Fernando Martínez González

Expediente 578/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
578/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • Fernando Martínez González
  • Juez Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a calificarlo, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, resulta relevante precisar que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje sin efectos la resolución dictada en la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (que le recayó al recurso de revocación interpuesto por el demandado contra la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia) en el procedimiento especial sobre divorcio incausado 16/2020. 2. Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta el medio de impugnación mencionado, para lo cual deberá atender a las pruebas que hasta ese momento obren en actuaciones para resolver sobre la procedencia y monto de la pensión alimenticia a favor de los menores de edad de iniciales PMC y CAMC." Mediante auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La Jueza Décimo Primera Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, en atención al requerimiento formulado, remitió el oficio 185/2022 de veinte de enero de dos mil veintidós, al cual anexó, el acuerdo de esa data, emitido en el expediente 16/2020 de su estadística, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución dictada en la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (que le recayó al recurso de revocación interpuesto por el demandado contra la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia), turnando de nueva cuenta los autos para emitir una nueva resolución. Así, mediante diverso oficio 315/2022 de uno de febrero de la anualidad, resolvió que se tramitó eficientemente el recurso de revocación interpuesto y modificó la determinación recurrida para quedar en los términos y consideraciones precisadas en la parte final del ultimo considerando de dicha resolución; es decir, modificó la pensión alimenticia y, en su lugar, decretó a favor de la hija e hijo de las partes 1.3 días de salario mínimo diario, multiplicado por los días que conformen el mes a cubrir y la cantidad que resulte, deberá ser depositada a la cuenta de la señora María Alejandra Canales Bustamante, los primeros cinco días de cada mes. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que atendió los efectos esenciales del fallo protector, y se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, con lo que, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que ésta actuó en el ámbito de su arbitrio jurisdiccional, resultando aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo II, décima época, registro digital 2008717, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; por tanto, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo. Asimismo, es susceptible de destrucción el original del incidente, pues en él se negó la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese, personalmente al quejoso y tercero interesada y vía electrónica al representante especial.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, mismo que en síntesis establece: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a calificarlo, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, resulta relevante precisar que el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable: "1. Deje sin efectos la resolución dictada en la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (que le recayó al recurso de revocación interpuesto por el demandado contra la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia) en el procedimiento especial sobre divorcio incausado 16/2020. 2. Con plenitud de jurisdicción, resuelva de nueva cuenta el medio de impugnación mencionado, para lo cual deberá atender a las pruebas que hasta ese momento obren en actuaciones para resolver sobre la procedencia y monto de la pensión alimenticia a favor de los menores de edad de iniciales PMC y CAMC." Mediante auto de catorce de enero de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La Jueza Décimo Primera Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, en atención al requerimiento formulado, remitió el oficio 185/2022 de veinte de enero de dos mil veintidós, al cual anexó, el acuerdo de esa data, emitido en el expediente 16/2020 de su estadística, del que se advierte que dejó sin efectos la resolución dictada en la continuación de la audiencia inicial celebrada el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno (que le recayó al recurso de revocación interpuesto por el demandado contra la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia), turnando de nueva cuenta los autos para emitir una nueva resolución. Así, mediante diverso oficio 315/2022 de uno de febrero de la anualidad, resolvió que se tramitó eficientemente el recurso de revocación interpuesto y modificó la determinación recurrida para quedar en los términos y consideraciones precisadas en la parte final del ultimo considerando de dicha resolución; es decir, modificó la pensión alimenticia y, en su lugar, decretó a favor de la hija e hijo de las partes 1.3 días de salario mínimo diario, multiplicado por los días que conformen el mes a cubrir y la cantidad que resulte, deberá ser depositada a la cuenta de la señora María Alejandra Canales Bustamante, los primeros cinco días de cada mes. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, tienen pleno valor probatorio, se obtiene que atendió los efectos esenciales del fallo protector, y se concluye que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, con lo que, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial de la ejecutoria. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que ésta actuó en el ámbito de su arbitrio jurisdiccional, resultando aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo II, décima época, registro digital 2008717, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos; por tanto, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo. Asimismo, es susceptible de destrucción el original del incidente, pues en él se negó la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese, personalmente al quejoso y tercero interesada y vía electrónica al representante especial..."

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México, al que adjunta el diverso de la Jueza Decimoprimero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por medio del cual informa las gestiones llevadas a cabo a efecto de dar cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio de amparo. De lo anterior, no se realiza mayor pronunciamiento en razón que por auto de tres de febrero de dos mil veintidós, se recibió copia de la sentencia interlocutoria de uno de ese mes y año, con la que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Jueza Décimo Primera Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan; mediante, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite la resolución de fecha uno de febrero de dos mil veintidós respecto del recurso de revocación interpuesto por el demandado contra la revisión de la medida provisional de pensión alimenticia. . Con lo anterior, dese vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.

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