Fernando Morales Clavel

Expediente 546/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
546/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Fernando Morales Clavel

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 546/2022-IV CUENTA. El trece de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 4732, y anexo que acompaña, consistente en un testimonio certificado; asimismo, CERTIFICA: que no obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria de veinticuatro de marzo pasado, dictada en el Recurso de Queja Penal 177/2022. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento a las partes que el Tribunal de Alzada resolvió: "[.] SE RESUELVE: ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Notifíquese;." Realícese las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada al Centro Archivístico Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 y 17, fracción II, del Acuerdo General invocado. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Principal 546/2022-IV CUENTA. El diez de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 17599. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio signado electrónico por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que se admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto de catorce de junio del año en curso, el cual quedó registrado bajo el recurso de queja penal 177/2022; circunstancia de la cual toma conocimiento este juzgado federal para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Principal 546/2022-IV CUENTA. El veintiocho de junio de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 11125. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Fernando Morales Clavel, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de junio del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación; ríndase informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que en proveído de catorce de junio del año en curso, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo, adjuntándole copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, y remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo, para su substanciación. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 14 DE JUNIO DE 2022, QUE DICE: ... Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Fernando Morales Clavel, por propio derecho, contra actos del Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 546/2022-IV, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese expediente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado, impone la obligación a la Jueza de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...). "C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (...). VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". De la primera disposición transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la ley. En ese sentido, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que la víctima u ofendido deberá impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos ante el Juez de Control competente. Ello es así ya que la intención del Constituyente Permanente, es que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata, tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita al respecto procederá el juicio de amparo. Precisado lo anterior, debe precisarse que el quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando la omisión de la autoridad responsable ordenadora de practicar todas las diligencias necesarias en la carpeta de investigación 12170700100058170322, y ejercitar acción penal y de reparación del daño en contra de Saturnino Morales Clavel, por los delitos de fraude procesal, uso indebido de documentos falsos, alterados o apócrifos y otros, así como la falta de impulso procesal en dicha carpeta que atribuye a la autoridad responsable ejecutora; sin embargo, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto reclamado la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de impugnación, como lo es el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que el diverso numeral 20 Constitucional, en su apartado C, fracción VII, establece la obligación del agraviado de impugnar ante autoridad judicial tanto las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, el mencionado recurso encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que literalmente dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el legislador otorgó a los gobernados un medio de impugnación ordinario el cual debe agotar previo a acudir al juicio de amparo. En ese sentido, de la interpretación de los preceptos legales, se advierte un derecho fundamental de la víctima u ofendido de impugnar las omisiones y determinaciones que el Ministerio Público emita dentro de la carpeta de investigación; dentro de ellas está precisamente el de abstenerse de integrar y judicializar una carpeta de investigación. Dichas omisiones o determinaciones pueden ser impugnadas ante el Juez de Control competente, quien en una audiencia podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, si es que no se justifica la procedencia de la determinación del representante social impugnada o alguna otra, que lo faculte para dejar de investigar. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -recurso innominado-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión o abstención del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. De lo hasta aquí destacado se advierte que el citado artículo 61, en su fracción XXIII, establece que el juicio de amparo es inadmisible en los casos en que su procedencia esté restringida por alguna disposición de la Constitución General de la República; incluido el numeral 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, de donde se desprende el derecho de la víctima y ofendido de impugnar las omisiones ahí referidas ante el Juez facultado dentro del sistema penal acusatorio instaurado. En el caso y a fin de evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar que la parte quejosa en su escrito de demanda, específicamente en los capítulos de autoridades responsables y acto reclamado, manifestó: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a)-Ordenadora. Fiscalía General del Estado de Guerrero (.) B)- Ejecutora: Titular de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común Distrito Judicial de Altamirano (.) ACTOS RECLAMADOS: I.- De la autoridad señalada como ordenadora reclamo la OMISION para ordenar a la autoridad ejecutora que practique todas las diligencias de rigor en la carpeta de investigación 12170700100058170322 y se ejercite acción penal y de reparación del daño en contra del C. Saturnino Morales Clavel. De la autoridad señalada como ejecutora la falta de impulso procesal para practicar todas las diligencias de rigor en la carpeta de investigación 12170700100058170322. Iniciada en el municipio de san Luis Acatlán por los delitos de fraude procesal, uno indebido de documentos falsos o apócrifos y otros. En contra de Saturnino Morales Clavel. Se niega el órgano investigador a actuar en consecuencia". En consecuencia, si en el presente caso el quejoso se duele de la omisión de la autoridad responsable ordenadora de practicar todas las diligencias necesarias en la carpeta de investigación 12170700100058170322, y ejercitar acción penal y de reparación del daño en contra de Saturnino Morales Clavel, por los delitos de fraude procesal, uso indebido de documentos falsos, alterados o apócrifos y otros, cometidos en su agravio, así como la falta de impulso procesal en dicha carpeta que atribuye a la autoridad responsable ejecutora, es evidente que en su calidad de víctima u ofendido puede impugnarla ante el juez de control, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos; por tanto, es indefectible que la parte quejosa, antes de acudir a esta instancia, debió necesariamente interponer dicho recurso innominado, pues es un medio de defensa que la legislación ordinaria contiene y que tiene como finalidad que el juez de control estudie dicha omisión. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Máxime que tal y como lo dispone expresamente el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales la determinación que el Ministerio Público adopte en la carpeta de investigación deberá notificársela en su carácter de victima u ofendido a fin de que esté en aptitud de impugnarla dentro de los diez días siguientes ante el Juez de Control. En esa coyuntura, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Fernando Morales Clavel. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que señala en la demanda de amparo; como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Urbano Carrillo Lugardo y Ovidio Bailón Poblete, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho. De igual forma, téngaseles proporcionando los correos electrónicos para establecer contacto. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a la Actuaria judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Beatriz Eugenia Meza López Secretaria que autoriza. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano