Fernando José Vega López de Llergo

Expediente 666/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
666/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando José Vega López de Llergo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director de Zona de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana de Mérida, con sede en esta ciudad, (denominación correcta), que rinde por sí y en representación del notificador señalado como autoridad responsable de su adscripción; y anexos adjuntos, que remite en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto.la En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa; tercero interesada; y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el trece de octubre del año en curso, se realizó el dieciséis de octubre siguiente; por tanto, al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su segundo punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Delegado y Notificador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior en virtud de que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se actualiza, toda vez que en el primer punto resolutivo de la sentencia en cuestión, se sobreseyó en el juicio de amparo en contra de los actos reclamados a dicha autoridad, por tanto, no afecta el interés de aquella. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 666/2023-VI-B, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintiséis siguiente a este órgano de control constitucional, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado y Notificador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 60 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al procedimiento ********************, y todo lo actuado en el mismo, específicamente la multa que le fue impuesta. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México (promoción ********************), toda vez que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado, por conducto de su Director General de lo Contencioso y de Recursos; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en lo que a dichas autoridades se refiere, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Delegado y Notificador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por conducto de la Directora de la Zona Metropolitana de ********************; por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la Directora de Zona de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana de ******************** de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en esta ciudad, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Al respecto, conviene precisar que la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros, cuando los actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso. En el entendido que no existirá la obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando la parte quejosa se ostente como tercero extraño al procedimiento. En el presente asunto, como se estableció, la parte quejosa acudió con el carácter de tercera extraña por equiparación, en virtud que manifiesta desconocer el procedimiento administrativo ******************** que se siguió en su contra, del cual adujo, bajo protesta de decir verdad, haberse enterado por una llamada telefónica en la que se le comunicó la existencia de diversas multas que le fueron impuestas por la autoridad responsable; lo que sirvió de base para acudir a la presente instancia y lo que le confiere dicho carácter. En razón de lo anterior, es necesario mencionar que aun cuando el precepto mencionado en párrafos que anteceden establece que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que la ley no establezca a favor del promovente recursos ordinarios o medios de defensa por los cuales el acto reclamado pueda ser revocado o modificado, ha quedado establecido por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el tercero extraño no se encuentra obligado a agotar los recursos ordinarios previamente a la promoción del juicio. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ciento seis, Tomo XII, Julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 191503, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS QUE PROCEDEN EN CONTRA DE ACTOS DE AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. EL TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA EL ACTO RECLAMADO, NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, V y VII, de la Constitución General de la República, se desprende que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños al mismo, pues en relación a éstos, dicho precepto constitucional no establece restricción alguna para la promoción del amparo. En esa virtud, si se toma en consideración que una ley secundaria no puede ir más allá del precepto constitucional que reglamenta, resulta incuestionable que lo dispuesto en el último párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, no debe estimarse como una limitación para que el tercero extraño al procedimiento del que emana el acto reclamado acuda al juicio de garantías, sino como una excepción más al principio de definitividad en favor de las partes de dicho procedimiento; por tanto, cuando se reclama un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el tercero extraño al procedimiento respectivo, en ningún caso, tiene la obligación de agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima es inconstitucional. En ese sentido, deviene incuestionable que cuando la parte quejosa reclama el emplazamiento a un procedimiento administrativo, alegando que lo desconoce, se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el