Fernando Martínez González
Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Fernando Martínez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya se negó el amparo. Finalmente, devuélvase al Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, el toca de apelación 398/2021, copia certificada del expediente 16/2020 y un disco versátil digital agregado a ese cuaderno, así como el cuaderno de queja que remitió como complemento a su informe con justificación. Notifíquese.
- Principal
En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las diez horas del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 795/2021-VII, en audiencia pública Erandi Paulina Fuentes Chávez, secretaria en funciones de jueza del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2597/2021, asistida de Julio César Tolentino Trejo Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la diligencia sin que sea necesaria la asistencia de la partes, ya sea física o virtualmente a través de videoconferencia, en virtud que tanto sus pruebas como alegatos los pudieron hacer vale por escrito, a fin de acatar lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de continuar con un esquema de trabajo en el que se evite la concentración de personas en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor provocada por el virus COVID-19. Por otro lado, si bien a ********************, por sí, y como representante de los menores de iniciales P. C. B y C. A. C. B., les recae el carácter de terceros interesados, en términos del ordinal 5, fracción III, inciso B, de la Ley de Amparo, se considera que no es necesario su emplazamiento a este sumario, toda vez que al efectuar un estudio anticipado del presente juicio, la resolución que se emita no será desfavorable a sus intereses y, por ende, su falta de llamamiento no representaría una violación procesal que les deje sin defensas. Estimar lo contrario y diferir esta audiencia constitucional, traería consigo un retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; lo anterior, en términos del criterio contenido en la tesis P. V/98 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 45, registro 196912, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LARESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." Enseguida, el Secretario da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas en atención a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Por otra parte, se abre el periodo probatorio en el que se da cuenta con las pruebas que obran en autos y, al respecto, la Secretaria en funciones de Jueza acuerda: que de conformidad con los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas dichas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza y, al no existir alguna pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. A continuación, se abre la fase de alegatos en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de dicho derecho; por ende, la Secretaria en funciones de Jueza determina, cerrar dicho periodo. En esas condiciones, conforme al ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al dictado de la resolución correspondiente. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 795/2021-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial el once de agosto de esta anualidad, recepcionado el doce siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, es decir, el trece posterior, a este juzgado, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. De dicho asunto tocó conocer a este juzgado, por lo que mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de las autoridades responsables: -La resolución de segunda instancia de siete de julio de dos mil veintiuno, emitida en el toca ********************del índice de la Sala Familiar de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ******************** (aquí quejoso), contra el proveído de quince de junio de este año en el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional derivado del expediente ******************** del procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ********************, que inadmitió el recurso de apelación que interpuso aquél contra el diverso acuerdo de cuatro de junio de la presente anualidad. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, así como a la Jueza Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan, ya que al rendir su informe justificado aceptaron respectivamente la existencia del acto (promociones 9326 y 9470). Lo que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad enunciada en primer término, relativas al toca y los autos del controvertido de origen, las cuales cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse diversa causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido; ello, sustentado con el criterio que sostiene la Jurisprudencia 3a./J. 21/91, registro 207000, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, foja 49, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora bien, previo al análisis de los conceptos de violación, resulta necesario destacar los siguientes antecedentes: 1. Admitida la demanda de divorcio promovida por ********************, el seis de febrero de dos mil veinte se emplazó al juicio de origen al demandado (aquí quejoso), quien acudió a dar contestación a la misma. 2. El veinticuatro de febrero de ese año, se celebró la segunda audiencia de aveniencia en la que se resolvió la disolución del vínculo matrimonial, dejando a salvo los derechos para que en el término de cinco días, con los requisitos de la demanda, las partes formularan sus pretensiones. 3. El demandado en lo principal, promovió incidente de reducción de pensión alimenticia, mismo que fue admitido el doce de marzo de dos mil veinte, y en respuesta a la solicitud del actor incidentista de continuar con la secuela de dicha incidencia, en auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno la jueza de origen esencialmente apuntó que atento a que en audiencia de veintiocho de mayo de ese año se revisaron las medidas provisionales decretadas, se confirmaba la pensión alimenticia provisional, y como consecuencia, se dejó sin materia dicha incidencia. 4. Contra este último, el actor incidentista interpuso apelación, el que por auto de quince de junio de dos mil veintiuno la jueza responsable acordó no dar trámite. 5. Inconforme con la denegada apelación, la recurrió en queja, misma que la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, radicó el uno de julio de este año. 5. La Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, mediante resolución de siete de julio de esta anualidad, determinó: ". PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en este fallo, se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ********************. ." Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio. Sexto. Estudio de fondo. En la primera parte de su único concepto de violación, la parte quejosa argumentó que la resolución reclamada, transgrede los artículos 14 y 16 Constitucionales, al no estar debidamente motivada y motivada, y por otra parte, aduce que existe inobservancia de los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, resulta infundado en atención a lo siguiente. En principio, se estima oportuno resaltar que el principio de seguridad jurídica, se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional, el cual, refiere el derecho de legalidad y que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16, constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado; por lo que, un acto es legal, cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Se entiende que el principio de legalidad, es la esencia del régimen jurídico de un estado de derecho, pues toda ley, todo procedimiento, toda resolución jurisdiccional o administrativa, como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. El derecho de legalidad consiste pues, en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto privativo o de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en el mismo. La exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. No existen excepciones al cumplimiento de dicho deber, esto es, toda autoridad debe, al emitir un acto, fundarlo en ley, es decir, tener como apoyo el o los preceptos jurídicos que le permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, ésta es una de las exigencias previstas en el artículo 16, constitucional. Así, se advierte que el derecho de legalidad que contempla este artículo se refiere a un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral, abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. De conformidad con el ordinal 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, la expresión precisa de los preceptos legales aplicables, y por lo segundo el señalamiento preciso de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Debiendo existir adecuación entre los preceptos citados y los motivos aducidos, es decir, la actualización de los supuestos normativos. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad jurisdiccional, ello, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En el caso, se desprende que en la determinación de siete de julio de este año, se agotó la exigencia de motivación y fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, encontrándose justificada la decisión que adoptó la responsable. Lo anterior es así, pues contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la sala del conocimiento, no solo citó los fundamentos, sino también, los motivos para emitir la determinación de que se trata. En efecto, del análisis de las constancias que integran los autos se advierte que la autoridad responsable fundó su determinación en los artículos 1.378 y 5.76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, los cuales son del contenido siguiente: "Artículo 1.378.- Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señala este Código. La apelación, en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario. . Artículo 5.76.- La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." Dispositivos de los cuales se obtiene que, tratándose del recurso de apelación, necesariamente tiene que ser casuística su procedencia, pues sólo cuando el Código lo dispone puede impugnarse en apelación una interlocutoria o auto. Ahora, con relación a la motivación, señaló que el ahora quejoso recurrió el acuerdo de quince de junio de este año, que inadmitió la apelación interpuesta contra el diverso de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que la jueza responsable determinó que el incidente de reducción de pensión alimenticia provisional había quedado sin materia toda vez que en la audiencia inicial se efectuó la revisión de la medida provisional de alimentos, resolviendo confirmarla, por lo que en términos del numeral 5.58 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad, la medida solo puede ser modificada en la sentencia definitiva; en ese sentido, para que fuera procedente el recurso de apelación intentado, era indispensable que esa determinación -de quince de junio de esta anualidad- se encontrara dentro de las hipótesis a que hace referencia el artículo 5.76 del código procesal señalado, ello, atendiendo a que el medio de impugnación es casuístico y solo procede en los supuestos específicamente establecidos. Asimismo, por cuanto hace al argumento respecto a que el artículo 1.221 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México establece que sí procede el recurso de apelación contra los autos "interlocutorios" de primera instancia; apuntó declararlo infundado, mencionando que no le beneficia para los fines pretendidos pues el asunto del que deviene la queja se trata de un proceso inherente a la controversia sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (regulada en el libro V del código adjetivo de la materia), resultando inaplicables los artículos 1.221 y 1.240 de esa legislación, pues en la especie el auto impugnado no se ajusta a ninguna hipótesis de las previstas en el numeral 5.76 o los supuestos del 1.378. Por lo anterior, se llega a la conclusión que el órgano jurisdiccional, cumplió con las exigencias de exponer los fundamentos y motivos que le llevaron a declarar infundada la queja interpuesta por la ahora quejoso, pues, en primer lugar, especificó los supuestos normativos aplicables al caso concreto, seguidamente, expuso las razones por las que encuadraba en esos fundamentos. Con base en lo anterior, es inconcuso que fueron cubiertos los requisitos de motivación y fundamentación por parte de la sala responsable en la emisión del acto reclamado, apegándose a los principios que toda resolución debe contener, tal como lo exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí lo infundado del argumento que se analiza. Por otra parte, respecto al resto de los argumentos de su único concepto de violación, son inoperantes, en razón de que con éstos no combate las razones expresadas por la sala responsable en la resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, relativos a que contra el acuerdo de quince de junio de este año, es improcedente el recurso de apelación. Lo anterior atento a que la quejosa argumentó: -Que interpuso recurso de apelación y que la sentencia que constituye el acto reclamado no satisface los principios de congruencia y exhaustividad que debe prevalecer en toda resolución judicial porque el legislador ordinario reconoce la obligación legal de proporcionar los alimentos en un vínculo de solidaridad de los miembros de la familia. -Que las afirmaciones de la resolución de la alzada devienen ilegales porque no realizan un estudio de los planteamientos de la queja respecto a que el a quo determinó poner fin al incidente de reducción de pensión alimenticia sin que se agotaran las etapas establecidas y sin que se valoraran los elementos