Fernando Martín Boa Martínez
Expediente 796/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Martín Boa Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, Juan García Trejo secretario de juzgado certifica: Que el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa del veinticuatro de febrero al diecisiete de marzo; para la tercero interesada de identidad reservada del diecinueve de febrero al once de marzo; y, para la agente del Ministerio Público Tercera interesada del diecinueve de febrero al once de marzo, todos de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Que se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de catorce de febrero de dos mil veinte, que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no son de relevancia documental; se determina que es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo; y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente, que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve Juicio de amparo 796/2019 El veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifico que: a) Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión transcurrió para la autoridad responsable y tercero interesado del once al veinticuatro de diciembre del año en curso y quejosa del doce al veintiséis del presente mes y año sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dentro del juicio de amparo 796/2019. c) De igual forma, se hace constar que no se tramitó incidente de suspensión. d) Que no existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. Conste. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el nueve de noviembre del año en curso, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, en el caso resulta innecesario requerir a la autoridad responsable jueza Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad de mismo nombre para que otorgue cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que con la promoción que se tuvo por recibida mediante proveído del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 181-212), dicha autoridad informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con su contenido dese vista al quejoso para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obran en el expediente y las constancias aportadas por la autoridad responsable citada. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Fabiola 38295 y 38296
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Juicio de amparo 796/2019 El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 19034. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la jueza Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes del estado de Zacatecas; por la que manifiesta cumplir con el fallo protector dictado en este juicio de derechos, remitiendo constancias de ello. Ahora, la referida determinación no ha causado ejecutoria; por ende, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto dicha circunstancia acontece. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. cecy*
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 796/2019, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado de la autoridad señalada como responsable, al pedimento formulado por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, y a las constancias aportadas por la responsable al rendir su informe de derecho. A lo anterior, el Juez de Distrito provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las probanzas ofrecidas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito obrante a fojas 118 a 120, consistentes en la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana, y las documentales localizables a folios 121 a 135; a su vez se da cuenta con las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe de derecho. A lo que el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: se hace constar que el autorizado del quejoso, la fiscal del Ministerio Publico de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en su carácter de parte tercera interesada, así como el agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado formularon los alegatos que en derecho estimaron procedentes (fojas 78 a 82, 113 a 115, 136 a 143 y 150 a 155); asimismo se da cuenta que las diversas partes no formularon alegatos, por lo que, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos que proveer, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 796/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por sendos escritos presentados el nueve y diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, el menor Fernando Martín Boa Martínez, por conducto de su madre Petra Yuliana Martinez Blanco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad que más adelante se precisan. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente ya precisado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedente y concluye con el dictado de esta resolución C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto de los escritos que constituyen la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, visible en la página treinta y dos, de rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En el caso, se advierte que los actos reclamados en la demanda de amparo a la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas, consiste en: La resolución de vinculación a proceso de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en la causa penal 103/2019, en contra del imputado Fernando Martín Boa Martínez, aquí quejoso, por el hecho que la ley señala como el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado. Hechas estas precisiones, procede ahora analizar el contenido del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Circunstancia que además se corrobora con la videograbación contenida en el disco compacto en formato DVD relativo a la audiencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 103/2019, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso que se tilda de inconstitucional; constancia que, entre otras, remitió en apoyo a su informe con justificación, el juez responsable en comento. Videograbación que adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, máxime que esa constancia se estima idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante el juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 43/2013 (10ª), con registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, libro XXIII, agosto de 2013 tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Al no existir causal de improcedencia propuesta por las partes o que se advierta de oficio, se procede al análisis de los motivos de disenso hechos valer por el quejoso. Los motivos de inconformidad hechos valer por el peticionario de derechos se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, atendiendo al criterio jurisprudencial J/129, consultable en la página 599 del Tomo VII, Abril de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.". Una vez analizados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, suplida la deficiencia en la queja, con fundamento en lo estipulado en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera que en el caso ha lugar a conceder la protección constitucional solicitada por el disidente Fernando Martín Boa Martínez. Lo anterior, en virtud que la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, sin tener certeza de que éste haya sido asistido previamente por un profesional en derecho, y que además contara con la calidad de defensor especializado en materia de justicia para adolescentes, lo que vulneró su derecho a un debido proceso y una adecuada defensa, en los términos y para los efectos que se especificarán en esta resolución. Como preámbulo cabe señalar que el debido proceso encuentra su fundamento primario en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el mismo sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el debido proceso como el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Como se observa, este principio procesal rector, es el fundamento de toda determinación de derechos que propicia un proceso justo, que se encuentra plasmado en diversas disposiciones constitucionales y convencionales que forman un bloque de derechos mínimos que deben garantizarse en todo procedimiento de cualquier naturaleza. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis IV/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200540, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, del contenido siguiente: DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo.". Bajo esa tesitura, todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional o procedimental, en cualquier materia, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso. Ahora, si bien el debido proceso es vital en cualquier materia, en los procesos penales cobra especial relevancia. Ello es así, virtud a que del resultado de todo procedimiento en materia penal, dependerá la inocencia o culpabilidad del imputado, el derecho de las víctimas u ofendidos a la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos. Dada la importancia del debido proceso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una serie de condiciones mínimas que deben prevalecer en todo procedimiento, dentro de las cuales destacan (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas, así como el acceso a un medio de defensa. Lo anterior, es acorde al criterio jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.), con registro 2005716, del rubro y texto siguientes: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.". A ello, se suman diversos documentos internacionales, como las declaraciones Universal y Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contemplan al debido proceso como principio rector de todo procedimiento en materia penal, que en su conjunto conforman un bloque de constitucionalidad en torno a este derecho. Paralelamente debe decirse, que uno de los pilares fundamentales del debido proceso es el derecho a la defensa adecuada, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, así como por distintas instancias internacionales. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la relación de este derecho con la dignidad humana al resolver los casos Barreto Leiva Vs. Venezuela y Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, en los que estableció que el derecho de defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como un objeto del mismo. La importancia de dicho derecho, radica en que sólo a través de la efectiva defensa adecuada podrá afirmarse que se está en presencia de un proceso equitativo y justo, pues únicamente por medio de la asistencia de un defensor, el imputado podrá ejercer verdaderamente sus derechos, garantizándose así la igualdad entre las partes en el proceso penal. Al respecto, los artículos 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Articulo 18. (.) La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y.". De los preceptos previamente insertos, se obtiene que la Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, se encuentran obligados a establecer un sistema integral de justicia para los adolescentes, que es aplicable a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. A su vez, los preceptos transcritos reconocen que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Además se instituye que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas Entendiéndose como una característica que converge con el debido proceso, lo concerniente al derecho que le asiste al imputado a una defensa adecuada, la cual asegura, entre otros derechos, el de estar asistido y representado por un abogado, así como la oportunidad de que a través de éste se conteste el cargo con el debido acceso a los datos de prueba, motivos y fundamentos que sostienen el hecho delictivo que se le atribuye. En pocas palabras, la defensa adecuada otorga al imputado la posibilidad de que cuente con todos los medios legales al alcance, para enfrentar la imputación formulada por el estado en su contra. En el caso concreto, como se anticipó, de las constancias aportadas por el Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas, se advierte que el acto reclamado fue emitido sin que el juez responsable haya corroborado que el menor imputado, haya sido asistido en la audiencia inicial y su continuación, por un profesional