M.F.P.G. en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familiar. Con el apercibimiento para el caso de omisión la parte actora promoverá lo correspondiente. Como medida de protección ante las actitudes violentas del demandado ... que menciona la actora, se ordena girar oficios a las corporaciones policiacas (policía Estatal) dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; así como, al Director de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que realicen rondines en el domicilio de la actora ARELI GUTIÉRREZ VARGAS y de sus hijas con iniciales A.A.M.G. y M.F.P.G, el ubicado en Avenida Símbolos Patrios, número doscientos catorce, en la colonia Miguel Alemán, Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y les brinden protección ante las actitudes violentas del demandado .... Debiendo informar a esta Autoridad de forma semanal respecto a la protección brindada a la actora ... Sin que se acuerde procedente la medida que solicita de conminar al demandado que abandone, se salga del domicilio ubicado en la calle Moctezuma, número doscientos tres, colonia nuevo México, san Jacinto Amilpas, Oaxaca, toda vez que como lo refiere, el demandado tiene en arrendamiento ese inmueble, y al ser este un juicio de controversias del orden familiar la desocupación por parte del demandado del inmueble que refiere la debe tramitar ante la Autoridad competente, lo anterior con fundamento en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado." El cual constituye el acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. Resulta innecesario transcribir los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso expresa en sus conceptos de violación que el acto reclamado es violatorio de sus derechos, en virtud que la medida de protección no está debidamente fundada ni motivada; que la Juez responsable basó su determinación únicamente en lo expuesto por la actora, sin tomar en cuenta otros medios probatorios y que no se estableció una temporalidad para dicha medida de protección. Son fundados los conceptos de violación. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esencia, dispone que los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral e impone a los ascendientes, tutores y custodios la obligación de velar por la preservación de esos derechos; incluso, se fija al Estado, como mandato de optimización, tomar las acciones conducentes para propiciar el respeto a la dignidad infantil y el pleno ejercicio de sus derechos, con base en el principio de interés superior del menor. Los artículos 3, 9 y 12 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, imponen a las instituciones públicas y privadas (incluidos los tribunales) velar por el interés superior de los menores, privilegiando que se desarrollen y crezcan con la protección y cuidado necesarios para su bienestar, seguridad y sanidad, es decir, rodeados de afecto, seguridad moral y material, primordialmente, al lado de sus padres, salvo el caso de que éste sea maltratado, descuidado o bien, los padres vivan separados y deba decidirse sobre la residencia del menor. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos 1, 7, 22, 23, primer párrafo, 26, 27, 28 y 29, establecen, en síntesis: que las cuestiones relacionadas con los niños son de orden público, interés social y observancia general. Impone la obligación de garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la necesidad prioritaria de asegurar su permanencia dentro del seno familiar; el derecho a convivir y mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular; así como el establecimiento de instituciones idóneas para la defensa y representación de los menores. De ahí que, atendiendo a la obligación de todos los juzgadores de este país y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se impone proteger el interés superior de los menores de edad, tratándose de cualquier procedimiento jurisdiccional en que se involucre un menor de edad. El concepto interés superior de la niñez, cuya salvaguarda es prioritaria en el sistema jurídico mexicano, permite delimitar con precisión y claridad los derechos que les corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la sociedad hacia las personas que ejercen la patria potestad o custodia, de tal manera que la protección de los infantes en México se ubica incluso por encima de los derechos de los adultos, y cumple hoy en nuestro sistema jurídico una trascendente función de orden público e interés social. En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. Al efecto se invoca, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), número de registro 159897, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro XV, Tomo 1, página 334, Diciembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así como la tesis P. XXV/2015 (10a.), publicada en la página 236, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Pleno, Décima Época, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático". Ahora bien, se considera que la resolución impugnada viola el principio de legalidad previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa, al no estar suficientemente motivada. El ordinal 16 constitucional dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]" El precepto trascrito contiene el derecho fundamental de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y además estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia localizable en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En el presente caso, se reclama la parte del auto de quince de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente familiar 302/20202, en que la jueza responsable dictó una medida de protección, para que el demandado, ahora quejoso, no se acerque al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, o cualquier otro lugar que frecuente.... y sus hijas A.S.M.G. y M.F.P.G., así como la prohibición de intimarlas o molestarlas en su entorno social. Al respecto, los artículos 664 Quinquies, 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, disponen: "Artículo 664 Quinquies.