Fernando Manrique Tovar
Expediente 1498/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Fernando Manrique Tovar
Actuaciones
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho se da cuenta con el oficio registrado con el folio 18872. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el magistrado presidente de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, de cuyo contenido se advierte tuvo por recibidas las pruebas remitidas en su momento en apoyo a su informe justificado consistentes en el expediente administrativo 863/17-23-01-3 y la carpeta de suspensión en 167 fojas útiles; circunstancia de la cual éste juzgado toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Karla
- Principal
El seis de septiembre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del treinta de agosto al cinco de septiembre del año en curso; con exclusión de los días uno y dos del presente mes y año por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Que en el presente juicio de amparo, se advierte que existe el expediente administrativo 863/17-23-01-3 y 167 fojas útiles de la carpeta de suspensión, del índice de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Por último, mediante oficio devuélvase a la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad el expediente administrativo 863/17-23-01-3 y 167 fojas útiles de la carpeta de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la síndico y el tesorero, ambos del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de nueve del mes y año en curso, remiten las operaciones aritméticas que los llevaron a calcular el importe a devolver a la parte quejosa con motivo del concepto de derecho de alumbrado público; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda; apercibida que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo administrativo 202/2018, promovido por Horacio Puentes Medina, en su carácter de apoderado legal de Fernando Manrique Tovar, contra actos de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, así como el expediente 836/17-23-01-3, por tanto guárdense por separado los mencionados anexos. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido de la ejecutoria de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo administrativo 202/2018-5, se advierte que el Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por Horacio Puentes Medina, en su carácter de apoderado legal de Fernando Manrique Tovar, contra actos de la Sala Regional del Norte Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1498/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Una vez analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación, a contrario sensu, conforme a las siguientes consideraciones. Los numerales 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En el caso, el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria de diez de enero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Regional Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, dentro del juicio de nulidad 836/17-23-01-3, mediante el cual resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la ahora quejosa en contra del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (foja 416 del expediente de nulidad), en el que se desechó por improcedente su ampliación de demanda. Ahora bien, si bien se reclama la interlocutoria de diez de enero de dos mil dieciocho, por la cual la Sala Regional Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, declaró procedente, pero infundado, el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora contra el auto que desechó su ampliación de demanda dentro del expediente 836/17-23-01-3; empero, no tiene sobre la parte promovente de la demanda de amparo, una ejecución de imposible reparación, dado que no le afecta ningún derecho sustantivo, y tampoco le irroga ningún perjuicio adjetivo que no pueda ser reparado en la resolución final que recaiga en ese procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el artículo 107 de la Ley de Amparo, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Así, se concluye, que los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada. En este orden de ideas, resulta evidente que el acto reclamado consistente en la interlocutoria de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas, dentro del juicio de nulidad 836/17-23-01-3, no transgrede en perjuicio de la parte promovente, algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con lo previsto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en su orden dispone: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Es este orden de ideas, debe precisarse que la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme al numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 189 en la página 154 del Tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En este orden de ideas, es innegable que el acto reclamado consistente en la interlocutoria de diez de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Sala Regional Norte-Centro IV y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Zacatecas dentro del expediente 836/17-23-01-3; no quebranta en perjuicio de la parte quejosa de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, pues sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de un acto meramente procesal. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante que no tenga reparación alguna para hacer procedente el juicio de garantías; lo anterior es así, ya que no afecta los derechos protegidos a través de las garantías individuales, que deban ser analizados mediante el juicio constitucional, sin necesidad de esperar al dictado de la resolución definitiva, pues con tal circunstancia no se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa. Por tanto, la afectación podrá actualizarse, en su caso, hasta que la autoridad responsable dicte la resolución respectiva, en la cual se podrá saber si la autoridad le causó agravió, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, puesto que puede ser que éste sea conforme a los intereses de la parte quejosa, es decir, es posible que el acto reclamado, no trascienda en perjuicio de la parte quejosa; y en caso de no ser así, se puede hacer valer como una violación en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio natural. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 280 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Así como la tesis publicada con el número 626, en la página 569, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro y texto siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". En razón de lo expuesto, queda de manifiesto que la resolución reclamada y sus efectos no tienen consecuencias irreparables combatibles en esta vía, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis aislada con número de registro 218218, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo X, Octubre de mil novecientos noventa y dos, página trecientos sesenta y uno, del rubro y texto siguientes: "INTERLOCUTORIA DICTADA POR UNA SALA FISCAL CON MOTIVO DEL RECURSO DE RECLAMACION INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DEL INSTRUCTOR QUE DESECHO LA AMPLIACION DE LA DEMANDA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO JUNTO CON LA SENTENCIA DEFINITIVA. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de Amparo Directo ante los tribunales Colegiados de Circuito contra resoluciones dictadas por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, procede con motivo de violaciones cometidas en las propias resoluciones o por violaciones cometidas durante el procedimiento y que, afectando las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo; de ahí que en la mencionada vía directa deba impugnarse una interlocutoria que resolviendo el recurso de reclamación confirma el desechamiento de la ampliación de la demanda, teniendo en cuenta además, que siendo un acto dentro del juicio, no ocasiona por sí misma un perjuicio irreparable, puesto que si bien puede suceder que la sentencia que ponga fin al juicio sea favorable al afectado con aquella interlocutoria la cual, por tanto, sólo puede combatirse junto con el fallo definitivo cuando a él haya realmente trascendido". Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 113, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción V, de la misma legislación, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de derechos, promovida por Horacio Puentes Medina, en su carácter de apoderado legal de Fernando Manrique Tovar. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el quejoso tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizada en los amplios término del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Alejandro Rodríguez Martínez toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Horacio Puentes Medina, Adriana Márquez Andrade, Mariela Reyes Zapata, Juana Adriana González Carreón, Fabiola Viridiana González Flores, por no contar con ese requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en Boulevard Revolución mexicana, número once interior "A" (11-A), colonia Ejidal en Guadalupe, Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. ..."
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