quejoso comparece como persona extraña a la controversia. Finalmente, la autoridad en cita señala que se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en la fracción XIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, fecha en la que se le notificó el auto de inicio del procedimiento de origen; de ahí que refiere, se trata de un acto consentido tácitamente. Debe desestimarse lo expuesto, pues dicho argumento se encuentra vinculado con el fondo del asunto planteado en esta vía, de ahí que no pueda analizarse como causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia que se reproduce: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". SEXTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal instada, tal y como se verá a continuación. Cabe señalar que en la especie, la parte quejosa reclama el ilegal emplazamiento al procedimiento ********************, así como todo lo actuado en el mismo, señalando que la notificación que se le practicó, se hizo en forma contraria a las disposiciones establecidas en la ley. De ahí que refiere, se le privó de toda oportunidad de defenderse de la demanda entablada en su contra, violándose en su perjuicio sus derechos fundamentales, entre otros, los consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Previamente, es importante destacar que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable tuvo por recibida la queja interpuesta por ********************, en contra de ********************, iniciándose el expediente ********************; asimismo, se señalaron las once horas con quince minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación respectiva, por lo que se requirió al citado proveedor, aquí quejoso, para que se presentara en las instalaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, en la fecha y hora señaladas, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento se le impondrían las medidas de apremio a que se refiere el artículo ********************, fracción I, y último párrafo, en relación con el artículo 129 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 2. Diligencias actuariales de ocho y nueve de octubre de dos mil diecinueve, en las que el notificador adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, notificó al aquí quejoso el proveído acabado de señalar. 3. En la fecha y hora señaladas -once horas con quince minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve-, se celebró la audiencia de conciliación en autos del procedimiento de origen, en la que se hizo constar la inasistencia del aquí impetrante del amparo, no obstante encontrarse debidamente notificado, por lo que haciendo efectivos los apercibimientos decretados en auto de veintiocho de agosto del referido año, se le impusieron tres multas por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos, moneda nacional), cada una; asimismo, ante la inasistencia de la promovente, se le otorgó un término de diez días a fin de que justificara fehacientemente tal circunstancia, apercibida que en caso de omisión, se le tendría por desistida de la reclamación que dio origen al procedimiento de que se trata. 4. Proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se hizo constar que la parte consumidora, aquí tercero interesada, no justificó su inasistencia a la audiencia de conciliación celebrada en autos del procedimiento de origen; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en la misma, y se le tuvo por desistida de su reclamación, por lo que se turnó el expediente de origen al archivo como asunto total y definitivamente concluido. 5. Posteriormente, en auto de ocho de junio de dos mil veintitrés, se aperturó el procedimiento administrativo de ejecución derivado del expediente de origen ********************, correspondiente al cobro de la medida de apremio impuesta al quejoso ********************, en audiencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las diligencias de ocho y nueve de octubre de dos mil diecinueve, se desprende lo siguiente: Citatorio Procuraduría Federal del Consumidor Unidad Administrativa: Delegación Yucatán Expediente No. ******************** CITATORIO PREVIO NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A NOTIFICAR: ******************** En ********************, Yucatán, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 08 del mes de octubre del año 2019, el C. ********************, notificador adscrito a la DELEGACIÓN YUCATÁN, de la Procuraduría Federal del Consumidor en ********************, identificándome con credencial No. ********************, con vigencia del 2019 al 2021, me constituí en el inmueble marcado con el número ********************, Locales ********************, de las calles ********************x ******************** (Plaza ********************), colonia ********************, en la Delegación o Municipio de ********************, en esta entidad federativa, C.P. ********************, cerciorándome por medio de nomenclatura que es el domicilio de la persona al rubro citada, y hecho el requerimiento de la presencia del interesado o quien legalmente lo represente, quien no acudió al llamado, se presentó el C. ********************, en su carácter de empleada, quien se identifica con gafete, manifestando que la persona buscada no se encuentra, por lo que procedo a dejar en su poder el presente citatorio para que la persona al rubro citada espere al notificador a las 12 horas con 20 minutos, del día 09 del mes de octubre del año 2019, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, la diligencia de notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en lugar visible del propio domicilio, con fundamento en los artículos 1, 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de Protección al Consumidor por disposición de su artículo 104.". Emplazamiento Procuraduría Federal del Consumidor Unidad Administrativa: Delegación Yucatán Expediente No. ******************** CÉDULA DE NOTIFICACIÓN NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A NOTIFICAR: ******************** En ********************, Yucatán, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 09 del mes de octubre del año 2019, el C. ********************, notificador adscrito a la DELEGACIÓN YUCATÁN, de la Procuraduría Federal del Consumidor en ********************, identificándome con credencial No. ********************, con vigencia del 2019 al 2021, me constituí en el inmueble marcado con el número ********************, Locales ********************, de las calles ********************x ******************** (Plaza ********************), colonia ********************, en la Delegación o Municipio de ********************, en esta entidad federativa, C.P. ********************, cerciorándome por medio de nomenclatura que es el domicilio de la persona al rubro citada, requerí la presencia del interesado, propietario, su representante o apoderado legal, entendiendo la presente diligencia de notificación con quien dice llamarse ********************, identificándose con gafete, en su carácter de empleada (recepcionista), personalidad que acredita con su dicho, a quien en este acto y con fundamento en los artículos 103 y 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, le notifico formalmente para todos los efectos legales a que haya lugar, original con forma autógrafa del acto que se notifica de fecha 28-08-2019, emitido por el (la) C. ********************, en su carácter de Jefa Departamento de Servicios, así como de los documentos base de la reclamación, en copia debidamente cotejada, todo consistente en ********************fojas. Asimismo, le hago entrega de una copia de la presente cédula, firmando el interesado al calce de recibido y para constancia de todo lo anterior.". Ahora bien, en sus motivos de disenso, aduce el quejoso, en esencia, que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al privarlo de sus derechos en el procedimiento natural, al no haber sido emplazado correctamente, y en consecuencia, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, del Volumen 115-120, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 232627, cuyo rubro y texto disponen: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, localizable en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200234, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En ese sentido, la importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. En ese contexto, es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un procedimiento entablado en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Por estas razones, debe estimarse que el emplazamiento es una cuestión de orden público y por tanto los jueces están obligados a investigar de oficio, si se llevó a cabo en estricta observancia de la normativa aplicable, que en el caso, resulta ser el artículo 104 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a la letra dice: "ARTÍCULO 104.- Las notificaciones que realice la Procuraduría serán personales en los siguientes casos: I. Cuando se trate de la primera notificación; II. Cuando se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; III. Cuando se trate de notificación de laudos arbitrales; IV. Cuando se trate de resoluciones o acuerdos que impongan una medida de apremio o una sanción; V. Cuando la Procuraduría notifique al acreedor haber recibido cantidades en consignación; VI. Cuando la autoridad lo estime necesario; y VII. En los demás casos que disponga la ley. Las notificaciones personales deberán realizarse por notificador o por correo certificado con acuse de recibo del propio notificado o por cualquier otro medio fehaciente autorizado legalmente o por el destinatario, siempre y cuando éste manifieste por escrito su consentimiento. Dicha notificación se efectuará en el domicilio del local o establecimiento que señale el comprobante respectivo, o bien, en el que hubiere sido proporcionado por el reclamante. Tratándose de la notificación a que se refiere la fracción primera de este precepto en relación con el procedimiento conciliatorio, la misma podrá efectuarse con la persona que deba ser notificada o, en su defecto, con su representante legal o con el encargado o responsable del local o establecimiento correspondiente. A falta de éstos, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Las notificaciones realizadas con quien deban entenderse en términos del párrafo anterior serán válidas aun cuando no se hubieren podido efectuar en el domicilio respectivo. En caso de que el destinatario no hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones o lo hubiere cambiado sin haber avisado a la Procuraduría, ésta podrá notificarlo por estrados. Tratándose de actos distintos a los señalados con anterioridad, las notificaciones podrán efectuarse por estrados, previo aviso al destinatario, quien podrá oponerse a este hecho, así como por correo con acuse de recibo o por mensajería; también podrán efectuarse por telegrama, fax, vía electrónica u otro medio similar previa aceptación por escrito del interesado. La documentación que sea remitida por una unidad administrativa de la Procuraduría vía