Fernando Lozada Rivera
Expediente 357/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Director de Control de Sentenciados en Libertad, Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder E
- Fernando Lozada Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que dicha autoridad lo rindió con anterioridad y por sentencia emitida por este Juzgado el quince de diciembre de dos mil veinte, se tomó en cuenta y se resolvió en lo que atañe a la misma. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el quince de diciembre de dos mil veinte, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no haya constancia de notificación, ni trascurrido el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable cuya residencia se encuentra fuera de este Juzgado Federal, para que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, dado que no se le vulnera derecho alguno atendiendo al sentido en el que se resolvió el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Asimismo se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. Y mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se tiene por recibido y se ordena glosar a este expediente el oficio remitido por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, con el que indica que no se le ha remitido copia de la demanda de amparo, por lo que solicita la misma a fin de que rinda su informe con justificación en este asunto. En atención a lo señalado en el párrafo que antecede, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que dicha responsable ya rindió su informe con justificación en este asunto, el cual se tomó en cuenta al emitirse la sentencia en este juicio de amparo, el quince de diciembre de esta anualidad. Por último, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, siendo las trece horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 357/2020-VII-I, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Acto seguido el Juez acuerda: que se tenga por hecha la anterior relación de constancias para todos los efectos legales a que haya lugar. Seguidamente, se abre el período de pruebas en el que la secretaria da cuenta con las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana que ofreció la parte quejosa con su demanda de amparo; así como la documental que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, cerrándose dicho periodo. Seguidamente, abierto el período de alegatos la secretaría da cuenta con el alegato ministerial número 247/2020 de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente juicio de amparo. En atención a lo cual el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulado el alegato ministerial de cuenta para todos los efectos legales pertinentes; con lo anterior se cierra el período de alegatos. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 357/2020-VII-I promovido por Fernando Lozada Rivera por conducto de su defensor público federal Gerardo de Jesús Barredo Alcocer, contra el acto del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, por violación al artículo 8 Constitucional; y R e s u l t a n d o: I. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintiséis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Fernando Lozada Rivera por conducto de su defensor público federal Gerardo de Jesús Barredo Alcocer, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, el cual hizo consistir en: "Reclamo de la autoridad señalada como responsable, la negativa a contestar los escritos enviados por conducto de la Ciudadana Juez Cuarto de Distrito en el Estado, es decir (cito texto de la petición) "que hasta el día de hoy al C. Director de Control de Sentenciados en Libertad, Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, ha sido omiso al dar respuesta a su petición, ante esta circunstancia, solicitó su intervención para que a la mayor brevedad posible conteste si mi patrocinado Lozada Rivera, ya cumplió con la vigilancia impuesta al acogerse al beneficio de condena condicional, pues él necesita urgentemente tramitar su credencia ante el Instituto Nacional Electoral, porque en su trabajo actual le están solicitando copia simple de la misma para su archivo laboral; y ante la desesperación de mi patrocinado de perder su empleo para el sostenimiento de su familia, me veo en la obligación de insistirle que por cualquier conducto en materia de comunicación le solicite una vez más a dicho Director la información pedida con anterioridad." II. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte; se solicitó su informe con justificación a la autoridad que se tuvo por señalada como responsable en ese mismo proveído, informe que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes; se dio a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso se reclaman actos omisivos que carecen de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta entidad y turnado posteriormente a este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De las constancias que obran en autos se advierte que la parte quejosa en esencia reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: 1. La omisión de la responsable de acordar su petición de dar por concluido el control y vigilancia ejercidos en contra del quejoso con motivo del beneficio de condena condicional concedido en la causa penal 72/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. Tercero. Existencia del acto reclamado. El titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, realiza manifestaciones que evidencia su certeza, por lo que se tiene por cierto el mismo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En el caso se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables en el presente juicio de amparo, la omisión de acordar su petición de dar por concluido el control y vigilancia ejercidos en contra del quejoso con motivo del beneficio de condena condicional concedido en la causa penal 72/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. Ahora bien, se considera actualizada esta causal, en virtud de que de la constancia remitida por la mencionada responsable en apoyo a su informe justificado, misma que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que emitió el oficio de trece de agosto de dos mil veinte, en el que determinó que daba por concluido el control y vigilancia ejercidos en contra de Fernando Lozada Rivera, en la causa penal 72/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, que se le otorgó al acogerse al beneficio de condena condicional, únicamente por lo que a dicha causa penal se refiere; determinación que se hizo del conocimiento de la parte agraviada por proveído de diecinueve de noviembre del año en curso, al ponerse a la vista el informe con justificación de la autoridad responsable; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, que lo fue el veintiséis de febrero de esta anualidad. En esas condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Quinto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Lozada Rivera por conducto de su defensor público federal Gerardo de Jesús Barredo Alcocer, contra el acto del Director de Control de Sentenciados en Libertad, Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal, con residencia en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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