en derecho, y que además contara con la calidad de defensor especializado en materia de justicia para adolescentes, lo que vulneró sus derechos a un debido proceso y una adecuada defensa. Para estimarlo, así hay que destacar que en audiencia de catorce de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable procedió a la individualización de las partes, por lo que además del quejoso, se identificaron, por parte del Ministerio Público, Alejandra Maribel Flores Moreno, y por parte del defensor del imputado la persona de nombre Christopher Emmanuel Valdez Rodríguez, lo cual ocurrió en los términos siguientes: "(.) Juez: Nada más se individualiza por favor. Defensor: Comparece el licenciado Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, defensor público penal su señoría. Juez: Gracias." Luego, el juez responsable le mencionó al quejoso que contaba con el derecho de ser asistido por un abogado y le preguntó si era su deseo señalar como su defensor a Christopher Emmanuel Valdez Rodríguez, quien contestó que sí, por lo que acto seguido, el juez responsable le protestó el cargo. Posteriormente, se otorgó un receso para que el defensor del imputado se impusiera de las constancias que integraban la carpeta de investigación; después se reanudó la audiencia, y el fiscal procedió a formular imputación al ahora justiciable, acto seguido, se le dio oportunidad al menor para que diera contestación al cargo, a lo cual éste se reservó su derecho de realizar manifestación alguna; posteriormente, la fiscal procedió a solicitar y motivar su solicitud de vinculación a proceso en contra del menor, exponiendo los datos de prueba respectivos. Una vez hecho lo anterior el juez le explicó al menor sobre los términos en que se podía resolver su situación jurídica, optando el imputado por el termino de ciento cuarenta y cuatro horas, para lo cual se fijaron las nueve horas del diecinueve de ese mes y año para llevar a cabo la audiencia sobre la vinculación a proceso. Finalmente se debatió sobre la imposición de la medida cautelar de detención solicitada por la fiscal actuante, la cual fue decretada en sus términos por el juez responsable. Llegada la fecha y hora, el juez realizó de nueva cuenta la individualización de las partes, que en lo conducente, se realizó en los términos siguientes: "(.) Juez: Buenos días, tomen su lugar por favor. En el día y hora señalados por el encargado de sala damos inicio a la audiencia. Se individualizan los presentes. (.) Juez: Con la defensa. Defensor: Comparece el licenciado Cristopher Emmanuel Valdez Rodríguez, defensor público penal su señoría. Juez: Gracias." Posteriormente, el juez responsable continuó con el desahogo de la audiencia en la que vinculó a proceso al impetrante. Actuar con el que cometió una violación al procedimiento penal en la audiencia inicial y que se extendió en la continuación de dicha audiencia, ya que omitió verificar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo cual vulneró el derecho a una defensa técnica que le asiste al imputado, ahora inconforme. Robustece lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2020892, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Materia Penal, Página 959, que se reproduce a continuación. "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado." En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 405/2017, que dio origen a la tesis de jurisprudencia transcrita con antelación, señaló que el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Federal, dispone que toda persona imputada tiene derecho a que se le garantice una defensa adecuada y técnica durante la tramitación de todas las etapas que comprende el procedimiento penal. Para lo cual se debe dar la oportunidad a toda persona imputada de que sea asistida por un profesional del derecho, que a su vez, deberá tener la posibilidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa. Por lo que la Sala refiere que el simple señalamiento de la persona que asiste al imputado de ser defensor de oficio no satisface la exigencia constitucional de otorgar una defensa adecuada, por lo que es necesario que el defensor exhiba título o cédula que lo identifique como licenciado en derecho, pues no se puede presumir que aquel cuenta con los conocimientos en la rama del derecho, tal como lo requiere ahora expresamente el sistema de justicia penal acusatorio y oral. Lo anterior, pues refiere que los artículos 17, 113 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que la calidad de defensor se debe acreditar directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento. Sin que los anteriores numerales ni ningún otro instituyan que tratándose de un defensor público, se tenga que presumir su calidad de licenciado en derecho. En esa guisa, la sala expone que si bien los jueces de control cuentan con asistentes de constancias y registros facultados para la recolección previa de la información general de aquellas personas que habrán de participar en el desarrollo de la audiencia y que se cuentan con registros electrónicos de cédulas profesionales, esos registros no eximen al defensor de la obligación de proporcionar los datos respectivos al momento de la individualización de las partes directamente ante el órgano jurisdiccional correspondiente al inicio de su intervención en el procedimiento respectivo. Por lo que concluye que el Juez de Control al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes en la audiencia inicial, deberá recabar los datos generales que las partes declaren, y después de obtenerlos cuestionará al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según corresponda, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde al o a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado. Así las cosas, en la videograbación de la audiencia inicial debe constar la manifestación del defensor de ser licenciado en derecho, la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional, con la que se identifica; a fin de que quede constancia que permita verificar que se respetó el derecho fundamental del imputado de contar con una defensa técnica adecuada, y los datos necesarios para