Fernando Jose Martin del Campo Avila
Expediente 1222/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Jose Martin del Campo Avila
Actuaciones
- Principal
Notifiquese, personalmente a la parte promovente.
- Principal
Con fundamento en el articulo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica al quejoso *****, el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra el acto que reclama a la ******, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1222/20221 ; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardascorrespondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ahora bien, conviene precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado:La realización de la doceava sesión ordinaria de trabajo de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca Asociación Civil programada para llevarse a cabo el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sesión de trabajo la cual fue notificada y convocada mediante la circular 15/2021-2022 de cinco de octubre de dos mil veintidós y consecuentemente la posible realización del proceso de elección para designar a la persona que fungirá como presidente de tal asociación para el periodo 2022-2023. Atento a lo anterior, se considera que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ésta última del siguiente texto: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De conformidad con los preceptos en cita, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de una autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Lo anterior se obtiene del criterio plasmado en la tesis XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 118, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Luego, por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Lo que en la especie acontece, pues como se expuso en párrafos anteriores, el promovente pretende reclamar de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca Asociación Civil, la realización de la doceava sesión ordinaria de trabajo de la programada para llevarse a cabo el día veintisiete de octubre de dos mil veintidós, sesión de trabajo la cual fue notificada y convocada mediante la circular 15/2021-2022 de cinco de octubre de dos mil veintidós y consecuentemente la posible realización del proceso de elección para designar a la persona que fungirá como presidente de tal asociación para el periodo 2022-2023. Por tanto, se tiene que el acto que ahora pretende reclamar en este juicio de amparo, en realidad corresponde a un acto emitido por autoridad, sino que deriva de un contrato constituido por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley, de lo que se sigue que se trata de un acto realizado entre particulares. Es decir, es un acto de un ente jurídico particular que, frente al quejoso, evidentemente guarda una relación de coordinación. Lo que así se considera, no obstante lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el carácter de responsable deriva del hecho de que su existencia se encuentra contemplada en el código civil local, así como que ésta tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, lo que le ha permitido realizar actos que surten efectos contra terceros, aunado a que de la lectura de los estatutos se puede inferir la relación de subordinación existente; pues lo cierto es que se trata de un ente jurídico privado que no emite sus actos en ejercicio del imperio del estado, que se rige por un contrato realizado por varios individuos que convienen reunirse de manera no transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley, que se conducen y actúan conforme a sus estatutos, los cuales. es relevante decir, son los propios contratantes los que los establecen, y el poder reside en su asamblea general, lo que pone en evidencia que las partes contratantes celebran ese pacto de voluntades en un plano de igualdad y de manera voluntaria. De ahí que el acto impugnado no fue emitido por una autoridad en un plano de supra a subordinación, en tanto que la asociación civil no se encuentra revestida de imperio como una entidad pública, ni como un particular actuando como autoridad estatal, ya que como se dijo, el actuar de la asociación no se encuentra regulado en una ley sino en los propios estatutospactados entre particulares, por lo que sus funciones no están determinadas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Por lo mismo, tampoco se actualiza el supuesto de que se trate de actos de particular equivalentes a los de autoridad por los cuales, de manera excepcional, procede el amparo. Por tanto, es incuestionable que lo reclamado por el promovente, se trata de actos entre particulares que se encuentran en un mismo plano de igualdad, al derivar del mencionado pacto volitivo, el cual carece de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, por lo que no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, en donde las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, sino que el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, lo que se insiste, en el caso no acontece. En ese sentido, si los actos reclamados no se atribuyen a una autoridad, independientemente de su naturaleza formal, el conflicto existente es entre particulares, el cual no puede estar sujeto al análisis constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la ley en cita; quedando expedito el derecho de la parte promovente para atacar los actos que reclama por la vía y forma que considere convenientes, con excepción de la instancia constitucional, por lo expuesto en párrafos que anteceden. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS Se tiene a **** y *****, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTOPor otra parte, el correo electrónico proporcionado en la etiqueta de la demanda, constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que serán considerados para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente.4 No obstante, se invita a las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado,6 se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. 7 USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese, personalmente a la parte promovente.
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