Fernando José Vega Espinosa

Expediente 1772/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1772/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Fernando José Vega Espinosa y Otros.
  • Fernando José Vega Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA II. Mérida, Yucatán, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado Federal, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, toda vez que en la resolución dictada por este Juzgado, se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1772/2019-II, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El secretario encargado del despacho declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto admisorio de trece de diciembre de dos mil diecinueve, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con las demás constancias que obran en autos. Asimismo, se hace constar que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el cual se puso a la vista de conformidad con el artículo 111, con relación al artículo 17 de la Ley de Amparo, el oficio suscrito por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, a fin de que manifestara si era su voluntad ampliar su demanda, sin que hubiere hecho manifestación alguna. Con relación a lo anterior el secretario encargado del despacho acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de mérito. Por otra parte, toda vez que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, sin que hubiere hecho manifestación alguna, respecto de la ampliación de la demanda; en tales condiciones, únicamente se tiene como acto reclamado el señalado de manera primigenia. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana que la parte quejosa ofreció y adjuntó en su escrito de demanda; asimismo, se da cuenta con las documentales que la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, adjuntó a su informe justificado y al diverso oficio RAN/YUC/SR/DJ/1098/2019. A lo que el secretario encargado del despacho acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza las probanzas de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. A continuación, se abre el período de alegatos en el que la secretaría no da cuenta con promoción especial alguna; con lo anterior se cierra el señalado período. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver los autos del presente juicio de amparo 1772/2019-II promovido por Fernando José Vega Espinosa, contra el acto que reclama del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional, por violación a los artículos 1°, 14, 16, 17 y 27, fracción VII, Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. En demanda de amparo presentada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Fernando José Vega Espinosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Delegado Estatal en Yucatán del Registro Agrario Nacional. Segundo. Admisión de demanda. Por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se ordenó dar a la Representante Social de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado, el cual se tuvo por rendido en tiempo y forma y se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede. Tercero. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el diverso oficio suscrito por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, por lo que se le requirió a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto a la contestación dada por la responsable, sin que haya realizado manifestación alguna a la presente fecha, por tanto, este asunto únicamente se resolverá respecto a los actos reclamados de manera primigenia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso el acto que se reclama es un acto omisivo, que no requiere ejecución material, pero presentado ante este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo, especialmente del capítulo de acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando: La falta de expedición y entrega del certificado parcelario correspondiente a la parcela colectiva número 302 Z 9 P1/1 del Ejido de Conkal, Municipio de Conkal, Estado de Yucatán, que solicitó el día veintiocho de veintiocho de septiembre de dos mi dieciocho, al cual se le asignó el folio electrónico número 31180009620. Tercero. Actos existentes. La Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo de las manifestaciones vertidas en el mismo y constancias adjuntas se evidencia su certeza; y por lo tanto, se tiene por existente el acto impugnado. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Lo anterior es así, porque del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, anexas a su diverso oficio RAN/YUC/SR/DJ/1098/2019 ante este juzgado, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2° de la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el treinta de enero de dos mil veinte, se dio contestación a lo solicitado por la parte quejosa a la solicitud 31180009620 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, recayéndole una calificación registral negativa, la cual le fue puesta a la vista mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veinte. Determinación y notificación que fue emitida y realizada con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo que lo fue el doce de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho humano, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Haciéndose la precisión que si bien la contestación dada por la autoridad responsable no fue de manera satisfactoria a la parte quejosa, pues le recayó una calificación registral negativa, lo cierto es que este Juzgado le dio vista para que ampliara su demanda respecto de dicha contestación, sin que haya realizado manifestación alguna, por tanto, no se podría analizar más allá de lo solicitado en la demanda de amparo. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Fernando José Vega Espinosa, contra actos de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos y toda vez que conforme al Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el que se determinó adoptar una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello la propagación del coronavirus COVID-19, así como sus acuerdos modificatorios todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el periodo de la vigencia, se advierte que éste concluyó el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Por otra parte, mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto primero que se regresaba al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19, por lo que únicamente se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Por lo que se estableció que se suspendían los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrán resolverse aquellos expedientes que estén listos para sentencia, y que esta medida tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; periodo durante el cual se suspenden los plazos y términos, con las salvedades del referido punto. De igual forma, mediante Circular SECNO/1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció en su punto dos, por lo que respecta a este Circuito, que la operación de este Juzgado será el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por tanto, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, se reanuda el procedimiento en este asunto por lo que se hace del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que la audiencia constitucional estaba señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, periodo en el que se suspendieron las actividades como medida preventiva frente a la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, de conformidad con la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes, que se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las nueve horas con cincuenta minutos del veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso que consideren necesario imponerse de los autos, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar el expediente y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en términos del artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, tomando en consideración que fue el propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien determinó la reanudación de los plazos y términos procesales, así como el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, bajo un esquema que permita preservar la salud e integridad de las partes y del personal de los órganos jurisdiccionales, a través del Acuerdo General 21/2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte, resulta innecesaria la notificación personal de la presente determinación a todas las partes, dado que es del conocimiento público, la reanudación de los términos procesales de los juicios tramitados ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en representación del Delegado de dicho Registro, autoridad señalada como responsable, se advierte que a la solicitud de la parte quejosa le recayó una calificación registral en sentido negativo emitida por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, quien no fue señalada inicialmente como autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en términos del artículo 111, relacionado con el diverso artículo 17 de la Ley de la Materia, dese vista a la parte quejosa con el fin de que dentro del término legal establecido en el numeral citado en el último lugar manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación a lo solicitado consistente en la calificación registral negativa de treinta de enero de dos mil veinte, así como la autoridad que lo emitió siendo ésta la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, y en su caso, deberá acompañar una copia de su demanda amparo a efecto de solicitarle su informe justificado, así como las copias necesarias de su escrito de ampliación para correr traslado a las partes, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, el presente asunto se resolverá únicamente respecto al acto reclamado y autoridad señalada de manera primigenia. Tiene aplicación a lo anterior, por similitud de razón, la jurisprudencia 112/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en sesión privada de catorce de noviembre de dos mil tres, que aparece publicada a foja 93, del Tomo XVIII, Diciembre del 2003, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASI COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLIE SU DEMANDA.- De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional a favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Así como la Jurisprudencia 1ª./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 801, tomo I, Libro VIII, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Sin que se necesario girar oficio a la autoridad responsable dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para ésta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

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