Fernando Montiel Solares
Expediente 867/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Fernando Montiel Solares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Jefe del Departamento de Informática de la Policía Ministerial del Estado, en residencia en Chilpancingo, a través del cual hace del conocimiento que las Direcciones de Tecnologías de la Información, de Control de Procesos y el área de Archivo Criminalístico, son quienes de manera oficial alimentan la base de datos de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General, por lo que solicita se requiera a ella lo solicitado en proveído de dieciocho de los corrientes. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los autos el oficio y anexos de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes, y téngase a la autoridad responsable, informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase como autoridades vinculadas a las DIRECCIONES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DE CONTROL DE PROCESOS Y DEL ÁREA DE ARCHIVO CRIMINALÍSTICO, a fin de que en el improrrogable plazo de tres días hábiles contado a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada con las documentales que acredite que dieron de baja en el sistema de dichas direcciones la orden de aprehensión emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, dentro de la causa penal ******, del suprimido Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, ahora Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en contra del quejoso *****. Apercibidas que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera...
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Sector Costa Azul, en esta ciudad, a través del cual informa que mediante diverso oficio 2547/2019 de trece de diciembre actual, solicitó al titular del departamento de informática adscrito a la Coordinación General de la Policía Ministerial, dar de baja la orden de aprehensión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, emitida en contra del aquí quejoso, toda vez que dicho departamento es el encargado de subir y dar de baja las órdenes de aprehensión. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los autos el oficio y anexos de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes, y téngase a la autoridad responsable, informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, requiérase como autoridad vinculada al TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA ADSCRITO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL, a fin de que en el improrrogable plazo de tres días hábiles contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada con las documentales que acredite que dio de baja en el sistema de dicho departamento la orden de aprehensión emitida el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, dentro de la causa penal 126-II/2015, del suprimido Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, ahora Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en contra del quejoso Fernando Montiel Solares. Apercibido que de no hacerlo, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo , se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio . 2. Se determinará porqué a juicio de este Juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Sirve de apoyo la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19). Hágase del conocimiento de la autoridad vinculada, que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Hágase del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de las protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad requerida que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10 a.), sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 11) Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículo 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio 2523/2019, firmado por el Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Sector Costa Azul, en esta ciudad, a través del cual informa que mediante diverso oficio 2512/2019 de once de diciembre actual, solicitó a la Coordinadora Regional de los Juzgados adscritos de esta ciudad, le proporcione copia certificada de la cancelación de la orden de aprehensión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, emitida en contra de ****** en la causa penal ******, del índice del suprimido Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares (ahora Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares), por el delito de *****, a fin de poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los autos el oficio y anexos de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes, y téngase a la autoridad responsable, informando las gestiones que realiza para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, tomando en cuenta que el cumplimiento de una sentencia de amparo es de orden público, por lo que es de obligada observancia para este juzgador velar porque ello ocurra, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Sector Costa Azul, en esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de veinticuatro horas hábiles siguientes, contado a partir de que le surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada del acuse de recibo del 2512/2019 de once de diciembre actual, solicitó a la Coordinadora Regional de los Juzgados adscritos de esta ciudad, le proporcione copia certificada de la cancelación de la orden de aprehensión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, emitida en contra de ***** en la causa penal ******, del índice del suprimido Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares (ahora Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares), pues no es suficiente la emisión del acuerdo que ordene su envío, sino acreditar fehacientemente que se entregó a su destinatario. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de veintidós de noviembre actual (fojas 209 a 214), notificado mediante oficio 24486/2019, recibido el veinticinco siguiente.
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 2485/2019, firmado por el Director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Sector Costa Azul, en esta ciudad, a través del cual informa que queda notificada y acata la suspensión que le otorgó este órgano jurisdiccional al quejoso Fernando Montiel Solares. En ese tenor, es evidente la subsistencia de la vulneración en perjuicio del quejoso al derecho fundamental que prevé el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no acata en sus términos la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por lo que con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Sector Costa Azul, en esta ciudad para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito, remita copia certificada de las constancias que acrediten que ya realizó la cancelación y dio de baja en sus bases de datos la orden de aprehensión de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, emitida en contra de **** en la causa penal *****, del índice del suprimido Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares (ahora Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares), por el delito de ****, a fin de dar cumplimiento a la sentencia amparadora. Lo anterior significa que la autoridad responsable no deberá ceñirse a manifestar que se abstendrá de cumplimentar la orden de aprehensión referida, sino que deberá realizar la inscripción de cancelación del mandamiento judicial referido en el sistema de cómputo y/o en los libros y/o bitácoras en los que esa institución policial realiza los registros de mandatos de captura cuya ejecución le son encomendados, y deberá remitir a este juzgado copia certificada en los que se pueda apreciar de manera clara y sin lugar a dudas de que la orden de aprehensión en cuestión se encuentra debidamente cancelada. En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le harán efectivos los apercibimientos decretados en proveído de veintidós de noviembre actual (fojas 209 a 214), notificado mediante oficio 24486/2019, recibido el veinticinco siguiente.
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