Fernando José Luis Gutiérrez Gordillo
Expediente 1837/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1837/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2016
Partes del expediente
- Fernando José Luis Gutiérrez Gordillo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, diez de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRECE DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: "Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del Presidente y la Secretaria Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del laudo de nueve de septiembre del año en curso, dictado en el expediente J/O/26/2015, de su índice, promovido por FERNANDO JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GORDILLO contra COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dictar el laudo en el expediente J/O/26/2015. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo dentro del juicio laboral J/O/26/2015, de su índice. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el nueve de septiembre del año en curso, dictó laudo en la controversia laboral de origen; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la Junta responsable subsanó la dilación procesal que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de dictar laudo en el juicio laboral J/O/26/2015, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con catorce minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis".
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitre del Estado, residente en esta ciudad, no ha remitido la copia certificada del escrito de ofrecimiento de pruebas presentado por la parte actora (quejoso en el presente juicio) dentro del expediente laboral 827/2014, de su registro, solicitado mediante oficio 8536/2016, a fin de que este órgano jurisdiccional tenga la certeza de que la autoridad responsable se pronunció respecto de la totalidad de los medios de convicción ofrecidos en aquél juicio y pueda pronunciarse respecto al cumplimiento del fallo protector emitido en el presente asunto. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Nueve, de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia precisada en el párrafo que antecede, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , en términos del ordinal 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del plazo legal, la sentencia dictada en el presente asunto, en la que por una parte SE SOBRESEYÓ y por otra, SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN al quejoso MARTÍN VALLEJO VALLEJO se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. En términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable 1. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". restituya al quejoso en el derecho lesionado y en caso de que la autoridad Penitenciaria emita opinión de que no es posible que el quejoso permanezca en ese centro de reclusión de origen, siguiendo lo dispuesto por el artículo 18 Constitucional, solicite autorización para el traslado al Juez quien le instruye proceso penal al impetrante (debido a que la orden de traslado debió de ser autorizada por el citado juez) y la autoridad judicial, previa garantía de audiencia, determine si es procedente o no que el peticionario de amparo sea trasladado a diverso centro penitenciario. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución relativos al traslado, reclamados al , 4. Director del Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14, "EL AMATE", 5. Comandante de Custodios del Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14, "EL AMATE" y 6. Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, pues al ser violatorio de derechos fundamentales el acto reclamado de origen, igual resultan violatorios los actos de ejecución del mismo; máxime que no son combatidos por vicios propios, lo que se apoya con la Jurisprudencia 88, consultable en la página 70, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, sino se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con el diverso 258, de la ley de la materia y remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, para el trámite correspondiente, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo.
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