Fernando Javier Palos Cuellar
Expediente 608/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/10/2017
Partes del expediente
- Fernando Javier Palos Cuellar
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, por medio del cual y en atención al proveído de once de octubre de dos mil diecisiete, informa que el veintiséis de mayo del año en curso, aceptó la competencia planteada por este Juzgado, por ende, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 3087/2017, de nueve de mayo de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en el Estado de Querétaro, informó este Juzgado que previo avocarse al conocimiento del presente juicio de amparo, requirió a la autoridad responsable a la Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, diversas cuestiones para determinar lo procedente sobre la competencia, sin que a la fecha haya hecho del conocimiento alguna otra determinación; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente auto, solicítese de la manera más atenta al citado Tribunal de Alzada, para que informe a éste órgano federal, si ya se avocó al conocimiento del presente sumario, ello para los efectos legales conducentes...II
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa a este órgano jurisdiccional que previo a avocarse al conocimiento del juicio de amparo 608/2017-II requirió a la autoridad responsable Sala Unitaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, ahora Sala Unitaria de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, y hecho que sea proveería lo conducente....ii
- Principal
REGISTRO DE DEMANDA V I S T A la demanda de amparo promovida por ********, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 608/2017-II, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva, y se ordena dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA Por lo que ve al acto reclamado, este Juzgador SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROPUESTA, pues se estima que su estudio corresponde al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, lo anterior, en virtud de las siguientes consideraciones: La parte quejosa señaló como acto reclamado: La resolución de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Propietaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, al resolver el recurso de revisión, interpuesto por el ahora quejoso Fernando Javier Palos Cuellar, en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Segundo de lo contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, en el juicio de nulidad administrativa número 881/2015/QII, en la que se decretó el sobreseimiento de dicho recurso procesal. Por otro lado, el artículo 170, de la ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. (.)" El precepto transcrito dispone que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. En esas condiciones, es claro que corresponde el estudio de la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, dado que la parte promovente reclama la resolución de cuatro de abril de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Propietaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, al resolver el recurso de revisión, interpuesto por el ahora quejoso Fernando Javier Palos Cuellar, en contra de la sentencia de ocho de junio de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Segundo de lo contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, en el juicio de nulidad administrativa número 881/2015/QII, en la que se decretó el sobreseimiento de dicho recurso procesal; esto es, el reclamo lo constituye una resolución que puso fin al juicio, emitido por un tribunal judicial, respecto del cual no procede diverso medio de defensa ordinario mediante el que pueda ser modificado o revocado. Sirve de apoyo a lo anterior en lo concerniente, la tesis con número de registro 2011697, sustentada por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, publicada en la página 1406, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Febrero de Mayo de 2016, que dice: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS, SIN QUE PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA TENGA TRASCENDENCIA LA NATURALEZA DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, COMO LO SERÍA LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA EMITIDA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN CONTRA DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario alguno por el cual puedan ser modificados o revocados. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 103/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 472, con el rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN Y SOBRESEE EN EL JUICIO DE NULIDAD. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN AMPARO DIRECTO, POR TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, AUN CUANDO ÉSTA CORRESPONDA A UN RECURSO INTERMEDIO.", estableció que la naturaleza del acto sometido a la potestad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo referido no determina la competencia del órgano para conocer del juicio de amparo, sino que la resolución impugnada dé por concluido el juicio sin posibilidad de combatirla a través de recurso alguno. En ese sentido, se concluye que el juicio de amparo directo procede contra la sentencia definitiva dictada por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, sin que sea relevante para determinar la competencia la naturaleza del acto impugnado en el juicio de nulidad, como sería la resolución intermedia emitida dentro del procedimiento administrativo seguido contra un elemento de seguridad pública, pues aun cuando dicha sentencia no resuelva sobre la determinación que ponga fin al procedimiento administrativo sede, debe considerarse como definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo, al decidir la controversia principal motivada por la litis, ya sea decretando la validez o nulidad de la resolución impugnada, sin posibilidad de combatirla a través de recurso ordinario alguno. De igual forma, la tesis con número de registro I.11o.C.13 K (10a.), publicada en la página 2175, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 3, Febrero de 2014, que dice: AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento. Por las anteriores consideraciones, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y se ordena su remisión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, a efecto de que en caso de que exista concordancia con la consideraciones expuestas en este auto, provea lo conducente, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente y comunique la determinación que en su caso tenga a bien tomar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Jorge Terrazas Arteaga, y en virtud de no haber acreditado que Juan Terrazas Arteaga, se encuentra debidamente autorizado para ejercer la licenciatura en derecho, por así haberlo solicitado por lo que respecta a las diversas personas, a los mismos se les autoriza en términos restringidos del referido artículo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. ...II Notifíquese personalmente.
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