Fernando Martínez Pedroza
Expediente 359/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Fernando Martínez Pedroza
Actuaciones
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- Principal
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO, NO EXISTE MATERIA PARA EJECUCIÓN. Los efectos para los cuales fue concedido el amparo a la parte quejosa, en específico, para que la autoridad responsable en su oportunidad, con relación a los alimentos provisionales, dictara resolución en la que reiterara lo que no fue materia de concesión de amparo y, con plenitud de jurisdicción, motivara su decisión respecto a la necesidad de la pensión de alimentos provisionales a favor de ********************, no es susceptible de cumplimiento, pues la autoridad responsable manifestó que ordenó recabar de manera oficiosa, el material probatorio que permita tener información respecto a los ingresos, que en forma esporádica recibe ********************, a efecto de fijar una pensión alimenticia compensatoria y no de alimentos provisionales. De ahí que este resolutor determina que en el particular, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ya no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. El expediente principal es depurable. Notifíquese vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO, NO EXISTE MATERIA PARA EJECUCIÓN. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, dado que éste es de orden público, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o bien si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, procede analizar el cumplimiento de la sentencia de amparo, en los términos siguientes: El artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede al Poder Judicial de la Federación la facultad de analizar las normas generales, actos y omisiones que vulneren los derechos humanos previstos en la Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Por esto, la eficacia del juicio de amparo es clave para lograr que todas las personas disfruten en nuestro país de esos derechos. La finalidad de una concesión de amparo es que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación -tratándose de actos de carácter positivo-, u obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exigía -actos negativos o que impliquen una omisión-; por tanto, las ejecutorias de amparo deben ser puntual y totalmente cumplidas, sin excesos ni defectos, pues ésa es la finalidad de un fallo protector. Así, la eficacia del amparo y, en consecuencia, de la protección judicial de derechos humanos, depende en buena medida del cumplimiento de las sentencias firmes que se dicten en los procesos constitucionales. Luego, ante la trascendencia de las ejecutorias de ese carácter en un Estado de derecho, resulta imperativo hacerlas verdaderamente efectivas, pues de otro modo, el sistema de control constitucional sería una mera ilusión al quedar incompleto y la eficacia del amparo sería trastocada. Así, resulta incuestionable que las autoridades responsables en el juicio de amparo e, inclusive las que carecen de tal carácter, están jurídicamente constreñidas a cumplir, sin demora alguna, todo fallo concesorio. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales las circunstancias que rodean el caso concreto generan algún impedimento para cumplir con el fallo protector, ya sea porque desaparezca la materia de la sentencia concesoria, o bien, por sobrevenir una imposibilidad de cumplir con ella derivada de una cuestión jurídica o de derecho, o bien, fáctica o material. En ese orden de ideas, genéricamente se pueden encontrar inicialmente ante dos panoramas: I. Que la sentencia concesoria se cumpla de forma completa; y, II. Que no se logre su cumplimiento. En relación con la segunda premisa, el artículo 193 de la Ley de Amparo establece el procedimiento a seguir y las consecuencias cuando no se logra cumplir el fallo en el plazo fijado; esto es, las sanciones a los omisos, siempre y cuando no exista justificación. Sin embargo, también puede actualizarse otra hipótesis legal, como la relacionada en el incidente de inejecución de sentencia 262/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de junio de dos mil diecisiete, donde se consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Que, por otra parte, sostuvo la Segunda Sala de la Corte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, concluyó el Máximo Tribunal del País que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) la imposibilidad material o jurídica; y, 2) la inexistencia de materia para su ejecución. Que en ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original [artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo]. En cambio, la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para restablecer una determinada situación antes de la violación denunciada [artículo 214 de la Ley de Amparo]. Con base en esas precisiones, en el caso dejó de existir la materia para la ejecución de la sentencia. En efecto, de las constancias de autos se advierte que: En sentencia dictada el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable -Jueza Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, cumpliera con lo siguiente:[...] En proveído de catorce de octubre del año en curso causó ejecutoria la sentencia de mérito, y se requirió a la responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio recibido en este juzgado el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, la autoridad rindió el informe con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y remitieron copia certificada del proveído dictado el dieciséis de diciembre del año próximo pasado; documentales que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, tienen valor probatorio pleno y de las que se advierte lo siguiente: Mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia interlocutoria de once de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente por lo que hace a lo determinado en el apartado relativo a los "alimentos provisionales con relación a la cónyuge", en la que se condenó al quejoso al pago de una pensión alimenticia provisional por el monto equivalente al veinte por ciento de sus percepciones a favor de... Con plenitud de jurisdicción, ordenó recabar de manera oficiosa, el material probatorio que permita tener información respecto a los ingresos, que en forma esporádica recibe... Asimismo, determinó reencausar la solicitud de alimentos provisionales efectuada por..., dándole trámite como pensión alimenticia compensatoria, con fundamento en lo establecido en los artículos 2 y 186 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, al considerar que las circunstancias cambiaron, pues el once de mayo de dos mil veintidós, fecha en la que se admitió la demanda de amparo, el ahora quejoso aún se encontraba casado con... y el tres de junio de dos mil veintidós, se declaró disuelto el vínculo matrimonial, por lo que la obligación existente entre los cónyuges de proporcionarse alimentos provisional desapareció. En razón de lo anterior, la autoridad responsable ordenó el trámite del incidente correspondiente en el cuaderno principal, dio vista a la contraria por el término de tres días para que diera contestación y ordenó recabar información en relación al monto de las necesidades de ella y sobre su capacidad económica, así como la integración del estudio socioeconómico, a fin de fijar la pensión alimenticia compensatoria. De lo expuesto anteriormente, se aprecia que si bien la responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo dejó parcialmente insubsistente la interlocutoria reclamada y ordenó recabar de manera oficio material probatorio que permita tener información respecto a los ingresos que en forma esporádica recibe..., también lo es que en el caso, la autoridad responsable ya no emitirá interlocutoria que resuelva sobre los alimentos provisionales, sino sobre pensión alimenticia compensatoria en favor de la mencionada, al haber variado las circunstancias que regían al momento de promover la demanda de amparo, pues durante el transcurso del procedimiento se decretó la disolución del vínculo matrimonial entre la quejosa y el tercero interesado. Por tanto, es inconcuso que los efectos para los cuales fue concedido el amparo a la parte quejosa, en específico, para que la autoridad responsable en su oportunidad, con relación a los alimentos provisionales, dictara resolución en la que reiterara lo que no fue materia de concesión de amparo y, con plenitud de jurisdicción, motivara su decisión respecto a la necesidad de la pensión de alimentos provisionales a favor de..., no es susceptible de cumplimiento, pues la autoridad responsable manifestó que ordenó recabar de manera oficiosa, el material probatorio que permita tener información respecto a los ingresos, que en forma esporádica recibe..., a efecto de fijar una pensión alimenticia compensatoria y no de alimentos provisionales. De ahí que este resolutor determina que en el particular, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ya no existe materia para la ejecución de la sentencia que concedió la protección constitucional. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo.
- Principal
-VISTA CUMPLIMIENTO- Visto el oficio de la autoridad responsable Jueza Cuarto de lo Familiar del Estado, agréguese a los autos para que obre como corresponda, pues informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe las documentales respectivas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer pronunciamiento alguno, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos. Notifíquese electrónicamente a la Agente del Ministerio Público adscrita y por lista al resto de las partes.
- Principal
-EJECUTORIA AMPARA- Visto el estado de autos, advirtiéndose de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. -SE REQUIERE CUMPLIMIENTO- Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Jueza Cuarto de lo Familiar del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Notifíquese vía electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de oficio a la autoridad responsable (CON ANEXO) y por lista a las demás partes.
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