electrónica, fax o por cualquier otro medio idóneo a otra unidad de la misma para efectos de su notificación, tendrá plena validez siempre que la unidad receptora hubiere confirmado la clave de identificación del servidor público que remite la documentación y que ésta se conserve íntegra, inalterada y accesible para su consulta. De lo anterior se advierte que la legislación que rige el procedimiento generador de los actos reclamados, no contempla la forma en la que habrán de realizarse las notificaciones cuando no se encuentre la persona buscada, por lo que debe acudirse a las disposiciones que al respecto establece La Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en específico, en su artículo 36, que regula el proceder del notificador cuando no localiza a la persona con quien deba entender la diligencia. Apoya la anterior consideración, la tesis sostenida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, visible en página 2880, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2012637, que establece: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. TRATÁNDOSE DE NOTIFICACIONES PERSONALES ORDENADAS EN EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y NO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El último párrafo del artículo 114 de la Ley Federal de Protección al Consumidor indica que para la sustanciación del procedimiento de conciliación que se sigue ante la Procuraduría Federal del Consumidor debe aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, esa disposición no resulta aplicable por lo que hace a las notificaciones personales ordenadas en dicho procedimiento, porque de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 104 de la propia ley, al señalar que la primera notificación en relación con el procedimiento conciliatorio podrá efectuarse con la persona que deba ser notificada o, en su defecto, con su representante legal o con el encargado o responsable del local o establecimiento correspondiente, y que a falta de éstos se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte una regla especial de supletoriedad que remite a la ley procesal administrativa. Así, conforme al principio de derecho consistente en que la ley especial prevalece sobre la general, tratándose de notificaciones personales ordenadas en el procedimiento conciliatorio, ante la ausencia de la persona a notificar, su representante legal o el encargado o responsable del establecimiento, debe aplicarse supletoriamente el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regula el proceder del notificador cuando no localiza a la persona con quien deba entender la diligencia. En ese sentido, dada la importancia del emplazamiento, el legislador estableció una serie de formalidades que obligadamente deben observarse para considerar legal el llamamiento, las cuales como antes se dijo, están contempladas en el numeral 36 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que a la letra dice: "Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación". De la literalidad del numeral transcrito se desprende que, si se trata de emplazamiento y a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente. Si la persona buscada no atendiera el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que ahí se encuentre, y si se niega a recibirlo, o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, la notificación se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible. Asimismo, también se puntualizó que para hacer una notificación personal, se cerciorará el notificador del domicilio del interesado y después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual tomará razón por escrito. Como se anticipó, en el caso es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, pues de la lectura integral de las diligencias transcritas en párrafos precedentes, se advierte que no existe un debido cercioramiento del domicilio por parte del notificador responsable. En efecto, el funcionario responsable, al acudir al domicilio proporcionado en autos como del proveedor, aquí quejoso, fue omiso en plasmar cuáles fueron las razones y los medios por los que se cercioró que efectivamente se encontraba en su domicilio. En este caso, el notificador adscrito a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, debió señalar en su razón actuarial, cuáles fueron los medios por los que pudo cerciorarse del domicilio del aquí impetrante del amparo, no sólo haciendo referencia a la nomenclatura, sino todos aquéllos datos que lo llevaran a constatar que efectivamente se constituyó en el domicilio indicado para llevar a cabo la diligencia. Lo anterior, pone de manifiesto que la destacada deficiencia formal de que adolecen las razones de notificación levantadas por el notificador, verdaderamente afectan su legalidad, pues debido a ello no es posible establecer con certeza, como es menester, que la parte quejosa haya sido notificada del procedimiento instaurado en su contra; es decir, que tuvo conocimiento pleno de la fecha y hora de la audiencia de conciliación, pues como se ha visto, al llevar a cabo la diligencia de notificación, incurrió en la deficiencia apuntada. La cual constituye una irregularidad de gran trascendencia por cuanto con ese actuar del notificador responsable, se apartó de las formalidades legales y se dejó en indefensión a la parte quejosa, pues esas imprecisiones propiciaron que se tramitara el procedimiento sin que tuviera oportunidad de comparecer a fin de hacer valer sus derechos; pues se reitera, esa diligencia debe cumplir con ciertas formalidades, lo que