Fernando Ortega Nery

Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
775/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Ortega Nery

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b, aplicado por analogía al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano en este juicio; por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de conservación íntegra. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo como asunto concluido, será transferido a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Se acuerda diligencia de notificación. Vista la diligencia de notificación de dos de octubre del año en curso, efectuada al quejoso Fernando Ortega Nery, en la que manifiesta que ya fue atendido de la operación de la hernia que padecía; asimismo, solicita se le realice ultrasonido por los malestares que sufre, lo atienda el traumatólogo por lo lumbares y porque se le duerme la mano derecha, solicita valoración con el urólogo, así como para operación de su vista por ser candidato para ello. En atención a lo anterior, toda vez que en veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y que los padecimientos que señala el quejoso no fueron materia de este juicio, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto. No obstante, con dichas manifestaciones dese vista al abogado autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de que, en su caso, realice visita carcelaria a su representado y despeje sus inquietudes en relación con los padecimientos que refiere; lo cual deberá ser notificado por medio de lista, al no contar con algún domicilio en donde localizarlo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 775/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", Presidenta del Comité Técnico, Director de Guarda y Custodia y de Seguridad, Director Técnico, y Directora Encargada de Servicios Médicos dependiente de la Dirección Técnica, todos del mismo Centro penitenciario con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y del Comisionado del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 4º, 20 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Suspensión de plano y admisión. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Federal, el cual se radicó con el número de juicio de amparo 775/2023, y en auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, solicitó informe a las autoridades responsables relativo al cumplimiento a dicha suspensión, admitió la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que la omisión reclamada se atribuye a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda. En ese sentido, se advierte que ******************** reclama: La orden de no proporcionarle atención médica ni el tratamiento médico respectivo, derivado de que lo operaron de una hernia, y consecuencia de ello sufre intenso dolor de cuerpo, náuseas, dolor de cabeza, demasiado dolor abdominal, y está en contacto con personas que padecen covid, por lo que considera que él también tiene covid y teme por su vida y su salud. La prohibición de autorizar que sus familiares depositen dinero para que se le suministren los medicamentos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. I. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Comisionado en Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, negó la existencia de los actos reclamados, pues refiere que él no ha ordenado que se le niegue atención médica al interno ********************, ni que se prohíba que sus familiares le depositen dinero para la compra de los medicamentos que se le prescriban. Aunado a que manifiesta que corresponde a los Directores Generales de cada Centro Federal a su cargo, la supervisión de las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad en el mismo. De tal forma, que este Juzgado Federal, ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niega bajo la justificación de que legamente no estaba obligada a actuar en la manera en que lo exige el gobernado; debe analizar precisamente ese aspecto de existencia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.99/2018, visible en página 926, Libro 59, octubre 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018110, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." De conformidad con los artículos 28, 29 y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, se advierte que en dichos sitios de reclusión debe existir un titular del área de servicios médicos, encargado de proporcionar a los internos la atención médica necesaria, el cual está subordinado jerárquicamente, de manera directa, al Director General de dicha Institución, quien debe integrar un expediente médico de cada interno en el que se debe dar seguimiento a su estado físico. Por tanto, la aludida autoridad responsable no está obligada a proporcionar la atención médica a un interno; en consecuencia, al no existir el supuesto que condiciona la existencia de la omisión reclamada, esto es, un deber de hacer incumplido; procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, respecto de los actos reclamados del Comisionado del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. Respecto del acto reclamado consistente en la prohibición de autorizar que los familiares del interno depositen dinero para que se le suministren los medicamentos; todas las autoridades responsables informaron que sí existe prohibición para autorizar a la familia de los internos o a sus defensores, para que introduzcan medicamentos, ante el riesgo de que exista alteración en su composición y se introduzca alguna sustancia prohibida dentro de ese centro penitenciario, pero no existe prohibición a que los internos reciban depósitos de dinero para que puedan, a través del centro de reclusión, obtener los medicamentos prescritos. Por tanto, no existe la prohibición reclamada. