Fernando Ochoa Villavicencio
Expediente 430/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/11/2020
Partes del expediente
- Fernando Ochoa Villavicencio
- Sala Regional del Centro Iii del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
hago constar que en cumplimiento al proveído de diez de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte a la parte quejosa Fernando Ochoa Villavicencio, en el juicio de amparo 430/2019-IV, por medio de lista de estrados, mismo que en síntesis dice:"Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese tenor, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a.-J. 26-2000,2 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). 2 Época: Novena Época; Registro: 192174; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XI, Marzo de 2000; Materia(s): Común; Tesis: 2a.-J. 26-2000; Página: 243. ??????????????? Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en treinta de septiembre de dos mil diecinueve3, la cual causó ejecutoria mediante proveído de trece de noviembre de ese mismo año4, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Fernando Ochoa Villavicencio, contra los actos que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, para los siguientes efectos: "[.] Por tanto, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo para el efecto de que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato: 1) Deje insubsistente la resolución de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 1010-5-10-01-6-OT, y 2) En su lugar, emita otra en la cual subsane los dos vicios formales en que incurrió, esto es, funde y motive legalmente la resolución y analice exhaustiva y congruentemente el estudio de los agravios hechos valer por el quejoso en el recurso de queja y, con libertad de decisión, determine lo que proceda [.]" Cabe decir que las consideraciones que se plasmaron en la sentencia, y que dieron lugar a los efectos mencionados fueron: "En el contexto apuntado, se observa que la autoridad responsable, aunque sintetizó los argumentos expuesto por el quejoso, en relación a que el cálculo de las cuotas diarias de su pensión, debió realizarse con base en los tabuladores regionales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no conforme a la "constancia de evolución salarial" 3 Fojas 90 a 97, de autos. 4 fojas 111 y 112, ídem. emitida unilateralmente por la demandada; sin embargo, de modo alguno les dio respuesta, pues simplemente se limitó a referir la forma y los documentos utilizados por la demandada para calcular las cuotas de su pensión. Es decir, únicamente le señaló al quejoso que la demandada para calcular las cuotas diarias de pensión utilizó los reportes de la dependencia en la cual laboró, pero no contestó el argumento central del quejoso de que esos reportes no resultaban idóneos para el cálculo de los incrementos de su pensión, sino los tabuladores regionales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Planteamiento que debe contestarse de manera completa y exhaustiva por la sala responsable, dado que jurídicamente no es factible que este juzgado la reemplace, pues ello iría en contravención al contenido de la Constitución y la Ley de la materia, ya que el Juez de Amparo únicamente puede analizar la actuación de la responsable para determinar su constitucionalidad, considerando sólo las razones de los resuelto en él, por lo que ante la omisión destacado, debe existir de primera mano un pronunciamiento por parte de la autoridad responsable. Además, de los agravios ya señalados, el quejoso al momento de interponer el recurso de queja también hizo valer que la autoridad demandada no realizó confrontación de los aumentos de los trabajadores en activo y el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor a efecto de cuantificar el importe de su pensión. En respuesta a dicho agravio, la responsable señaló que la autoridad demandada, con el fin de conocer los porcentajes de aumentos otorgados al sueldo de los trabajadores en activo, tomó en consideración los incrementos reportados por la dependencia para la cual laboró el quejoso, los cuales confrontó con los aumentos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. No obstante, esa afirmación no encuentra sustento alguno en los autos del juicio de origen, dado que contrario a lo expuesto por la sala responsable, del oficio 002.300.302.004-5638-2018, mediante el cual se dio cumplimiento al fallo de nulidad, no se advierte que la aquí tercera interesada realizó la confrontación a la que hace referencia, sino por el contrario a foja 4 del indicado oficio precisó que únicamente consideraba el monto del sueldo básico contenido en la constancia de evolución salarial, para efectos del cálculo de los incrementos respectivos a la pensión del quejoso. Por otra parte, de la resolución reclamada se advierte que también existe una incongruencia interna por contener consideraciones que son contradictorias entre sí. En efecto, la autoridad responsable inicialmente refirió que no era necesario que la autoridad demandada realizara la confrontación de los aumentos otorgados a los trabajadores en activo con los ??????????????? incrementos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, porque tal lineamiento no se ordenó en la sentencia de nulidad; no obstante, a continuación señaló que la demandada sí realizó la confrontación entre el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumido y la constancia de evolución salarial con la finalidad de obtener el porcentaje de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo; circunstancia que pone de manifiesto la contraposición de los argumentos expuestos por la responsable." Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo esas premisas, la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Celaya, Guanajuato, remitió oficio 10-1-3-95014-19, al que anexó la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve5, dictada dentro del juicio contencioso 1010-15-10-01-6-OT, de su índice, el cual se recibió el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con motivo de la concesión del amparo, de las cuales se advierte que: a) Dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve; b) Dictó una nueva resolución, de la que se advierte lo siguiente: Estableció como agravios, entre otros, los siguientes que identificó como a) y b): a) La autoridad demandada únicamente aplicó los porcentajes de incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para comparar cuál resultó más alta. b) Aun cuando se le ordenó que señalara el procedimiento utilizado y los documentos y demás 5 Fojas 122 a 132, ídem. elementos para cuantificar la pensión, únicamente consideró el que denominó "constancia de evolución salarial", el cual es elaborado unilateralmente por la demandada. Agravios que analizó y contestó al tenor de las siguientes consideraciones: "Ahora bien, la autoridad demandada a efecto de dar cumplimiento a la sentencia definitiva, emitió el oficio 002.300.302.004-5038-2018, de 15 de noviembre de 2018, mediante el que el Subdelegado de Prestaciones Económicas, de la Delegación Baja California, dependiente del Instituto de Segundad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia motivo de queja, efectuó el cálculo desde el 01 de julio de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2018, para determinar que no existen diferencias a favor de la pensionada. Se estima de esa manera, dado que en la resolución recurrida, al efectuar el cálculo del incremento pensionario de la actora se señaló a detalle el procedimiento y elementos empleados para ello, aplicando para tal efecto el incremento porcentual sufrido por los trabajadores en activo en la plaza que ocupó la actora, para mayor claridad se insertan las imágenes siguientes: [.] Sin que obste a lo anterior los señalamientos relativos a que la autoridad realiza su cuantificación y determinación aplicando únicamente los porcentajes de incremento al sueldo básico de los trabajadores en activo (inciso a) del resumen de agravios), dejando de considerar el porcentaje de los incrementos de acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor para determinar cuál de los dos valores fue más alto y entonces aplicarlo para el incremento correspondiente, pues de la resolución emitida en cumplimiento, se advierte que la autoridad aplicó el incremento porcentual sufrido por los trabajadores en activo, tal como se le ordenó en la sentencia de nulidad, sin que existiera la posibilidad de que se pronunciara sobre cuestiones ajenas a la sentencia condenatoria." Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades ??????????????? legales conferidas. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en la sentencia de amparo, en razón de que por lo que respecta al efecto I de la sentencia firme, la autoridad responsable dejó insubsistente la sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio contencioso 1010-15- 10-01-6-OT, de su índice. En lo atinente al punto II, dictó una nueva resolución en la que subsanó los dos vicios formales en que incurrió, esto es, analizó los agravios planteados por la parte actora en el escrito de queja siendo éstos: a) La autoridad demandada únicamente aplicó los porcentajes de incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo, dejando de considerar el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para comparar cuál resultó más alta y, b) Aun cuando se le ordenó que señalara el procedimiento utilizado y los documentos y demás elementos para cuantificar la pensión, únicamente consideró el que denominó "constancia de evolución salarial", el cual es elaborado unilateralmente por la demandada. Y respecto de los cuales, estableció que la sentencia en el juicio de nulidad tuvo por efecto que "se calcularán los incrementos de la pensión de manera general de acuerdo con los porcentajes del sueldo básico de los trabajadores en activo", por lo que, la autoridad aplicó el incremento porcentual sufrido por los trabajadores en activo, tal y como lo ordenó la sentencia de nulidad, sin que exista la posibilidad de que se pronunciara sobre cuestiones ajenas a la sentencia condenatoria. Pues, afirmó que a la autoridad demandada, no se le confirió libertad de que decidiera cuál porcentaje de incremento era el que iba aplicar, es decir, si el sufrido por el Índice Nacional de Precios al Consumidor o el de los trabajadores en activo, ni ello era consecuencia necesaria de la sentencia, por lo que la autoridad no estaba en aptitud de realizar algún comparativo, al no haber sido materia de los efectos de la sentencia de nulidad. De lo que se colige que la autoridad responsable analizó los agravios materia de la concesión del amparo, y contestó los mismos al tenor de lo anteriormente expuesto. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ??????????????? ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisdiccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente a las partes."
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
agréguese a los autos la copia certificada del oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el cual emitió el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el fallo correspondiente a este amparo .
- Principal
Se notifica a la parte quejosa Fernando Ochoa Villavicencio, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo el auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecinueve, mismo que en síntesis dice "... RESUELVE: ÚNICO.- La Justicia de Federal ampara y protege.... y "...agréguese a los autos la copia certificada del oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el cual emitió el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, el fallo correspondiente a este amparo .
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