obliga a que se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos; además de que salvaguarda el derecho fundamental de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere fehacientemente de la incoación de un proceso en su contra. Por ende, no puede operar la presunción relativa a que la aquí parte quejosa tuvo conocimiento de dicho procedimiento oportunamente, aunque se hayan satisfecho otros requisitos, cuenta habida que tratándose de un acto formal, el emplazamiento debe realizarse con la mayor de las medidas posibles del cercioramiento del domicilio y de que la persona a quien se dirige efectivamente se entere de la existencia de un procedimiento en su contra. Por tanto, puede afirmarse que la falta de emplazamiento o su verificación en forma distinta, viola en perjuicio de la parte quejosa, los derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica que rigen las resoluciones, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Pues si de acuerdo al primero de los dispositivos Constitucionales en cita, el juicio previo al acto privativo ha de sujetarse a las formalidades esenciales del procedimiento, para que el llamamiento a juicio revista la legalidad debida, indefectiblemente tendrá que hacerse a cabalidad. Sostener lo contrario y pretender la legalidad de la notificación efectuada en esas condiciones -con la irregularidad apuntada-, implicaría sustituir las formalidades básicas y elementales, con el consecuente desconocimiento de la imperatividad tanto del precepto Constitucional antes invocado, como de la norma procedimental relativa a los requisitos fundamentales que sobre el particular han de acatarse. Al respecto, encuentra aplicación en lo conducente la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 147, Tomo 103-108, Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 241095, cuyo texto es como sigue: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL. LA FE PÚBLICA DE QUE ESTÁ INVESTIDO EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA, NO CONVALIDA LAS ALTERACIONES Y CONTRADICCIONES EN QUE INCURRA. Es verdad que la finalidad que persigue la ley, en lo que a determinadas notificaciones se refiere, es la de que se practiquen, preferentemente, con la persona a quien va dirigida la notificación, sobre todo cuando se trata del llamamiento a juicio, ya que así se desprende del texto del artículo 1393 del Código de Comercio y de los diversos 116 y 117 del código adjetivo civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al primero de dichos ordenamientos, en materia de notificaciones; pues se infiere que de esa manera la persona notificada, al tener conocimiento de la existencia del juicio al que se le llama, está en posibilidad de hacer valer en el mismo todos los derechos que la ley procesal le concede en su carácter de parte; sin embargo, no puede jurídicamente sostenerse la legalidad del emplazamiento, por el solo hecho de que el actuario que lo practicó haya asentado en la diligencia respectiva haberla entendido personalmente con el demandado, si esto no ocurrió, pues la circunstancia de que tal funcionario esté investido de fe pública, no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra; de donde se sigue que, precisamente, dada la fe pública que merecen los actos de los funcionarios con potestad para otorgarlos, y tomando en cuenta las alteraciones y contradicciones que se desprenden de las preindicadas diligencias, resulte evidente que no se les puede atribuir valor probatorio alguno, ya que es de explorado derecho que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica, que señalan que no puede una cosa ser y dejar de ser al mismo tiempo; y aunque es verdad que el actuario que practica el emplazamiento tiene la fe pública, esa fe no puede rebasar en manera alguna los extremos contradictorios que niegan los principios de la lógica, pues para que el actuario tenga esa fe pública no debe nunca incurrir en hechos absurdos y contradictorios." Igualmente encuentra apoyo lo anterior en la siguiente jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO, CERCIORAMIENTO DEFICIENTE DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO. No es bastante el cercioramiento que efectúa el actuario acerca de que el domicilio en que practica el emplazamiento es el del demandado, si tal constatación la realiza apoyándose en que ese es el que proporcionó el actor y porque tiene a la vista la nomenclatura y número exterior visible de la finca en que actúa, puesto que, para ese fin, es necesario que, con los atributos propios de su autoridad, se asegure mediante otros datos que tenga a su alcance, de la efectividad de la designación del domicilio de que se trata, esto es, debe cerciorarse que a quien pretende llamar a juicio, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; por tanto, si el emplazamiento adolece de los requisitos formales mencionados, resulta ilegal." Asimismo, apoya lo anterior, la diversa jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO. DEBEN OBSERVARSE TODAS LAS FORMALIDADES DEL. De conformidad con lo que dispone el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que un emplazamiento se encuentre correctamente desahogado no basta que el actuario se cerciore de que el domicilio donde efectúa es el señalado en la demanda, por medio de las placas de nomenclatura oficiales, sino además tiene que cerciorarse de que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio el demandado, ya que de omitir esa circunstancia resulta ilegal el emplazamiento, debiendo hacerse constar en el acta que al efecto se levante los medios a través de los cuales llegó a tal conocimiento". Así como las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizables en las páginas 281 y 282, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, números de registro 160218 y 160217, de rubro y texto, respectivamente: "NOTIFICACIONES PERSONALES. