Fernando Pablo Villareal Cantú
Expediente 1076/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1076/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Pablo Villareal Cantú
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Expídanse las copias solicitadas y dígasele que se deberá estar a lo acordado en provéido de veintidós de diciembre pasado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa y en atención a su solicitud, expídanse a su costa las copias que solicita y entréguensele, previa identificación y firma de recibo que obre en autos de las personas autorizadas para ello. Notifíquese.
- Principal
El término para que las partes recurrieran el auto que sobreseyó en el presente juicio de Derechos Fundamentales, se declara que ha causado estado. Archívese como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la papeleta de turno de demanda de amparo, expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, y el oficio 103132/2016 signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de los que se advierten que ese Órgano de Control Constitucional declinó competencia a este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo 853/2016 de su índice, promovido por Fernando Pablo Villareal Cantú a través de su defensor particular Marco Antonio del Toro Carazo. Atento a lo anterior, regístrese la demanda de derechos fundamentales en el libro de gobierno con el número 1076/2016 y hágase saber al juez declinante y a las partes que este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto, sin que haya lugar a requerir el informe justificado para la substanciación de este juicio, toda vez que ya obra en autos. Asimismo, para un mejor manejo de este expediente, con las constancias remitidas por el Juez oficiante, fórmense por separado tres anexos de pruebas, respetando el sello y folio de origen, los cuales se manejarán como Anexos I, II y III. Acúsese de recibo de estilo. Ahora bien, del estado que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que el acto reclamado por el quejoso Fernando Pablo Villarreal Cantú, consiste en la resolución de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento de extradición 1/2012, en la cual, el Juez Octavo de Distrito de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, negó otorgarle el beneficio de la libertad provisional bajo fianza (u otra forma de caución). El juez responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas que anexó a su informe con justificación, documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, motivo por lo que se tiene como cierto. Luego, en el presente asunto, se advierte la existencia del juicio de amparo 1028/2016, del índice de este Juzgado Federal, el aquí quejoso, reclamó, entre otros, la resolución de extradición emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores; luego, la responsable de referencia al rendir su informe con justificación, aceptó el acto reclamado, lo que constituye un hecho notorio de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2014, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal publicado el trece de noviembre de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual, se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, además, generar en los juicios de amparo certeza a las partes al integrar y acceder a un expediente de forma electrónica; lo anterior, en estrecha relación con los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas condiciones, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se ordena recabar copia simple del informe justificado rendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y del el acuerdo de extradición de treinta de septiembre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en el caso, debe examinarse la procedencia del presente asunto, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente, ya que de actualizarse alguna causal de improcedencia de la acción constitucional, se impide el examen del acto reclamado; lo que encuentra sustento legal en lo dispuesto por el ordinal 62 de la Ley de Amparo. Así, se advierte que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" A mayor abundamiento, teniendo a la vista el informe justificado rendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los autos del juicio de amparo 1028/2016, el cual se ordenó agregar a estos autos como hecho notorio, dicha autoridad emitió la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, que concedió la extradición internacional de Fernando Pablo Villareal Cantú, para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América, dentro del proceso penal H-10-179 (también referido con el número 4:10-cr-00179), anexando a dicho informe copias certificadas del auto antes citado, informe y constancias que, como ya se dijo y se reitera, se encuentran agregados en el juicio de amparo 1028/2016, promovido por el aquí quejoso, por lo tanto, deviene que en la especie operó un cambio de situación jurídica, toda vez que con la determinación de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, que declaró la extradición internacional de Fernando Pablo Villareal Cantú, para ser procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos de América, dentro del proceso penal H-10-179 (también referido con el número 4:10-cr-00179), emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sustituyó legal y procesalmente al proceso de extradición que se llevaba a cabo por parte de la autoridad judicial federal, por ende, el auto reclamado de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, al formar parte del citado proceso de extradición 1/2012, del índice del Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales en la Ciudad de México, dejó de existir en la vida jurídica, pues el referido proceso de extradición ya no se lleva ante el juez de mérito, pues ya se emitió la opinión respectiva, que culminó con la resolución final de extradición emitida por la referida Secretaría del Ejecutivo Federal. En ese contexto, resulta incuestionable la actualización de la causal de improcedencia invocada, ya que con la nueva determinación emitida, resulta imposible entrar al análisis de la resolución aquí combatida emitida el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, sin afectar la nueva situación jurídica que guarda con motivo de la diversa determinación que dictó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el expediente 541-4-1624/16, relativa a la resolución final de extradición del aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CLXV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, tomo XII, octubre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE EN VIRTUD DEL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA XLIV/98).Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en su tesis aislada P. XLIV/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 70, bajo el rubro: "EXTRADICIÓN. CONCLUIDA UNA DE LAS TRES FASES PROCEDIMENTALES EN QUE SE DIVIDE EL PROCEDIMIENTO EXTRADITORIO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN ELLA QUEDAN CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS.", que cuando culmina una de las tres fases en que se divide el procedimiento de extradición, quedan consumadas irreparablemente las violaciones que en ella pudieran haber existido por cesación de efectos del acto reclamado, pues no pueden afectar ni trascender a la subsecuente etapa, en razón de que cada una de ellas es autónoma e independiente de las otras. Ahora bien, nuevas y mayores reflexiones respecto a la interpretación que ha realizado la Suprema Corte del contenido de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el sentido de que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que las medidas que dicten las autoridades responsables revoquen de tal manera la resolución impugnada que la situación del peticionario de garantías sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de tal acto, llevan a variar el criterio contenido en la tesis que se comenta, pero únicamente en cuanto a la causa de improcedencia del juicio de amparo que ahí se menciona, pues en realidad la hipótesis de improcedencia que se actualiza es la contenida en la fracción X del mencionado precepto, toda vez que si el procedimiento con fines de extradición internacional se divide en tres fases procedimentales autónomas e independientes, cuando culmina una, las violaciones que ahí pudieron producirse quedan consumadas de modo irreparable al no poder decidirse tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio o tramitación de la etapa subsecuente." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción X de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que se reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En esas consideraciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, resulta improcedente entrar al estudio de fondo de los conceptos de inconformidad planteados en la demanda de derechos fundamentales por el hoy quejoso, ya que se impone sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, tal como ha quedado asentado en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número VI. 1o. J/23, sustentada por el Primer Tribunal del Sexto Circuito, publicada en la página 252, del tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe destacar que esta determinación, en concepto del suscrito, procede decretarla fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable de sobreseimiento, como se previene en la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que se aplica por identidad jurídica sustancial y que es del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 43 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cuanto más, continuar con el presente juicio, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta enteramente ocioso y atentatorio de los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia; aunado a que dicha forma de proceder, tampoco contravendría el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la nueva ley de la materia, pues para que así suceda, se deben evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada o que existan datos que la hagan desaparecer, lo cual en la especie no acontece; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificación de la parte quejosa, el señalado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como con base al artículo 8° del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a la parte quejosa el derecho que le asiste para oponerse de manera libre, a que se publiquen sus datos personales, sin perjuicio de lo que dispone el numeral 22 de la invocada ley, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa e inequívoca conlleva a que únicamente en su caso, se supriman los datos sensibles. Notifíquese personalmente.
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