Fernando Martín Rangel
Expediente 437/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 06/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Fernando Martín Rangel
- Juez Cuarto de lo Familiar del Estado.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Téngase por recibido el oficio del Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la resolución pronunciada en sesión de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis dentro del impedimento civil... Hágase del conocimiento de las partes, acúsese el recibo de estilo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. De la ejecutoria de cuenta se desprende que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se califica de legal el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito Rafael Rivera Durón, para conocer del juicio de amparo indirecto... SEGUNDO. Remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, para que se returne el asunto a juez diverso al Segundo de Distrito. Notifíquese." Acúsese recibo al órgano colegiado, agréguese al expediente el oficio de cuenta y hágase la anotación en el libro de Gobierno. En atención a lo anterior, y tomando en consideración la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el juicio de amparo... se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes; en consecuencia remítase a éste los cuadernos incidentales, en la inteligencia que deberá dejarse copia de lo referido para constancia. En consecuencia, al no existir diligencias por practicar ni promociones pendientes de acordar, envíese este cuaderno de antecedentes al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos al Tribunal Colegiado por el impedimento planteado, es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el siete de marzo de dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente. El cuaderno de antecedentes del incidente formado con motivo del envío de los cuadernos incidentales al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por haber sido turnado el principal a dicho juzgado, destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el siete de marzo de dos mil diecisiete; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente(II)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad acusa recibo del juicio de amparo 437/2016-II, que se remitió con motivo del impedimento planteado por este Juzgador para conocer del juicio de amparo antes referido.
- Principal
Notifíquese personalmente .. Se notifica por lista a la tercero interesada Gabriela Martín Rangel, por conducto de su albacea César Jiménez Martín la resolución de diecinueve de los actuales ... Visto el estado de autos de los que se desprende los siguientes antecedentes relevantes.Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, . solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Juez Cuarto Familiar con sede en esta ciudad, a quien le reclamó el acto que precisó en su demanda, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis la demanda se radicó con el consecutivo 437/2016-II, ..se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.Mediante proveídos de ocho de abril y veinticinco de mayo del año en curso, comparecieron al presente juicio los terceros interesados .finalmente, la audiencia constitucional se desahogó el veintidós de junio pasado. En el caso particular, del análisis exhaustivo de las constancias de autos, el suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, considera que existe impedimento legal para fallar el presente asunto, por las siguientes razones... Conforme al precepto invocado, deriva que la propia ley de la materia impone al juzgador que conoce del juicio de amparo, el deber y la obligación de manifestar que está impedido y, por ende, inhibirse del conocimiento del asunto que le hubiese sido sometido para su resolución. .. Las causas de impedimento que se enumeran en el precepto mencionado se clasifican en objetivas y subjetivas, es decir, cuando por la conducta del juzgador se encuentre viciada su imparcialidad (subjetiva), o bien, cuando por la posición en que se encuentra ubicado, objetivamente, se le vincule con la litis o con alguna de las partes, de tal manera que haya una situación en que es preferible que se abstenga de conocer del asunto, lo que es acorde con el principio de imparcialidad. En efecto, el numeral 51, de la ley reglamentaria en consulta, refiere causas de impedimento que están inspiradas en vínculos de parentesco, afectivos, o de interés, verbigracia, que suponen que el juez puede encontrarse, respecto a un negocio determinado, en una situación tal que es posible presumir carezca de imparcialidad, que debe privar en quien dicta una resolución judicial.Así, los impedimentos para que una persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos forman parte de los funcionarios del orden judicial. .Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado, es una relación de derecho público, y tiene por objeto el deber fundamental del Juez o de otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales; deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial). ..Esa exigencia del Estado en cumplimiento, por parte del servidor, de las funciones a él atribuidas, y esa obligación correlativa para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del funcionario, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Aunque la designación de los funcionarios jurisdiccionales está rodeada por una serie de garantías, de modo que está asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha función respecto de una litis determinada, ya que la designación de tales sujetos físicos se contemplan en abstracto, en relación con la función que ha de ejercerse en general y no en concreto, respecto de la función considerada en relación con determinada causa. Se trata, en sustancia, de una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido. La falta de estas particulares condiciones y cualidades en el sujeto, produce en éste una incapacidad procesal legal, pues dicho sujeto, aun habiendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee, frente a determinada litis, tales cualidades y condiciones. No se trata, pues, de una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad legal propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. Ahora, las fracciones I al VII del artículo 51, de la Ley de Amparo, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando precisamente tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. En tanto, de conformidad con la fracción VIII del numeral 51, de la Ley Reglamentaria en consulta, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen desde luego elementos objetivos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I al VII, que establecen de forma tasada los elementos objetivos que afectan de forma directa la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII deja a cargo de quien juzga el impedimento, a que determine si las causas que se le exponen constituyen o no elementos objetivos, una vez determinados, si éstos ponen en riesgo la imparcialidad del funcionario judicial. La invocada fracción VIII no exige que el elemento objetivo afecte directamente la imparcialidad del juzgador, pues establece como mínimo que ese elemento pudiera estar en riesgo; de tal manera que el elemento objetivo que exige la norma en cuestión, debe tener la característica en que el juzgador, al resolver un asunto de su competencia, no puede encontrarse en una situación o circunstancia -elemento objetivo- que comprometa su imparcialidad, o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así, esto es, que adviertan situaciones que puedan llevar a pensar que existan conflicto de intereses, y por ello se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza tanto él como el órgano jurisdiccional del que forma parte. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la fracción VIII, debe presentarse lo siguiente: a) El juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I al VII, mismas que ya fueron explicadas con anterioridad. b) Esa situación constituya un elemento o elementos objetivos, esto es, que sean reales y actuales o que acontezca en la vida cotidiana del juzgador. c) Que de esos elementos puedan derivarse situaciones que pongan en riesgo la pérdida de imparcialidad, lo cual, no necesariamente implica una afectación, sino sólo la posibilidad de que ello pueda darse, o que ante la mirada de un observador razonable, pueda entenderse que hay motivos para pensar así. .De la transcripción expuesta se destaca lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que la finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en el artículo 51, las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. Por su parte, el numeral 5, de la Ley de Amparo, estatuye: .. Del precepto recién transcrito se obtiene que son partes en el juicio de amparo, a saber: el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, así como el Ministerio Público de la Federación. En ese tenor, quien esto resuelve estima que está legalmente impedido para fallar del asunto que aquí ocupa, en atención a que una vez que han sido examinadas con detenimiento cada una de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, relativas al expediente .. juicio sucesorio testamentario a bienes de .. se aprecia que los aquí terceros interesados ..designó a la maestra en derecho .., así como a los licenciados ., como sus autorizados en términos del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mientras que los diversos terceros interesados . les otorgaron un poder general para pleitos y cobranzas para que los representaran, como se advierte del testimonio .de catorce de junio de dos mil trece, pasado ante la Fe del Notario Público Nueve de los del Estado. También se observa de esas constancias que dicha autorización y representación no ha sido revocada. Los citados profesionistas . son apoderados legales del suscrito en un diverso asunto personal de carácter jurisdiccional; por lo que es inconcuso que en el caso se actualiza de manera análoga, el supuesto de la fracción VII, así como la diversa fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, habida cuenta de que esa circunstancia, en un momento dado, puede afectar la imparcialidad para juzgar en definitiva el asunto. En esas condiciones, al considerar este juez de Distrito que se encuentra legalmente impedido para fallar el juicio, por las razones señaladas; circunstancia que se observó una vez que se realizó el examen acucioso del expediente de amparo, remítasele al Tribunal Colegido del Trigésimo Circuito, en turno, a efecto de que resuelva sobre el impedimento de que se trata, previa formación de cuaderno de antecedentes. .(II)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso y a terceros interesados Graciela Rangel Saucedo, Laura, Angelica, Alejandro y Carlos todos de apellidos Martín Rangel auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis...Visto el estado de autos de los que se desprende los siguientes antecedentes relevantes.Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la Juez Cuarto Familiar con sede en esta ciudad, a quien le reclamó el acto que precisó en su demanda, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis la demanda se radicó con el consecutivo 437/2016-II, ..se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.Mediante proveídos de ocho de abril y veinticinco de mayo del año en curso, comparecieron al presente juicio los terceros interesados .finalmente, la audiencia constitucional se desahogó el veintidós de junio pasado. En el caso particular, del análisis exhaustivo de las constancias de autos, el suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, considera que existe impedimento legal para fallar el presente asunto, por las siguientes razones... Conforme al precepto invocado, deriva que la propia ley de la materia impone al juzgador que conoce del juicio de amparo, el deber y la obligación de manifestar que está impedido y, por ende, inhibirse del conocimiento del asunto que le hubiese sido sometido para su resolución. .. Las causas de impedimento que se enumeran en el precepto mencionado se clasifican en objetivas y subjetivas, es decir, cuando por la conducta del juzgador se encuentre viciada su imparcialidad (subjetiva), o bien, cuando por la posición en que se encuentra ubicado, objetivamente, se le vincule con la litis o con alguna de las partes, de tal manera que haya una situación en que es preferible que se abstenga de conocer del asunto, lo que es acorde con el principio de imparcialidad. En efecto, el numeral 51, de la ley reglamentaria en consulta, refiere causas de impedimento que están inspiradas en vínculos de parentesco, afectivos, o de interés, verbigracia, que suponen que el juez puede encontrarse, respecto a un negocio determinado, en una situación tal que es posible