Fernando Osuna Lopez
Expediente 799/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Fernando Osuna Lopez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto de lo Penal, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 799/2021-I. Así entonces, hecha la lectura integral de la demanda de amparo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará ante todo, el escrito de demanda y sus anexos, como un todo, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, este órgano jurisdiccional procede a determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo solo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, debemos señalar que la parte promovente señala como actos reclamados, los siguientes: "La omisión cometida por la hoy autoridad responsable al no reslver (sic) en breve termino constitucional mi petición que se respete y sele de seguimiento al articulo 20 vo constitucional. apartado B, inciso IX." Así pues, una vez analizado el escrito de cuenta, quien provee considera viable su desechamiento, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, la cual debe ser estudiada de manera preferente a cualquier otra cuestión, por ser de orden público, conforme a lo dispuesto por el precepto 62 de la Ley de Amparo. Así entonces, en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues como se puede apreciar, los actos reclamados no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. Para mejor comprensión, se impone reproducir el contenido de los artículos señalados en el párrafo que precede, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, asimismo, que procederá el juicio de amparo directo cuando se transgredan las leyes del procedimiento y estas últimas trasciendan al resultado del fallo dentro de los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios, del trabajo o incluso penales. Ahora, en este acto, conviene precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la ley de la materia. Como puede advertirse, por un lado, los actos reclamados no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, alguno de los llamados derechos fundamentales del ser humano o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la salud, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación a dichos derechos; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución que deba dictar la autoridad le sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. De ahí que, partiendo de las interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a qué debe definirse por actos de imposible reparación, se arriba a la conclusión que éstos deben considerarse aquellos que dentro de un juicio vulneren o afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que México, sea parte, de forma tal que al dictarse la resolución, no sean susceptibles de repararse dichas violaciones. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos cuya consecuencia sea una afectación a derechos adjetivos o procesales, ya que los efectos de esta clase de violaciones, son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable o bien, mediante los respectivos medios ordinarios de defensa. En otras palabras, la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación. Así, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando "afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo" protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, de "modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente". En consecuencia, es dable afirmar que los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes dos notas distintivas: afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. Por ello, se dice que los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene resolución favorable. En el caso en estudio, no se actualiza ninguno de tales supuestos, toda vez que al atender el contenido íntegro de la demanda que nos ocupa, se aprecia que el directamente agraviado acude a esta instancia constitucional reclamando substancialmente la omisión por parte de la responsable de dar contestación a su escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, tal como lo afirma el propio quejoso. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio de prontitud y expedites en administración de justicia, dice lo siguiente: "Artículo 17.- ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela, como se apuntó, el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las determinaciones correspondientes sin dilaciones. El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, de modo que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones los plazos y términos legales a que las sujeta la normatividad aplicable; que son elementos introducidos a la secuela procedimental para determinar con precisión la duración y avance de determinada etapa, al tiempo que brindan seguridad jurídica a las partes, a fin de que puedan realizar dentro del tiempo establecido por la ley la conducta procesal que les corresponda. En la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 42/2007 de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 192/2007 de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho de acceso a la impartición de justicia consagra los principios siguientes: De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, en los plazos que establezcan las leyes; De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho; y De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arribó a la conclusión en la que cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento aun cuando alegue violaciones cometidas al artículo 17 de la Ley Suprema, no pueden considerarse como ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra, sino que se da justamente dentro del mismo (falta de prosecución del trámite). En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso; lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar continuidad al procedimiento. De lo anterior, surgió la jurisprudencia 1a./J. 7/2015, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, registro 2008884, que reza de la siguiente manera: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Asimismo, sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2011580, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En el caso a estudio, se estima que no se actualiza ningún supuesto de procedencia, toda vez que los actos reclamados por el impetrante del amparo los hace valer substancialmente en la omisión de dar contestación a su escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno. Solicitud que de acuerdo a la presentación de la demanda que nos ocupa, esto es, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, no cumple con la temporalidad o plazo razonable que se requiere para estimar que existe una dilación por parte de la responsable en atender lo solicitado por el impetrante; esto de acuerdo a los criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, pues para determinar si se incurrió en una dilación o retardo injustificado se toma en consideración el tiempo transcurrido a partir de la presentación de la petición, ya que una demora prolongada sin justificación puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos legales 8 y 17 constitucionales. Máxime que como se precisó con antelación, se estima que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del solicitante de amparo, sino por el contrario, puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso; lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, de la constitución federal, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado este último en sentido contrario de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta que los procedimientos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio se rigen conforme a los plazos y términos establecidos en las leyes secundarias, ya que mediante la actividad legislativa ordinaria se logra una correcta aplicación y ejercicio por parte de los gobernados, de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer las situaciones particulares y concretas a la luz de los principios enunciados en ese texto normativo. De lo expuesto, no se advierte una actitud pasiva por parte de la responsable Juez Cuarto de lo Penal en esta ciudad, máxime que el propio quejoso, como se desprende de su escrito, presentó su promoción el tres de noviembre de dos mil veintiuno, es decir, el mismo día que presentó su demanda de amparo. Es oportuno destacar que de acuerdo al artículo 8 constitucional, no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que comprenda todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues dada la naturaleza de lo solicitado, y los estudios y trámites que la contestación requiera, hacen variable el período de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, y el Juez de amparo al respecto debe atender al caso práctico, atendiendo a las peculiaridades del mismo y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Acotado lo anterior, cabe abundar que el presente pronunciamiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, dado que ello no significa que deban pasarse por alto los presupuestos procesales y las causas de improcedencia cuyo estudio son de orden público. En mérito de los razonamientos expuesto lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente el Centro de Reinserción Social El Hongo I, con sede en Tecate, tal como lo señala en su escrito de demanda; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente al impetrante en dicho centro penitenciario, entregándole copia autorizada de las actuaciones e informe justificado que deriven de la tramitación de este juicio, tal como lo peticiona el quejoso. Innecesaria designación de defensor. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no cuenta con algún defensor que lo represente en este juicio, lo que acorde a la jurisprudencia 1a./J. 43/2019, implicaría que este órgano jurisdiccional los requiriera a efecto de que designara un patrocinador jurídico y, en caso de no hacerlo, de oficio debería de señalarse por este juzgado. Sin embargo, atendiendo a que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, mediante esta determinación se está desechando, se considera inaplicable la circunstancia apuntada, de conformidad con la tesis II.2o.P.89 P (10a.). Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente al promovente.
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