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, respecto del aludido acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Coordinador Médico, Encargado de la Dirección Técnica, y Encargado de la Dirección de Seguridad, todos del mismo Centro penitenciario; negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo informan que el quejoso fue atendido por el médico el siete de agosto de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a que el quejoso formuló la demanda de amparo; por tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causa de Improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, este Juzgado Federal considera que si bien, por regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, debe agotarse el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, en el escrito de demanda de amparo del presente juicio constitucional, el quejoso manifestó que derivado de que lo operaron recientemente de una hernia, a consecuencia de ello sufre intenso dolor de cuerpo, náuseas, dolor de cabeza, demasiado dolor abdominal, y está en contacto con personas que padecen covid, por lo que considera que él también tiene covid y teme por su vida y su salud. Así que, esos elementos particulares del acto reclamado, son ponderados por este Juzgado Federal, para determinar que en el caso concreto, la atención médica solicitada por el quejoso, tiene correspondencia con el padecimiento que menciona, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a un dolor físico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud. Lo que hace procedente, de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto, sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así lo sostuvo el Pleno del Decimoséptimo Circuito, en la contradicción de tesis 8/2019, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Séptimo Circuito, ambos con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dio origen a la jurisprudencia PC.XVII. J/31 P, publicada el doce de febrero de dos mil veintiuno, Décima Época, con registro digital 2022677, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de manera disímbola sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclame la omisión o negativa de prestar el servicio médico o atención médica a personas que se encuentran en reclusión, pues para uno de ellos es improcedente cuando no se agota previamente el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, mientras que para el otro es procedente y no resulta necesario agotar el indicado mecanismo de control, al encontrarse en riesgo la vida, salud o integridad física de los internos, por lo que se actualiza una excepción al principio de definitividad. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que cuando se reclama la omisión o negativa de prestar servicio médico o atención médica a las personas en reclusión, si se advierte una situación que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a un tormento, el juicio de amparo resulta procedente de manera excepcional sin agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tratarse de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Justificación: Lo anterior, porque del ejercicio interpretativo realizado a los argumentos expuestos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 57/2018 y 42/2018, de las que derivaron las jurisprudencias 1a./J. 79/2018 (10a.) y 1a./J. 55/2019 (10a.), de títulos y subtítulos: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.", respectivamente, se advierte que, por regla general, frente a las omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, debe agotarse el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal; sin embargo, mediante un estudio preliminar de las circunstancias particulares y elementos expuestos en el escrito de demanda o allegados durante el procedimiento, el juzgador de amparo caso por caso deberá ponderar si la atención solicitada tiene correspondencia con alguna lesión o padecimiento físico o mental que requiera de atención curativa, de rehabilitación o de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna someta al quejoso a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su estado de salud o la pérdida de su vida, lo que comprometa gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse a una situación de tormento, prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No obstante ello, en el caso concreto, no procede al análisis de fondo del asunto, al actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados cesaron en sus efectos. Ello es así, pues de las documentales que remitieron las autoridades responsables, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se obtiene que en nota médica de siete de agosto de dos mil veintitrés, se asentó que el quejoso tiene antecedente de plastía umbilical, con cicatriz en región umbilical, sin dolor a la palpación, paciente estable, no refirió neuralgia de herida quirúrgica, se le tomó muestra antígena para covid, la cual resultó negativo, padece diabetes mellitus tipo dos, obesidad grado dos, rinofaringitis, constipación funcional, y se le prescribió: loratadina y naproxeno, los que le fueron suministrados en la misma fecha. De igual forma, que el quejoso fue dado de alta de cirugía general el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, y se le retiraron los puntos quirúrgicos el nueve de mayo de dos mil veintitrés. En este orden de ideas, resulta evidente que la omisión reclamada dejó de subsistir y, en consecuencia, de producir efectos al gozar el quejoso con salud estable, y no tener covid; constituyéndose consecuentemente una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de las autoridades responsables, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, se; R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 775/2023, promovido por ********************, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta resolución, confome a lo resuelto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Diferimiento. Vista la certificación que antecede se advierte, en proveído de cuatro de septiembre del año en curso, se agregó el informe justificado de la autoridad responsable Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por lo que a la fecha no ha transcurrido el término de ocho días con la vista a las partes a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Se agrega oficio ya acordado. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual rinde informe justificado, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, se tuvo por recibido su similar remitido por correo electrónico y en el mismo auto se acordó lo procedente. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental la que anexa, la que se tiene por desahogada en este acto en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.

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