presumir carezca de imparcialidad, que debe privar en quien dicta una resolución judicial.Así, los impedimentos para que una persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos forman parte de los funcionarios del orden judicial. .Dicha relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado, es una relación de derecho público, y tiene por objeto el deber fundamental del Juez o de otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales; deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado en cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial). ..Esa exigencia del Estado en cumplimiento, por parte del servidor, de las funciones a él atribuidas, y esa obligación correlativa para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del funcionario, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Aunque la designación de los funcionarios jurisdiccionales está rodeada por una serie de garantías, de modo que está asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha función respecto de una litis determinada, ya que la designación de tales sujetos físicos se contemplan en abstracto, en relación con la función que ha de ejercerse en general y no en concreto, respecto de la función considerada en relación con determinada causa. Se trata, en sustancia, de una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido. La falta de estas particulares condiciones y cualidades en el sujeto, produce en éste una incapacidad procesal legal, pues dicho sujeto, aun habiendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee, frente a determinada litis, tales cualidades y condiciones. No se trata, pues, de una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad legal propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. Ahora, las fracciones I al VII del artículo 51, de la Ley de Amparo, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando precisamente tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. En tanto, de conformidad con la fracción VIII del numeral 51, de la Ley Reglamentaria en consulta, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen desde luego elementos objetivos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I al VII, que establecen de forma tasada los elementos objetivos que afectan de forma directa la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII deja a cargo de quien juzga el impedimento, a que determine si las causas que se le exponen constituyen o no elementos objetivos, una vez determinados, si éstos ponen en riesgo la imparcialidad del funcionario judicial. La invocada fracción VIII no exige que el elemento objetivo afecte directamente la imparcialidad del juzgador, pues establece como mínimo que ese elemento pudiera estar en riesgo; de tal manera que el elemento objetivo que exige la norma en cuestión, debe tener la característica en que el juzgador, al resolver un asunto de su competencia, no puede encontrarse en una situación o circunstancia -elemento objetivo- que comprometa su imparcialidad, o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así, esto es, que adviertan situaciones que puedan llevar a pensar que existan conflicto de intereses, y por ello se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza tanto él como el órgano jurisdiccional del que forma parte. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la fracción VIII, debe presentarse lo siguiente: a) El juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I al VII, mismas que ya fueron explicadas con anterioridad. b) Esa situación constituya un elemento o elementos objetivos, esto es, que sean reales y actuales o que acontezca en la vida cotidiana del juzgador. c) Que de esos elementos puedan derivarse situaciones que pongan en riesgo la pérdida de imparcialidad, lo cual, no necesariamente implica una afectación, sino sólo la posibilidad de que ello pueda darse, o que ante la mirada de un observador razonable, pueda entenderse que hay motivos para pensar así. .De la transcripción expuesta se destaca lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. De ahí que la finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en el artículo 51, las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador, que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. Por su parte, el numeral 5, de la Ley de Amparo, estatuye: .. Del precepto recién transcrito se obtiene que son partes en el juicio de amparo, a saber: el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, así como el Ministerio Público de la Federación. En ese tenor, quien esto resuelve estima que está legalmente impedido para fallar del asunto que aquí ocupa, en atención a que una vez que han sido examinadas con detenimiento cada una de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado con valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, relativas al expediente .. juicio sucesorio testamentario a bienes de .. se aprecia que los aquí terceros interesados ..designó a la maestra en derecho .., así como a los licenciados ., como sus autorizados en términos del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mientras que los diversos terceros interesados . les otorgaron un poder general para pleitos y cobranzas para que los representaran, como se advierte del testimonio .de catorce de junio de dos mil trece, pasado ante la Fe del Notario Público Nueve de los del Estado. También se observa de esas constancias que dicha autorización y representación no ha sido revocada. Los citados profesionistas . son apoderados legales del suscrito en un diverso asunto personal de carácter jurisdiccional; por lo que es inconcuso que en el caso se actualiza de manera análoga, el supuesto de la fracción VII, así como la diversa fracción VIII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, habida cuenta de que esa circunstancia, en un momento dado, puede afectar la imparcialidad para juzgar en definitiva el asunto. En esas condiciones, al considerar este juez de Distrito que se encuentra legalmente impedido para fallar el juicio, por las razones señaladas; circunstancia que se observó una vez que se realizó el examen acucioso del expediente de amparo, remítasele al Tribunal Colegido del Trigésimo Circuito, en turno, a efecto de que resuelva sobre el impedimento de que se trata, previa formación de cuaderno de antecedentes. (II)
Quedan 14 actuaciones en este expediente
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