- Admitida la demanda de divorcio, el juzgador requerirá al actor para que en término de tres días ratifique su demanda y una vez ratificada, se decrete el divorcio inmediatamente, asimismo debe ordenar notificar personalmente al otro cónyuge sobre la demanda y propuesta de convenio y se le emplazará para que conteste dentro del plazo de cinco días, manifestando si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio. Además se señalará día y hora para la audiencia preliminar que tendrá verificativo después de cinco y antes de quince días contados a partir de la notificación del propio auto. En el mismo auto en que admita la demanda de divorcio, el juzgador de oficio proveerá sobre las medidas provisionales correspondientes. Contra estas medidas no se admite más recurso que el de responsabilidad. " "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Tratándose de situaciones en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, el órgano jurisdiccional deberá observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez." "Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable. En la formalización del convenio a que se refiere el segundo párrafo de este precepto, el Juez Familiar exhortará al deudor alimentario a que cumpla a cabalidad y hará saber a éste que el incumplimiento de su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, puede constituir un delito que merece pena de prisión conforme a lo establecido por el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que en caso de que esto suceda, a petición de la parte afectada se dará vista al Ministerio Público; sin que ello impida u obstaculice el derecho del acreedor alimentario de ocurrir ante la autoridad ministerial por sí mismo." El primero de los artículos transcritos establece que el juez o la jueza al admitir la demanda de divorcio, de oficio deberá proveer sobre las medidas provisionales correspondientes. Mientras que el segundo, señala que los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público, en que la autoridad judicial tiene la facultad de tomar las medidas urgentes que sean necesarias para proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Así también, el tercer precepto indica que el juez o jueza de lo Familiar decretará las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Ahora bien, la medida precautoria decretada en favor de las menores involucradas (adolescentes), dictada en auto de quince de julio de dos mil veintidós, se emitió al tenor de lo solicitado por la progenitora de éstas, pues refirió temor fundado del comportamiento del quejoso, en causarle algún daño irreparable a ella o a sus menores hijas. Así, al decretar la medida precautoria la jueza responsable únicamente se limitó a considerar lo indicado por la promovente sin expresar las razones por las cuales emitió la medida precautoria en favor de ella y las menores y de la procedencia de la temporalidad en que debe subsistir. En el caso, aun cuando la autoridad responsable tiene facultades discrecionales para resolver las controversias en materia familiar, también es que debe fundar y motivar sus resoluciones, para que en forma lógica se deduzcan los hechos, pruebas y leyes que les sirvan como antecedentes. Lo anterior, pues la autoridad responsable solo sustentó su actuar en las manifestaciones de la promovente, sin establecer las razones, motivos, circunstancias, hechos y pruebas con las cuales sustente su determinación, ni tampoco de la procedencia de la temporalidad en que debe subsistir. Aunado a que, toda determinación que involucre menores o adolescentes debe resolverse en atención al interés superior del menor, ello al tenor de lo establecido en el artículo 4° Constitucional, concatenado con lo dispuesto en el numeral 3 de la Convención sobre los derechos del Niño. Entonces, si el artículo 16 Constitucional, consigna el derecho humano que toda resolución debe estar debidamente fundada y motivada, entendiéndose por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso; y por lo segundo las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; la resolución que hoy se analiza se estima violatoria del artículo 16 Constitucional, lo que hace procedente conceder el amparo solicitado al quejoso. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable Juez Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de quince de julio de dos mil veintidós, en la parte relativa en la que decreta una medida de protección en favor de ... dictado en el expediente familiar 302/2022 de su índice, y ordena girar oficios a la Policía Estatal y Director dela Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para la vigilancia de dicha medida. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción emita uno nuevo debidamente fundado y motivado, el cual puede ser en el mismo sentido, pero que establezca los hechos, circunstancias, pruebas y leyes que le sirvan como sustento, a fin de justificar tal medida; así como la temporalidad de la misma, atendiendo al interés superior del menor, con independencia de los intereses y derechos de sus progenitores. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1142/2022, promovido por ...., en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., contra el acto que reclama de la Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA."
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previo aviso...ro, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1142/2022, promovido por ...., en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ..., contra el acto que reclama de la Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA TERCERA INTERESADA."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el oficio de la Jueza Octavo Familiar y Conclusión de Asuntos del Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental de la responsable, el juego de copias certificadas deducidas del expediente familiar 302/2022, de su índice, que acompaña a su informe, prueba que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Fórmese tomo de prueba con el citado juego de copias certificadas respetando el sello, folio y rúbrica de las mismas, las que quedarán bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomo I de pruebas. En virtud de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintidós, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, del estado de los autos se advierte que en auto de cinco de octubre pasado (foja 18 a 22), se autorizó la práctica de notificaciones electrónicas por conducto del usuario Eduardo_baga; por tanto, no ha lugar a tenerle señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo, ubicado en Cuarta Privada de Villa Hermosa, número ciento cuatro********************, Centro, Oaxaca, en tanto que, conforme al citado proveído, sus notificaciones se realizarán de manera electrónica, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.
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