que, si alguna de las partes considera necesario objetar la calidad del defensor, se encuentre en condiciones de debatirlo. En el caso, como se advierte de los antecedentes precisados con antelación, el Juez responsable no se cercioró en la audiencia de catorce de septiembre de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 103/2019, que el defensor público que fue designado por el ahora quejoso, contara con cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho y, como consecuencia, que le permitiera asistir al implicado en la substanciación de la audiencia inicial, pues el citado defensor al individualizarse no mencionó su número de cédula profesional y el número de registro que en su caso se haya otorgado ante el juzgado de control, ni tampoco se aprecia que el Juez de control cuestionara al defensor y/o al encargado de la sala sobre la información en cuestión y que además ésta coincidiera con la identificación presentada por el defensor al asistir a la audiencia. Omisiones que del mismo modo ocurrieron en la continuación de dicha audiencia celebrada el diecinueve de ese mes y año, en la que se vinculó a proceso al ahora inconforme. Lo cual resultaba imperativo pues conforme a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.), la calidad de profesional del derecho del defensor debe hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial, a través de la manifestación del defensor de ser licenciado en derecho, la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional, a efecto de que quede constancia que permita verificar el respeto al derecho fundamental del imputado de contar con una defensa técnica adecuada. Por otra parte, cabe destacar que, como ya se estableció en párrafos precedentes, el párrafo quinto del artículo 18 constitucional instituye que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. En esa guisa, la calidad relativa a la especialización de instituciones, tribunales y autoridades en el contexto interpretativo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traduce en que policías, agentes del Ministerio Público, juzgadores, defensores y, en general, quienes participen en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, cuenten con la suficiente capacitación en la materia, que los autorice a ejercer tales funciones. Sin embargo, es preciso distinguir entre quienes por la función que tienen encomendada o por la fase del sistema en que intervienen, no entran en contacto directo con los adolescentes -a quienes no les resulta exigible, por igual, el aspecto subjetivo del perfil (trato)-, de los operarios que sí lo hacen (por ejemplo, policías), así como de aquellos cuyas decisiones inciden de manera directa sobre ellos (por ejemplo, defensores o jueces), para quienes el aspecto subjetivo del perfil es indispensable. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 67/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 168768, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Página 623, con el contenido siguiente: "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUJETOS OBLIGADOS A LA ESPECIALIZACIÓN. El mandato de especialización, según la redacción del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé respecto de las "instituciones, tribunales y autoridades" que formen parte del sistema de justicia para adolescentes. Esta expresión, en el contexto interpretativo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se traduce en que policías, agentes del Ministerio Público, juzgadores, defensores y, en general, quienes participen en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, cuenten con la suficiente capacitación en la materia, que los autorice a ejercer tales funciones. Sin embargo, es preciso distinguir entre quienes por la función que tienen encomendada o por la fase del sistema en que intervienen, no entran en contacto directo con los adolescentes -a quienes no les resulta exigible, por igual, el aspecto subjetivo del perfil (trato)-, de los operarios que sí lo hacen (por ejemplo, policías), así como de aquellos cuyas decisiones inciden de manera directa sobre ellos (por ejemplo, defensores o Jueces), para quienes el aspecto subjetivo del perfil es indispensable. Así las cosas, en el caso se advierte que la autoridad responsable al celebrar la audiencia inicial y su continuación, omitió verificar que el defensor público que asistió al imputado contara con la calidad especifica de defensor especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes, lo cual se acredita si en la audiencia se aporta la siguiente información: a) Los datos de la certificación expedida a favor del defensor actuante por una institución educativa con reconocimiento oficial; y/o, b) los datos que permitan advertir que el defensor cuenta con por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Se invoca por guardar relación con el caso concreto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 65/2008, con registro 168782, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Página 610, que se transcribe: "SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL. Al referirse la especialización a una cualidad específica exigible al funcionario que forma parte del sistema integral de justicia, debe acreditarse, como sucede con otros requerimientos legales exigidos para ejercer cargos o funciones públicas, principalmente de dos formas: a) por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial, y b) por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Lo anterior, porque la manera más común a través de la cual se acredita el conocimiento específico de una materia es cursando una instrucción específica que así lo avale, al final de la cual la institución educativa certifica que los conocimientos en la materia han sido adquiridos y acreditados por el sujeto y, además, porque no puede desconocerse que hay otras formas de adquirirla, como la práctica y la experiencia de vida, que, junto con diversos estándares de acreditación, son aptos para demostrar que se tiene un conocimiento sobre la misma. Aunado a lo anterior debe considerarse el desdoblamiento subjetivo que tiene la especialización (en cuanto al trato que debe darse al adolescente), que también deberá acreditarse y verificarse a través de los exámenes que científicamente resulten adecuados para ello." Estimándose que las circunstancias antes expuestas, trascendieron al derecho de defensa del imputado, en la medida que el menor justiciable en el desarrollo de la audiencia inicial tomó diversas decisiones por sí, como no declarar y acogerse al término constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, sin que se tenga la certeza de que para la toma de dichas decisiones contó con la asesoría de un profesional en derecho, que además cuente con la calidad especifica de defensor especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes. Siendo inadmisible considerar que la reserva para no declarar por parte del imputado en la audiencia inicial y la solicitud de duplicidad del término constitucional, no hayan trascendido en el ejercicio de la defensa adecuada, pues esto será válido siempre que el imputado esté debidamente asesorado por un profesional en derecho, especializado en justicia para adolescentes, ya que en esa medida estará en condiciones de asumir las consecuencias que ello representa y optar por la posición que le resulte más benéfica. En consecuencia, en términos del numeral 77, fracción I de la Ley de Amparo, para restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales conculcados, lo procedente es concederle el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que la autoridad responsable Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas, realice lo siguiente: Deje insubsistente la audiencia inicial de catorce de septiembre de dos mil diecinueve, así como el auto de vinculación a proceso de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, emanados de la causa penal 103/2019, substanciada en contra de Fernando Martín Boa Martínez, aquí quejoso; y, En su lugar, señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, en la cual, bajo su más estricta responsabilidad, deberá garantizar el derecho del imputado a una defensa adecuada, en su vertiente de defensa técnica, y en concreto deberá verificar que el defensor designado por el imputado en la audiencia, sea profesional en derecho, y que además cuente con la calidad especifica de defensor especializado en el sistema integral de justicia para adolescentes, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2019 (10a.) con registro 2020892, y P./J. 65/2008 con registro 168782; debiendo tomar la responsable las providencias necesarias para que esto se lleve a cabo; y Una vez seguida la secuela procesal, con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del imputado, aquí quejoso, precisándose que deberá resolver sobre la vinculación a proceso el mismo juzgador que actúe en la audiencia de formulación de imputación. Lo anterior, se encuentra contenido en el criterio jurisprudencial que resolvió la contradicción de tesis 47/2016, con registro 2017367, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra de los imputados, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que los imputados lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud de los imputados cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica de los imputados, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica de los imputados, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración de los imputados -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la infrmación sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente estos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación". Cabe establecer, que al formular la imputación y en su caso, la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público no podrá integrar antecedentes de investigación diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación, en lo que se refiere a modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, pues en protección a las partes en el proceso debe evitarse la vulneración al derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Lo anterior se encuentra robustecido en lo conducente, en observancia a la tesis jurisprudencial PC.XVIII. J/15 P (10a.), con registro 2011698, aprobada por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD. Si un órgano de justicia federal, al resolver un juicio de amparo indirecto, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y con libertad de jurisdicción, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, debe otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y se reponga el procedimiento hasta la audiencia de imputación a fin de que el órgano acusador subsane tal irregularidad; sin que con la reposición ordenada se permita al agente ministerial modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, ello en observancia a los principios de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes" . Atento a lo anteriormente resuelto, en el caso no se analizarán las manifestaciones vertidas por la parte demandante del amparo tendentes a evidenciar que no existen datos de prueba con los cuales se establezca la existencia del hecho que la ley señala como delito, ni la probabilidad de que ella lo haya cometido o haya participado en su comisión, porque atendiendo al sentido de la presente sentencia, este Juzgado Federal no puede emitir pronunciamiento de fondo, debido a que las deficiencias materia de la concesión de la protección de la Justicia Federal solicitada, lo impiden. Apoya esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia número 1342, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238603, que a continuación se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA). Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del anterior, aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlo." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Fernando Martín Boa Martínez, contra el acto y la autoridad precisados en la última consideración de este fallo, acorde a los motivos y fundamentos que ahí fueron expresados. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y autoriza. Doy fe.
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