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que parte del derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está constituido por los requisitos de la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, la posibilidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, los cuales no pueden presentarse de manera aislada uno del otro porque son los elementos esenciales que conforman el marco de actuación de las autoridades, motivo por el cual, cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite, se infringe el derecho fundamental de que se trata. En ese sentido, el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no viola dicho derecho fundamental, pues de su lectura se advierte que la persona encargada de llevar la diligencia de notificación personal está constreñida a constituirse en el domicilio del particular, donde levante acta de notificación en la que debe hacer constar quién es la persona que se busca y cuál es su domicilio; en su caso, por qué no pudo practicarla; con quién entendió la diligencia; y, a quién se deja el citatorio, información que permite saber con certeza si el destinatario tuvo conocimiento pleno del acto administrativo, sin que sea obstáculo para inferir lo anterior, el hecho de que el texto de la norma no establezca expresamente todos y cada uno de los datos descritos, pues es necesario recordar la obligación a cargo de toda autoridad de emitir sus actos con la debida fundamentación y motivación, conforme al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General de la República. Por ello, es necesario atender a las características propias de las notificaciones personales en relación con el derecho fundamental de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de autoridad; de ahí que el notificador no solamente esté obligado a cumplir los requisitos previstos expresamente en el citado artículo 36, sino también los reguladores de cualquier notificación personal". "NOTIFICACIONES PERSONALES. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA. De la interpretación literal del citado precepto se advierte que si bien es verdad que el notificador no está obligado a levantar razón circunstanciada de las diligencias de notificación, también lo es que dicho numeral debe interpretarse tomando en cuenta las características esenciales de las notificaciones personales, así como su fin, eficacia y la obligación de toda autoridad de fundar y motivar todos los actos que incidan en la esfera jurídica de los particulares, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, debe considerarse que la notificación personal es un medio de comunicación jurídica e individualizada, cuyos requisitos formales están predeterminados expresamente en el ordenamiento jurídico que rija al acto, a fin de lograr la certeza del destinatario sobre su conocimiento, por lo cual, el creador de la norma estimó indispensable establecer las reglas concretas a cuya observación la autoridad está obligada al notificar sus resoluciones. En ese sentido, uno de los medios para tener plena convicción de que la notificación se practicó en el lugar señalado para ese efecto con el destinatario o su representante legal, es el levantamiento de un acta en la cual consten los datos circunstanciados que revelen los pormenores de la diligencia, inclusive en el supuesto de la necesidad de haberse entendido con un tercero. En consecuencia, el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no viola el derecho fundamental de seguridad jurídica contenido en el citado artículo 16 constitucional, ya que sin importar que no establezca expresamente ese requisito, esa exigencia deriva a su vez de la obligación de las autoridades de fundar y motivar correctamente sus actos; de ahí que el precepto legislativo establezca los elementos indispensables para poder saber si el notificador tuvo convicción o no de haber practicado la notificación en el domicilio correcto y con el destinatario, o en su defecto, la ausencia del particular, lo que hace que la diligencia se entienda con un tercero, siguiendo todas y cada una de las reglas justificantes de la actuación". En consecuencia, al resultar substancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que: El Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, deje insubsistentes las multas que le fueron impuestas al quejoso ********************, en audiencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve, celebrada en el procedimiento administrativo ********************, y como vía de consecuencia, se le realice la devolución de lo pagado. OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclama del Delegado y Notificador de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el oficio signado por la Directora de Zona de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona Metropolitana de Mérida, con sede en esta ciudad, por sí y en representación del notificador de su adscripción y anexo adjunto, mediante el cual, remite las constancias que le fueron solicitadas mediante proveído de dieciocho de agosto último. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes de lo anterior, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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