probatorios, al tratarse de una determinación que puso fin al procedimiento. -Que la sala soslaya los presupuestos procesales necesarios para el dictado de un fallo congruente con todas las actuaciones que obran en autos, pues la finalidad del incidente en cuestión es acreditar las posibilidades económicas reales del promovente para que una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, se decrete la disminución de la pensión alimenticia en un porcentaje real de los ingresos actuales. Empero en torno a las manifestaciones apuntadas en párrafos que anteceden, la sala responsable únicamente apuntó que no inadvierte que la juez de origen en el proveído de cuatro de junio de este año no declaró la extinción del proceso por las causas señaladas en el numeral 1.240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, precisando que ello que en nada impacta respecto a la inadmisión del recurso de apelación, pues como se precisó ese proveído deviene inapelable. Y por otra parte, declaró improcedentes las diversas manifestaciones en torno a que el a quo sin fundar y motivar su resolución varió las normas que rigen el dictado de toda resolución pues contrario a lo ahí sostenido, sí es un auto que pone fin a dicho incidente y que por eso resulta procedente el recurso de apelación. En efecto, el acto reclamado es la resolución de la Sala responsable de siete de julio de dos mil veintiuno, que declaró infundado el recurso de queja respecto a lo que apuntó la juez responsable, en la determinación de quince de junio de este año, en el que el a quo sostuvo que resulta improcedente el recurso de apelación contra el diverso de cuatro de junio de la presente anualidad atendiendo a lo señalado por el artículo 1.378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, citando para tal efecto, el criterio sostenido por la Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA CIVIL. SU PROCEDENCIA ES DE NATURALEZA CASUÍSTICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)." Es menester precisar que con lo anterior, la Sala responsable únicamente estableció que no se soslayaban las manifestaciones del recurrente, sin embargo por cuanto hace a los agravios que señaló el promovente, se concretó a señalar esencialmente y de manera toral que el recurso intentado es casuístico, esto es, su procedencia se encuentra limitada por la ley, por lo que solo será admisible en los supuestos que ahí se señalan; sin que la parte quejosa formulara argumento tendente a demostrar que fuera incorrecta la apreciación de la Sala responsable. Aunado a que es evidente que dichos argumentos, se encuentran dirigidos a controvertir un acto diverso al ahora reclamado -resolución de siete de julio de este año-, a saber, el acuerdo de quince de junio de esta anualidad, emitido por la jueza responsable, por el que fue desechado el recurso de apelación, pues su intención es justificar la procedencia de dicho medio de impugnación; sin embargo, resultaba necesario que formulara argumentos pero tendentes a combatir lo expuesto por la sala al resolver la queja, en el sentido de que el recurso de apelación es casuístico. En ese sentido, la parte quejosa no expresa diverso concepto de violación al ya estudiado, que sea suficientemente susceptible de ser analizado, ya que se limita a formular argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la determinación primigenia en la que la juez desechó el recurso intentado, pero ninguna diversa manifestación refiere respecto al acto reclamado, esto es, debió formular argumentos encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que ahora se analiza, de tal forma que, atendiendo a sus manifestaciones este órgano de control constitucional estuviera en posibilidad de analizar si fue correcto o no, que la sala responsable declarara infundado el recurso de queja, pues dicho acto fue el que señaló como reclamado en la presente instancia constitucional. Así, para demostrar que el acto reclamado era indebido o incorrecto, la parte quejosa debió plantear por qué no compartía las consideraciones que sostuvo la sala en cuanto a que fue infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto que inadmitió el recurso de apelación. Por ello, es indudable que los argumentos formulados por la quejosa no controvierten de manera frontal las consideraciones expuestas en la determinación reclamada, de manera que evidencien la ilegalidad de la que se duele, motivo por el cual debe quedar firme. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia con número de registro 269435 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la tesis con número de registro 246683, sustentada por Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Sexta Parte, página 159, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. DEBEN ESTAR SIEMPRE REFERIDOS AL ACTO RECLAMADO. Si bien el artículo 116 de la Ley de Amparo señala la expresión de los actos reclamados y de los conceptos de violación como requisitos para la interposición del juicio de garantías, se trata de dos cosas distintas. Por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías, y por concepto de violación los razonamientos jurídicos concretos que demuestren por qué el acto reclamado es inconstitucional. De esta manera, debe haber una lógica correspondencia entre el acto que se señala como reclamado y el concepto de violación relativo, que siempre debe estar referido a aquél, y no es válido así señalar como reclamado un acto que realiza la autoridad responsable, y como concepto de violación expresar razonamientos jurídicos que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de un acto diverso al que se señaló como reclamado." En virtud de lo antes expuesto y al haber resultado infundado e inoperantes los argumentos planteados en el concepto de violación, sin que en la especie se advierte queja deficiente que deba suplirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que la actuación reclamada se encuentra ajustada a derecho, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por ********************, por los motivos y fundamentos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo y motivos expuestos en esta resolución Notifíquese; y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jueza Décimo Primero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con residencia en Huixquilucan, México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado del Magistrado Semanero de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México y conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días con el mismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su intención, el toca de apelación 398/2021, copia certificada del expediente 16/2020 y un cuaderno de queja, con las cuales se ordena formar tres tomos de pruebas; así como un disco formato DVD que anexa al oficio. Notifíquese
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