Fernando López Cruz

Expediente 967/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
967/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Fernando López Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento original que se encuentra integrado en los autos (fojas 9-10), apercibida que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ********* contra actos de la siguiente autoridad: 1. Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en Pichucalco, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 967/2019-II. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito de fecha 27 de junio del 2019, en los plazos señalados por la ley de la materia que lo rige.". Ahora bien, en este caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, pues tales numerales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, página 9, Novena época, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. Tiene aplicación, la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De igual forma, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, página 59, Octava época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONALEn efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el quejoso verá limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. El criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), corresponde a la Décima época, con registro: 2006589, del libro 7, junio de 2014, tomo I. Materia(s): Común, página: 39, literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En ese tenor, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, pues el acto que reclama la parte quejosa, consistente en la omisión de darle contestación a su escrito presentado en fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral *************** del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en Pichucalco, Chiapas, en lo sustancial, no es un acto que lleve en sí mismo una ejecución de imposible reparación, toda vez que no le causa algún daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, por ende, cualquier afectación que pudiera resentir, dependerá de actuaciones posteriores que se deben verificar dentro de ese mismo procedimiento. En ese contexto, el acto reclamado no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues en todo caso podría vulnerar sólo derechos procesales. En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de respuesta a su petición efectuada mediante escrito presentado ante la responsable el veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Luego, atendiendo a los numerales 838 y 772 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales dice lo siguiente: "ARTÍCULO 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. "ARTÍCULO 772.- Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera". Por ello, debe decirse que, en este asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió adecuarse a los términos que establece los artículos 838 y 772 de la Ley Federal del Trabajo, la obligación de resolver lo que corresponda a las peticiones que se les formulen, lo cual no podrá exceder de cuarenta y cinco días; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Es aplicable a lo anterior, la tesis 33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, marzo de 2019, registro electrónico 2019400, que reza: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el doce de julio de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito de fecha veintiséis de junio del año en curso, mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se presentó el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 838 de la ley Federal del Trabajo, establece que la Junta cuenta con un plazo de cuarenta y ocho horas siguientes aquellas en las que reciba promociones por escrito, en estas circunstancias, si se toma en cuenta que la Ley Federal del Trabajo establece como un término máximo para que un juicio permanezca inmóvil es de cuarenta y cinco días naturales, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que si se presentó el escrito generador el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, es indudable que el término de cuarenta y cinco días no ha fenecido, toda vez que empezó correr a partir del día veintiocho de junio del año en curso, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo han transcurrido quince días naturales. Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en el plazo que establece el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurre la autoridad son de tracto sucesivo. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional y autorizando con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa, sin que sea necesario realizar la búsqueda de sus cédulas en el registro y consultas de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, pues al tratarse de la parte trabajadora la que promueve, se hace innecesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

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