Fernando Morales Corona
Expediente 1069/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Fernando Morales Corona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Magistrado Tercero y Presidente de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; mediante el cual, acusa recibo de la diversa misiva 27648/2022, de seis de julio del año en curso, con la que se le devolvió el anexo que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el diecisiete de junio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en el original del toca civil 51/2021 de su índice, que contiene copia certificada del expediente 562/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En tal virtud, devuélvasele el citado anexo a dicha responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1069/2022-VI-B, promovido por FERNANDO MORALES CORONA contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiuno siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció el citado quejoso, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 1069/2022-VI-B, y se admitió a trámite la misma; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso FERNANDO MORALES CORONA, en: La resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca 51/2021 del índice de la Sala responsable, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la parte conducente del auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio extraordinario hipotecario 562/2016 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así se advierte de su informe justificado y de las constancias que acompañó al mismo; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Ciertamente, los numerales citados disponen lo siguiente en las partes aludidas: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la lectura de los preceptos transcritos, se advierte que el sobreseimiento en el juicio procederá cuando durante éste se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, al respecto, es menester señalar que por regla general, es procedente el amparo directo respecto a las violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre que afecten las defensas de la quejosa trascendiendo al resultado del fallo; y, como excepción, se determina la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Conforme lo establecido en el numeral 107, fracción V, de la ley reglamentaria, por actos de imposible reparación, debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado sea parte. Dicho de otro modo, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, son aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. Esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueda resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Octava Época, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Es decir, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, sino adjetivos. Para esto, conviene diferenciar uno de otro: por los primeros se entienden aquellos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado y se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en razón de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio o en la resolución del procedimiento correspondiente; y, por el contrario, los derechos adjetivos, son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, no basta que determinado acto y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la resolución que en dicho procedimiento se dicte, sino que es necesario además, que tal cuestión afecte inmediata y directamente derechos fundamentales para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, el criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página mil setecientos cuarenta y dos, Tomo XIII, Marzo de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 190188, que establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora, para una mejor comprensión del asunto, es importante destacar que de las constancias remitidas por la Sala responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, con el que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite el juicio extraordinario hipotecario promovido por la persona moral denominada "Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado legal, en contra de Fernando Morales Corona, y otros; asimismo, ordenó correr traslado a la parte demandada con copia simple de la demanda, emplazándola para que la contestara dentro del término de tres días (fojas 63-54 anexo). 2. Auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que, por los motivos ahí expuestos, se declaró que el demandado Fernando Morales Corona, entre otros, era de domicilio ignorado; en consecuencia, se ordenó hacerle la notificación, traslado, emplazamiento y prevención ordenados en proveído de trece de julio de dos mil dieciséis, así como la notificación del diverso de dos de agosto del referido año, por medio de una publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado y en algún otro periódico de los que se editan en esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 136-137 anexo). 3. Diverso auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, con el que la autoridad responsable tuvo por recibido el escrito presentado por la parte actora, aquí tercero interesada, al que adjuntó el ejemplar número 34,334 del Diario Oficial de la Federación, y un ejemplar de un diario, por lo que comisionó al actuario a fin de que pusiera la constancia de las publicaciones en autos, y hecho ello, procediera a devolverlos a la Secretaría para que se acordara lo legalmente conducente; por otro lado, respecto al diverso ocurso presentado por Fernando Morales Corona y otra, ser reservó de acordar lo conducente hasta el momento procesal oportuno (foja 173 anexo). 4. Proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual, la Juez responsable, tuvo al demandado Fernando Morales Corona, y otra, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra, presentando las pruebas relacionadas y oponiendo las excepciones ahí señaladas; asimismo, determinó: ".Por otra parte, en relación al incidente de nulidad de notificaciones que pretende imponer, declárese que no es de admitirse ni se admite, toda vez que dichos comparecientes han dado debida contestación a la presente demanda.". 5. Inconforme con la anterior determinación, el referido Fernando Morales Corona interpuso recurso de apelación en su contra, del que correspondió conocer a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, la que mediante sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, confirmó la parte conducente del auto combatido, bajo las siguientes consideraciones: ".SEXTO. Estudio. Con el objeto de determinar en justicia este recurso, se procede a entrar al estudio y análisis de los conceptos de agravios expresados por Fernando Morales Corona, en su escrito respectivo. Previo a ello, para mejor comprensión del asunto, es necesaria la transcripción de la parte considerativa del auto que constituye la materia del presente recurso: "Mérida, Yucatán, a dieciocho de enero de dos mil veintiuno.--- Vistos: [.] Por otra parte, en relación al incidente de nulidad de notificaciones que pretende interponer, declárese que no es de admitirse, ni se admite, toda vez que dichos comparecientes han dado debida contestación a la presente demanda [.]". Resolución impugnada. Ahora bien, el recurrente manifiesta, en síntesis, que dicha resolución les causa agravio al violar lo dispuesto en los artículos 24, 26, 27, 29, 37, 586 fracción IV, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que, la Juez de Primera Instancia, a su decir, realizó un incorrecto análisis de los preceptos legales previamente citados. Señala que el emplazamiento es el presupuesto procesal por excelencia debido a las consecuencias jurídicas a quien es llamado a juicio, ya que partir de dicho emplazamiento, la parte demandada (quien no ha figurado en el procedimiento en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones) tiene la oportunidad de ser oída atendiendo a las constancias de las que se le corran traslado, misma acción está contemplada como parte del emplazamiento, es decir, la obligación de entregar por el conducto legalmente apropiado, copia de la demanda para que conozca y responda convenientemente sus intereses y oponga las correspondientes excepciones. En efecto, resulta evidente y lógico que la ley determine como requisito formal del edicto la inclusión de la demanda para que esta sea válida. En el caso concreto señala que la notificación intentada mediante edicto publicado en el Diario Oficial del Estado y en el Periódico "Novedades", ambos de fecha once de noviembre del año dos mil veinte, fueron ilegalmente realizadas por no observar todos y cada uno de los requisitos que la ley requiere para el llamamiento a juicio, y la ilegalidad se actualizó ante la inobservancia de los preceptos, es decir, antes de cualquier contestación realizada por el suscrito y su representada. Asimismo, aduce que no existe dispositivo legal que establezca expresamente que para el caso de las notificaciones mediante edictos por domicilio ignorado, la obligación de correr traslado puede eximirse, sino que por el contrario, hay un precepto que determina con carácter obligatorio que para el caso de que se lleven a cabo dichas notificaciones, tiene que existir como requisito de forma la relación sucinta de la misma. Que con independencia de la ilegalidad de las notificaciones, la parte actora realizó de manera extemporánea la publicación del edicto, ya que la orden de realizar la notificación, traslado, emplazamiento y prevención mediante edictos fue en el acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y publicado en el DOF el cinco de diciembre del mismo año, y la publicación del edicto fue hasta un año después (diciembre de dos mil veinte). Estudiados que fueron tales motivos de disconformidad a la luz de los documentos que integran el presente toca, esta Sala los considera infundados de acuerdo a lo siguiente: Resultan infundados los motivos de inconformidad hechos valer por Fernando Morales Corona, toda vez que como resolvió la Juez de Primera Instancia a través del auto apelado de fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el referido Morales Corona, al comparecer en los términos que hizo valer, contestó la demanda instaurada en su contra, por lo que cualquier error se entiende subsanado. En ese sentido, debe señalarse lo establecido en los numerales 37 y 38 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, mismos que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 37.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este capítulo serán nulas, y el notificador que las autorice incurrirá en una multa de una a diez unidades de medida y actualización, debiendo además responder de cuantos perjuicios y gastos se hayan originado por su culpa. La parte agraviada podrá promover ante el juez que conozca del negocio, el respectivo incidente sobre declaración de nulidad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la notificación. ARTÍCULO 38.