Fernando Lugo Bermudez

Expediente 2433/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2433/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2015

Partes del expediente

  • Fernando Lugo Bermudez
  • José Luis Acevedo Gonzáles

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado actual que guardan los presentes autos, mediante el cual se advierte que en proveído de treinta de marzo de dos mil quince, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en México, Distrito Federal, aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por CORPORACIÓN RAYMOND DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, hasta su conclusión y archivo; en esa virtud, al no existir diligencia alguna por practicar, se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, los presentes autos son susceptibles de DESTRUCCIÓN dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este Juzgado Federal no le corresponde el conocimiento del asunto. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito. Asimismo, mediante oficio que derive del presente proveído, solicítese al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en México, Distrito Federal, para que a la brevedad, acuse recibo de las promociones que se ordenaron enviar en proveído de treinta de marzo de dos mil quince, lo anterior para los efectos legales conducentes...VI

  2. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de garantías promovida; por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo, bajo el número 2433/2015-III; y, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, conviene señalar lo estipulado en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la ley de amparo en vigor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." La interpretación vigente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dado al término "ejecución de imposible reparación", es en el sentido de que lo constituyen los actos dictados dentro de juicio cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 43 29/89, visible en la página 291, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente reza: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus circunstancias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." ACTOS RECLAMADOS En el caso que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el auto que resuelve el recurso de reconsideración de veintiuno de septiembre de dos mil quince, en el expediente penal 14/2015, interpuesto contra el auto de veinticuatro de julio de dos mil quince, en el cual la autoridad responsable admite la prueba consistente en la inspección judicial de unidad de almacenamiento. De lo anterior, se advierte que dichos actos no son de imposible reparación para la parte quejosa de mérito; en razón de que no afectan sus derechos sustantivos, pues no se dictó una resolución que le afecte directamente de modo irreparable, dado que en el juicio de origen, aun cuando se admitió la prueba de inspección judicial, puede dictarse sentencia favorable a sus intereses. A efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución conviene citar los principales acontecimientos que relata la quejosa en la demanda como antecedentes, hechos o abstenciones del acto reclamado: Que en enero de dos mil quince, se dio inicio a la causa penal 14/2015, con motivo de la detención de los aquí quejosos. El dieciocho de enero de dos mil quince se dictó formal prisión en contra de los aquí quejosos, como probables responsables del delito de secuestro calificado, en agravio de Liliana Aguirre Rengifo. El veinticuatro de junio de dos mil quince, se dio por admitida la inspección judicial de Unidad de Almacenamiento, la cual se encuentra a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador y Coordinador de la Unidad de Secuestros. Contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, los aquí quejosos interpusieron recurso de reconsideración, siendo resuelto el veintiuno de septiembre de dos mil quince, en el cual se admitió la prueba de inspección judicial. Siendo éste, el acto que se combate por la vía de amparo. De lo anterior, se desprende que dicho acto combatido no deja a la parte quejosa en estado de indefensión, y únicamente produce efectos intra-procesales cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna en sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, con el simple hecho de obtener una resolución favorable; pues, se insiste, en el juicio de origen puede dictarse una sentencia definitiva favorable a sus intereses. Por lo que, de resultarle adversa la resolución que se dicte en el juicio de origen, puede repararse mediante la vía de amparo directo tal como lo dispone el artículo 170 de la Ley de la Materia, en el que pueden alegar como violación el acto que aquí reclaman, por haber trascendido al resultado del fallo, por lo que bajo esa tesitura el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, tal como lo dispone el artículo 174 de la citada ley especial. Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la nueva Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; y, se tiene por autorizados en términos amplios a los licenciados y, en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, s eles tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos e imponerse en autos a las demás personas que refiere. . HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. . .III

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se aprecia que transcurrió el plazo otorgado a la quejosa mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al oficios a través del que las autoridades responsables informaron que dieron cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar apercibida que ante esa conducta este tribunal resolvería sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En esa medida, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre si las autoridades responsables dieron o no, cumplimiento a la sentencia de amparo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de once de septiembre de dos mil quince, este juzgado determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a , en contra del acto que reclamó a la Legislatura Constitucional del Estado de Querétaro y otras autoridades, para los efectos apuntados en el considerando séptimo de la sentencia, que señala: "[.] I. El primero de ellos es para que se desincorpore de la parte quejosa, la obligación tributaria prevista en el artículo 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el veinte de diciembre de dos mil catorce; esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. [.] II. Como consecuencia, de lo anterior, que al determinarse el derecho que por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deba pagar la parte quejosa DIANA GUADALUPE ROSALES ARTEAGA con motivo de los actos de donación, que erogó el seis de agosto de dos mil quince, contenido en el recibo con número de operación 2015/1244505 expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, se aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, publicada en el en el Periódico del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", el veinte de diciembre de dos mil catorce y en consecuencia, se restituya a la parte quejosa DIANA GUADALUPE ROSALES ARTEAGA el numerario excedente de las cantidades que hubiese pagado por la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales. [.]" Mediante acuerdo de dos de octubre de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se proveyó el oficio PF/DAF/9249/2015 recibido por este Juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil quince, en el que la Procuradora Fiscal del Estado en representación del Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, así como al Titular de esa Secretaría, informó que en las instalaciones de esa dependencia quedó a disposición de la quejosa el cheque número 0328189 librado a favor de ésta por la cantidad de $13,807.00 (TRECE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al pago de las obligación tributaria contenida en el numeral 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, informando además que la aplicación de dichos numerales se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, que quien esto resuelve estima que las autoridades obligadas al cumplimiento de la sentencia la cumplieron sin excesos ni defectos, ya que restituyeron a la parte quejosa el numerario enterado con motivo del pago de la obligación tributaria declarada inconstitucional en sentencia al librar el mencionado cheque a su favor, además de que desincorporaron de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación del numeral 101 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa, siendo aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza, sin que obste para emitir el presente pronunciamiento el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto líquido a su favor, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad de la promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto susceptible de devolución, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora, de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto, sin que este juzgado pueda ejercer medios coactivos para tal efecto, pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su Representación Social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento (cuaderno principal), con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .III a

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