Fernando Olmedo Vargas

Expediente 146/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
146/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Fernando Olmedo Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el dieciocho de febrero del año que transcurre, se registró e integró el juicio de amparo en que se actúa con motivo de la demanda presentada por Fernando Olmedo Vargas, señalando como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- La FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. b).- El C. Agente del Ministerio Público supervisor en funciones de asistente del C. Coordinador General de Investigación Territorial." "IV. ACTO RECLAMADO.-. la abstención u omisión de hacer saber mediante notificación personal, el acuerdo o resolución administrativa que le recayó a nuestra promoción presentada el día 4 de Enero de 2021 ante la Oficialía Mayor de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El Acuerdo por correspondencia número de folio 107A, Turno /300/224/2021 de fecha 11 de enero de 2021 Notificado el día 21 de enero de 2021 en mi domicilio." En la misma fecha, se requirió al quejoso a efecto de que aclarara su demanda de amparo, en el sentido de precisar el acto que en concreto reclamaba. En respuesta, por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, señaló que el acto reclamado es: ".Acuerdo por correspondencia número de folio 107A, Turno/300/224/2021 de fecha 11 de enero de 2021." y que se lo atribuye a las autoridades señaladas como responsables. Por lo que, por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo y se requirió a las responsables rindieran su informe con justificación. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y el agente del Ministerio Público Supervisor en funciones de asistente del C. Coordinador General de Investigación Territorial, al rendir sus informes con justificación aceptaron el acto reclamado y remitieron diversas constancias para justificar su actuar, a las que se les concede valor probatorio, al tenor de los dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tiene plenamente probado la materia de reclamo. Y es en ese orden que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Se explica: Dicha hipótesis normativa requiere, para su actualización, el cumplimiento de tres requisitos: 1) que el acto reclamado subsista; 2) que no pueda surtir efecto legal o material; y, 3) que lo anterior se deba a que ha dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado. En el caso concreto, de las constancias que obran en autos se obtiene en lo que interesa que: El once de diciembre de dos mil veinte, se inició la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-9/UI-3 S/D/01792/12-2020, en virtud de la denuncia de hechos dirigida por el aquí justiciable Fernando Olmedo Vargas a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y presentada el diez de noviembre de ese mismo año. El cuatro de enero de dos mil veintiuno, el aquí justiciable presento escrito dirigido a la misma Fiscal General de Justicia, a efecto de que se le designara un asesor jurídico y se le informara el día y hora en la que debía presentarse a ratificar la denuncia de hechos que le presentó y ante qué autoridad. El once de enero siguiente, a través del acuerdo de correspondencia reclamado, se turnó dicho escrito a las áreas competentes para su atención, marcándose copia al quejoso a efecto de que tuviera conocimiento del mismo. Por oficio AJ/602/510/2020-02 de veintidós de febrero de este año, signado por el Subdirector de Asesores Jurídicos Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se le designó al asesor jurídico público Víctor Nicolás Jiménez Garcés, a efecto que le brinde asesoría, seguimiento y representación legal en la carpeta de investigación. También, el nueve de marzo del año que transcurre, dentro de la carpeta de investigación en comento, la agente del Ministerio Público programó las diez horas del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno para que el aquí quejoso compareciera a ratificar su denuncia y ampliar su entrevista, girándole el citatorio correspondiente. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el asesor jurídico público Víctor Nicolás Jiménez Garcés aceptó y protesto el cargo de asesor jurídico de Fernando Olmedo Vargas dentro de la carpeta de investigación y, en la misma fecha, el aquí quejoso compareció ante la agente del Ministerio Público y asistido de aquél ratificó su denuncia y rindió su entrevista. En ese orden, es inconcuso que el acto reclamado subsiste, sí, pero ya no surte efectos legales o materiales sobre la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que ya se resolvió la pretensión que motivó su demanda, por lo que ha dejado de existir su objeto o materia, pues su petición de que se le señalará fecha a efecto de que ratificara su denuncia de hechos, así como que se le asignara un asesor jurídico público, fue recibida, atendida e incluso acordada favorablemente. En consecuencia, los efectos que combate en la presente instancia, ya no le causan perjuicio alguno, por lo que resulta innecesario analizar si son o no constitucionalmente válidos. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De ahí que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de esa misma Ley, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. Lo anterior pues, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; por lo que, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo resuelto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte, sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado indicado en proveído de doce de los actuales y para que una diversa autoridad responsable rinda el propio; por tanto, atendiendo a la certificación de cuenta, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar, las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO; en relación con las constancias que anexa, en términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas como pruebas de su parte, sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas al momento de la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento de la materia, pónganse a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese

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