- No obstante lo prevenido en el artículo anterior, si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio, sabedora de la providencia, sin protestarla, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha; mas no por esto quedará relevado el notificador, de la responsabilidad establecida en el artículo anterior" En el caso que nos ocupa, Fernando Morales Corona y Alicia López Ventura, comparecieron a contestar la demanda interpuesta en su contra e interpusieron el incidente de nulidad de notificación, ello en los términos que hizo en su escrito de cuenta. En tal sentido, resulta ajustado a derecho lo resuelto en la parte conducente del auto apelado, dictado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, toda vez que es evidente que la parte demandada, ahora apelante, tuvo la oportunidad de dar contestación a la demanda e incluso, pudo haber comparecido al Juzgado a fin de revisar el expediente en comento, pues estaban expeditos sus derechos. Con lo anterior, y en términos del artículo 38, se subsana en este sentido cualquier error que pudo haber en el emplazamiento, pues la persona notificada se manifestó en el juicio sabedora de la actuación que pudo combatir a través del incidente de nulidad, es decir, sin protestarla, entonces la notificación surte desde entonces sus efectos como si estuviese legalmente hecha, es decir, que cualquier error que pudiera tener el emplazamiento que se le hizo mediante el Diario Oficial de la Federación y el periódico "Novedades", ambas en fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, se dan por subsanados; en suma, puede señalarse que no existía obstáculo alguno que impidiera a la parte demandada para conocer del expediente y hacer valer sus derechos, ya que contaba con las condiciones jurídico-procesales para ello. SÉPTIMO. Habiendo resultado infundados los agravios expresados por la parte apelante, procede confirmar por sus propios y legales fundamentos la parte conducente del auto de nueve de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en funciones de Juez por ausencia accidental de su titular, en el juicio extraordinario hipotecario de donde dimana este toca.". Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, de los antecedentes acabados de reseñar, se colige que el reclamo constituye un acto dentro del procedimiento que por sí no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues la consecuencia de dicho acto no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República. En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en que la autoridad responsable confirmó la parte conducente del proveído en el que el Juez a quo determinó no dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la parte quejosa, en contra del emplazamiento a juicio que tuvo verificativo el once de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente 51/2021, constituye un acto dentro del juicio, que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Ello, pues las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Lo anterior, dado que la accionante es parte en el juicio natural, donde se apersonó a contestar la demanda respectiva, por lo que está en aptitud, en caso de que la sentencia dictada en el juicio de origen, le resulte adversa, hacer valer sus agravios y el resto de las violaciones procesales acaecidas mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, pues debe destacarse que, contra los actos de naturaleza eminentemente intraprocesal, como el que se reclama en el presente juicio, no procede el amparo indirecto. Es así, porque los efectos que derivan de no dar trámite al incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí parte quejosa, en contra del emplazamiento que tuvo verificativo el once de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral 51/2021, y continuar así el procedimiento de origen, no implican una trasgresión de manera inmediata a sus derechos sustantivos, sino que -en todo caso- esa afectación surgiría en virtud de lo que al efecto pudiera decretar la autoridad primigenia al pronunciar la sentencia definitiva. En su caso, se insiste, el acto reclamado constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte sentencia definitiva -si fuere desfavorable para la parte quejosa- a través del juicio de amparo directo, puesto que la determinación de que se trata, no implica afectación en sus derechos sustantivos, ya que el único efecto que produce el acto que reclama, es la continuación del procedimiento. Empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses; máxime que la resolución de un incidente de nulidad está contemplado como violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del ordinal 172, fracción V de la Ley de Amparo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y seis, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 167896, de rubro y texto: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. Así como la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página dos mil cuatrocientos tres, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 171420, de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad". Finalmente, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en la página mil novecientos, noventa y tres, Libro XIX, Abril de 2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2003448, que establece: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley. En ese sentido, se reitera, la violación que pudiera resentir en su esfera jurídica la parte quejosa, no afecta los derechos sustantivos tutelados por la Carta Magna, sino que la misma es de carácter meramente procesal, la cual puede ser reparada o desaparecer mediante el dictado de la sentencia respectiva o en su defecto, puede hacerse valer como violación procesal en el amparo directo que en su oportunidad se promueva contra dicha resolución, por lo que no se genera una afectación de imposible reparación. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por FERNANDO MORALES CORONA, en contra del acto atribuido a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de sesenta días otorgado en proveído de tres de febrero del año en curso, a fin de que el albacea de la sucesión de la tercera interesada fallecida María Inés Meza Martínez compareciera ante este Juzgado Federal, sin que a la presente fecha lo hiciera. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada Ley de la materia, se ordena emplazar al juicio de amparo en que se actúa a la tercera interesada fallecida María Inés Meza Martínez, por conducto de quien represente los derechos de la sucesión, por medio de edictos. Los que contendrán una relación sucinta de la demanda de amparo y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, naturales, en el Diario Oficial de la Federación, y en cualquiera de los siguientes periódicos a elección de la parte quejosa, "REFORMA", "EL UNIVERSAL", "OVACIONES", "LA JORNADA" o "LA PRENSA", por ser algunos de los de mayor circulación en la República Mexicana, de acuerdo al Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2017, publicado por el Instituto Nacional Electoral. Haciéndole saber a quién represente los derechos de la sucesión de la nombrada tercera interesada fallecida, que debe presentarse ante este Juzgado Segundo de Distrito, ubicado en la calle cuarenta y siete, número quinientos setenta y cinco, letra "H", cruzamiento con las calles ochenta y cuatro y ochenta y cuatro, letra "A", colonia Santa Petronila, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación, a defender sus derechos y señalar domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones. Apercibido que de no hacerlo en el término señalado, se seguirá el juicio haciéndole las ulteriores notificaciones por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, con fundamento en los numerales 305 y 306 del indicado código adjetivo; asimismo, queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado Federal, copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como autorizada del acuerdo de prevención, auto admisorio y del presente proveído, para los efectos legales procedentes. Fíjese en los estrados de este Juzgado, copia íntegra del acuerdo de prevención, auto admisorio y del presente proveído, por todo el tiempo del emplazamiento y hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición los edictos en la Secretaría de este Juzgado, para su publicación. En la inteligencia de que deberá solicitar una cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar su código QR para tales efectos; de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al modelo de atención presencial basado en citas. Por lo que se le apercibe que en caso de no acreditar ante éste órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes a la notificación del presente proveído, por medio del cual se pone a su disposición dichos edictos, se sobreseerá el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2014065, que dice: "TERCERO INTERESADO. EL DESCONOCIMIENTO DE SU DOMICILIO, PARA EFECTOS DE SU PRIMERA NOTIFICACIÓN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO, IMPLICA LA OBLIGACIÓN DE REQUERIR A AQUELLAS AUTORIDADES QUE, AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR, PUDIERAN TENER UN DATO CIERTO SOBRE AQUÉL, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA. El artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, tratándose de la primera notificación al tercero interesado, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el fin de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se señaló. Al respecto, el término "medidas" debe entenderse como el procedimiento de investigación consistente en requerir a aquellas autoridades que pudieran tener algún dato cierto sobre el particular, sea cual fuere su naturaleza; en tanto que de la referencia a las que estime pertinentes, se infiere que se deja al prudente arbitrio del juzgador el desahogo del procedimiento de investigación, a efecto de salvaguardar el derecho de acceso de la justicia de las partes y la posibilidad de que éstas sean escuchadas en el juicio, a la luz de los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptar que deba contactar a absolutamente todas las autoridades de las que pudiera inferirse, mínimamente, que tengan un dato sobre su domicilio, representaría imponer una medida que retrasaría la tramitación del juicio, lo cual sería contrario al postulado de pronta impartición de justicia, pues su paralización sería inminente ante la imposición de una obligación de esa índole; máxime que la intención legislativa consistente en que, en la medida de lo posible, la parte quejosa no resienta esa carga procesal y económica, no puede entenderse como una prohibición absoluta, pues al preverse aunque sea mínimamente, entonces no es viable pensar que deba evitarse en todo juicio donde se presente este supuesto." Finalmente, toda vez que por proveído de tres de febrero del año en curso se ordenó la suspensión del procedimiento del presente juicio hasta en tanto feneciera el término concedido en el citado auto, lo cual ya aconteció; por tanto, se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal, para lo cual se señalan las ONCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
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